México – Barbarie social, desapariciones forzadas y narcoviolencia: México es una fosa clandestina. [Román Munguía Huato]

_{Restos encontrados el 5 de marzo por familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Guerreros Buscadores, Teuchitlán. AFP}

México es una fosa clandestina

Teuchitlán: Barbarie social, desapariciones forzadas y narcoviolencia en un Estado “fallido.

Román Munguía Huato*

Correspondencia de Prensa, 1-4-2025

La barbarie reaparece, pero esta vez ella es engendrada

en el propio seno de la civilización y es parte integrante de ella.

Es una barbarie leprosa, la barbarie como la lepra de la civilización

Karl Marx. Manuscritos económico filosóficos

El Estado no busca porque si buscara se encontraría a sí mismo

Madre buscadora

La tierra ensangrentada ya no debe ser el presente ni el futuro abominable dominado por el crimen organizado y cómplices enquistados en los malos gobiernos en turno

Las Abejas de Acteal

A los padres y madres de los desaparecidos y a las Madres buscadoras

A la memoria de mi sobrina Iza Cristina Munguía Gastélum, desaparecida

De Ayotzinapa a Teuchitlán: dos horrores del México Bárbaro

Del 26 de septiembre de 2014 al 5 de marzo de 2025 han transcurrido diez años y 6 meses, pero como si el lapso no hubiese acontecido, como si el primer hecho terrible criminal hubiese tenido solamente una mutación de lugar geográfico al segundo acontecimiento aterrador. Del estado de Guerrero al de Jalisco, pasando la tragedia por muchas otras entidades federativas del País. Lo ocurrido en Teuchitlán es una prolongación fatal de la primera matanza, cada una de ellas con sus propias características, pero semejantes porque las víctimas fueron jóvenes. Teuchitlán es la punta del iceberg de la barbarie nacional. En cada una de los miles de fosas clandestinas o narcofosas encontramos la manifestación de una profunda descomposición social, la absoluta inseguridad ciudadana, la putrefacción de un sistema político corrompido hasta los tuétanos por sus vínculos con los poderosos cárteles mafiosos que derivan en una hiperviolencia social.

La sombra de La Noche de Iguala ¹ –donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de sicarios narcos, de la policía municipal y del Ejército– extendió el manto siniestro de su profunda oscuridad al Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Dos lugares en el mismo círculo del infierno dantesco.

El 20 de septiembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con el Ejército Mexicano ocuparon una casa de seguridad gansteril en el Rancho Izaguirre. De acuerdo con la GN, en el operativo fueron detenidos 10 presuntos plagiarios y se rescataron a dos personas privadas de su libertad y encontraron un cadáver. La GN compartió una imagen de los objetos hallados tras haber retenido armas largas, cargadores, equipo táctico y automóviles. No obstante este hallazgo, el lugar quedó sin resguardo y, al parecer, no fue motivo de ninguna indagatoria por autoridades estatales ni federales. Seis meses después, el miércoles 5 de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó el hallazgo de tres campos de entrenamiento y de exterminio en el mismo lugar, usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centros de adiestramiento de sicarios, confinamiento y exterminio de jóvenes en su mayoría “reclutados” mediante engaños de promesas de empleo. El secuestro como método sistemático para engrosar las filas de los ejércitos narcos. El narcotráfico es una actividad ilegal de múltiples intercambios de bienes prohibidos entre productores, distribuidores y consumidores en un mercado de estupefacientes. El mercado de narcóticos ilegales es un mercado capitalista donde operan empresas como cualesquiera, pero bajo el control del crimen organizado. El narco es el quinto empleador de México: Una investigación publicada por la revista Science calcula que el crimen organizado cuenta con 175.000 integrantes, más que empresas como Oxxo o Pemex.

Fotografías de las prendas de vestir, calzado, mochilas y distintos objetos personales pertenecientes a las víctimas (más de 1500 pertenencias) han causado conmoción a nivel nacional e internacional, así como la respuesta tardía de autoridades municipales, estatales y federales. Mexicanos Contra la Corrupción, organización no gubernamental, reportó que desde 2019 la Guardia Nacional informó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que encontró cuerpos incinerados en Teuchitlán. De acuerdo con la investigación, elementos de la GN reportaron el 10 de agosto de ese año que se había localizado una supuesta finca con varios cuerpos calcinados, cerca de la comunidad de La Estanzuela, misma zona donde buscadores localizaron a inicios de marzo de 2025 el crematorio en Izaguirre. Según el informe, los restos quemados habían sido encontrados en 2019 entre sembradíos de maíz. Según una sobreviviente del Rancho Izaguirre, “un aproximado de mil 500 personas” es la cantidad asesinada durante el tiempo que estuvo, tres años, en ese lugar. Jalisco es una de las entidades con mayor número de desaparecidos; a la fecha, oficialmente se registran 15 mil 426 denuncias por desaparición de personas. En octubre de 2023, extraoficialmente se contabilizaban 5,698 fosas clandestinas en México. Colectivos de familiares de personas desaparecidas han encontrado en Jalisco, al año 2024, al menos, mil 400 fosas clandestinas.

Un gatopardismo mexicano: «cambiar todo para que nada cambie» …

¿Cómo explicar este encadenamiento de escándalos por el crimen de lesa humanidad que se prolongaron durante años?; años donde hubo un supuesto cambio político democrático “antineoliberal” para acabar con la Mafia del poder (expresidentes del PRI y del PAN), según decía la Cuarta Transformación emprendida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), iniciado el 1 de diciembre de 2018 y concluido el 30 de septiembre de 2024. Pero la Mafia del poder sigue caminando muy campante.

Ahora, lo acontecido en Teuchitlán estalla en escándalo nacional y mundial durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es muy cierto que la escalada de violencia social y narcoviolencia desatada durante el gobierno panista ultraconservador y neoliberal de Felipe Calderón inicia cuando éste declaró la “guerra a los cárteles del narcotráfico” en diciembre de 2006. El siguiente gobierno priísta de Enrique Peña Nieto no declaró ninguna “guerra” al narco, pero estableció alianzas políticas con los cárteles lo que provocó la desaparición y matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue un crimen de Estado que se trató de ocultar con la llamada Verdad histórica inventada por el gobierno de Peña Nieto donde la versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato. Según esa versión, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al de Iguala, en el mismo estado. Esta mentira gubernamental fue desechada por el gobierno de López Obrador quien, sin embargo, a pesar de haber prometido el esclarecimiento de los hechos trágicos, nunca avanzó en nada en la investigación que involucraba a mandos militares y no hizo justicia para los padres y madres de los 43 estudiantes. El expediente sigue abierto y la justicia sigue en espera.

López Obrador mencionó en diferentes momentos de su gobierno, que el tema de la desaparición de personas era una prioridad y que se contaría con todos los recursos necesarios para atenderlo. ¿Cuánto de estos propósitos cumplió y qué resultados entregó? Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNL) el 1 de diciembre de 2018 se contabilizaban 53,296 personas, mientras que en junio de 2024 se reportan poco más de 115 mil, lo que significa que a lo largo del sexenio anterior se sumaron más de 61 mil personas desaparecidas.² Por tanto, el presidente no logró detener el incremento, pues la mayor cantidad de desapariciones forzadas sucedió durante el gobierno de López Obrador y la violencia social y narcoviolencia se exacerbaron con la política pasiva y fatal de Abrazos y no balazos, dejando el campo totalmente abierto a las actividades delictivas de los poderosísimos cárteles del narco; entre ellos, uno de los principales grupos del crimen organizado como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2020 se identificaron 150 grupos activos de narcos en México operando en 32 estados de la República. En México existen varios cárteles de narcotráfico, entre ellos el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel Independiente de Acapulco, Cártel de Guerreros Unidos, Cártel de Caborca, Cártel Nueva Plaza. Los capos más conocidos son, entre otros, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG; Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, del Cártel de Sinaloa, Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, del Cártel de Sinaloa.³

Durante la administración de AMLO desapareció, en promedio, una persona cada hora en el país. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. % del total.  Al 27 de enero de 2025 la cifra de personas desaparecidas llegó a 121,651, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). El número de personas desaparecidas día con día en México no deja de crecer y se ha convertido en un lacerante problema. Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad como política de Estado. En cuanto al número de asesinatos 82 personas fueron asesinadas cada día, el país cierra 2024 con 30 mil 57 homicidios. Con Sheinbaum, los asesinatos suben en sus primeros meses de gobierno. En los últimos tres meses de 2024, que representan la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia el número de homicidios se incrementó tres por ciento, en relación con el mismo periodo de 2023. En todo el País, no hay ningún rincón geográfico donde no haya habido un hecho sangriento vinculado al narco.  

En 2010, AMLO expresó su inconformidad por el uso del Ejército para suplir las incapacidades de gobiernos civiles y ante la posible entrada de una reforma para otorgar al ejército más facultades en el combate de la delincuencia habló de una “fallida estrategia de seguridad” emprendida por la administración de Felipe Calderón. López Obrador lanzó el expreso llamado a regresar al Ejército a los cuarteles; esto, tras defender que el cuerpo militar “no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad (…) No podemos aceptar a un gobierno militarista”, aseveraba el 26 de abril del 2010. Siendo ya presidente, AMLO hizo todo lo contrario y empezó a militarizar al País. Antes que intentar resolver la “fallida estrategia de seguridad”, promesa de retórica vana, continuó con la política de Calderón manteniendo a las tropas castrenses fuera de los cuarteles y, más aún, elevando el presupuesto destinado al Ejército y a ejercer tareas administrativas que no le competen. La inseguridad y la violencia social creció desmedidamente con todo y la militarización. Es muy cierto que México no padece de ninguna dictadura militar ni guerra civil, pero hay tal cantidad de cientos de miles asesinatos y desapariciones que parece que las hubiera. Es tal la inseguridad ciudadana que ni la policía municipal, estatal, ni la guardia nacional ni el Ejército logran establecer un clima de tranquilidad social. El propio Ejército ha incurrido en hechos violentos asesinando a jóvenes, aunque para AMLO es el Ejército del pueblo: “El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la patria”. Por supuesto, para el expresidente el Ejército no fue el responsable de la matanza estudiantil y popular de 1968 y de otras posteriores. Cuando AMLO recordó en 2023 la matanza de Tlatelolco, justificó el crimen del Ejército: “Recibió órdenes de Díaz Ordaz”. En la Matanza de Tlatelolco, más de 300 estudiantes murieron en una masacre del Ejército y su grupo paramilitar Batallón Olimpia contra una manifestación pacífica, que ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968.

El proceso de militarización del País con López Obrador fue muy cuestionado interna y externamente. Por ejemplo, en el 2022 la ONU instó al gobierno mexicano a “abandonar de inmediato” la militarización de la seguridad pública. El comité de expertos independientes que visitó el país para documentar la situación de las desapariciones forzadas consideró que la estrategia para combatir la delincuencia ha sido “insuficiente e inadecuada” para la protección de los derechos humanos. En tal sentido, el gobierno de AMLO fue mucho peor que el de Felipe Calderón, pues a pesar de toda la militarización con la creación de la Guardia Nacional y mayor presencia del Ejército la hiperviolencia social no se detuvo y el desgarramiento del tejido social fue trágico. De las casi 480 mil personas asesinadas y los casi 130 mil desaparecidos durante este primer cuarto de siglo, la mayor parte aconteció con el gobierno de Morena. Es como si una pequeña ciudad de medio millón de mexicanos hubiese sido exterminada por una hecatombe.

La Cuarta Transformación –que quiere compararse con profundos cambios históricos como la Revolución de Independencia (1810), la Reforma liberal (1857) y la Revolución democrática de 1910– es una quimera política propagandística demagógica meramente reducida a un cambio formal de naturaleza gatopardista para que todo siga funcionando igual que antes. En tal sentido, Morena es una prolongación del PRI con un nuevo ropaje bonapartista–populista.

Un lumpendesarrollo social y un Estado fallido

A partir del llamado modelo de desarrollo estabilizador emergente de finales de los años 40 e inicios de los 50, cuyo agotamiento se da a mediados de los años 60 y principios de los 70, a finales de los años ochenta se impone el modelo neoliberal que a la fecha tiene consecuencias catastróficas. La globalización económica para una nueva dinámica de acumulación capitalista, también trajo consigo la presencia en México de capitales locales involucrados en el trasiego mercantil de los estupefacientes. La historia de la mafia del narcotráfico nacional se remonta a principios de los años 30, se desarrolla con la Segunda Guerra Mundial y se consolida tres décadas después. Precisamente con la imposición del neoliberalismo, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se abre una expansión capitalista al mercado del narcotráfico. Ello dará lugar a un proceso social, económico y político que podemos caracterizar, siguiendo a André Gunder Frank, como lumpendesarrollo.⁴

El lumpendesarrollo significa una profunda deshumanización de las estructuras sociales bajo formas políticas muy degradadas, corrompidas y con una alta violencia social. Si el capitalismo es una máquina trituradora social, especialmente de la fuerza de trabajo, el lumpendesarrollo ha perfeccionado esta máquina para hacerla más eficaz y rápida. Ha sido muy eficaz para aplastar los derechos humanos y cavar más honda la crisis civilizatoria. En tal sentido, el lumpendesarrollo mexicano es una profunda crisis humanitaria de proporciones jamás vistas, derivadas de un capitalismo salvaje y su creciente desigualdad social. El capitalismo salvaje actualmente existente tiene su mayor expresión, precisamente, con la hiperviolencia social, que incluye a la narcoviolencia y su estela pavorosa de asesinados y desaparecidos. Dentro del marco del lumpendesarrollo cabe la consideración de un concepto político sujeto a diversas interpretaciones como es del Estado fallido.

El concepto de Estado fallido es útil para explicar como el mayor poder político de una Nación es ineficaz o inepto en muchas de sus funciones institucionales fundamentales, entre otras, el de garantizar la seguridad ciudadana, brindar protección a la población civil contra los altos niveles de criminalidad y delincuencia organizada. En la incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para controlar los altos niveles de terrorismo y la violencia del crimen organizado de los cárteles mafiosos narcotraficantes. Este concepto –en su sentido teórico weberiano, muy limitado para explicar la realidad del Estado capitalista– también significa la pérdida de control físico del territorio, o la debilidad del “monopolio en el uso legítimo de la fuerza”, pero desconociendo la naturaleza clasista y sus funciones esenciales como la de instrumento represor a favor del capital. Como sea, lo cierto es que un Estado fallido es ineficaz para tener control relativo sobre el territorio, permitiendo o tolerando el accionar de grupos armados –bandas del crimen organizado armados hasta los dientes o grupos paramilitares bajo órdenes de poderes fácticos– que desafían la autoridad del Estado y también cediendo las decisiones civiles al poder militar en la política de seguridad pública como es, precisamente, el caso de México.

El Estado fallido ha venido sucediendo en las últimas décadas, especialmente a partir del régimen de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Por supuesto, el concepto no es muy claro ni preciso porque el Estado, incluido el de naturaleza neoliberal, no deja de cumplir con sus funciones esenciales como instrumento de control, represión y dominación sobre la clase proletaria. En ese sentido, la hiperviolencia social imperante en México es el ejemplo de una profunda crisis política de un régimen gubernamental incapaz absolutamente de establecer la seguridad pública. Eso sucede en todo el territorio nacional, con todo y Guardia Nacional y Ejército en las calles. Poco importa que el monopolio del uso de la fuerza sea legítimo o no. El monopolio de la fuerza se emplea de manera clasista a favor de los intereses del capital. El hecho es que el Estado tiene una naturaleza de clase capitalista, establecer las condiciones políticas para la reproducción de la acumulación de capital, así diga el gobierno demagógicamente: “¡primero los pobres!”, tal como lo repetía incansablemente López Obrador. En su gobierno los ricos se hicieron más ricos. El mismo AMLO decía como los empresarios se han beneficiado con su gobierno: “Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables; estamos en contra de la corrupción”, declaró grandilocuente en un video en el 2020.

El Estado mexicano también es fallido porque a pesar de todo el conjunto de instituciones y legislación respecto a la terrible crisis humanitaria de los desaparecidos ésta sigue creciendo. El Estado ha creado leyes y organismos relativos al problema de las desapariciones: En el 2017 se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, de la cual deriva la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y, a su vez, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD). El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) también es organismo gubernamental. Casi toda esta estructura jurídica y operativa se replicó en todas las entidades federativas.  En México también hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una instancia del gobierno federal y su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Más aún, en el caso de Teuchitlán el papel de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal de Jalisco, no solamente hubo descoordinación entre ellas sino también omisiones o “negligencias” de total ineptitud respecto al protocolo operativo. Las madres buscadoras fueron ignoradas en la investigación del caso.

¿Cuál es el balance general de todo este andamiaje gubernamental? Los resultados son casi nulos pues todo se ha manejado bajo criterios burocráticos y políticos que impiden el apoyo a los familiares de los desaparecidos y la búsqueda de sus seres queridos. El gravísimo problema de los y las desaparecidas es una desquiciante cuestión social pero fundamentalmente es un problema político porque el Estado no ha querido ni ha podido dar respuesta satisfactoria. La seguridad ciudadana no es ninguna prioridad como política pública dentro de un proyecto desarrollista capitalista en el cual los megadesarrollos de infraestructura o equipamiento están en función de los intereses del capital.

Solamente con el escándalo de Teuchitlán la presidenta Sheinbaum se apresuró a actualizar la legislación sobre los desaparecidos, pero esta iniciativa es un maquillaje jurídico para aparentar que algo se está haciendo ante la profunda crisis humanitaria que está desnudando políticamente la incapacidad del gobierno de la 4T para resolver el problema y haciendo perder legitimidad y credibilidad a un gobierno con apoyo popular. Las Madres buscadoras desestiman los arreglos jurídicos de Sheinbaum y exigen ser incluidas y que se indague el sexenio de AMLO. Además, los expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco.

A la fecha, la presidenta no quiere escuchar ni ver a las madres buscadoras de los desaparecidos. No las ha tomado en cuenta en sus iniciativas para modificar las leyes respectivas. La presidenta está empeñada en defender a su antecesor, tratando de ocultar su irresponsabilidad política. Según ella “los crímenes de lesa humanidad ya no existen en el país”, pero la realidad indica todo lo contrario. Es cierto, como ha dicho, que antes la práctica de la desaparición forzada de personas la hacia el Estado –el terrorismo de Estado, el Ejército y paramilitares– y que ahora solamente los perpetra el crimen organizado; pero se le olvida decir que el terrorismo del crimen organizado lo hace ante la pasividad y la “indiferencia” del propio Estado. “La verdad debe prevalecer siempre en mi Gobierno, no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca desde el Gobierno”, aseveró Sheinbaum. Sin duda, es una buena intención, pero también podría ser que se empieza a fabricar una nueva “verdad histórica” intentando deslindar al Estado.

¿A dónde los desaparecidos?

La mayoría de los desaparecidos van a las fosas clandestinas, que son decenas de miles: México es una fosa clandestina. José Reveles, uno de los mejores periodistas de investigación sobre las mafias del narco y los desaparecidos escribe en su libro Levantones, narcofosas y falsos positivos (2011) que las fosas clandestinas están por doquier: “Los más escandalosos cementerios clandestinos de todos los tiempos en México… aparecieron a partir de 2011 en Durango y San Fernando, Tamaulipas”. México es el país de los desaparecidos, dice Reveles. En el Prólogo, Edgardo Buscaglia escribe: “Ningún ideal u objetivo histórico puede justificar la carnicería humana que ha estado causando la ausencia de una estrategia estatal de desarrollo social y político para fomentar, en general. La prosperidad de las presentes y futuras generaciones de mexicanos y, en particular, para desarticular los andamiajes de los grupos criminales”.

Todos los colectivos de familiares buscadores de los desaparecidos han realizado una labor incansable por encontrar a sus seres queridos, quienes han sido objeto de indiferencia, en general, por los organismos gubernamentales. De hecho, estos grupos han sido quienes han realizado el trabajo que les corresponde por obligación al propio Estado. La infamia del poder gubernamental es tan grande como toda la superficie que puedan tener las fosas clandestinas.

Muchas de las madres buscadoras han sido asesinadas por sicarios narcos con el propósito de amedrentar todo intento de búsqueda. A la fecha no existen cifras oficiales de la cantidad de fosas clandestinas; se menciona casi 3 mil fosas al 2023, pero según otros datos la cantidad se duplica. Una asignatura pendiente para el actual gobierno federal es crear un registro fiable de las narcofosas. México entero es un territorio del dolor y del horror.

¿Qué alternativa a la crisis de los y las desaparecidas?

Lo primero que deberíamos hacer es mostrar toda nuestra solidaridad posible con la lucha que realizan las Madres buscadoras por encontrar a sus hijos e hijas desaparecidas. Ello pasa por exigir un cambio efectivo al Estado en su política a la crisis a este problema, lo que implica también un cambio drástico a la política sobre la seguridad ciudadana. No obstante, la profunda crisis de inseguridad pública es principalmente un problema político, por ende, la respuesta debe ser de orden político, lo cual significa que debemos trastocar profundamente las estructuras del poder político dominante y empezar a construir organizadamente una alternativa democrática radical desde abajo; es decir, desde la base social del pueblo plebeyo constituido por los trabajadores del campo y las ciudades. Se trata de ir generando una solidaridad humanitaria con base a la formula de un gobierno obrero, campesino y popular. Solamente un gobierno con orientación clasista proletaria podrá ir resolviendo los grandes problemas nacionales que manifiesta una barbarie social inherente a un capitalismo salvaje. Se requiere de un programa de transición hacia una nueva sociedad regida políticamente por principios rectores socialistas democráticos autogestionarios.

*Román Munguía Huato, militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS), México.

Notas