Esquerda Online, editorial, 7-11-2022
Traducción de Correspondencia de Prensa, 9-11-2022
A pesar de la inmensa victoria que significó la elección de Lula, no hay que perder de vista que el bolsonarismo logró conquistar para su candidatura a casi la mitad de la población brasileña, además de haber ganado mayor peso de diputados en el Congreso y un importante peso entre los gobernadores y diputados estatales (además del peso que ya tenía entre los alcaldes). Importantes representantes del fascismo, como Nikolas Ferreira (diputado federal más votado en Brasil y en la historia de Minas Gerais, bolsonarista tránsfobo: ndt) y Hamilton Mourão (general jubilado, actual vicepresidente de la República y electo senador: ndt), ya han manifestado cuál será su posición durante los próximos cuatro años de gobierno de Lula: oposición intransigente, “no dejar pasar nada”, según sus propias palabras. Esto significa que el gobierno de Lula, para tener alguna viabilidad política, necesita ampliar su base social, quitándole al fascismo el apoyo que hoy tiene entre las clases medias y una parte importante de los trabajadores. Es necesario cambiar la relación de fuerzas en la sociedad para que a la oposición fascista no le sea posible hacer inviable el gobierno, y mucho menos derrocarlo (que será su objetivo estratégico desde el primer día). Dentro de esto, entra en juego la discusión sobre el PEC de la Transición y las primeras medidas del futuro gobierno.
La “mano invisible del mercado” ya ha empezado a reaccionar ante el PEC (Proyecto de Enmienda Constitucional, ley que puede impulsar el Poder Ejecutivo: ndt), criticando el agujero en el techo de gastos y la introducción de nuevas inversiones sociales en el presupuesto de 2023 a través de la Constitución. Para el mercado, especialmente el financiero, el PEC es malo porque una de las soluciones pensadas para financiar los nuevos gastos sería la imposición de beneficios y dividendos, lo que aterra hasta el alma de la Faria Lima (avenida del principal centro financiero de Sao Paulo: ndt).
Sin embargo, para el nuevo gobierno de Lula, la adopción de medidas progresistas y de orientación social, a partir del primer día de gobierno, es una cuestión de vida o muerte. Desde el principio es necesario mantener las promesas más importantes hechas durante la segunda vuelta de las elecciones que ayudaron a Lula a ganar.
El mantenimiento del Auxilio Brasil (o Bolsa Familia) de R$ 600 (U$S 120 mensuales), con un aumento de R$ 150 por niño de hasta seis años vacunado y escolarizado, ayudaría mucho a aumentar la base de apoyo del gobierno, demostrando a los más pobres que Lula va en serio en su intención de acabar con la barbarie social que vive el país. Además, se trata de una medida efectivamente esencial para la vida de más de 33 millones de personas que hoy padecen hambre en Brasil.
La exención del impuesto sobre la renta para los salarios de hasta R$ 5.000 (U$S 1.000 mensuales) permitiría al nuevo gobierno avanzar sobre una parte importante de la clase media, que en su mayoría apoyó al fascismo en las últimas elecciones. También forman parte de este contingente los trabajadores más cualificados de las ramas más pesadas e importantes de la industria y los servicios, a menudo considerados “creadores de opinión”. Ganar a este sector para una nueva propuesta de país sería un paso importante para estabilizar al nuevo gobierno. Además, es un hecho que la clase media fue castigada en las últimas décadas y tuvo que pagar en gran parte la redistribución de la renta, incluso en los antiguos gobiernos de Petrobras, mientras que las porciones más privilegiadas de la población no vieron afectadas en absoluto sus ganancias.
Una nueva política ambiental que tenga como estrategia la deforestación cero y la recuperación de áreas degradadas proyectaría a Brasil en la escena internacional bajo una nueva luz, radicalmente diferente de la imagen de paria internacional que hemos asumido en los últimos cuatro años. Pero eso no es todo. La defensa del medio ambiente es también la defensa de las personas, especialmente de las poblaciones originarias cuyo modo de vida se ha visto afectado por la devastación medioambiental promovida por el fascismo. La urgencia climática exige que ésta sea una de las primeras medidas del nuevo gobierno.
Retomar la política de aumento real del salario mínimo. Esto situaría el debate sobre la defensa del gobierno entre los sectores más explotados de la clase trabajadora, base fundamental y responsable de la victoria de Lula. El regreso de la política de aumentos reales sería también un importante motor de desarrollo económico, que permitiría al gobierno invertir y actuar en otros ámbitos decisivos como la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y la seguridad.
Además del cumplimiento de las promesas sociales, también hay que tomar medidas políticas. Con ello se pretende iniciar la desbolsonización del Estado brasileño. La anulación del secreto de 100 años para los documentos del gobierno de Bolsonaro ya en el primer día de su mandato, como se prometió en la campaña, sería sólo el primer paso de una serie de medidas necesarias destinadas a la democratización del Estado. Es necesario mostrar al pueblo brasileño y al mundo las atrocidades cometidas por el actual gobierno. Y si la publicación del secreto revela algún delito de los bolsonaristas, hay que investigarlo y castigar a los responsables.
Desde cualquier ángulo que se mire, está claro que la alianza fundamental de Lula debe ser con los pobres y la gente de la periferia que lo eligió. También es la única fuerza social capaz de derrotar definitivamente al fascismo, siempre que sepa conquistar la hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. Pero para ello, el gobierno de Lula debe demostrar a qué vino, a quién representa y hacia dónde quiere ir. Todo esto comienza con las primeras medidas del gobierno.
La alianza de la izquierda y los movimientos sociales que fue decisiva para lograr la victoria de Lula debe llamar a la clase trabajadora y a los sectores populares a mantener un estado de alerta permanente contra las acciones golpistas, para garantizar la toma de posesión el 1° de enero y las condiciones para cumplir las primeras medidas anunciadas y todas las propuestas a las que se comprometió. Nuestra tarea central es movilizarnos en las calles, las fábricas, las universidades y los territorios, defendiendo al futuro gobierno de los ataques fascistas y luchando por el cumplimiento de las agendas de las mayorías populares.