Una investigación de Flacso Uruguay revela obstáculos en la detección, atención y reparación a las víctimas, que en definitiva terminan impactando en su protección.
Tras la paliza de la pandemia, aquel momento mágico de julio de 2021 en que el gobierno anunció que gastaría 50 millones de dólares más en los hogares más vulnerables con niños pequeños podía funcionar como cierre perfecto del melodrama. Pero al día de hoy no funcionó: aunque los chiquitos sean unos cuantos menos, los que son pobres son –seguramente– más.
La cantidad de personas en situación de calle no ha parado de crecer en los últimos años. Si bien los factores asociados a este fenómeno son múltiples, investigadores consultados hicieron hincapié en el mayor número de adultos jóvenes, en el vínculo con la cárcel y en el desborde de los servicios ofrecidos por el Estado.
Las «peleas masivas» y la «violencia juvenil», difundidas a través de imágenes virales, activan la batería de respuestas y dan cuenta de algunos sentidos que se instalan o se repiten. Inmediatamente aparece un actor sin voz: la Policía.
Escucha cómo ella y sus niños son el puntapié de un debate más profundo sobre la desproporción de algunas sanciones penales. Sobre las mujeres que como ella quedan atrapadas en una “maraña” legal que las castiga con más firmeza que a los narcotraficantes.
Mientras el gobierno construirá más celdas para mujeres con niños, preocupa el caso “paradigmático” de una madre condenada a cuatro años por llevar a la cárcel marihuana debido al “daño” que implicará para sus hijos.