El progresismo en el laberinto del régimen. Elementos de análisis a un año del cierre del gobierno de Gustavo Petro.
Francisco Javier Toloza*
Revista Izquierda, 15-8-2025
Correspondencia de Prensa, 2-9-2025
Tras tres años de ocupar el Ejecutivo nacional se expresan simultáneamente los límites propios del proyecto progresista –aguzados en su versión doméstica– y también el férreo dispositivo propio del régimen político colombiano, que logra garantizar la reproducción de un orden de dominación que, no por estar vigente, deja de ser anacrónico. Más que hacer balances sobre personas, el propósito de este artículo es desentrañar el trasfondo socioestructural que condiciona el actual momento político y la necesidad de su transformación para una salida democrática.
El ascenso al gobierno del Pacto Histórico en 2022 cabalgó sobre dos hechos políticos que se retroalimentaron entre sí: i) la crisis hegemónica estructural del bloque de poder que, si bien se exacerbó bajo el desgobierno de Duque, se enraizaba en la fallida alternativa fascistoide del hoy condenado Uribe Vélez, y ii) en la rebelión social del bienio 2019-2021 ante el agotamiento del orden social gestado gracias a la Constitución de 1991. Si bien se presenta una apuesta electoral exitosa, el fundamento del ya hoy no tan nuevo gobierno se basa en estas grandes realidades históricas cargadas de un doble filo dialéctico, que posibilitaban de igual manera una ruptura del régimen o su regeneración.
A diferencia de otros procesos en que proyectos progresistas latinoamericanos accedieron al gobierno, no hay en el caso colombiano un acumulado organizativo partidario particular que sustente dicha victoria electoral, como, por ejemplo, lo representó el Frente Amplio uruguayo, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el propio peronismo argentino, ni tampoco una articulación entre el ascenso de la movilización popular y la traducción de esa fuerza en un proyecto electoral, como fue evidente en Bolivia. De igual forma, la crisis hegemónica que permite el relevo en el Ejecutivo no llega a niveles de metástasis en el bloque de poder con liquidación de sus tribunos políticos, como sucedió en la Venezuela previa a Chávez, circunstancias que marcan una muy peculiar correlación de fuerzas para el gobierno progresista.
Un sector importante del bloque hegemónico con su habilidoso acervo para mantenerse siempre en el poder aplicó su adaptación de la fórmula de Lampedusa, viendo en la crisis oportunidad, vinculándose al nuevo gobierno y manteniendo control sobre políticas y sectores estratégicos. La fragilidad organizativa e ideológica del proyecto alternativo facilitó dicha labor sistémica de cooptación, que no solo enclaustró al petrismo en los límites propios del gatopardismo, sino que validó la vigencia de la clase política tradicional y del conjunto de los factores reales de poder. Aunque era obvio que un gobierno no podía derruir ipso facto un régimen político, otra cosa fue el fortalecimiento justamente de los salvaguardas y beneficiarios de dicho régimen.
Es pertinente tener en cuenta que la tradicional formulación del frente popular o amplio, tan referida en épocas de crisis políticas y ascensos de derechas, siempre partió de una identidad programática y organizativa nítida de la izquierda que entraba a articular dicha coalición. Esta dinámica tampoco se dio en el caso colombiano dada la ausencia de referentes partidarios o movimientistas vigorosos, por no mencionar que dicha situación era aupada por la táctica del presidente de la República, quien conceptualmente descree de formas colectivas de representación política y social.
Esta ventaja programática y burocrática de los sectores advenedizos de la convergencia de gobierno llevó a la importante morigeración de unas ya de por sí limitadas apuestas reformistas, a su aplazamiento o, incluso, negación (en ámbitos como el laboral, la educación o la salud), cuando no a su imbricación con los ajustes requeridos por el propio régimen (como en los casos de las reformas tributaria o pensional). Ello derivó en el aprisionamiento esencial de la acción política dentro de la arena del poder constituido y en una absorción incompleta del movimiento social. Así pues, independientemente de su conciencia al respecto, a un año de su cierre el gobierno progresista lejos de edificar una alternativa a la crisis del régimen ha sido funcional a la gestión de la misma y a la reproducción del orden de dominación, sin que ello logre resolver la decadencia estructural de dicho orden, aunque sin demeritar, tampoco, el rol de ciertos discursos y acciones de un sector del Ejecutivo que nutren una persistente resistencia cultural contra determinados componentes del establecimiento, en particular los identificados con el uribismo.
Sin embargo, las reivindicaciones vitales del estallido social (renta básica universal, reforma policial, nuevo sistema de salud, cese de criminalización de la protesta) no solo no se han materializado, sino que tienden a disiparse junto con el sujeto protagonista de dicho levantamiento, más allá de vinculaciones personales a espacios o proyectos puntuales del Ejecutivo. En esta arista pareciera autocumplirse la profecía del hoy renegado exministro Alejandro Gaviria sobre la explosión controlada del inconformismo social.
Mientras que algunos gestores “desde abajo” del actual gobierno ocupan lugares subalternos, tanto en nombres como en políticas, las funciones estratégicas del Ejecutivo se han mantenido bajo los marcos del establecimiento: plan nacional de desarrollo, regla fiscal, endeudamiento público, FF. MM., relaciones internacionales, política de paz y hasta las nominaciones a la PGN, Fiscalía o Cortes. Personajes pintorescos de la vieja y la nueva derecha han transitado por el gobierno, sin que hasta la fecha se identifique con claridad el resorte de su poder, aunque sí a quienes usufructúan sus políticas. En varios casos, no se trata simplemente de variaciones cuantitativas, sino de transformaciones cualitativas que inciden en el carácter mismo del proyecto gubernamental.
Aun así, más Petro que su coalición gobernante, se ha mantenido fiel a su proyecto de representar una alternativa ‒dentro del orden social vigente‒ frente a la crisis de este, impulsando varias líneas estratégicas: redistribución de ingresos, reforma agraria, transición energética, revaluación del paradigma punitivista contra las drogas, integración con potencias emergentes, entre otras. Estamos ante preocupaciones todas propias de la actual fase del capital que a través de la llamada multicrisis global afecta a Colombia también en sus dimensiones migratoria o ambiental, que por ello han sido de atención por parte del Ejecutivo. Como se señaló en un artículo anterior, 1 el petrismo constituye una alternativa frente a la crisis del régimen, pero lo hace desde dentro de ese mismo régimen y, en buena medida, como la opción de un sector de este, sin que ello excluya la articulación con sectores subalternos.
Surgió entonces la primera gran contradicción que marcó su fase inicial en el Ejecutivo: el hermetismo inherente al régimen político colombiano ‒que conserva rasgos antidemocráticos esenciales en lo político, lo económico y lo social‒ hace que cualquier reforma no controlada por las élites implique el riesgo de ruptura del régimen. En este orden de ideas, las reformas impulsadas por Petro, que bien pueden ser parte del salvavidas en la actual crisis hegemónica y son encuadrables todas ellas dentro del capitalismo y la democracia liberal, podrían implicar un efecto dominó capaz de transfigurar factores esenciales del régimen vigente.
De ahí la enconada reacción sistémica ante cualquier conato de reforma, independientemente de sus contenidos. Dos grandes dimensiones se han revelado como determinantes para mantener al gobierno progresista en los márgenes del viejo régimen político. Se trata, a la vez, de los principales instrumentos de la reacción sistémica y de la absorción de la alternativa progresista por el régimen vigente: (i) el juego del poder constituido y (ii) el peso de la subordinación estratégica.
El régimen logró someter con zanahoria y garrote el programa de gobierno progresista a las reglas del juego del poder constituido. Desde el encanto burocrático y clientelar hasta pequeños “golpes de Estado” impulsados por los otros poderes le ratificaron a Petro el poder real del régimen, ese que mediáticamente denominan “institucionalidad”, como si estas instituciones fueran neutrales políticamente. El orden jurídico vigente está hecho para la perpetuación e irreformabilidad sustancial del régimen. No es un problema de equilibrio o de desequilibrio de poderes, sino un pacto del bloque de poder, como aquel capitalista colectivo que regula lo admisible e inadmisible para un orden hegemónico imperante y que, dada la estirpe santanderista del régimen, se halla debidamente constitucionalizado y validado desde el poder judicial.
No es un problema de debilidad del presidencialismo, sino del espíritu de cuerpo del régimen. El mismo gobierno incapaz de tramitar una reforma a la salud, es capaz de nombrar sus abogados en la Corte Constitucional o su candidato como Procurador General a través del mismo Congreso de la República, sencillamente por la funcionalidad de éstos últimos al régimen en su conjunto.
La aprobación de la reforma laboral, más que contradecir la inviabilidad del curso reformista dentro del actual régimen político, es su confirmación. Ante la amenaza de una ruta extraordinaria ‒aunque contemplada por el mismo régimen‒, el legislativo hizo lo que quiso para volver a darle forma a la iniciativa gubernamental acorde a sus tiempos y a sus métodos, incluida, claro está, la informal, pero angular negociación clientelista, la misma que tiene hoy capturados a los expresidentes de las dos cámaras.
El proyecto progresista está lejos de contar con mayorías en las altas cortes o poder confiar en la idoneidad democrática de quienes ocupan los organismos de control, con un Consejo de Estado y una Junta Directiva del Banco de la República jugando prácticamente a favor de la oposición de derecha, la presidencia de la autoridad electoral en manos de un sub judice, mientras la Registraduría y la Procuraduría están en manos de representantes de la clase política. La insistencia de la mayoría de la coalición gubernamental en sujetarse a los mecanismos establecidos por el pacto político de 1991 deja sin mayor margen de maniobra real al Ejecutivo y a cualquier apuesta de cambio. De fondo, el apaciguamiento del poder constituyente que se expresó en las calles durante el bienio de rebelión social se sustenta en buena medida en el “miedo al pueblo”, que mencionara la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas en 2015, en el que las elites tradicionales parecen haber adoctrinado con celeridad a los emergentes sectores progresistas. Suena paradójico que quienes pregonan que Colombia cambió, teman que el pueblo soberano retrograde hacia los marcos constitucionales de 1886.
En segunda instancia, como parte constitutiva del bloque de poder contrainsurgente ‒en los términos de Vilma Franco‒, irrumpe como factor determinante para la doble labor de contención-seducción del gobierno progresista la representación directa de EE. UU. Se mantiene vigente la subordinación estratégica expuesta por Renán Vega, en el sentido de que el orden hegemónico en Colombia ha pasado por el asentimiento de Washington. Sin dejar de reconocer importantes gestos simbólicos y giros discursivos en la política internacional, tales como la postura frente al genocidio en Gaza o el acercamiento a los BRICS, Petro ‒y sobre todo su personal a cargo de la cancillería‒ han sido incapaces de romper con el cordón umbilical del sometimiento a la Casa Blanca, como si fueran víctimas de un sortilegio que les impide liberarse o de algún tipo de pacto indescifrable para quienes no accedemos a dichos secretos.
Su válido, aunque tardío discurso contra la OTAN, no cuenta con trámite alguno para la desafiliación del país de la categoría de socio global de dicho grupo, ni para la revisión de ningún tratado de adscripción geopolítica; el llamado a consulta al cuerpo diplomático contrasta con la validación, en nombre de la “no injerencia”, del intervencionista Secretario de Estado, Marco Rubio; indignación por la deportación de compatriotas migrantes, pero obsecuencia con la práctica neocolonial de la extradición de esos mismos connacionales; o el reciente llamado a proteger a la República Bolivariana de Venezuela de una agresión imperial, que pretende desconocer que desde territorio nacional se conspira y opera, gracias a la extendida presencia militar estadounidense, que, obviamente, no está ni siquiera en debate. Hasta el escándalo de Pegasus quedó apagado en la docilidad de la Cancillería. Algo va de la retórica y la manifestación de intenciones a la práctica de subordinación estratégica que se mantiene esencialmente incólume. Algo ocurre que reprime y/o seduce al actual gobierno a mantenerse como peón geopolítico de EE. UU. pese a sus evidentes diferencias. El viraje diplomático necesario no implica romper relaciones, fomentar actitudes inamistosas ni, mucho menos, embarcarse en aventuras guerreristas; se trata, más bien, de recuperar una soberanía mellada durante más de un siglo, condición indispensable ‒entre otras‒ para otorgar garantías reales a gobiernos del cambio y alternativos.
Como consecuencia del peso determinante de los factores ya descritos, y reforzados además por la inherencia de la guerra política con los rasgos propios del actual régimen, el gobierno ha naufragado en su apuesta por la denominada “paz total”. Lejos de saldar la brecha dejada por el Acuerdo de Paz de 2016, la política del Ejecutivo degeneró en un neonegacionismo del conflicto social armado y en un acrecentamiento de la crisis humanitaria en buena parte del territorio nacional, insistiendo, por enésima ocasión, en la fracasada propuesta de desmovilizaciones parciales, como las llamadas Zonas de Ubicación Temporal que se implementarían este año en medio de fuertes disputas territoriales.
Hoy al faltar solo un periodo legislativo ‒que estará marcado por el ausentismo propio de la campaña electoral‒ no existe marco jurídico alguno para cerrar un diálogo, salvo que el pluriverso de grupos armados acepte indistintamente un sometimiento a la actual justicia ordinaria con todos sus vicios, o que se trancen acuerdos poco diáfanos que solo se podrían sostener en paralelo al actual orden legal. La participación cada vez más fuerte de actores internacionales ‒especialmente del mercenarismo transnacional legal e ilegal‒ dentro del que siempre definimos como conflicto interno torna aún más difíciles los soportes normativos y reales, así como la ya mencionada impostura imperial de guerra jurídica en curso contra insurgentes colombianos y países vecinos.
No obstante todo lo descrito, el mejor balance del gobierno progresista es que no logró tampoco resolver la crisis de fondo del régimen político ni del bloque hegemónico y, a pesar de su voluntad, terminó por desnudarla con mayor profundidad. Se palian y retardan ciertos efectos, pero no se logra reunificar el bloque de poder, ni se ha garantizado su real ampliación. Persiste la decadencia de los representantes más conspicuos del régimen, como lo denota la pléyade de candidaturas presidenciales que no conquistan mayores consensos.
No hay que ser pitonisa para comprender que el escenario electoral de 2026 dista mucho de haber superado la crisis política de más de una década. El debate que se aproxima no es fundamentalmente entre continuismo progresista o retorno al pasado, ni entre un gran acuerdo nacional para que todo siga igual versus la satanizada polarización; o entre el insípido centro y los extremos que supuestamente se juntan. Más allá de los comicios y de los avances parciales en políticas sociales, agrarias o educativas, las discusiones de fondo trascienden la disputa electoral dentro del poder constituido. Nos convocan a retomar las tareas inconclusas que abrió la rebelión social de inicios de esta década. Pese al uso instrumental o meramente discursivo que se les ha dado en este cuatrienio ‒o tal vez justamente por ello‒, el movimiento constituyente, la superación del régimen político vigente y el horizonte anticapitalista siguen siendo desafíos inaplazables.
*Francisco Javier Toloza, docente, Universidad Nacional de Colombia
Nota