Provea dice que Gobierno insiste en desconocer obligaciones en materia salarial
La organización denunció que han pasado más de dos años sin que haya un aumento salarial y ha recrudecido el empobrecimiento de la población
EFE @EFEnoticias
Efecto Cocuyo, 1-9-2024
Correspondencia de Prensa, 2-9-2024
La ONG Provea dijo este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro insiste en desconocer sus obligaciones en materia de derechos sociales, al cumplirse -sostuvo- 900 días sin que se ordene un aumento en el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares, uno 3,5 dólares.
«Mientras se secuestra la democracia y escala la represión, quienes gobiernan, insisten en desconocer sus obligaciones en materia de derechos sociales», señaló Provea en un mensaje publicado en la red social X.
Asimismo, indicó que han pasado más de dos años sin que haya un aumento salarial, «en medio del empobrecimiento generalizado de la población».
«Sin democracia no hay garantía de desarrollo y bienestar para las familias», añadió.
En Venezuela, una persona necesita 34,4 salarios mínimos -actualmente en 3,5 dólares mensuales-, para pagar la canasta básica de alimentos, que tuvo en julio un costo de 108,5 dólares por cada miembro de una familia de cinco integrantes, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Además del salario mínimo, los trabajadores reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares, al que se suma, para los empleados públicos, el llamado «bono de guerra económica», de 90 dólares, para un total de 133,5 dólares, pagados en bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El pasado 29 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país registrará en 2024 «la inflación más baja en décadas», a la vez que afirmó que «hay una buena expectativa en la sociedad, en la población» y «en los actores económicos».
En julio, según el BCV, la inflación fue del 0,7 %, con lo que mantiene una tendencia a la baja, mientras que la tasa acumulada de incremento de precios en bienes y servicios llegó al 9,7 % en los primeros siete meses del año.
Las autoridades prevén que Venezuela, que vivió un proceso hiperinflacionario entre 2017 y 2021, cierre 2024 con una inflación inferior al 50 %.
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Las personas de edad o adultos mayores
Marino Alvarado*
Provea, 29-8-2024
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad que en Venezuela conocemos mejor como adultos mayores.
En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.
En nuestro país el 13 de septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Según la ley toda persona mayor a 60 años entra en esa categoría.
Indica la ley que tiene por objeto garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, reconociendo su autonomía y libre desenvolvimiento de la personalidad, a través de la atención integral que deben brindarle el Estado, las familias y la sociedad para asegurar su buen vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad y envejecimiento saludable, activo, digno y feliz.
Este objeto se asemeja a parte de los principios establecidos por las Naciones Unidas en los cuales se exhorta a los estados a que los incorporen en sus programas nacionales cuando fuera posible: tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia.
Lamentablemente, la realidad de las personas adultas mayores en Venezuela está bastante lejos de los principios establecidos por la comunidad internacional y nuestra ley de adultos mayores.
Más de cinco millones de jubilados y pensionados reciben menos de 3 dólares al mes, mientras la canasta alimentaria está calculada en 542 dólares. Es bueno precisar que es el cálculo en alimentos y no incorpora otras necesidades básicas.
A esa situación debe agregarse la ausencia de políticas públicas que atiendan de manera integral la integridad física y mental de los adultos.
El 24 de mayo se publicó el Decreto número 4.952, de fecha 16.05.2024, mediante el cual se estableció como monto de la contribución especial, prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, el nueve por ciento (9%) del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores, de conformidad con la referida Ley. Se prometió que con esa recaudación se elevaría el monto de las pensiones, son embargo a la fecha no se cumple.
Tienen razón quienes se preguntan si el dinero recaudado fue desviado para la realización de la pasada campaña electoral, lo cual constituiría un delito de malversación de fondos.
El actual contexto de convulsión política puede tener un efecto muy grave en las condiciones socioeconómicas para los millones de personas de edad, profundizando sus ya precarias condiciones de vida. Urge avanzar hacia la estabilidad en democracia y con pleno apego a la Constitución.
*Marino Alvarado, Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.