Número de horas de huelga por sector; índice 100 en 2015 por 1000 horas trabajadas.
Sergio Bellavita/Fabrizio Burattini
A l´encontre, 17-11-2023
Viento Sur, 25-11-2023
Correspondencia de Prensa, 26-11-2023
Tras muchas vacilaciones y después de evitar cuidadosamente identificar los rasgos claramente reaccionarios que distinguen al gobierno de derechas de Giorgia Meloni incluso de los gobiernos patronales neoliberales que han gobernado Italia en los últimos años, la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) de Maurizio Landini [secretario general desde enero de 2019, antiguo secretario de la FIOM-metalurgia] y la UIL (Unione Italiana del Lavoro) de Pierpaolo Bombardieri [secretario general desde julio de 2020] han decidido salir del punto muerto. Para ello, han anunciado una movilización muy «complicada» contra el proyecto de ley de finanzas para 2024, que, tras una consulta a las bases en los centros de trabajo, se traducirá en una huelga de todo el día [8 horas u 8 horas para cada equipo trabajando en turnos de 3×8] el viernes 17 de noviembre en las regiones del centro de Italia para todas las categorías y en todo el país para las categorías de funcionarios, trabajadores del transporte, trabajadores de correos y bomberos [con una concentración en la Piazza del Popolo de Roma el 17 de noviembre, declarando los organizadores una presencia de 60.000 personas]. 1 que si el derecho a la huelga se introdujo en la Constitución, eso significa que es un derecho que pertenece a todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos deben tener derecho a afiliarse o no libremente. Cuando se cuestiona eso, no se actúa contra el sindicato, sino contra el pueblo. Il Fatto Quotidiano continúa citando a Landini: «En lo que respecta al transporte, Salvini quizá debería saber que se han declarado huelgas en Alemania, en Francia, pero ningún gobierno ha bloqueado las huelgas»; subrayando que el gobierno Meloni-Salvini debería «retirar sus requisitorias» y «empezar a escuchar». «No pararemos hasta obtener resultados». Incluso en el tema del salario mínimo, Maurizio Landini no tiene intención de rendirse: «Según el Istat, más del 60% de las familias de este país no pueden llegar a fin de mes, y este gobierno, que afirma estar haciendo algo con los problemas del salario mínimo por hora, dice que lo discutirá dentro de seis meses, pero nunca lo hace… Ahora es el momento de actuar, no podemos permitirnos no hacerlo. Ahora es el momento de actuar, presentaremos propuestas en las empresas porque, al querer renovar los contratos, la cuestión salarial será central.»]
-una huelga de todo el día el lunes 20 de noviembre para los trabajadores de Sicilia;
-una huelga de todo el día el viernes 24 de noviembre para los trabajadores de las regiones del norte;
-los trabajadores de Cerdeña harán huelga el lunes 27 de noviembre;
-por último, los trabajadores de las regiones del sur harán huelga el viernes 1 de diciembre.
La Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) dirigida por Luigi Sbarra (Secretario General desde marzo de 2021), tras mantener en suspenso a las otras dos confederaciones a la espera de una decisión sobre una iniciativa conjunta, finalmente ha decidido no participar en la huelga y convocar una manifestación alternativa en Roma el sábado 25 de noviembre «para exigir un pacto social», una manifestación que, en todos los sentidos, es progubernamental.
Un ataque reaccionario y demagógico
En respuesta, el gobierno de Giorgia Meloni y, en particular, el ministro de Transportes, Matteo Salvini, lanzaron una ofensiva reaccionaria contra los dos sindicatos confederales (CGIL y UIL), utilizando descaradamente argumentos demagógicos y describiendo la huelga como «una iniciativa no contra el gobierno, sino contra los italianos». Y haciendo de la elección de una huelga el viernes o el lunes ¡una forma de permitir un «fin de semana largo» sin trabajo!
En concreto, el ataque se centró en la huelga de los trabajadores del transporte, utilizando también la resolución adoptada el 8 de noviembre por la «Comisión de Garantía» (Commissione di garanzia) creada en 1990 sobre la base de la ley nº 146 («Reglamento sobre el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales y la salvaguardia de los derechos humanos constitucionalmente protegidos»). Salvini pidió a la CGIL y a la UIL que respetaran las normas de las huelgas sectoriales, sin reconocer en la forma de convocar estas movilizaciones las condiciones necesarias para considerarlas huelgas generales.
Hay que decir que la convocatoria de jornadas de huelga por parte de la CGIL y la UIL no sigue estrictamente las reglas de la ley 146/90, considerada comúnmente como una ley antihuelga.
El abandono de la huelga (las horas de huelga han caído a niveles mínimos en los últimos años, véase el gráfico siguiente elaborado por el Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università cattolica) también ha difuminado la distinción entre huelga general y huelga de categoría nacional (sectorial), que solía ser bien conocida, tanto en la mente de las y los trabajadores como, también, en la de los líderes sindicales.
Hubo un tiempo en que las palabras tenían un significado más preciso y nadie en la izquierda utilizaba mal el término general, ni siquiera para describir una movilización nacional de una sola categoría.
Pero, sin ninguna duda, los tiempos han cambiado. La CGIL y la UIL han anunciado una huelga articulada de ocho horas durante varios días, dividida por regiones y por categorías. Es cierto que la iniciativa conservaba el carácter político de una huelga general, pero desde un punto de vista formal, permitía a la Comisión de Garantía -y por tanto al gobierno- argumentar que la huelga no podía considerarse formalmente general y que, por tanto, no se había respetado las normas establecidas por la ley.
Unas normas con las que muchas iniciativas de sindicalistas militantes y de base han tropezado varias veces en el pasado ante el silencio absoluto de los medios de comunicación y del mundo político. Algo que agradó mucho a los dirigentes del sindicalismo oficial. Una demostración clara de que los derechos o son para todos, o son privilegios. Y los privilegios, como sabemos, se pierden cuando cambia el viento.
Los efectos contradictorios de la ofensiva gubernamental
En la ofensiva de Matteo Salvini, además de la impronta reaccionaria y antisindical, tras meses de poner en el punto de mira a la presidenta del Consejo Giorgia Meloni, se suma el intento del líder de la Liga de desempeñar un papel protagonista, tratando de captar y desviar la atención de la base popular de la Liga y de toda la extrema derecha, muy irritada por un proyecto de ley de finanzas que no beneficia a las clases bajas y a las llamadas clases medias. El objetivo de Salvini era centrarse en los inconvenientes para «los trabajadores que no pueden ir a trabajar porque el transporte público está bloqueado por la huelga de la CGIL-UIL».
Veremos en los próximos días si el ataque del gobierno -que en cualquier caso consiguió que se desconvocara la huelga de los trabajadores del transporte aéreo y que la huelga en los demás sectores del transporte (trenes, metro y autobuses) se redujera de 8 a 4 horas [como ocurrió el 17 de noviembre]- reportará a la CGIL y a la UIL algún beneficio mediático, frente a una movilización que en cualquier caso no es muy activa en los centros de trabajo. Una iniciativa que permitiría a las confederaciones recuperar audiencia entre las grandes masas, entre las que crece el desencanto con el sindicalismo.
En cualquier caso, la agresión de Salvini está activando a los cuadros y los aparatos de los dos sindicatos confederales, que hace tiempo que no están acostumbrados a organizar movilizaciones a gran escala e iniciativas de no presencia en los centros de trabajo. No olvidemos que la última jornada general de lucha tuvo lugar en diciembre de 2021, tras más de cinco años de parálisis semi total de cualquier iniciativa por parte de los principales sindicatos confederales.
Incluso la oposición política institucional (Partido Demócrata, Movimiento 5 Estrellas (M5S), Sinistra italiana, Verdi), aunque desconocedora del funcionamiento del mundo del trabajo y nada familiarizada con las complejas normas de convocatoria de huelgas en los sectores regidos por la ley 146/90, surfeó sobre la indignación general de la izquierda contra el gobierno. Ésta también se está beneficiando inesperadamente de los ataques de Salvini, teniendo en cuenta además que en estos momentos la mayoría de derechas aboca al fracaso total la iniciativa unitaria de toda la oposición para la introducción de un salario mínimo por hora [ya en junio-julio, la oposición parlamentaria propuso un salario mínimo por hora fijado por ley en 9 euros, mientras que la Unione popolare lanzó una iniciativa popular para un salario mínimo por hora de 10 euros].
Una normativa que se vuelve en contra de quienes la apoyaron
Los dirigentes de la CGIL y de la UIL han utilizado, con razón, un lenguaje muy duro dirigido a la Comisión de Garantía y al gobierno, afirmando que nos encontramos ante un auténtico «ataque a la democracia». Pero no debemos olvidar que la llamada comisión de garantía se creó en su momento sobre la base de un acuerdo entre el gobierno de centro-izquierda de entonces, las asociaciones patronales y… los sindicatos confederales que hoy protestan.
Esta comisión, por su propia naturaleza y función, no es independiente de la política que la impulsa y alimenta. De hecho, a lo largo de los años, ha desempeñado el papel de segunda cámara legislativa en la cuestión del derecho de huelga, estrechando cada vez más las ya estrechas mallas de la Ley 146, hasta ahora en detrimento del sindicalismo alternativo (los sindicatos de base). Hoy, en la era de la extrema derecha, el instrumento creado con el acuerdo de la CGIL y la UIL se dirige también contra esos mismos sindicatos «oficiales».
El ataque de Meloni y Salvini es una pieza más en la deriva autoritaria de Italia y, por tanto, debe combatirse con determinación.
Del mismo modo, hay que cuestionar la operación que se está desarrollando sobre la cuestión de la representatividad sindical. Algunos sostienen que el derecho de huelga debe estar estrechamente vinculado a la representatividad de las organizaciones sindicales. Esta idea ha ganado adeptos incluso en las filas del sindicalismo confederal. En este ámbito se podía dar una colusión entre la dimensión autoritaria del gobierno de derechas y el interés de la CGIL, la CISL y la UIL por ver definitivamente fuera de juego a todas las demás organizaciones sindicales combativas, privándolas de la posibilidad de utilizar el instrumento de la huelga porque estas estructuras de base y combativas serán consideradas «no representativas».
Si así fuera, no sólo no se salvaría la democracia, sino que se eliminaría el libre ejercicio del sindicalismo, es decir, la libertad de los trabajadores de organizarse en sindicatos, eligiendo el sindicato que deseen, junto con el derecho de huelga.
Nota de A l´encontre
- Según Il Fatto Quotidiano, Maurizio Landini declaró el 17 de noviembre: «¿La Piazza del Popolo es una respuesta a Salvini? No me dirijo a él. Se está perjudicando a sí mismo porque no entiende [sic ↩