A l’encontre, 21-2-2024
Traducción de Viento Sur, 22-2-2024
Correspondencia de Prensa, 24-2-2024
Mariana Mortágua –líder del Bloco de Esquerda [BE] y principal candidata a las elecciones generales portuguesas del 10 de marzo– no rechaza la idea de unirse a un gobierno liderado por Pedro Nuno Santos [cabeza de lista del Partido Socialista [PS]; en 2015, el primer ministro Antonio Costa la nombró su secretaria de Estado de Asuntos Parlamentarios, responsable de los vínculos con la Coalición Democrática Unida y el Bloco de Esquerda]. Sin embargo, Mariana Mortágua cree que lo más importante es llegar a un acuerdo sobre las orientaciones políticas. En una entrevista concedida al diario Público, hace de la recuperación total del tiempo de servicio (antigüedad) de los profesores en un año [la carrera profesional, con sus consecuencias sobre los salarios, fue congelada entre 2005 y 2007 y entre 2011 y 2017, alegando razones presupuestarias] una de sus prioridades. No muestra ninguna voluntad política para hacerlo en cuatro años, como propone el Partido Socialista. En cuanto a los salarios, afirma que «la única forma de aumentar el salario medio» es a través de la «legislación laboral». Si AD (Aliança Democrática, formada por el Partido Socialdemócrata-PSD, el Partido Demócrata de Centro-CDS y el Partido Popular Monárquico-PPM) gana las elecciones, afirma que el Bloco de Esquerda (BE) «no apoyará a ningún gobierno de derechas».
Durante el debate con Pedro Nuno Santos, usted dejó claro que era necesario un acuerdo por escrito para apoyar un gobierno del PS. ¿Dispone ya de este documento escrito? ¿Cuáles son las condiciones mínimas?
Mariana Mortágua: Estamos diciendo que Portugal necesita soluciones para superar los principales problemas que ha dejado el gobierno de mayoría absoluta del PS. 1 Estos problemas abarcan desde la vivienda hasta la educación y la sanidad. Cuando vemos la situación de los principales servicios públicos, los salarios y su deterioro, nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar en la política portuguesa.
El BE presenta soluciones para cada uno de estos problemas. Es en torno a estas soluciones que queremos la concertación y el acuerdo, porque sabemos que no habrá mayoría absoluta y que es responsabilidad de los partidos de izquierda presentar una solución que movilice el apoyo electoral, porque es por lo que luchamos: una mayoría para aplicar medidas concretas.
Eso es lo que me gustaría que me aclarara: ¿cuáles son las cuestiones clave para el BE?
La sanidad es una cuestión clave. Hay 1,6 millones de personas sin médico de cabecera porque es extremadamente difícil retener a los profesionales sanitarios debido a la falta de inversión en el SNS (Serviço Nacional de Saúde – Servicio Nacional de Salud).
Esto es un diagnóstico
Es un diagnóstico y una solución porque es importante tener un régimen específico que sea aceptado por los profesionales.
¿El régimen de plena disponibilidad [tal y como se define en el decreto de 7 de noviembre de 2023 sobre la organización del Servicio Nacional de Salud y la orsganización de las unidades de salud familiar] no responde a ese problema?
No, fue un régimen impuesto a las y los profesionales. El gobierno de mayoría absoluta [PS] le hizo la guerra a los profesionales. Y no sólo en la sanidad. Tenemos que salir del callejón sin salida que dejó la mayoría absoluta. Y desde luego no será con las mismas políticas que la mayoría absoluta, como nos dijo Pedro Nuno Santos.
En 2015 [cuando Antonio Costa firmó dos acuerdos, uno con el Bloque de Izquierda y otro con la Coalición Democrática], ustedes tenían un programa concreto. Insisto en pedirle que aclare algunas propuestas concretas.
El programa concreto de 2015 fue el resultado de las negociaciones entre el BE y el PS. Ahora estamos en campaña electoral, durante la cual cada partido debe aclarar lo que defiende y lo que quiere hacer. El BE tiene la responsabilidad de responder a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar y qué tipo de mayorías y acuerdos quiere lograr.
Lo hemos hecho diciendo que queremos un acuerdo. Pero tiene que estructurarse en torno a políticas concretas. Y estas políticas concretas son las medidas que hemos presentado. Para la vivienda: tipos de interés más bajos en los préstamos hipotecarios, alquileres más baratos, control de los alquileres temporales (Airbnb) y del exceso de turismo. Para la sanidad: un plan específico para retener a las y los profesionales [con una subida salarial del 40 % y la contratación de 4 000 médicos y enfermeras para resolver el problema estructural del SNS]. Para la educación: formación pedagógica para el profesorado, que llega ahora a las escuelas públicas, para poner fin a la polémica sobre la restitución de la antigüedad con el personal docente. También hay propuestas sobre el transporte público, el clima, los salarios, las pensiones, etc.
Usted ha dicho que la BE tenía la obligación de decir hasta dónde quería llegar. ¿Quiere entrar en el gobierno? ¿Con la cartera de vivienda?
Hablar de ministerios sin hablar de políticas concretas es un subterfugio utilizado por quienes no quieren hablar de políticas ni de soluciones. Lo que nos interesa, y lo que interesa al país, es saber qué medidas se pueden poner en marcha con una mayoría después del 10 de marzo.
Usted aboga por recuperar el tiempo de servicio (antigüedad) del profesorado desde el primer año de gobierno. El PS quiere hacerlo en cuatro años. ¿Está dispuesto a aceptar este plazo?
La cuestión del porofesorado es una prueba de la arrogancia de la mayoría absoluta. Les declaró la guerra alegando que era imposible restablecer la antigüedad. El día que cayó la mayoría absoluta, el ministro de educación dijo que después de todo era posible. Es hora de poner fin a este drama inútil. Desde 2018 se han jubilado miles de enseñantes, así que es posible restablecer la antigüedad del profesorado y hacerlo inmediatamente. No inventemos problemas donde no los hay.
¿Está dispuesta a hacerlo en un plazo más largo?
No veo ninguna razón presupuestaria o política para hacerlo durante un periodo más largo.
El BE ha presentado los costes derivados de las principales medidas propuestas. La estrategia del BE consiste en tomar dinero de los recursos no utilizados y del excedente presupuestario. ¿Cómo se puede resolver este problema a largo plazo?
No es un problema. Se acaba de presentar un excedente presupuestario de varios miles de millones de euros, mientras que el saldo positivo que tenemos en el segundo año es de 705 millones. Estamos lejos de haber utilizado todo el margen de maniobra existente. Y este margen tiene dos bases: la primera es el superávit presupuestario, la segunda es el margen que se creó cuando el gobierno del PS superó sistemáticamente los objetivos de ingresos que se habían fijado en los presupuestos del Estado. En sólo dos años, este margen –bien porque no se gastaron los ingresos imprevistos, bien porque no se realizaron los gastos presupuestados– asciende a 8.500 millones de euros.
Pero el gasto va a aumentar y el excedente se agotará. ¿Cómo podemos hacer frente a este gasto cada vez mayor?
No hay ninguna razón para que el déficit persista o se agrave, porque los cálculos realizados por el BE presentan tanto una evaluación de los gastos como una evaluación y unas propuestas de ingresos que reequilibrarán y aportarán un poco de justicia fiscal. [Mariana Mortágua es una conocida economista, y Francisco Louça es un conocido economista].
Denos algunos ejemplos
El régimen de las personas residentes no permanentes, que se mantendrá durante los próximos diez años, representa unos ingresos de 1.500 millones de euros al año. Un impuesto de sucesiones sobre los patrimonios de más de 1 millón de euros aportará unos 100 millones de euros al año. Un impuesto sobre las grandes fortunas de más de 1,6 millones de euros aportará 150 millones al año. Y ya contamos con que el AIMI [impuesto del 0,7 % del valor de los bienes inmuebles para aquellos cuyo patrimonio se sitúe entre 600 000 euros y un millón de euros] se deduzca de este impuesto sobre las grandes fortunas para que no haya doble imposición. Así pues, hay medidas por el lado de los ingresos que aportan un elemento de equilibrio. Pero no debemos olvidar que, en primer lugar, no invertir hoy costará mucho más en el futuro. En segundo lugar, la inversión pública es un requisito previo para la creación de riqueza. Y la creación de riqueza es la clave de unas cuentas públicas sostenibles.
El BE propone elevar el salario mínimo a 900 euros en 2024, con un aumento de 50 euros al año. En 2028, seguiría siendo inferior al salario mínimo en España. ¿Cómo desbloquear la política salarial en Portugal?
Nuestra propuesta es de 50 euros por encima de la inflación. El aumento del salario mínimo ha sido muy significativo y ha permitido una cierta recuperación del poder adquisitivo. Pero también crea injusticias porque canibaliza los diferentes niveles [tendencia a la caída comparativa de los salarios justo por encima del salario mínimo, porque no se incrementan por encima de la inflación]. Hay que resolver dos cuestiones: en primer lugar, garantizar que los aumentos del salario mínimo no sean absorbidos por la inflación. El salario medio: es la cuestión más difícil porque no existe una fórmula mágica. La única forma de aumentar el salario medio es contar con una legislación laboral que otorgue a los trabajadores y trabajadoras y a los sindicatos el poder de negociar. La negociación colectiva es una herramienta extremadamente importante en este sentido.
El PCP es partidario de acabar con el vacío contractual cuando expira un contrato colectivo 2, mientras que el PS ha propuesto que esto se haga a través del crecimiento económico. ¿Cómo contempla resolver la brecha el BE?
Existen otras medidas para aumentar el salario medio. La reducción de la jornada laboral, el aumento del derecho a vacaciones, la modificación de las normas aplicables a quienes trabajan por turnos, una ley sobre las escalas salariales, la lucha contra la precariedad, la falsa subcontratación, la supresión del estatuto de falso autónomo [que no tiene ninguno de los derechos de las personas asalariadas: vacaciones, subsidio de desempleo, subsidio de enfermedad], etc. Todas estas medidas contribuirían a aumentar el salario medio. Todas estas medidas contribuirían a aumentar los salarios. La segunda cuestión es el modelo económico. Necesitamos una economía capaz de crear empleos cualificados en la transición climática, la eficacia energética, el transporte, la producción solar, para obtener una mayor cualificación y mejores salarios.
Una de las prioridades del BE es recuperar el control de REN (Redes Energéticas Nacionais) y CTT (Correios de Portugal). ¿Cuál cree que debería ser la participación del Estado? ¿El 51%?
En ambos casos, el cálculo del porcentaje de participación que hemos realizado debe permitir una posición de control, es decir, una posición que otorgue al Estado accionista la capacidad de tomar decisiones en el seno de estas empresas. Esto no significa necesariamente una participación del 51%. La posición debe ser mayor que la del accionista principal para poder influir en estas decisiones. Y hemos hecho una estimación teniendo en cuenta el valor de mercado de estas empresas, recordando que estas empresas, en la mayoría de los casos, han pagado a los accionistas privados que las compraron la totalidad del precio de compra en 10 años. Obtienen beneficios que se autofinancian.
Pedro Nuno ha dicho que la nacionalización no está en el horizonte del PS. ¿Está el BE rebajar su programa?
Hemos enumerado nuestras prioridades: van desde el CTT hasta el REN, pasando por el bloqueo de la privatización de TAP Air Portugal, que no tiene sentido. Son prioridades para la economía que queremos, que debe contar con sectores tecnológicos y de vanguardia, y sabemos que el control del Estado es muy importante para ello.
Una de las principales propuestas del BE es reducir los tipos de interés de las hipotecas de la Caixa Geral Depósitos. ¿Cuánto costaría y cómo funcionaría?
No costaría nada. Esa es la ventaja de la propuesta del BE sobre las demás. La mayoría de los partidos no presentan ninguna propuesta para reducir los tipos de interés, y los pocos que lo hacen utilizan todo el dinero de las y los contribuyentes para mantener muy altos los precios de la vivienda, de los alquileres y los tipos de interés. Esto significa que hay una subvención pública para los beneficios de los bancos, porque el Estado está gastando dinero para ayudar a la gente a pagar sus hipotecas, que han subido porque los tipos de interés son insostenibles y dan a los bancos unos beneficios gigantescos.
¿Cuál es la fórmula para hacer compatibles las normas a las que está obligada la Caixa con la no descapitalización de la banca?
La medida que proponemos no interfiere con las normas europeas. Cualquier banco que quiera tener una política de tipos de interés más atractiva puede reducirlos para ganar cuota de mercado. Caixa tiene una ratio de capital [fondos propios] que es el doble de la ratio regulatoria exigida. La ratio reglamentaria es del 9 % y la Caixa tiene más del 20 %. Sus beneficios superan los mil millones de euros. Por eso estudiamos qué pasaría si redujéramos la diferencia en 1, 1,5 o 2 puntos porcentuales. En ningún caso ello pondría en peligro la ratio de capital ni la capacidad de generar resultados positivos.
La Caixa es un banco de propiedad totalmente estatal; puede y debe tener la política de tipos de interés más bajos del mercado, porque esto significa que otros bancos deben reducir sus tipos de interés y ayudar a la gente a devolver sus préstamos con reducciones sustanciales. Esto se hace consumiendo parte de los beneficios del banco –nadie habla de poner al banco en una situación insostenible– sin movilizar ayudas estatales.
Usted quiere prohibir la venta de viviendas a las personas no residentes. ¿Cómo podría aplicarse?
Nos enfrentamos a una crisis de proporciones astronómicas que está empobreciendo a la gente e impidiéndole acceder a un derecho fundamental protegido por la Constitución. Sabemos que uno de los factores es la demanda de las personas no residentes, no para vivir, sino para tener una segunda vivienda, un activo para la inversión inmobiliaria y financiera, que a menudo se fomenta con desgravaciones fiscales. Por eso queremos prohibir la venta de casas a las personas no residentes. Estas leyes están en vigor en Dinamarca porque el país consideró que debía protegerse contra la demanda de casas de gente alemana que invadió Dinamarca para comprar casas, y en Malta debido a una invasión de gente rusa que llegó a Malta para comprar propiedades. La propuesta del BE es defender el derecho a la vivienda en Portugal invocando una ley que existe en otros países de la UE.
Si tenemos un gobierno de derechas, ¿presentará o votará a favor de una moción de censura?
No contemplo otro escenario que una mayoría que resuelva los principales problemas del país, porque es la única solución que puede responder a las principales preocupaciones de la gente. La garantía de principio que doy es que el BE no favorecerá ni apoyará a ningún gobierno de derechas.
Pero cuando dice que siempre habrá una mayoría de izquierdas, está admitiendo la moción de censura…
No, es una posición de principios. Para que nadie tenga dudas sobre lo que hará el BE. Pero el escenario en el que estamos trabajando y la certeza que tenemos es que habrá una mayoría en Portugal para resolver los problemas dejados por la antigua mayoría absoluta.
¿Cómo se describiría Vd. en tres palabras?
Tranquilidad, confianza y determinación.
* Publicado originalmente en Público (Portugal), 20-2-2024.
Notas de A l’encontre:
- Gobierno de Antonio Costa tras las elecciones anticipadas de enero de 2022; el PS obtuvo entonces 120 diputados de un total de 230 y el 42,5% de los votos; a raíz de un escándalo de corrupción, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó elecciones anticipadas para el 10 de marzo. ↩
- El sistema de caducidad contractual significa que, en cada vencimiento, las asociaciones patronales pueden, negándose a negociar, hacer caducar los contratos colectivos de trabajo para socavar los derechos consagrados en ellos. Desde 2003, han podido chantajear a los trabajadores y trabajadoras y a sus sindicatos presentándoles una falsa disyuntiva entre la expiración sin un nuevo contrato o un acuerdo de reducción de derechos. La solución pasa por abolir este tipo de plazos y garantizar que un contrato sólo será sustituido por otro libremente negociado. ↩