A l’encontre, 12-9-2020
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 13-9-2020
En la madrugada del miércoles 9 de septiembre, el campo de refugiados más grande de Grecia, Moria, en la isla de Lesbos, fue devastado por un incendio. No era el primero en ese campamento superpoblado. Ya se habían producido dos incendios desde principios de 2020, las causas fueron tanto el estado lamentable del sistema eléctrico -que se limita a lo estrictamente mínimo- como las condiciones de vida en el mismo. El gobierno griego se atrevió a afirmar que el fuego había sido causado por un motín de refugiados que querían escapar del estricto control sanitario relacionado con la reciente proliferación de casos de Covid-19. La hipocresía de este discurso llega al punto más alto, ya que desde hace años, las espantosas condiciones sanitarias y diversas enfermedades hacen estragos en este campamento en el que están encerrados los refugiados, en su mayoría sirios y afganos, junto con sus familias. De hecho, los trámites para la obtención del reconocimiento del derecho de asilo casi nunca llegan a buen puerto. La destrucción de gran parte de los archivos en el incendio corre el riesgo de acentuar aún más la arbitrariedad y la desesperación de miles de refugiados, errantes en los caminos y carreteras de Lesbos, sin ningún recurso legal ni material.
Con la misma dosis de duplicidad e hipocresía, los países de la Unión Europea (UE) acaban de anunciar la intención de “acoger” a 400 menores no acompañados: de 100 a 150 para Francia y Alemania. Y Helvecia se despertó. Garantizó el envío de ayuda humanitaria, en momentos en que las ONG que trabajan en Lesbos se enfrentan a la mayor dificultad para prestar ayuda concreta, ya que la policía bloquea caminos y carreteras y la extrema derecha local reacciona, en un contexto marcado por la exasperación de la población de la isla que, a su manera, ha sido abandonada durante años.
Este incendio nos plantea una vez más la urgencia de un amplio debate público sobre una de las dimensiones de la crisis de la civilización que tiende a ser reprimida, a veces por puro despecho. Pero esa dimensión está estrechamente entrelazada con la permanencia de las guerras, con las diversas facetas de la crisis climática y con la función de un ejército de reserva mundializado de trabajadores y trabajadoras.
La redacción de A l’encontre reproduce a continuación la intervención de François Gemenne, investigador de la Universidad de Lieja, profesor de Sciences-Po y miembro del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), realizada este viernes 11 de septiembre en la radio pública francesa France Culture. François Gemenne es el autor de “On a tous un ami noir: Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations” (Todos tenemos un amigo negro. Para acabar con los debates estériles sobre las migraciones), que será publicado por la Editorial Fayard el 30 de septiembre. El libro desarrolla temas ya presentados en varios artículos anteriores y esbozados en esta transcripción de la entrevista que Guillaume Erner le hizo en la radio mencionada, con los métodos propios de un ejercicio oral, sujeto además a la limitación de tiempo del programa radial. Aquellos que entienden francés, podrán escuchar los temas desarrollados por François Gemenne y leer luego su libro. (Redacción de A l’encontre)
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“Lo que ocurrió en Lesbos, en el campo de Moria, es el resultado inevitable de cinco años, e incluso más, de inacción completa en materia de asilo e inmigración por parte de la Unión Europea. Era inevitable que ocurriera una tragedia en campamentos casi abandonados a su propia suerte y superpoblados, en los que la gente debe vivir en condiciones sanitarias indignas. Hay que recordar que en Moria había cerca de 13.000 personas, cuatro veces más que las que el campamento puede albergar (en marzo de 2020, se concentraban unas 22.000 personas; la gente tenía que esperar durante horas todos los días para conseguir una bandeja de comida; docenas y a veces, cientos de personas compartían los mismos baños y duchas). Las autoridades griegas y europeas dejaron que la situación se pudriera durante años y años.
Ahora, existe un imperativo humanitario para reubicar a estas personas, en principio dentro de los países de la UE, empezando por los niños y las niñas. Sin embargo, hay toda una serie de iniciativas que se toman a nivel local o regional (por ejemplo, algunos Länders en Alemania) que afirman que cuentan con los medios para organizar la recepción inmediata de los niños y niñas. A medio plazo, necesitamos con urgencia una verdadera política europea en materia de inmigración y asilo para evitar que las personas queden encerradas en campamentos ubicados en las fronteras de Europa, porque no las queremos ni ver ni acoger. Eso supone también una carga excesiva impuesta a unas islas que son puertas de entrada a la UE, como Lesbos, Lampedusa o Malta, por dar algunos ejemplos. Son situaciones que no son sostenibles en un continente que quiere estar a la altura del proyecto político que proclama.
Yo diría que la situación en Lesbos es relativamente similar a la que vivimos en Francia con la llamada ‘jungla’ de Calais. Preferimos cerrar los ojos a lo que está sucediendo allí en lugar de abordar el problema de frente. Hay gobiernos paralizados que temen brindar una recepción digna a esas personas. Parece surrealista decirlo, pero hay gobiernos que se niegan a ofrecer una recepción digna porque están contaminados por las tesis y el vocabulario de la extrema derecha, en particular en torno al supuesto ‘efecto de atracción’. Se imaginan que si les proporcionan un recibimiento digno, atraerán a más migrantes. Pero el hecho de imaginarse que las personas van a arriesgar su vida y ‘darán’ miles de euros a los traficantes para, simplemente, tomar una ducha en buenas condiciones, poder acceder a baños que no estén superpoblados o para poder vivir de manera decente, es ignorar profundamente la realidad de las migraciones.
Todavía existe entre los gobiernos y en la mentalidad de la gente, la teoría tenaz de que las fronteras son la variable de ajuste de los flujos migratorios globales. O sea que si se abren las fronteras, todo el mundo vendrá. Por el contrario, si se cierran, se evitarán las migraciones. Pero en realidad, eso no funciona así. La gente no va a tomar la decisión de abandonar su país porque se ha abierto una frontera allá muy lejos. Y la gente nunca se quedará en su país porque una frontera, muy lejana, está cerrada. Lo podemos ver en Europa. Las fronteras exteriores están cerradas herméticamente. Ese es el único punto de acuerdo entre los gobiernos europeos y sin embargo, la gente viene, de todos modos. Una frontera cerrada nunca evitará que una persona migrante cruce. El único efecto de las fronteras cerradas es hacer más peligrosas, más costosas y desgraciadamente más mortíferas las migraciones: ya van alrededor de 600 muertes en el Mediterráneo desde comienzos de año.
La lucha contra los traficantes parece ser la prioridad absoluta de todos los gobiernos europeos. Pero la paradoja es que cuando se cierran las fronteras, uno se convierte en cómplice de los traficantes. Lo que hace prosperar el negocio de quienes trafican con personas es el hecho de que las fronteras están cerradas y que, a al mismo tiempo, hay personas que necesitan absolutamente cruzarlas. Por lo tanto, quedan a merced de las mafias, que pueden aumentar sus precios hasta varios miles de euros. Y ahora son, de facto, los traficantes quienes deciden la política migratoria de los países de la UE. Son quienes deciden quién llega, a dónde, cuándo y en qué condiciones. En cierto modo, la política de cierre de fronteras es, en realidad, lo mejor que le puede pasar ese negocio mafioso, negocio que se ha convertido en el tercer tráfico ilegal rentable del mundo, después del tráfico de armas y de drogas. La peculiaridad cínica de este tráfico, que lo hace tan atractivo, es que cuando pierden la ‘mercadería’, a diferencia de las armas y las drogas, no hay nadie que venga a reclamarla. Por lo tanto, los gobiernos son cómplices de esta gente que trafica con personas.
Dentro de la UE, y dentro de los gobiernos, hay un absoluto rechazo a mirar las cosas de manera ‘pragmática’y racional. Son capaces de implementar políticas absurdas y criminales en nombre de consideraciones ideológicas por miedo a que la extrema derecha gane terreno, por temor a avivar ciertas tensiones políticas, a asustar al electorado, sin que eso logre frenar a la extrema derecha, la derecha extrema, incluso en su forma gubernamental. Por eso, permanecen constantemente en esa narrativa de crisis. Todas las imágenes de la inmigración difundidas en los medios son siempre imágenes de crisis. Y esas crisis sólo benefician a los extremos, los que buscarán imponer su narrativa en el debate público con la esperanza de extraer dividendos electorales. En el trabajo que voy a publicar intento proponer soluciones que rompen con esa narrativa de crisis.
El Estado francés decidió prohibir la distribución de comidas a los migrantes en la región de Calais. Hace meses, incluso años, que el Estado viene poniendo todo tipo de obstáculos a las asociaciones y a los voluntarios que intentan ayudar a las y los migrantes en Calais. El Estado no sólo se niega a brindar a estas personas condiciones de vida dignas -instalaciones sanitarias, comida-, sino que también trata de impedir que lo hagan quienes intentan, pese a todas las trabas, brindar ayuda alimentaria a los migrantes. Calais en Francia como Moria en Grecia, viven una situación que la UE deja pudrir. Y así como Moria existe porque Lesbos se encuentra a pocos kilómetros de la costa turca, Calais seguirá existiendo como punto de partida para las y los migrantes porque se encuentra a 35 km de las costas inglesas. Emmanuel Macron elabora proyectos de ley sobre el ‘separatismo’, cuando el verdadero separatismo está en negarse a reconocer que la gente que está en Calais o Moria forma parte también de nuestra sociedad.
Por lo tanto, si hacemos un balance de la política europea, podemos decir que es nulo. Nada ha cambiado, ni las reubicaciones de migrantes, ni las cuestiones del puerto de desembarque (como lo ilustran las tragedias de los barcos de rescate de varias ONG, lo que equivale a negar por completo el derecho a proteger las vidas humanas en el mar), ni la reforma de los convenios de Dublín (Dublín III data de 2013: el reglamento delega la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo de una o un refugiado al primer país al que llegó, lo que implica su regreso al primer país de entrada si el demandante presenta su solicitud en otro lugar; el refugiado es ‘dublinado’). Todo está en punto muerto. A fines de setiembre, la Comisión Europea debe presentar un nuevo pacto de asilo e inmigración. La propuesta corre el riesgo de ser rechazada por los gobiernos. A menudo, algunos gobiernos acusan a la UE de lo que está sucediendo, pero hay que recordar que son esos mismos gobiernos los que se oponen en primer lugar a las propuestas relativamente constructivas de la UE. Por ejemplo, si tomamos el plan de reubicación, que había sido propuesto a finales de 2015. Hay un acuerdo sobre el impasse de las convenciones de Dublín, pero se consolida la paradoja siguiente: nadie está de acuerdo sobre el establecimiento de un sistema alternativo, ya que todo el mundo trata de acoger al menor número posible de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Además, las propuestas de subcontratación del asilo son catastróficas. La UE y los gobiernos confían cada vez más a terceros países y a regímenes más que dudosos la tarea de poner en práctica las políticas de asilo en su lugar (e incluso colaborar en la represión de las personas refugiadas en, por ejemplo, el caso concreto de las relaciones entre el gobierno italiano y el poder en Libia).
La crisis humanitaria también se manifiesta en la modificación de las rutas de la emigración. A medida que las fronteras se cierran de manera policial y militar, las rutas migratorias cambian. Traficantes y migrantes crean nuevas rutas, reactivan las antiguas. Esas rutas suelen ser más largas y peligrosas. Y el flujo de llegadas está cambiando. Así, España es actualmente la primera puerta de entrada a Europa, después de Grecia y después de Italia. Hay una constante que se cumple: siguen siendo los países del sur de Europa los que constituyen los principales puntos de entrada y esto nos conduce al problema del contenido de los convenios de Dublín. Eso es lo que alimenta las corrientes de derecha extrema y de extrema derecha en esos países.
El debate sobre la acogida y la integración resulta, además, confiscado -con respecto a las reacciones sobre la acogida, por parte de sectores de la sociedad que existen realmente- por los gobiernos que no escuchan las voces de las autoridades locales, de los municipios o de los diferentes grupos de personas. Mi experiencia me demuestra que hay una disponibilidad para el recibimiento de las personas migrantes mucho mayor que esa de la que nos hablan durante todo el día los políticos que desfilan en las emisoras de radio y en la televisión”.