Por segunda vez, el electorado chileno rechazó un texto constitucional. Si en 2022 el texto fue rechazado por ubicarse «demasiado a la izquierda», este lo fue por ser «demasiado de derecha». Tras ello no hay una demanda de mero «centrismo», sino que subyace un clima de «Que se vayan todos». Este resultado desordena la casa de la derecha y golpea con fuerza las ambiciones presidenciales del radical José Antonio Kast, aunque no ordena la casa de la izquierda.
Nueva Sociedad, diciembre 2023
Correspondencia de Prensa, 20-12-2023
En el último tiempo, Chile, que solía verse como una extraña y aburrida excepción de la política latinoamericana, se ha vuelto foco de atención por la intensidad de sus contiendas electorales. Estas han confirmado una movilización social antipolítica sin cuartel. El resultado del último plebiscito constitucional de este 17 de diciembre confirma esta realidad. En esta consulta, en la que, por segunda vez en menos de dos años, el electorado chileno debió elegir entre el a favor y el en contra del borrador constitucional, 55,7% votó por la negativa y 44,2% por la afirmativa.
No hay registro de un caso como este, en el que un proceso constitucional haya terminado en dos consultas populares con resultados adversos. En muchos sentidos, lo que ha pasado en Chile es excepcional, pero, al mismo tiempo, parece dar algunas pistas sobre la profundización de una tendencia política regional. Dos momentos (y dos imágenes) permiten sintetizar este proceso.
Momento 1. En el ya lejano marzo de 2021, el país estaba inmerso en la campaña electoral para elegir a sus representantes en la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar una propuesta de nueva Carta Magna para reemplazar la redactada en 1980 y reformada parcialmente durante la transición democrática. Tal como lo establece la ley chilena, las diferentes fuerzas políticas tenían derecho a comunicar sus mensajes en un espacio televisivo gratuito: la llamada «franja electoral». Entre los múltiples candidatos y spots televisivos, sin duda, hubo uno que se robó toda la atención. Se trataba de un mensaje con fondo negro en que celebridades y reconocidos actores y actrices nacionales llamaban a votar por una lista de candidatos independientes: la denominada Lista del Pueblo. Su mensaje era prístinamente claro:
«Sin empresas, sin triangulaciones, sin mentiras, sin trampas, sin partidos políticos (…) para salvar la nueva Constitución de los mismos de siempre. Esos partidos que han secuestrado la política (…) han secuestrado nuestra felicidad. ¿Sientes que nadie te representa y que son todos unos vendidos? Acompáñanos este 11 de abril a votar por La Lista del Pueblo».
Llegadas las elecciones, esta lista tuvo un resultado espectacular que marcaría el primer proceso constituyente. Un proceso con un gran protagonismo de las fuerzas independientes de izquierda que terminaría por producir una propuesta de Constitución de vanguardia en varios aspectos cruciales para el progresismo. Pero la propuesta terminaría siendo abrumadoramente rechazada en un plebiscito poco más de un año después, con solo 38% de votos a favor (el cambio del voto optativo por el obligatorio parece haber acentuado el resultado adverso).
Momento 2. En diciembre de 2023, Chile se encontraba nuevamente en un proceso electoral. Esta vez, lo que se votaba era una propuesta constitucional redactada por un nuevo órgano, elegido luego del fracaso de la Convención Constitucional original. En este segundo proceso, un órgano con mayorías claras de la derecha y la extrema derecha había redactado un texto que era el opuesto exacto de la propuesta de 2022. Un texto maximalista y con varios elementos programáticos fundamentales para la derecha, como la constitucionalización de exenciones tributarias, el papel predominante del mercado en la provisión de bienes y servicios públicos, y una concepción conservadora de la patria y del patriotismo, entre muchos otros.
A diferencia del texto anteriormente rechazado, cuyos impulsores confiaban hasta último momento en su aprobación, la nueva propuesta conservadora aparecía en todas las encuestas mayoritariamente rechazada. Enfrentados a esta realidad y con temor a sufrir la misma suerte que el primer proceso constituyente, el mundo de la derecha abandonó una temprana estrategia comunicacional centrada en la defensa el texto. En este marco, en el spot más impactante de la franja aparecía el siguiente mensaje en voz de ciudadanos chilenos, entre banderas nacionales e imágenes del país ardiendo:
«Los que quemaron un país entero para tener una nueva Constitución ahora quieren dejar la que hay. Quieren mantener todo como está (…) Los que se hicieron famosos por exigir una educación de calidad para todos ahora están en el poder. ¿Y qué han hecho? Los que creían que Chile se iba a sanar con fuegos en las calles ahora quieren seguir con la Constitución que hay (…) Yo voy a votar a favor. Y que se jodan».
El mensaje estaba adornado con la estética de la derecha, pero tenía innegables similitudes al de la Lista del Pueblo: la unidad del pueblo en contra de una política que defendía el statu quo. El «que se jodan» aparecía como un eco del mensaje de la lista del pueblo contra los «mismos de siempre» que no querían cambiar nada, y tras ese spot siguió siendo utilizado por la derecha. Dos campañas dirigidas desde espacios opuestos del espectro político pero unidos por un mismo mandato: el mandato de destituir a «los políticos».
El segundo proceso constituyente
La discusión en torno del segundo proceso constitucional estuvo marcada por varios elementos que explican su desenlace. El fracaso del proceso anterior implicó un esfuerzo consciente y sostenido de asegurar que esta vez fuera «diferente». Pero este segundo intento nunca interesó de forma significativa a la ciudadanía que, según las encuestas de opinión, se mantuvo mayoritariamente ajena y escéptica. Finalmente, se observó una creciente presidencialización del nuevo proceso constitucional, a medida que la precandidatura de José Antonio Kast, el postulante de la extrema derecha, se asociaba cada vez con más fuerza a la nueva propuesta de texto constitucional. Y el a favor aparecía a la vez como un voto plebiscitario contra el gobierno de Gabriel Boric.
De este modo, es posible dividir el segundo proceso en tres etapas: la luna de miel consensualista, la «Kastitución» y el «Que se jodan».
Cuando se rechazó el primer borrador de nueva Constitución, una de las interpretaciones repetidas fue que la Convención Constitucional había fallado porque se había ido al extremo (de izquierda) y que, por lo tanto, para tener un nuevo proceso exitoso era necesario garantizar mayores niveles de acuerdo. El mensaje de la centroderecha iba en esta línea. Sus lemas de campaña en contra de la primera propuesta constitucional habían sido en favor de «una [Constitución] que nos una» y «una con amor», haciendo referencia al mandato de unir las diferentes visiones de Chile y no quedar como defensores del texto de 1980. Es decir, se trataba de una campaña centrada en una crítica al primer proceso constitucional por haberse corrido demasiado a la izquierda y haber dejado fuera a vastos sectores de la sociedad.
En línea con esta visión, 77% de los chilenos afirmaba preferir acuerdos, aunque eso implicara ceder en ciertos temas y, a la vez, 61% percibía que no era eso lo que había ocurrido. Efectivamente, según la encuesta Cadem, el rechazo al primer texto era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda-derecha. Asimismo, hacia el final del proceso, aumentó la ya alta demanda por que fueran expertos quienes redactaran el texto constitucional, que pasó de 63% a 80%.
Esta convicción se tradujo en la conformación de una Comisión de Expertos, designada por el Congreso, que reflejaba la diversidad ideológica de las fuerzas políticas chilenas. Estos expertos fueron los encargados de redactar un «anteproyecto» que serviría de insumo a la discusión que posteriormente tendrían representantes electos para redactar la nueva Constitución. Quizás el mejor ejemplo de la fuerza que tuvo esta «luna de miel» consensualista fue el hecho de que la comisión logró aprobar el anteproyecto de forma unánime, con el voto de la derecha más radical y del Partido Comunista. Este sorprendente logro contrastaba con la dificultad que ha tenido la política chilena para ponerse de acuerdo en casi todas las reformas significativas (como salud y pensiones), lo que ha paralizado estas discusiones a lo largo de la última década.
Sin embargo, las expectativas de confluencia chocaron contra un muro cuando finalmente se votó para elegir a los integrantes del nuevo Consejo Constitucional, que tomarían el anteproyecto de los expertos como un insumo no obligatorio. El resultado de las elecciones del 7 de mayo de 2023 fue un duro golpe para el nuevo optimismo de las fuerzas moderadas. La centroderecha obtuvo un resultado muy por debajo de sus expectativas y la centroizquierda no logró elegir ni un solo representante. Esta última derrota fue especialmente dolorosa, pues la lista de candidatos estaba llena de insignes figuras históricas de la política chilena de la transición, con amplia presencia de ex-ministros y ex-parlamentarios. Sin duda, los grandes vencedores de esas elecciones fueron los candidatos de extrema derecha del relativamente nuevo Partido Republicano de Kast. Así, no ganó ni la moderación ni la experiencia.
El peso de la derecha -tradicional y radical- implicaba que la nueva Constitución podía ser aprobada sin un solo voto del centro, la centroizquierda o la izquierda. Más aún, la extrema derecha conseguía poder de veto sobre cualquier artículo que se fuera discutir. La misma derecha que se oponía a la idea de tener una nueva Constitución -ya que defendía la de 1980- de pronto se vio al mando de la redacción del nuevo texto.
El cambio de tono del debate constitucional desde ese momento en adelante fue muy notorio. Cuando el nuevo Consejo Constitucional se instaló, su presidenta, la consejera del Partido Republicano Beatriz Hevia, repetía con insistencia la importancia de la unidad y de los acuerdos. Pero en el discurso de cierre de este mismo órgano, cuando se entregó el documento a ser plebiscitado, la frase central del discurso final de la misma consejera fue que esta sería una Constitución para los «verdaderos chilenos». Entre medio, se había quebrado la luna de miel consensual y, en su lugar, la nueva Constitución llevaba la marca indeleble del Partido Republicano y, sobre todo, la de su precandidato presidencial José Antonio Kast. Si la suerte del Apruebo en el primer proceso pareció ligado en ocasiones al apoyo al presidente Gabriel Boric, en el segundo proceso el apoyo al nuevo texto se movía en paralelo al apoyo a Kast, quien logró cuadrar tras de sí (y de la propuesta constitucional) a toda la centroderecha y sofocar las pocas voces de resistencia aún existentes.
El problema era que las encuestas estaban mostrando sistemáticamente un rechazo mayoritario al segundo texto constitucional. A medida que las fuerzas políticas se decantaban entre el a favor y el en contra, iba quedando cada vez más claro que asociar una de estas posiciones a una fuerza política era más un lastre que un apoyo. Conscientes de esto, las fuerzas de centroizquierda recalcaban el vínculo del texto constitucional con Kast. La idea de se trataba de una «Kastitución», y de un plebiscito por la candidatura presidencial de Kast, resultó un fuerte obstáculo para la campaña del a favor. La «Kastitución» no lograba convencer.
Enfrentada a los negativos pronósticos de las encuestas, la campaña del a favor se la jugó por un nuevo cambio de estrategia discursiva que se reflejó en su franja televisiva. Intentando sacar el foco de la futura candidatura de Kast, intentó capitalizar el sentimiento antipolítica de la ciudadanía asociando el contra con el gobierno y, en general, con la política. No exenta de controversias internas, la centroderecha había pasado de llamar a «una [Constitución] con amor» al «que se jodan» del trecho final de la campaña., con claras intenciones polarizadoras.
El giro comunicacional parece haber dado resultado. En general, las encuestas parecían mostrar que, a medida que el a favor se alejaba de la discusión sobre la propuesta constitucional y se presentaba como un rechazo al gobierno y a la política, aumentaba la visión favorable a la nueva Constitución. Por ejemplo, luego de este giro comunicacional, la encuesta Cadem mostró un alza desde un 40% en que se había estancado el a favor hasta 46%, el 7 de diciembre (que fue la última encuesta disponible antes de las elecciones). Además, pocos días antes del plebiscito una tormenta perfecta de hitos, que incluyó las detenciones de dos personeros del oficialismo por acusaciones de corrupción (caso de las transferencia de dinero a la fundación Democracia Viva) y el arresto de un indultado de 2019, acusado por un secuestro, terminaron de consolidar un ambiente de protesta antigubernamental. Nunca se sabrá cuantos votos se movilizaron a raíz de estos eventos de último momento, pero lo que es innegable es que el contexto inmediatamente anterior al plebiscito no podía ser más favorable a la estrategia del «que se jodan».
Entonces, ¿qué quieren los chilenos?
Mas allá de lo que aparece en la papeleta, las elecciones siempre involucran muchas cuestiones a la vez. Esto es especialmente cierto en una votación en la que lo que está en juego es un texto legal complejo y extenso como una Constitución. Por lo mismo, no es sorprendente que tanto en el primer rechazo como en el segundo jugaran un rol importante factores contextuales que excedían el debate constitucional.
Son dos los marcos de interpretación que han definido la política chilena en la última década y que permiten entender los resultados electorales recientes. Primero, una disputa tradicional que se podría clasificar como intrapolítica. Es decir, a grandes rasgos, la primera propuesta constitucional se percibía como de izquierda, mientras que la segunda se percibía como de derecha. Coherentemente con esta interpretación, las encuestas mostraban un apoyo muy mayoritario de la primera propuesta entre quienes se identifican con la izquierda, pero no así en todos los demás sectores ideológicos de la sociedad, y la segunda propuesta constitucional tenía en los identificados con la derecha el único sector ideológico donde se observaba una clara mayoría de apoyo.
El problema con este marco interpretativo es que puede ser insuficiente. Esto es especialmente cierto dado el progresivo abandono de la población chilena de los marcos ideológicos tradicionales de la política. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Asimismo, el porcentaje de ciudadanos identificados con algunas de las posiciones del eje izquierda-derecha cayó de 88% en la década de 1990 a apenas 38% en 2019. Es decir, más allá de las preferencias de quienes se identifican con la izquierda o con la derecha, la enorme mayoría de los chilenos no se identifica con ninguna de las dos, y es un marco anti o extrapolítico lo que los moviliza. Esta situación se vio exacerbada por el hecho de que el primer plebiscito constitucional coincidió con la puesta en marcha del voto obligatorio en Chile, que trajo la incorporación de entre cuatro y cinco millones de nuevos votantes, con bajos niveles de relación histórica con la política.
Así, el estudio del Centro Estudio de Conflicto y Cohesión Social (COES) muestra un nuevo universo de votantes con aún menos identificación con el eje izquierda-derecha, con una visión más antielitista y con posiciones más bien tradicionalistas o conservadoras cuando se trata de los mal llamados «temas sociales». Por otro lado, la encuesta UDD muestra que estos nuevos votantes tienden a ser más religiosos y a dar más importancia a su religión. En temáticas como el orden y la seguridad pública, el aborto y la diversidad sexual, estos votantes muestran posiciones que típicamente se asocian al conservadurismo chileno, pero enmarcadas en un fuerte antielitismo y una muy baja identificación con los espacios de mediación política. Estos nuevos votantes, según un reciente estudio de David Altman et al. (2023), se inclinaron abrumadoramente por el rechazo en el primer proceso. Es decir, en términos del marco interpretativo que moviliza a estos nuevos votantes, era posible explicar su votación tanto por un sentido antipolítico como por preferencias ideológicas más tradicionalistas.
La victoria del en contra sepulta definitivamente la idea de que solo apelando a sus posicionamientos tradicionalistas la derecha podría convocar a estos electores sin hacerse cargo de que su sentido antipolítico les apunta igualmente a ellos como a la izquierda. En otras palabras, en estas elecciones los votantes chilenos parecen haber dicho «Sí, que se jodan», pero han agregado «que se jodan todos». Ni la derecha ni la izquierda parece capaz de conducir este sentido antipolítico.
¿Y ahora qué? Los paralelos con el «Que se vayan todos»
El resultado del plebiscito marcará los siguientes pasos electorales rumbo a las presidenciales de 2025. Por una parte, la centroderecha se había rendido completamente a Kast. Luego de este plebiscito, la incomodad de los sectores liberales e institucionalistas aumentará y probablemente se traduzca en algunos intentos de rebeldía.
En los partidos de derecha, la derrota del texto desordena la casa y permite la emergencia de liderazgos más moderados; en particular, ha emergido la figura de la alcaldesa Evelyn Matthei, que mantuvo una posición de apoyo mucho más tibia a la propuesta constitucional -casi sin hacer campaña- y se ha ido consolidando como la alternativa moderada a Kast.
Por otro lado, el oficialismo y la izquierda se ven enfrentados a un escenario que vuelve muy difícil llevar a cabo su agenda. Aunque el resultado puede haber frenado un remontada de la extrema derecha, este también consolida el ambiente antipolítico. Lo peor que podría hacer es interpretar esto como un apoyo a sus ideas, como lo hicieron en la derecha con su mayoría en el Consejo Constitucional. Al final, el en contra de la izquierda fue una posición muy incómoda, ya que al triunfar queda vigente la «Constitución de Pinochet» que, aunque muchas veces reformada, fue uno de los blancos de las protestas de 2019.
¿Estaba condenado el debate constitucional a terminar como lo hizo, o podría haberse alcanzado una tregua de elites con apoyo popular? Una pista para responder esta pregunta se encuentra en que, concluida la discusión constitucional, los actores mejor evaluados eran los expertos que tuvieron un rol en un comienzo y llegaron a un acuerdo transversal. La antipolítica también tiene su versión «experta» o técnica. El sentimiento antipolítico no es lo mismo que el antielite. Muchos se preguntarán hoy si era posible de algún modo sostener la luna de miel consensual que marcó el inicio del proceso.
En cualquier caso, la vía constitucional para encaminar el malestar social concluye en un aparente callejón sin salida. En otras palabras, el malestar sigue allí, pero el cartucho constitucional ha terminado de quemarse sin alcanzar el resultado esperado tras el estallido de 2019. En lugar de llegar a una estabilidad asentada en un nuevo pacto social inclusivo, es probable que las próximas elecciones profundicen aún más el desfonde de la política nacional. Es posible que Chile se esté acercando a un momento similar al «Que se vayan todos» argentino. Después de todo, que se vayan o que se jodan no parece muy distinto.
* Noam Titelman es economista graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), magíster en Métodos de la Investigación Social por la London School of Economics and Political Science (LSE) y candidato a doctor por la misma universidad. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC y actualmente participa en la fundación Red de Estudios para la Profundización Democrática (RED).Es investigador adjunto del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.