Serán semanas de lucha contra la Reforma Administrativa y el desmantelamiento de los servicios públicos
CSP-Conlutas, 7-7-2025
Traducción de Correspondencia de Prensa, 10-7-2025
Las próximas semanas serán de lucha en defensa de los servicios públicos gratuitos y de calidad para todos los brasileños, los funcionarios levantarán sus banderas contra el avance de la llamada Reforma Administrativa.
Bajo la coordinación del diputado Pedro Paulo (PSD-RJ), se creó en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo para la reforma, que presenta propuestas para desmantelar el servicio público y reducir el papel del Estado en los sectores en los que es más necesario.
Entre los ataques se encuentran la ampliación de los contratos temporales y la tercerización, flexibilización de la estabilidad, restricciones al teletrabajo, evaluación del rendimiento vinculada a bonificaciones por objetivos, sin revalorización salarial, reestructuración de las carreras profesionales o recomposición de las pérdidas acumuladas.
Aunque Planalto (sede del gobierno) apuesta por un discurso de modernización del aparato estatal, en la práctica lo que se ve es la reactivación de las medidas del PEC 32 elaborada durante el Gobierno de Bolsonaro que, si no avanzaron, fue gracias a la lucha de los funcionarios. 1
Por eso, el martes (8/07) tendrá lugar en Brasilia un Seminario convocado por el Frente Parlamentario Mixto del Servicio Público para debatir el contenido del informe preliminar del GT. La actividad tendrá lugar en el Auditorio Nereu Ramos de la Cámara de Diputados.
El miércoles (9/07), los manifestantes se concentrarán frente al Anexo II de la Cámara de Diputados. En esa fecha está prevista una audiencia del GT Reforma Administrativa con la ministra Esther Dweck y los gobiernos estaduales y municipales:
El próximo lunes (14/07), fecha prevista para la presentación del informe final del GT de la Reforma Administrativa y su posible votación, habrá una manifestación contra los ataques al servicio público, también en el Anexo II de la Cámara de Diputados.
Las movilizaciones están organizadas por el Fonasefe (Foro Nacional de Entidades de Funcionarios Públicos Federales), del que forma parte la CSP-Conlutas.
El Gobierno y la derecha
La creación del GT fue una iniciativa del diputado Zé Trovão (PL-SC, Partido Liberal, Santa Catarina), conocido miembro del ala más reaccionaria de la ultraderecha y defensor abierto de una reforma ultraliberal que destruya los servicios públicos.
Según denuncia el Fonasefe, el texto base fue elaborado en colaboración con sectores empresariales, como Fecomércio/SP, FIESP, CNC, es decir, los mismos defensores de las políticas de austeridad fiscal.
El Gobierno, a través del MGI (Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos), trata de hacer creer que la reforma que se debate no tiene un contenido neoliberal, destinado a reducir el papel del Estado, pero, en la práctica, actúa en sentido contrario.
En la última reunión de la Mesa Nacional de Negociación Permanente, celebrada el 12 de junio, en lugar de presentar respuestas concretas a la lista de reivindicaciones de los distintos sectores, el Gobierno cambió el orden del día para presentar propuestas sobre la reforma administrativa.
Además, como lo ha denunciado la CSP-Conlutas, el Gobierno ya está implementando mecanismos de la reforma administrativa de manera fragmentada, con decretos e instrucciones normativas, que ya han reestructurado las carreras de los funcionarios públicos.
Lucha independiente
Con el gobierno y la derecha actuando juntos a favor de la Reforma Administrativa, es fundamental que el movimiento de los trabajadores actúe de forma independiente de los gobiernos, para que, de hecho, sea capaz de defender el servicio público.
Los ataques afectan directamente a la población, que sufrirá cada vez más por la falta y la dificultad de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Por eso, vamos a luchar para denunciar la Reforma Administrativa y a sus defensores.
Nota de Correspondencia de Prensa
- La PEC 32/2020 -Propuesta de Enmienda Constitucional- afectaba también a los funcionarios en ejercicio, previendo la posibilidad de reducir las horas de trabajo y el salario, la supresión de puestos, traslados innecesarios y forzados. Fuente de inestabilidad jurídica al permitir cambios futuros sin criterios claros a través de una «ley posterior». ↩