Venezuela
Un helicóptero y una fiscal
El presidente Nicolás Maduro y los poderes del Estado que apoyan su proyectada asamblea constituyente enfrentan no sólo a la coalición opositora y al movimiento de protesta callejera, sino a figuras del común tronco chavista, entre las que sobresale la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz. El martes también fueron blanco de un extraño ataque de helicóptero.
Humberto Márquez, desde Caracas
Brecha, 30-6-2017 http://brecha.com.uy/
El cinematográfico ataque desde un helicóptero policial a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) apenas ha podido distraer de la escalada de la confrontación política en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro y quienes lo acompañan en su proyectada asamblea constituyente chocan con la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud), y ahora también con figuras con las que antes tuvieron en común la sombrilla del liderazgo del fallecido ex mandatario Hugo Chávez (1999-2013).
El Tribunal Supremo, que invariablemente apoya a Maduro, ha iniciado un proceso de juicio, posible destitución y remplazo de la fiscal general de la república, Luisa Ortega. El próximo 4 de julio celebrará una audiencia para decidir si la enjuicia, pero entretanto, desde el miércoles 28 le prohibió salir del país, enajenar sus bienes, y ordenó congelar sus cuentas bancarias.
Ortega acababa de anunciar que rechaza sentencias del Tsj según las cuales deberá compartir con la Defensoría del Pueblo, cuyo titular (Tarek Saab) se alinea con Maduro, tareas de investigación judicial que antes le eran exclusivas. Por ejemplo, establecer responsabilidades y acusar o no a policías y militares que violen derechos humanos.
Es un dato crítico en Venezuela. Esta semana llegaron a casi 80 los muertos al cabo de tres meses de protestas callejeras contra el gobierno. Los heridos son centenares, miles de personas fueron arrestadas durante los disturbios, y los comercios y transportes saqueados también suman centenares.
Ortega, de 58 años, fiscal general desde 2005 con apoyo de Chávez, dio el pistoletazo de salida a la ola de protestas al opinar a finales de marzo que el Tsj rompió el hilo constitucional atribuyéndose funciones del parlamento –de mayoría opositora–, y expresa al sector originalmente chavista que confronta al gobierno y los planes de Maduro.
“Hay una minoría queriendo imponer una constituyente, y lo hace de espaldas a un pueblo. Se reprimen fuertemente las manifestaciones, hay allanamientos colectivos sin orden judicial, no hay acceso a las pruebas que acusan en contra de ellos, no hay debido proceso, se limita el derecho a participar y a elegir. Eso es terrorismo de Estado”, declaró Ortega a la prensa el miércoles, mientras el Tsj daba el paso previo para su enjuiciamiento.
De esa manera, Ortega, quien se reconoce chavista como la que más, ha proporcionado base argumental e institucional a figuras del chavismo que discrepan con Maduro y su gobierno, mientras la oposición espera provocar, con su protesta en las calles, nuevos deslizamientos dentro del oficialismo.
Un extraño helicóptero.
Al anochecer del 27 de junio un helicóptero de la Policía Judicial despegó de su base en el este de Caracas y, con un pequeño cartel que rezaba “350 Libertad” sobrevoló el edificio del Tsj, al norte de la urbe, hizo algunos disparos, dejó caer cuatro granadas –de estruendo, no letales, según varios especialistas– de las que sólo estalló una, y se perdió sobre la montaña Ávila, que separa la capital del vecino litoral caribeño.
El 350 es el último artículo de la Constitución, según el cual “el pueblo venezolano desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores democráticos (…) o menoscabe los derechos humanos”. Lo invocan los manifestantes opositores en sus marchas callejeras.
Se trató de una acción emprendida por Óscar Pérez (de 35 años), un inspector y miembro de los comandos de elite de la Policía Judicial, quien publicó entretanto en redes sociales una soflama en la que dijo integrar “una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este gobierno transitorio y criminal”.
Hubo el lógico reforzamiento de medidas de seguridad en el palacio de gobierno. El presidente Maduro denunció de inmediato la acción como hecho terrorista que hace parte de una escalada golpista. El helicóptero fue hallado abandonado, al día siguiente, en una zona boscosa cerca del litoral. Pérez huyó.
¿Qué pasó? Prosperan las hipótesis en este campo fértil para teorías conspirativas. Pérez pudo ser un “lobo solitario” frente a Maduro. En 2015 participó como comando en el reparto de una película, Muerte suspendida, dirigida por Óscar Rivas, que alababa a la Policía Judicial al resolver un caso de secuestro. Opositores recalcitrantes ven en su acción un montaje del gobierno para mostrar que está en marcha un golpe de Estado que justifica las medidas represivas. O como una cortina de humo mientras el Tsj trabaja para desmantelar a la Fiscalía y continúa acorralando a la oposición y al parlamento.
Calles encendidas
Las protestas callejeras continúan en casi todas las ciudades del país. Las marchas opositoras son a veces permitidas, pero en Caracas nunca pueden acceder al centro de la ciudad, donde están los poderes públicos. El aeródromo La Carlota, enclavado en el sureste de la urbe y que funciona como base militar y comando aéreo, ha sido rodeado por manifestantes, con el saldo de al menos un muerto y numerosos heridos. Aumentan los “trancazos” o bloqueos de vías urbanas. Junto a las protestas políticas están las de pobladores pobres (véase entrevista con Alejandro Velasco en páginas 12 y 13) que reclaman por falta de gas doméstico –en un país que es potencia en hidrocarburos– o por demoras en la entrega de bolsas con algunos alimentos a precios subsidiados que el gobierno distribuye, una vez al mes, en las comunidades.
Según datos oficiales, las víctimas, entre ellas una decena de adolescentes muertos, han caído por disparos de bombas lacrimógenas usadas como proyectiles, empleo ilegal de armas de fuego, en arrollamientos durante los bloqueos, en accidentes, o al enfrentar a la policía durante saqueos. También hay entre ellos transeúntes que son alcanzados por algún disparo cerca de la protesta, algunos guardias que han recibido balazos, y hasta hubo un par de linchamientos presumiblemente a manos de opositores en los de-sórdenes que a menudo siguen a las demostraciones en principio pacíficas.
La Mud demanda el retiro del proyecto de asamblea constituyente –que consideran fraudulento–, y que en cambio se convoquen elecciones municipales, regionales y presidenciales, que se libere a los que considera presos políticos –unos 300–, que se respete a la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora y declarada en de-sacato por el Tsj, lo que lleva a los demás poderes a desconocer sus atribuciones y decisiones. Y que se abra un “canal humanitario” para que ingrese al país ayuda internacional en alimentos y medicinas.
Los números de la economía siguen en rojo: tres años continuos de recesión, inflación (sin cifras oficiales) estimada por analistas privados entre 500 y 700 por ciento anual, y una depreciación imparable de la moneda. Los gremios de la salud estiman entre 80 y 90 por ciento la escasez de medicinas. Los agropecuarios destacan que hacia 2005 el país producía el 70 por ciento de sus alimentos; este año apenas 30 por ciento.
Parlamento arrinconado
El mismo martes en que el Tsj atribuía a la Defensoría potestades de la Fiscalía y la sede del máximo tribunal era agredida por el helicóptero, grupos civiles oficialistas coparon los accesos al céntrico edificio del parlamento, con diputados y periodistas en su interior. Hubo cócteles molotov y bloqueo de puertas para retener a los parlamentarios en el capitolio durante horas.
Guardias militares que custodian el edificio ingresaron a los jardines unas cajas que despertaron suspicacias entre los parlamentarios. Cuando fueron a investigar, varias diputadas resultaron agredidas. Cuando el presidente de la Asamblea, Julio Borges, del opositor partido Primero Justicia, fue a reclamar al jefe militar, coronel Vladimir Lugo, éste le gritó y empujó. La escena fue filmada y de inmediato se hizo viral en las redes sociales.
Lo cierto es que el parlamento trata en estos días de proveer de insumos, a la opinión pública internacional y a los gobiernos que critican al de Caracas, acerca de las supuestas violaciones a principios y reglas de juego democráticos en Venezuela. Y, mientras tanto, avanza en la tarea de designar unos nuevos magistrados del Tribunal Supremo –en la práctica, remplazar al actual tribunal– después de que la fiscal Ortega formalmente impugnó y consideró inválida la designación de los magistrados hecha en 2015 por la anterior legislatura, en la que el chavismo-madurismo era la mayoría.
Más militares
Junio también trajo relevos en los mandos militares. El general en jefe Vladimir Padrino retuvo el Ministerio de Defensa, pero no el comando operacional de las fuerzas armadas, confiado ahora al almirante Remigio Ceballos. Y hay nuevos comandantes en el Ejército –un antiguo jefe de la guardia presidencial de Chávez–, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que lleva el peso de la represión a protestas y desórdenes callejeros.
Según analistas como Rocío San Miguel, de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada, en los nuevos mandos prevalecen militares de línea dura frente a la protesta opositora y en favor de la constituyente. También supone un reforzamiento, en las unidades regionales con mayor poder de fuego, de los generales compañeros de promoción del capitán (retirado) Diosdado Cabello, número dos en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y mostrado en las especulaciones de prensa como firme aliado o como rival de Maduro en la esfera del poder.
Este mes también hubo un reforzamiento castrense en el gabinete ministerial, pues son de origen militar, entre activos y retirados, 14 de los 34 ministros. Venezuela, por cierto, tiene más de mil generales y almirantes activos. Hubo una baja: el mayor general Alexis Ramírez, secretario del planificador Consejo de la Defensa de la Nación, renunció al cargo por estar en desacuerdo con la constituyente.
Disidentes
Los generales, ya retirados, en la primera línea de la nueva batalla política son dos: Miguel Rodríguez Torres, que fue jefe de la policía política con Chávez y ministro de Interior y Justicia al comienzo de la gestión de Maduro (2013-2014), y Clíver Alcalá, ex jefe de una división del Ejército en el sureste fronterizo con Brasil y Guyana. Rodríguez Torres fue acusado públicamente por el presidente Maduro de ser traidor, estar detrás del atentado con el helicóptero en esta semana, animar un golpe de Estado y de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (Cia) de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ha emitido en su contra ninguna orden de aprehensión. La prensa recuerda que fue uno de los oficiales que acompañaron a Chávez cuando el entonces comandante de paracaidistas encabezó una sublevación que intentó deponer al presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. La cruenta rebelión fracasó pero Chávez entró en la historia y en la política y sus compañeros formarían una legión de leales que mantiene todavía importantes palancas en la estructura de poder. Rodríguez Torres ha negado las acusaciones, mostrado papeles según los cuales sus presuntos contactos con la Cia son falsos o expresamente autorizados por Chávez, cree que la constituyente traerá más violencia y pide diálogo entre gobierno y oposición.
Alcalá, por su parte, integra con otros disidentes, como los ex ministros (de Chávez) Jorge Giordani (Planificación), Héctor Navarro (Educación), Ana Elisa Osorio (Ambiente) y Gustavo Márquez (Comercio), la Plataforma de Defensa de la Constitución, que se opone a políticas económicas de Maduro, a la entrega de más de 100 mil quilómetros cuadrados para la explotación minera por trasnacionales al sur del río Orinoco, a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la convocatoria de la constituyente.
Entre la disidencia también cuenta, por su influencia en la opinión de los segmentos más izquierdistas e ideologizados del Psuv, el grupo Marea Socialista, en el que destacan el politólogo Nicmer Evans y el conductor del portal Aporrea, Gonzalo Gómez. Marea Socialista busca una nueva vía por la izquierda y equidistancia entre las posiciones de la Mud y el Psuv.
Entre quienes respaldan a Maduro también fluyen observaciones y críticas, como las del grupo Redes, que coordina el ex alcalde caraqueño Juan Barreto. Y muy quedamente el pequeño Partido Comunista.
Finalmente hay que apuntar que las fervorosas y multitudinarias manifestaciones callejeras que acompañaban las presentaciones públicas de Chávez prácticamente han desaparecido. En su lugar, unas más ordenadas pero mucho más chicas marchas a veces hacen de réplica a las demostraciones de la oposición, pero son nutridas principalmente por trabajadores de algún sector público –el Estado es dueño de la industria petrolera y de 12 de las 15 mayores empresas del país–, o por movimientos de beneficiarios de programas sociales.
Juego de poder
La asamblea constituyente propuesta es saludada por los partidarios de Maduro como una operación de apoderamiento del pueblo, mientras sus detractores la juzgan no sólo inoportuna, sino como un fraude, pues sus integrantes serán elegidos de una manera tal (mezcla de geográfica y sectorial) que entregará la gran mayoría de sus 545 escaños al oficialismo.
La arena política muestra así los grandes conglomerados que pugnan por conservar, conquistar o reorientar el poder. En una esquina están el bloque del presidente Maduro, los mandos del Psuv, la mayoría de los “herederos” de Chávez, entre ellos sus acompañantes desde antes de la insurrección de hace un cuarto de siglo y cuya expresión más entusiasta es Cabello, candidato quizás a presidir la constituyente. Cuentan con el aparataje del Estado (más de 3 millones de empleados públicos en una población activa de 14 millones), redes de beneficiarios de programas sociales, la industria y renta petroleras (que generan 95 por ciento de las divisas), el poder electoral, el Tribunal Supremo, dos de los tres cargos en el Poder Moral (Defensoría, Contraloría y Fiscalía), y las fuerzas armadas. Su respaldo electoral, según encuestas privadas, bordea el 20 por ciento y su objetivo es hacerse con una constituyente que, como poder supremo, consagre las políticas oficiales y disuelva el poder de quienes se oponen a su proyecto definido como chavista, bolivariano, antiimperialista y socialista.
En otra esquina está la oposición, cuyo núcleo es la Mud, una alianza arco iris de partidos que en la elección del parlamento a finales de 2015 conquistó los dos tercios (112 de los 167 escaños), pero esa mayoría le fue suprimida por el Tribunal Supremo, que a fines de 2015 invalidó la incorporación de tres de sus diputados. Cuenta con las multitudes
–primero de clase media y cada vez más de sectores populares, que manifiestan en las calles–, el favor de la mayoría según las encuestas, la mayoría de la Asamblea Nacional y un creciente respaldo internacional, en particular de gobiernos del continente. Factores como la Iglesia Católica y el mundo académico están a su favor. Quiere detener la constituyente y que se establezca una hoja de ruta para alcanzar un nuevo gobierno de transición.
El tercer grupo es el de los chavistas no maduristas. Rechazan la constituyente, proponen un gobierno incluyente o de unidad, cambios en políticas para superar el marasmo económico y social. Sus cabezas visibles son la fiscal Ortega y el general Rodríguez, y pese a sus reducidas fuerzas públicas conservan hilos importantes para salir del laberinto venezolano, pues los analistas concuerdan en que deben de tener más respaldo dentro del chavismo, tanto del civil como del militar, del que se ha expresado hasta ahora, y que puede manifestarse en camino al 30 de julio.
Justamente, la incursión del helicóptero contra el Tribunal Supremo pudo ser vista como una muestra del “deslave” en sectores oficialistas o de gobierno, o como una señal para que se disparasen otras expresiones de descontento civil, policial o militar, capaces de resquebrajar el bloque oficialista y forzar un cambio en sus decisiones.
No ha ocurrido así en los días inmediatamente siguientes. En cambio, mientras la inflación y la escasez devoran los presupuestos de las familias y alimentan el descontento, avanza la confrontación, con preparativos para la constituyente y las diarias protestas callejeras, así como la violencia con su saldo de casi un muerto cada día, decenas de heridos, lágrimas, crispación, comunidades y servicios afectados, la cotidianidad vulnerada y cada vez más gente común que, al lado de políticos, autoridades, religiosos, la prensa y observadores internacionales se pregunta, ¿hasta cuándo?