Pablo da Rocha. Foto: Gianni Schiaffarino
Entrevista a Pablo da Rocha
Lucía Barrios
La Diaria, 9-1-2024
Correspondencia de Prensa, 9-1-2025
El economista advirtió, en diálogo con la diaria, que el desempleo sigue siendo un “problema estructural”. Según sus palabras, la informalidad y la precarización laboral siguen en aumento, especialmente en sectores vulnerables como el rural, el doméstico y el comercio.
La situación del desempleo en Uruguay debería ser vista como una “emergencia nacional”, ya que si bien las últimas cifras muestran una recuperación tras la pandemia de covid-19, aún hay “problemas estructurales”, dijo a la diaria Pablo da Rocha, integrante del equipo económico del Instituto Cuesta Duarte.
“El desempleo debe ser tratado como una emergencia nacional, y las soluciones deben ir más allá de las cifras: deben centrarse en las personas. La informalidad sigue siendo uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral. Aunque afecta a un 22% de los trabajadores, su impacto no es uniforme; se concentra en sectores como el rural, el doméstico y el comercio, y afecta desproporcionadamente a las mujeres y los jóvenes. Estos trabajadores están doblemente desprotegidos: no tienen derechos laborales ni acceso a la seguridad social, y sus ingresos suelen ser inestables y bajos”, afirmó.
El economista y profesor universitario señaló que las últimas cifras, publicadas a fines de diciembre, reflejan “problemas estructurales” en la creación de empleo de calidad y en el acceso “igualitario” a las oportunidades laborales. “Hay miles de trabajadores enfrentando una precarización creciente. El subempleo y los empleos informales son cada vez más frecuentes y dejan a las personas sin derechos laborales plenos ni acceso a la seguridad social. Además, los salarios reales han perdido poder adquisitivo, lo que agrava la situación de los hogares más pobres”, indicó. Por tanto, el modelo económico actual “no está funcionando para la mayoría” y es necesario que el país adopte un “modelo de desarrollo con justicia social, cuyo eje central sea el empleo digno”, agregó el especialista.
Asimismo, advirtió que el interior sigue siendo “el gran olvidado” de las políticas públicas y denunció que la “relación entre desempleo y pobreza es directa y devastadora”. “El desempleo no sólo genera pobreza material, sino también exclusión social y una sensación de falta de futuro. Cuando un joven no encuentra trabajo o una mujer debe aceptar condiciones indignas para mantener a su familia, estamos fallando como sociedad. Además, esto se agrava en un contexto en el que los programas de asistencia social han sido recortados y la inversión pública en políticas redistributivas ha disminuido”.
Para Da Rocha, el enfoque del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou ha sido “claramente insuficiente” en esta materia, y calificó a los programas impulsados como “paliativos temporales”. “Esta gestión también ha fallado en priorizar un modelo de desarrollo inclusivo. Las políticas laborales han favorecido a los sectores más concentrados de la economía, mientras que los trabajadores han visto cómo sus salarios reales se deterioran y sus condiciones laborales se precarizan. Es imprescindible un cambio de rumbo, por el cual el Estado asuma un rol protagónico en la generación de empleo digno y en la redistribución del ingreso y la riqueza”, concluyó.
¿Cuál ha sido la evolución reciente del empleo y el desempleo?
Uruguay enfrenta un mercado laboral con cifras que, si bien muestran cierta recuperación pospandemia, aún están lejos de responder a las necesidades de nuestra gente. La tasa de desempleo y la de empleo –actualmente en 7,2% y 59,8%, respectivamente– reflejan problemas estructurales en torno a la creación de empleo de calidad y en el acceso igualitario a oportunidades laborales.
Lo que estas cifras no muestran claramente es que detrás de ellas hay miles de trabajadores que enfrentan una precarización creciente. El subempleo y los empleos informales son cada vez más frecuentes y dejan a las personas sin derechos laborales plenos ni acceso a la seguridad social. Además, los salarios reales han perdido poder adquisitivo, lo que agrava la situación de los hogares más pobres.
Estas cifras evidencian que el modelo económico actual no está funcionando para la mayoría. Necesitamos avanzar hacia un modelo de desarrollo con justicia social, donde el empleo digno sea el eje central. Esto no sólo implica crear más puestos de trabajo, sino garantizar que estos respeten los derechos laborales, ofrezcan estabilidad y permitan a los trabajadores y a sus familias salir de la pobreza.
¿Cuál es la situación en el interior del país?
El interior de nuestro país sigue siendo el gran olvidado de las políticas públicas. Departamentos como Tacuarembó, Río Negro y Treinta y Tres muestran tasas de desempleo que superan ampliamente el promedio nacional y que en algunos casos llegan a más del 13%. Esto no es casualidad: refleja años de falta de inversión, ausencia de diversificación productiva y una clara desigualdad territorial en el desarrollo económico.
En ese sentido, el interior enfrenta un doble desafío. Por un lado, hay sectores productivos clave que no logran crear empleos suficientes, como el agroindustrial. Por otro lado, la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones están muy rezagados. Las mujeres y los jóvenes son quienes más sufren esta realidad, y quedan atrapados en empleos de baja calidad o directamente excluidos del mercado laboral.
Es urgente priorizar políticas de desarrollo regional que impulsen la creación de empleo con equidad. Esto incluye invertir en infraestructura, fomentar la instalación de industrias vinculadas a cadenas de valor regionales y fortalecer la educación y formación técnica en estas áreas. Pero también debe incluir una perspectiva de justicia distributiva: no basta con crecer, hay que redistribuir los frutos del crecimiento para reducir las brechas entre Montevideo y el interior.
¿Cómo están afectando las cifras actuales de desempleo a los sectores más vulnerables y a los índices de pobreza?
La relación entre desempleo y pobreza es directa y devastadora. En un contexto donde el costo de vida no deja de aumentar, la pérdida de empleo o el acceso sólo a trabajos precarios lleva a muchas familias a caer por debajo de la línea de pobreza. Esto afecta especialmente a los sectores vulnerables: hogares con mujeres jefas de familia, jóvenes de barrios populares y trabajadores informales.
El desempleo no sólo genera pobreza material, sino también exclusión social y una sensación de falta de futuro. Cuando un joven no encuentra trabajo o una mujer debe aceptar condiciones indignas para mantener a su familia, estamos fallando como sociedad. Además, esto se agrava en un contexto en el que los programas de asistencia social han sido recortados y la inversión pública en políticas redistributivas ha disminuido.
Es imperativo abordar esta realidad con un enfoque integral. El desempleo debe ser tratado como una emergencia nacional, y las soluciones deben ir más allá de las cifras: deben centrarse en las personas. Necesitamos fortalecer las políticas de transferencia de ingresos, pero también garantizar que el empleo que se cree permita salir efectivamente de la pobreza.
¿Cómo evalúa la evolución de la informalidad en estos últimos años?
La informalidad sigue siendo uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral. Aunque afecta a un 22% de los trabajadores, su impacto no es uniforme; se concentra en sectores como el rural, el doméstico y el comercio, y afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los jóvenes. Estos trabajadores están doblemente desprotegidos, porque no tienen derechos laborales ni acceso a la seguridad social, y sus ingresos suelen ser inestables y bajos.
Los gobiernos recientes han fracasado en implementar medidas efectivas para combatir la informalidad. Es necesario avanzar en la fiscalización, pero también en políticas que incentiven la formalización. Esto incluye la reducción de costos para pequeños emprendimientos, subsidios específicos para trabajadores informales y quizá la creación de mecanismos simplificados de aportes a la seguridad social para los sectores más afectados.
¿Qué evaluación hace de la gestión del gobierno actual en esta materia?
El enfoque del gobierno ha sido claramente insuficiente. La reducción de la inversión pública y los recortes en políticas públicas han debilitado la capacidad del Estado para dinamizar el empleo y amortiguar los impactos sociales del desempleo. Los programas implementados, como Oportunidad Laboral, son paliativos temporales que no abordan los problemas estructurales del mercado laboral.
Esta gestión también ha fallado en priorizar un modelo de desarrollo inclusivo. Las políticas laborales han favorecido a los sectores más concentrados de la economía, mientras que los trabajadores han visto cómo sus salarios reales se deterioraban y sus condiciones laborales se precarizaban. Es imprescindible un cambio de rumbo, por el cual el Estado asuma un rol protagónico en la generación de empleo digno y en la redistribución del ingreso y la riqueza.
¿Qué acciones considera que debería impulsar el próximo gobierno con respecto a esta problemática?
El próximo gobierno debe apostar por un modelo de desarrollo con justicia social. Esto implica inversión pública estratégica para reactivar la inversión en infraestructura, educación y vivienda, priorizando sectores que creen empleo de calidad.
Además, la llegada de la inteligencia artificial y la automatización está transformando el mercado laboral. Uruguay debe invertir en investigación y desarrollo [I+D] y en formación técnica que prepare a los trabajadores para los empleos del futuro.
Asimismo, se debe fortalecer los sistemas de transferencias de ingresos, garantizar salarios dignos y promover políticas fiscales progresivas que reduzcan la desigualdad.
Por último, es necesario diseñar políticas activas de empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con incentivos específicos para su contratación.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta cuando se impulse un diálogo por la seguridad social?
El diálogo sobre la seguridad social debe abordar las tensiones que atraviesan nuestro sistema. Una de ellas es la demografía. Uruguay enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado, con una relación cada vez más desfavorable entre activos y pasivos.
Otra de las tensiones es la heterogeneidad laboral: la creciente precarización y la informalidad limitan los aportes al sistema, mientras que las trayectorias laborales discontinuas de muchas personas, especialmente de las mujeres, no se reconocen adecuadamente.
Además, se encuentra la exclusión de los mayores de 45, 50 años. Este grupo enfrenta grandes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Es esencial diseñar políticas específicas para garantizar que puedan aportar al sistema y acceder a una jubilación digna.
En este contexto, es fundamental defender la solidaridad intergeneracional y garantizar que las reformas no recaigan sobre los sectores más vulnerables. Además, se debe priorizar la participación social en la toma de decisiones y asegurar que los trabajadores tengan una voz protagónica en la construcción de un sistema que los proteja efectivamente.
¿Qué desafíos enfrentará el próximo gobierno en esta dimensión?
El principal desafío que enfrentará el gobierno del Frente Amplio [FA] al impulsar un diálogo sobre la seguridad social será construir consensos amplios en un sistema marcado por tensiones estructurales y dinámicas del mercado de trabajo que impactan directamente en su sostenibilidad.
Entiendo que deben prestar atención especialmente a la heterogeneidad del mercado laboral, las desigualdades intergeneracionales, las reformas estructurales con equidad, la relación entre productividad y contribuciones, y la participación activa de los actores sociales.
Es posible que el FA enfrente diversos tipos de tensiones de cara al diálogo por la seguridad social, provenientes de distintos actores. El movimiento sindical exigirá evitar ajustes regresivos y mayor financiamiento progresivo, mientras que las cámaras empresariales rechazarán aumentos en las contribuciones patronales. Dentro del FA, sectores moderados priorizarán la sostenibilidad fiscal, mientras que los más radicales presionarán por medidas redistributivas, lo que puede generar roces internos. La oposición política criticará aquellas reformas que aumenten costos o privilegien al sindicalismo, y los organismos internacionales podrían condicionar su apoyo a cambios estructurales. Además, colectivos de jubilados y organizaciones sociales demandarán mejoras en prestaciones y equidad, aumentando las tensiones. El desafío será construir consensos amplios sin desnaturalizar el carácter solidario del sistema.
Creo que, para abordar estas tensiones, el FA deberá priorizar un diálogo inclusivo y transparente, con énfasis en la construcción de consensos amplios. Es fundamental reforzar el tripartismo, garantizando que las propuestas del movimiento sindical sean centrales pero equilibradas con las preocupaciones empresariales y las demandas sociales.
Desde una perspectiva estratégica, recomendaría avanzar en una agenda que combine mejoras en la formalización del empleo y desarrollo productivo con ajustes graduales al sistema que protejan a los sectores más vulnerables. Además, será clave fortalecer la comunicación hacia la ciudadanía destacando el impacto positivo de las reformas en términos de sostenibilidad y justicia social, mientras se diseñan mecanismos redistributivos que eviten la polarización.