Un tractor llega a la concentración de agricultores en el Ministerio de Agricultura (Madrid), 26-2-2024. Alberto Ortega / Europa Press
De la mano, el gobierno y la FNSEA siguen golpeando a los trabajadores más precarios
En vísperas del Salón de la Agricultura, el gobierno hizo nuevos anuncios para calmar la cólera de los agricultores. Una vez más, los trabajadores agrícolas son los grandes perdedores. Peor aún, son el objetivo principal.
Pierre Jequier-Zalc
Traducción de Correspondencia de Prensa, 3-3-2024
«No nos invitaron». Diane Grandchamp nos explica casi sin enfado que el sindicato al que representa, la FNAF-CGT, que defiende a los asalariados del sector de la agricultura, no fue invitado al «gran debate» organizado por el Elíseo (sede de la presidencia) con motivo del Salón de la Agricultura. Se suponía que iba a ser una oportunidad para que todos los actores implicados hablaran entre sí y examinaran los -numerosos- problemas a los que se enfrenta el sector.
Mientras la FNSEA (principal sindicato, sobre todo de grandes propietarios vinculados a la agroindustria) se hace de rogar, los sindicatos que representan a los trabajadores del campo, que representan más de un tercio de la producción agrícola, simplemente han sido olvidados. «Ya ni siquiera nos sorprende. Es sistemático. Es como si no hubiera asalariados en las explotaciones», afirma decepcionada Diane Grandchamp.
Una mano de obra indispensable pero invisible
Es una constatación. Desde el estallido de la crisis de los agricultores, los trabajadores agrícolas y sus condiciones de trabajo han estado totalmente ausentes de los debates. Peor aún, a veces se describen como «normas» que hay que «simplificar» para mejorar la competitividad de la agricultura francesa.
Y sin embargo, desde hace varios años, los trabajadores agrícolas son una mano de obra indispensable para el funcionamiento de la agricultura francesa. Entre 2010 y 2020, la cantidad de asalariados fijos no familiares en la agricultura aumentó un 10%, mientras que el número de agricultores o asociados disminuyó un 17,8% en el mismo período. Juntos, representan más de un tercio del volumen de trabajo agrícola en Francia.
Pero frente a los poderosísimos sindicatos de agricultores -dirigidos por la FNSEA- son una realidad invisible. Además de no haber sido invitados al Salón de la Agricultura, otro ejemplo ilustra este aspecto. Mientras que la FNSEA y los Jeunes Agriculteurs (la rama juvenil de la FNSEA) tienen las puertas abiertas en el Ministerio de Agricultura, e incluso en Matignon (sede del gobierno: primer ministro), las cartas de la FNAF-CGT solicitando ser recibidos por el gobierno no tuvieron respuesta.
En este contexto, no es de extrañar que los nuevos anuncios del primer ministro del miércoles 21 de febrero no tengan nada que ver con la mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores. Peor aún, varios anuncios las han degradado considerablemente.
Cada vez más exenciones para las cotizaciones patronales
A la cabeza de la lista figura la prórroga del régimen TO-DE (Trabajadores Ocasionales-Demandantes de Empleo), un contrato de trabajo por el que se exime de las cotizaciones patronales sobre los temporeros que cobran menos de 1,2 (smic) salarios mínimos. Este nivel fue aumentado incluso a 1,25 smic tras los anuncios de Gabriel Attal (primer ministro). La FNSEA y el primer ministro ven en esta medida una forma de «simplificar» la contratación. Una verdadera «trampa de bajos salarios» según los sindicatos que representan al sector.
«Nuestras organizaciones se oponen especialmente a la perennización del régimen TO-DE, que menoscaba nuestro sistema de seguridad social y no es más que una trampa de bajos salarios, en un momento en que los empleos en la agricultura son cada vez más calificados»,escribieron en un comunicado de prensa intersindical la CFTC, la CGT, la CFE-CGC y FO (centrales sindicales).
Los temporeros son una mano de obra ya muy explotada. Sin embargo, el gobierno vuelve a atacarlos declarando que se trata de oficios «en tensión«, permitiendo que se «importe» mano de obra extranjera por temporadas, para trabajar sin límites. «Quieren aprovecharse de una mano de obra vulnerable y en dificultades para sobreexplotarla. Se trata claramente de esclavitud moderna«, afirma Diane Grandchamp, que teme que la situación que viven algunos temporeros en Champagne (Noreste de Francia. Se trata mayoritariamente de obreros de la viña) se generalice.
«La FNSEA exigió que la agricultura sea clasificada como un sector «en tensión», es decir, con escasez de mano de obra. Pero para que la agricultura resulte atractiva, es necesario mejorar los derechos de los asalariados», afirman las organizaciones que representan a los trabajadores agrícolas. Una opinión directamente descartada.
Se facilitan las excepciones al horario laboral
Y hay más por venir. Gabriel Attal anunció otra «simplificación» social. Se trata de facilitar el establecimiento de excepciones a la jornada laboral, suprimiendo el actual sistema del caso por caso, que debe ser validado cada vez por un inspector de trabajo. El objetivo es facilitar que algunos asalariados puedan trabajar 60 y a veces 70, horas semanales.
Dado que el sector agrícola está muy fragmentado y que la organización de estos trabajadores no siempre es fácil, este ataque masivo a sus derechos sociales es un golpe mazazo. Que puede ir aún más lejos. Varias federaciones departamentales de la FNSEA – las FDSEA – que sienten el viento en popa, atacan los convenios colectivos locales del sector, que garantizan una serie de conquistas sociales.
Desde 2021, las organizaciones representativas de los trabajadores del sector negocian un convenio colectivo nacional con la FNSEA. Un convenio que incorpora un principio: si los convenios locales preexistentes son más favorables para los empleados, seguirán aplicándose.
Conquistas sociales bajo amenaza
Desde finales de 2023, el poderoso sindicato de productores rurales ataca esta adquisición a través de la denuncia de los convenios colectivos locales. Por el momento, se trata sólo de tres departamentos -Ain, Gard y Lot-et-Garonne-, pero las organizaciones de trabajadores temen que esta maniobra contra sus derechos sociales se intensifique. En el Gard, por ejemplo, supondría la pérdida del aguinaldo (13er mes) para supervisores, técnicos y cargos directivos.
No obstante, los sindicatos de trabajadores agrícolas mantienen su lucha. «Si se cuestionan los derechos de los trabajadores, asumiremos nuestras responsabilidades sindicales en consecuencia. Nuestras organizaciones bloquearán cualquier intento de socavar los derechos y las normas sociales», afirman en su comunicado de prensa conjunto. A pesar de todo, mientras los agricultores -sobre todo los más poderosos- siguen obteniendo ventaja tras ventaja, los asalariados luchan simplemente por preservar los escasos derechos que han adquirido a lo largo de años.
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Las protestas de los agricultores consiguen anular medidas contra la desertificación que amenaza España
La respuesta de los gobiernos europeos a las tractoradas convierte en voluntarias las obligaciones ambientales a la hora de percibir los fondos públicos de la PAC
Raúl Rejón
elDiario.es, 28-2-2024
Con los tractores bloqueando carreteras desde hace semanas, los ministros de Agricultura europeos decidieron este lunes “flexibilizar” varias exigencias ambientales a la hora de que los agricultores reciban fondos públicos. Se trata de “convertir en voluntarias casi la mitad de las obligaciones ambientales de las ayudas de la Política Agraria Común”, según traduce la Coalición Por otra PAC.
Las medidas que se rebajan tienen que ver con el barbecho, la cobertura vegetal de los campos y la rotación de cultivos. Estas buscaban atajar la pérdida de suelo fértil –que acucia a Europa y España– y frenar su degradación, es decir, contener la desertificación que avanza de sur a norte empujada por el cambio climático. El 74% del territorio español “es susceptible de desertificación”, calcula el Ministerio de Transición Ecológica. Además, también estaban destinadas a aliviar la necesidad de aplicar fertilizantes y favorecer el control de plagas sin usar pesticidas, además de la proliferación de polinizadores.
El Ministerio de Agricultura salió satisfecho del encuentro en Bruselas. “La Comisión Europea ha entendido la necesidad de flexibilizar las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” que condicionaban las subvenciones de la PAC, según afirmaba en un comunicado. Este movimiento llegó solo 24 horas antes de que el Europarlamento aprobara por estrecho margen la Ley de Restauración de la Naturaleza con el PP y la extrema derecha en contra para alinearse con las protestas del sector primario y un texto rebajado para apaciguar a los agricultores.
“El mensaje que se lanza es que, a la mínima, se cede”, reflexiona el doctor en Ingeniería Agrónoma y experto en desertificación Jaime Martínez Valderrama. “Y, al hacerlo, se vuelven a situar como dos enemigos irreconciliables al medio ambiente y la agricultura. Ese es el gran error de fondo, porque lo que tiene que verse con estas actuaciones es que no se trata solo de una cuestión ambiental, sino que son buenas para la agricultura. Lo que pasa es que necesitan un tiempo para hacerse efectivas”.
Con todo, los Estados miembros acordaron suspender medidas concretas pensadas para afrontar problemas concretos.
¿Qué se “flexibiliza”?
Se anula la obligación (para recibir dinero público) de dejar una “cobertura mínima de suelo en periodos sensibles”. Se trata, básicamente, de que en ese suelo durante unos meses haya un mínimo ecosistema porque crece algo. Un ejemplo visual: los olivares o almendrales que ocupan lomas (en pendiente), habrían tenido que contar con ese manto vegetal de octubre a marzo en lugar de presentar calles pulidas sin nada entre las hileras de árboles.
El objetivo de hacer esto es “evitar suelos desnudos”. ¿Por qué? Porque son pasto de, por ejemplo, la erosión causada por la escorrentía de agua. “El caso de la erosión es muy patente: si dejas la cobertura vegetal estás ayudando a la agricultura porque defiendes el suelo de la acción de la lluvia”, explica Martínez Valderrama. “La relación entre agricultura y la desertificación en España es directa, ya que muchos de los escenarios de degradación del territorio se dan en estos paisajes”, abunda el investigador de la Universidad de Alicante.
Las prácticas agrícolas están tan relacionadas con la pérdida física de suelo y, por tanto, la entrada de la desertificación, que el suelo agrícola se está perdiendo en España tres veces más que el forestal, según la Estrategia Nacional contra la Desertificación. En promedio, una hectárea de superficie de cultivo se queda sin 30 toneladas de suelo al año, mientras que en el terreno forestal se calcula una pérdida de 10 toneladas.
¿Cómo es la erosión del agua en el suelo en toda Europa?
Estimación de la erosión del suelo por el agua en cada provincia de Europa. Datos en toneladas de suelo erosionado por hectárea y año:
“Las mayores tasas de erosión se producen en los cultivos leñosos permanentes sin manejo de cubierta vegetal adecuado a sus condiciones de clima y pendiente, y en los cultivos anuales en pendientes inadecuadas sin prácticas de conservación del suelo”, expone la Estrategia.
En España, la mitad de las explotaciones que solicitan las ayudas públicas de la PAC (casi 400.000) están afectadas por “riesgo de erosión severa”, es decir, en zonas donde se pierden más de 25 toneladas por hectárea anuales, según el Plan Estratégico de la Política Agraria Común.
La rotación
Otras de las medidas que se “flexibilizó” el pasado lunes es la de la rotación de cultivos en las explotaciones, que intenta “preservar el potencial de los suelos”. Cambiar de tipo de planta que se produce cada cierto tiempo “ayuda a devolver los nutrientes a los suelos sin necesidad de insumos sintéticos, es decir, fertilizantes”, explica el Rodale Institute. “Evita que el suelo se agote y que las enfermedades de un determinado tipo de planta se perpetúen”, abunda esta documentación del Ministerio de Agricultura.
Porque el suelo de verdad, suelo fértil, no es cualquier superficie sobre la que se colocan cosas. En realidad, se trata de una fina capa inmediatamente inferior a la superficie terrestre que “sirve de medio para el crecimiento de plantas y organismos”, como lo define el departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta capa solo consta de entre 15 y 25 centímetros, pero proporciona alimento, biomasa y materias primas, además de regular los ciclos del agua y el carbono.
La agricultura intensiva, a medida que se suceden las cosechas, desprovee de esas características al terreno y lo va convirtiendo en infértil (de ahí la necesidad de fetilizantes). Quedarse sin este sustrato es una degradación grave que ha llevado a la Unión Europea a crear una Estrategia del Suelo para intentar frenarla.
“Ayudar a la naturaleza no es un objetivo solo por sí mismo, sino que se trata de que la naturaleza funcione bien para que funcionen bien los sistemas socioeconómicos, la agricultura… En definitiva, de lo que dependemos”, aclara Martínez Valderrama. “Lo peor es que, de nuevo, tenemos prisa y vamos a parar estos objetivos porque hay que producir mucho –prosigue– pero es que vas a producir más y tener mejor seguridad alimentaria si cuidas la naturaleza. Pero eso requiere un poco de tiempo”.
Una tercera pata verde que no se aplicará, al menos de momento, es la que premiaba tener un porcentaje mínimo de superficie dedicada a no producir. Eso podían ser tierras en barbecho (que ha salido en las tractoradas como una de las reivindicaciones), pero también cuenta tener charcas en la finca, lindes con setos o arbustos. El objetivo es mejorar la biodiversidad que sirve, por ejemplo, para que haya polinizadores como las abejas.
“La recuperación de estas zonas no cultivadas alrededor o dentro de los campos de cultivo es fundamental para el control de plagas en la agricultura, ya que son un hábitat muy importante para aves e invertebrados”, describe la guía de buenas prácticas de producción ecológica del Ministerio de Agricultura.
Trabas a producir cada vez más
Además de las quejas sobre la burocracia para tramitar la PAC y los precios de venta, los agricultores entienden que la agenda verde limita su capacidad de producción. “Bienvenida la retirada de la reducción en un 50% del uso de pesticidas”, ha analizado el secretario general de la Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla. La cubierta vegetal, cambiar de cultivos o reservar suelo sin cultivar son consideradas trabas para el incremento de la cosecha que luego se vende. De hecho, este miércoles, tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, Padilla apretaba: “De 10 requisitos [de la PAC], seis se van a reconsiderar. Es un avance, pero se necesita más concreción”.
La coordinadora de programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, considera que “más que el coste real que suponen esas medidas, implican un cambio de mentalidad porque, a medio plazo, ya se está probando que esas prácticas traen beneficio ya que retienen suelo, mejoran la fertilidad y ahorran fitosanitarios”. Sin embargo, abunda, “estar asentados en un modelo de pura rentabilidad a base de más producción genera la idea de que si no se dedica cada metro cuadrado de la explotación al cultivo se reduce el margen de beneficios. Y la agenda verde ha pagado el pato”.
Al otro lado, las organizaciones al frente de las tractoradas (COAG, Asaja y UPA) insisten en un mensaje: Bruselas debe “dejarnos trabajar en paz”. El secretario general de Asaja, Eduardo Martín, decía este lunes: “Aquí hay que darle la vuelta a la PAC, que no hace falta tantas medidas, tanta burocracia. Hay que cambiarla radicalmente y se cambia dejando al agricultor en paz. Que nos dejen en paz y que nos dejen hacer nuestro trabajo”.
Lo cierto es que muchas de las medidas ambientales de la nueva PAC ni siquiera se han estrenado porque se levantaron las obligaciones –como el barbecho o la cubierta vegetal del suelo– debido a la guerra en Ucrania. Y, además, la oposición del sector a la PAC verde ha servido de munición política.
Un día después de acordarse rebajar los objetivos ambientales de las ayudas agrícolas, el PP se oponía a la ley de Restauración de la Naturaleza con el siguiente argumentario de la portavoz del partido en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat: “Hemos votado en contra de la ley europea que da un duro golpe a los agricultores, ganaderos y pescadores. El PSOE y sus socios de extrema izquierda e independentistas han votado a favor. Nuestro apoyo a estos sectores en sus justas reclamaciones”. Lo cierto es que parte del Partido Popular Europeo sí apoyó la directiva.
“Las ayudas no se dan porque sí, sino que están pensadas para garantizar la producción y el medio ambiente”, recuerda Ana Carricondo. “La PAC es una política pública que tiene que orientarse hacia el interés público, no solo para el beneficio económico. Parece que sería mejor pensar cómo hacemos todo esto posible en lugar de ir para atrás”, remacha.
“Es un asunto complejo, pero una clave estaría en ampliar el margen por el lado de los que compran a los agricultores que, en ese sentido, están en una tesitura complicada”, admite Jaime Martínez Valderrama. “Por eso es fácil que se extienda la idea” encima tenemos que cumplir con todas estas peticiones ecologistas“. Pero es que esto es para mejorar lo que produces: si tienes agua y suelo en buen estado te va a costar menos producir porque no vas a tener que comprar fertilizantes. Y si se reduce el margen de los distribuidores, puede ampliarse el de los agricultores sin subir el precio al consumidor”.
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Posición y llamamiento de ‘Levantamientos de la Tierra’ sobre el movimiento agrícola en curso
Les Soulèvements de la Terre, 30-1-2024
Hace ya una semana que el mundo agrícola expresa su ira con actos contundentes y a plena luz del día: es la cólera de una profesión que se ha vuelto casi impracticable, que colapsa bajo la brutalidad de las transformaciones ecológicas que se avecinan y bajo asfixiantes restricciones económicas, normativas, administrativas y tecnológicas.
Mientras los bloqueos continúan por doquier presentamos algunos puntos aclaratorios sobre la situación desde la perspectiva del movimiento de los Levantamientos de la Tierra (Soulèvements de la Terre).
Somos un movimiento de habitantes de las ciudades y del campo, de ecologistas y de campesinos/as ya establecido/as como tales o en proceso de hacerlo. Rechazamos la polarización que algunos tratan de suscitar entre estos mundos. Somos defensores/as de la tierra y el agua, que siempre han sido nuestro punto de partida para arraigarnos y que son además las herramientas de trabajo de los campesinos/as y nuestros medios nutricios fundamentales. Nos movilizamos desde hace años contra los grandes proyectos desarrollistas que los devastan y contra los complejos industriales que los envenenan y acaparan. Seamos claros/as: esta vez el movimiento actual, considerado en toda su heterogeneidad, ha sido iniciado y conducido en gran medida por otras fuerzas que no eran las nuestras, a veces con objetivos diferentes y, en otros casos, con algunos que nos son completamente ajenos. De todos modos, cuando comenzaron los primeros bloqueos, desde diferentes comités locales nos unimos a algunas barricadas y acciones. Fuimos al encuentro de los campesinos/as y agricultores/as movilizados/as y debatimos con nuestros compañeros/as de diferentes organizaciones campesinas para entender sus análisis sobre la situación. Nos cercioramos de que también nosotros/as participábamos plenamente de la digna cólera de quienes se niegan a resignarse a su extinción.
Solo podemos alegrarnos de que la mayoría de los agricultores/as estén bloqueando el país en estos momentos. Que ellos y ellas estén representados/as por la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles / Federación Nacional de Sindicatos de Productores Agrícolas) y por los jefes del agronegocio en las instancias de negociación con el gobierno es consternante. Sobre todo en un momento en que los cuadros de este sindicato mayoritario están siendo ruidosamente silbados y rechazados en ciertos bloqueos donde ya no pueden retener a sus bases. Y es que muchas personas implicadas en los cortes de la circulación no están sindicadas y no se sienten representadas por la FNSEA.
Fundado después de la guerra, este sindicato hegemónico ha acompañado el desarrollo del sistema agroindustrial durante décadas en cogestión con el Estado. Es este sistema que ellos sostienen el que pone la cuerda al cuello de los campesinos/as, el que los explota para alimentar sus ganancias y el que los empuja a endeudarse para crecer y así seguir siendo competitivos o si no desaparecer. En 1968, Michel Debatisse, entonces secretario general de la FNSEA y antes de convertirse en su presidente, declaraba: “Dos tercios de las empresas agrícolas no tienen, en términos económicos, razón de ser. Estamos de acuerdo en que es necesario reducir el número de agricultores”. Misión cumplida con creces: el número de campesinos/as y de asalariados/as agrícolas pasó de 6,3 millones en 1946 a 750.000 según el último censo de 2020. Mientras tanto, el número de tractores en nuestros campos ha aumentado en aproximadamente un 1.000%, el de granjas ha caído un 70% y el de activos agrícolas un 82%. En otras palabras: más de 4 de cada 5 activos dejaron el trabajo agrícola en solo cuatro décadas, entre 1954 y 1997. Y la lenta hemorragia prosigue hasta hoy…
Mientras que el tamaño medio de una explotación en Francia en 2020 es de 69 hectáreas, el de Arnaud Rousseau, actual director de la FNSEA y antiguo agente comercial directamente egresado de una business school, asciende a 700 hectáreas. A la vez dirige una quincena de empresas, holdings y granjas; es, además, presidente del consejo de administración del grupo industrial y financiero Avril (Isio4, Lesieur, Matines, Puget, etc.); director general de Biogaz du Multien, una empresa de metanización; administrador de Saipol, líder francés en la transformación de semillas en aceite, presidente del consejo de administración de Sofiprotéol…
Los cuadros de la FNSEA, así como los dirigentes de las mayores cooperativas agrícolas –ampliamente representados por la Fede y sus satélites– se ceban con sus beneficios: el ingreso medio mensual de las diez personas mejor pagadas en 2020 en la cooperativa Eureden es de 11.500 euros.
Los ingresos medios de los agricultores y el mito de la unidad orgánica del mundo agrícola esgrimidos en los platós ocultan una desgarradora disparidad de ingresos y de violentas desigualdades socioeconómicas que ya no pasan desapercibidas para nadie: los márgenes de los pequeños productores no dejan de erosionarse mientras que los beneficios de la agroindustria suben como la espuma.
En todo el mundo el porcentaje del precio de venta que corresponde a los agricultores ha pasado del 40% en 1910 al 7% en 1997, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). De 2001 a 2022, los distribuidores y las empresas agroalimentarias del sector lácteo vieron cómo su margen bruto despegaba un 188% y un 64% respectivamente, mientras que el de los productores se ha estancado cuando no es simplemente negativo.
Una de las razones que impulsan al mundo agrícola a bloquear las autopistas, a vaciar botellas de leche en un Carrefour (Epinal-Jeuxey), a bloquear las fábricas de Lactalis (Domfront, Saint-Florent-le-Vieil, etc.), a arar un aparcamiento (Clermont-l’Hérault), a bloquear el puerto de La Rochelle, a vaciar camiones procedentes del extranjero, a rociar con estiércol una prefectura y a saquear un McDonalds (Agen), a salir con carritos llenos de un supermercado (Chasseneuil-du-Poitou); es que los industriales intermediarios por arriba –proveedores, vendedores de agroequipos, sembradores industriales, vendedores de insumos y alimentos– y por debajo –las cooperativas de recolección-distribución como Lactalis, los industriales de la gran distribución y del sector agroalimentario como Leclerc– que estructuran el complejo agroindustrial, les están desposeyendo de los productos de su trabajo.
Este saqueo del valor añadido orquestado por dichos segmentos del sector es lo que explica, a día de hoy, que sin las subvenciones –que desempeñan el perverso papel de actuar como muletas del sistema, además de beneficiar principalmente a los más poderosos y ricos– el 50% de los pequeños agricultores/as tendrían unos resultados económicos negativos, y ello sin tener en cuenta los impuestos. Por ejemplo: en la producción de leche de vaca el margen sin subvención, que era de 396 €/ha de media entre 1993 y 1997, se hizo negativo a finales de la década de 2010 (-16 €/ha en promedio); mientras que el número de campesinos/as contabilizados por la Red de Información Contable Agrícola (Réseau d’information comptable agricole) en este sector ha pasado durante este período de 134.000 a 74.000…
Los acuerdos de libre comercio internacionales –que denuncian la Confederación Campesina (Confédération paysanne) y la Coordinación Rural (Coordination rurale)– ponen a competir a los campesinos del mundo entero y han acelerado este tipo de depredaciones económicas. Hoy en día sabemos bien que en cuanto se habla de “liberalización”, de “incremento de la competitividad” o de “modernización” de las estructuras, es que las granjas van a desaparecer y que la policultura de la ganadería retrocederá más todavía –ahora solo representa el 11% de las explotaciones–, dejando solo un desierto verde de monocultivos industriales conducidos por operarios/as al mando de estructuras cada vez más endeudadas, menos dueños/as de sus propias herramienta de trabajo y de sus cuentas bancarias, que acaban perteneciendo prácticamente a sus acreedores.
La constatación es inapelable: cuantos menos campesinos/as haya, menos podrán ganarse la vida, salvo que logren ampliar una y otra vez la superficie de la explotación de que disponen, devorando por el camino a sus propios vecinos. En estas condiciones, “convertirse en empresario”, como promete la FNSEA, consiste en realidad en ponerse en la misma situación que el conductor de Uber que se endeuda hasta el cuello para comprar su vehículo y que solo depende de un único contratista para llevar a cabo su negocio… Agreguemos a esto la brutalidad del cambio climático –acontecimientos climáticos extremos, sequías, incendios, inundaciones…–, así como los desórdenes ecológicos que implica. Siguiendo su estela, una multiplicación de las enfermedades nuevas y otras zoonosis que consiguen que el oficio se vuelva casi imposible y de hecho invivible, a causa de esta inestabilidad apabullante.
Si nos sublevamos es, en gran parte, contra los estragos de este mundo agroindustrial, con el vivo recuerdo de las granjas de nuestras familias que tan a menudo hemos visto desaparecer y con la aguda conciencia del abismo de dificultades que nos estamos topando en nuestro propio camino para asentarnos de nuevo. Estas industrias y megasociedades acaparadoras son las responsables de todo ello, pues se tragan las tierras y las granjas de sus alrededores por mor del avance de la producción agrícola, mientras asesinan a la chita callando lo que queda del mundo campesino. Estas son las industrias contra las que nos hemos enfrentado en nuestras acciones desde el principio de nuestro movimiento, y no contra el campesinado.
Si afirmamos claramente que la liquidación social y económica del campesinado y la destrucción de sus medios de vida están estrechamente correlacionadas –las granjas desaparecen al mismo ritmo que las aves de campo, a la vez que crece el complejo agroindustrial que va estrechando su cerco mientras el calentamiento global se acelera–, tampoco tenemos ninguna duda sobre los efectos nocivos de cierta ecología industrial, tecnocrática y gubernamental en este proceso. La gestión derivada de las normas ambientales-sanitarias en la agricultura es, en este sentido, absolutamente ambigua. No solo no protege realmente la salud de los pueblos y sus medios de vida, sino que ha constituido, a pesar de sus declaradas buenas intenciones, todo un nuevo vector que conduce a la industrialización de las explotaciones agrícolas. Las colosales inversiones exigidas por estas normas desde hace años han acelerado, en todas partes, la concentración de las estructuras y su burocratización bajo controles permanentes, lo que se ha materializado en la pérdida total del sentido del oficio.
Nos negamos a separar la cuestión ecológica de la cuestión social, y también a convertirla en un asunto de consumidores/as y ciudadanos/as responsables dispuestos a cambiar sus prácticas individuales mediante vagas “transiciones personales”. Es imposible exigir a un ganadero atrapado en un sector hiperintegrado que tome otra dirección y salga del modo de producción industrial, como también es vergonzoso exigir que millones de personas que dependen estructuralmente de ayudas alimentarias comiencen a “consumir orgánico y local”. Además, no pretendemos reducir la necesaria ecologización del trabajo de la tierra a una mera cuestión de “reglamentos” y “listas de normas”: el remedio no llegará fortaleciendo el control de las burocracias sobre las prácticas campesinas. Ningún cambio estructural tendrá lugar hasta que nos quitemos de encima las ataduras económicas y tecnocráticas que pesan sobre nuestras vidas, y solo podremos liberarnos de ellas a través de la lucha.
Aunque no tenemos lecciones que dar a los agricultores/as, ni tampoco ninguna falsa promesa, sí podemos afirmar que la experiencia de nuestras luchas junto a los campesinos/as –ya sea contra grandes proyectos innecesarios e impuestos como el de las mega embalses, o para reapropiarse de los frutos del acaparamiento de tierras– nos ha dado algunas certezas que guían nuestras apuestas estratégicas.
La ecología será campesina y popular o no será. El campesinado desaparecerá al mismo tiempo que la seguridad alimentaria de los pueblos y nuestros últimos márgenes de autonomía contra los complejos industriales si no se levanta un amplio movimiento social de recuperación de la tierra frente a su acaparamiento y su destrucción. Algo que sucederá indudablemente si no logramos volar por los aires los obstáculos –tratados de libre comercio, desregulación de precios, dominio monopolístico del sector agroalimentario y de los hipermercados en el consumo de los hogares– que sellan el dominio del mercado sobre nuestras vidas y la agricultura; si no se detiene la huida hacia adelante del tecno-optimismo –el tríptico biotecnología genética-robotización-digitalización–; si no se neutralizan los megaproyectos clave para la reestructuración del modelo agroindustrial; si no encontramos las palancas adecuadas para la comunización de los alimentos que permita, a la vez, asegurar los ingresos de los productores y garantizar el derecho universal a la alimentación.
Además, creemos en la fecundidad y en el poder de las alianzas imprevistas. En un momento en que la FNSEA busca hacerse con el control del movimiento –especialmente al perseguir, en algunos de los puntos de bloqueo que controla, todo aquello que no parezca un agricultor “sindicado en la Fede”–, creemos que un giro puede producirse gracias al encuentro entre los/as agricultores/as movilizados/as y otros componentes del movimiento social y ecológico que se han levantado en los últimos años contra las políticas económicas depredadoras del gobierno. El “corporativismo” siempre ha sido el responsable de la impotencia campesina, al igual que la separación de los medios de subsistencia agrícolas a menudo ha determinado la derrota de los trabajadores urbanos. Tal vez sea el momento de derribar algunos muros y continuar con el fortalecimiento de los bloqueos yendo al encuentro de aquellos que aún no han puesto los pies en el movimiento. Es preciso continuar en los próximos meses con las luchas comunes entre habitantes del territorio y trabajadores/as de la tierra.