Javier Milei y Diego Spagnuolo, el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Blog de Rolando Astarita, 24-8-2025
Correspondencia de Prensa, 30-8-2025
“Son más chorros que los Kirchner”. Lo dice el audio atribuido a Diego Spagnuolo, el despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La grabación involucra en hechos de corrupción a Karina Milei (Secretaría de Presidencia de la Nación); a Eduardo ‘Lule’ Menem, estrecho colaborador de Karina; a Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y despedido a igual que Sapagnuolo; al mismísimo Javier Milei; y a los dueños de la droguería Suizo-Argentina, los hermanos Kovalivlker. Básicamente se trata de sobreprecios de los remedios que compra el Estado. La droguería es intermediaria entre el sistema de salud público y los laboratorios farmacéuticos. El audio habla de coimas y sobreprecios (¿cartelización?). Los retornos habrían oscilado entre 500.000 y 800,000 dólares mensuales, alrededor del 8% del valor de los fármacos. El 3% iba a Karina Milei. Garbellini es mencionado como el armador de la ruta de la coima. Spagnuolo fue abogado de Milei, y uno de los funcionarios que más veces visitó la Casa Rosada y la quinta de Olivos.
Hecha pública la grabación, intervino la Justicia. El viernes 22 se realizaron 14 allanamientos, entre ellos a la droguería Suizo-Argentina y la vivienda de Spagnuolo. A este último le encontraron una máquina para contar billetes (¿para qué la necesitaba si “no hay plata”?). A Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo-Argentina, lo hallaron con 266.000 dólares distribuidos en sobres (disposición habitual cuando se pagan coimas), y 7 millones de pesos. Uno de sus hermanos, Jonathan Kovalivker, al momento de escribir esta nota, está prófugo. El juez prohibió la salida del país a los investigados. La crisis política es profunda. Un reflejo de su agudeza es el silencio de los hermanos Milei y del batallón de troles de Internet que militan a favor del Gobierno y habitualmente inundan las redes con chicanas y variadas bajezas. Todo discurre, además, con el telón de fondo de una economía estancada; los padecimientos sin fin de millones de personas; la permanente precarización del trabajo; las tasas de interés por las nubles; el ajuste despiadado a los jubilados y los sectores más débiles; y las derrotas del Gobierno en el Congreso.
No es un hecho aislado.
–Venta de candidaturas: Militantes de LLA denunciaron, en 2023, pedidos de dinero por parte de los hermanos Milei para acceder a candidaturas. Entre los denunciantes estaban Carlos Maslatón y Carlos Blumberg, insospechados de tendencias “zurdas”. El propio Milei explicó, ante la lluvia de denuncias, que si alguien deseaba ocupar un lugar en las listas de LLA “debe cubrir el financiamiento”. Según Blumberg, “hubo gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares… han hecho un negocio con la política”.
–El avión Bombardier y Scatturice: el 26 de febrero aterrizó en Aeroparque, proveniente de EEUU, un avión Bombardier con una única pasajera, Laura Belén Arrieta. Con ayuda de los pilotos de la aeronave, Arrieta bajó 10 bultos (valijas y bolsas) que no pasaron por los controles aduaneros. Se sospecha que fue por una orden superior. En cualquier caso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas constató múltiples inconsistencias en los documentos de vuelo de venida y regreso. Otros datos de interés: El propietario del misterioso avión es el ultraderechista Leonardo Scatturice, dueño también de Flybondi y de otras empresas. Scatturice está vinculado a los servicios de inteligencia y mantiene una relación estrecha con Santiago Caputo. Radicado en EEUU, está conectado con Trump y la derecha Republicana. Arrieta, por su parte, es asesora de Santiago Caputo y está asociada a Scatturice. Fue una de las organizadoras de la ultraderechista Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC por sus siglas en inglés).
Lo relevante para lo que nos ocupa es que Arrieta y Scatturice son los directores de la empresa de lobby Tactic Global, con sede en EEUU. El 12 de febrero Tactic Global y la SIDE firmaron un contrato según el cual la empresa de Scatturice pasa a ser intermediaria entre el gobierno argentino y el de EEUU. Entre otras disposiciones, se establece que Tactic coordinará reuniones entre funcionarios de los dos países; y “brindará asesoramiento estratégico a funcionarios del gobierno argentino”. El acuerdo se firmó pocos días antes de la llegada del avión con Arrieta. El costo para el Estado argentino será de 10.000 dólares mensuales (para estas mierdas sí hay plata).
Por otro lado, en octubre de 2024 OPC Tech, también propiedad de Scatturice, y aliada a Cisco Systems, obtuvo la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en las escuelas estatales en Argentina (Camila Dalabjian, “El contrato directo que ganó Scatturice para proveer el wifi de todas las escuelas del país por casi US$80 millones”, La Nación, 27/07/2025). Hubo otros dos presupuestos, pero se consideró que la oferta de OPC Tech era más económica y se avanzó “con una contratación directa por exclusividad”. La periodista anota: “En la carpeta que circuló por las distintas dependencias públicas, no se integró para la evaluación de todos los funcionarios los presupuestos de las competidoras. (…) lo que no se explica es por qué, habiendo solicitado presupuestos a distintas compañías, no se entró en una licitación pública que permita que reajusten sus precios”. Más abajo: “No es el único contrato de OPC con el Estado. La empresa de Scatturice figura en más de 260 procesos administrativos con el Estado nacional, según registros oficiales, en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades”. Entre otros organismos, OPC Tech firmó contratos por decenas o cientos de miles de dólares con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); el Ministerio de Economía; la Procuración General de la Nación; la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
–Pami (Programa de Atención Médica Integral): denuncias de corrupción en las que están involucrados funcionarios cercanos a Karina Milei. Viviana Aguirre, diputada suplente por LLA en la provincia de Buenos Aires y excoordinadora contable del organismo, denunció corrupción en el PAMI y responsabilizó de la misma a Sebastián Pareja. Raúl Carlos Simonetto, también funcionario del PAMI, se sumó a las denuncias. Pareja es armador de las listas electorales de la LLA, está muy ligado a Karina Milei, y maneja, según Aguirre, la Unidad de Gestión Local del PAMI de La Plata. Siempre de acuerdo a las denuncias, existe un sistema de compras sin licitación y sobreprecios que alcanzarían hasta 7 u 8 veces el valor original en prestaciones. Las adjudicaciones directas suelen justificarse por las llamadas “vías de excepción”, un procedimiento que debería ser extraordinario (casos de urgencia) pero se utiliza con frecuencia. Además, se exigía que funcionarios del PAMI cedieran parte de sus salarios a LLA. Aguirre dijo que se le pedía un millón de pesos de su ingreso. De acuerdo a los sueldos, se exigía del 5% en adelante. Hecha la denuncia, Aguirre recibió amenazas y le armaron una causa. Dice: “Después se llenaban la boca de Cristina y Alberto Fernández (…) Creíamos en un cambio y estamos peor que nunca, lamentablemente”. También hay denuncias de extorsión a funcionarios del PAMI en las provincias, como es el caso de Chaco y Santa Cruz.
–Estafa $Libra: Javier Milei fue partícipe necesario de la estafa, que produjo ganancias millonarios para unos pocos «enterados» (véase aquí). Su hermana Karina fue intermediaria entre el Presidente y Hayden Davis, uno de los responsables de $LIBRA. Durante los últimos tres meses el oficialismo logró bloquear la formación de una comisión investigadora del Parlamento; sin embargo, el miércoles 20 de agosto la oposición consiguió destrabar su formación.
Una saga de coimas y desfalcos de lúmpenes
Existe pues una saga de corrupción, desfalcos, coimas, promocionados desde el Estado, que desnuda la naturaleza social de esta banda de lúmpenes, alineados en la ultraderecha. Hablan de la supresión del Estado y usan los cargos públicos para enriquecerse a mares (y algunos cínicos explican que son corruptos “porque el Estado es el corrupto”). Mirada de cerca, la libertad que proclaman es la libertad de chorear y coimear. Por eso, en la nota dedicada a $Libra, citada, precisamos que con el término lumpenburguesía nos referimos a los “buitres y carroñeros’’ que se mueven entre la especulación y la estafa y que son los casi-criminales o excrecencias extralegales del cuerpo social de los ricos, de la misma manera que el lumpemproletariado es la excrecencia de los pobres”.
Corrupción, capitalismo, socialismo
En otra nota hemos escrito sobre la relación entre capitalismo y corrupción, y su globalización (aquí y aquí). Ahora ampliamos en lo referido al necesario discurso de la izquierda.
Dos aspectos a destacar: en primer lugar, afirmamos que no existe corrupción “progresista” (por caso, si los corruptos son “nacional-izquierdistas” no son tan perjudiciales). La corrupción es un factor de desmoralización y disgregación en las organizaciones obreras y el movimiento socialista, y como tal debe ser combatida. En segundo término, reiteramos la crítica a los proyectos “burocrático-socialistas” (capitalismos de Estado, estatismos burocráticos) que terminan sometiendo a los trabajadores a renovadas formas de explotación del trabajo asalariado. Esos regímenes sudan corrupción por todos los poros. El rechazo de esos engendros debe ser sin concesiones y de raíz.
En oposición a esos regímenes, y, por supuesto, a los «facho-libertarios», nuestras propuestas por la positiva arraigan en las tradiciones liberadoras del socialismo revolucionario. Entre ellas, las medidas que depositen realmente el poder en los trabajadores y las masas populares: la supresión del ejército permanente y su reemplazo por la milicia; la elegibilidad de los funcionarios del Estado y la posibilidad de revocación de sus mandatos; la igualación de los ingresos de los funcionarios estatales a los ingresos de los trabajadores; el control y contabilidad por parte de la población de todas las instancias del Estado; la dirección de los asuntos públicos por los productores, y no por los burócratas. Son medidas simples, pero indispensables, para avanzar en la organización política que permita la transformación de la propiedad privada capitalista en propiedad social, y la progresiva desaparición del Estado.