Movilización Ni Una Menos en la plaza Independencia (archivo La Diaria, junio de 2020).
Un mapa de las deficiencias del Estado uruguayo en el abordaje de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
Stephanie Demirdjian*
La Diaria, 24-7-2024
Correspondencia de Prensa, 24-7-2024
En un momento en que el tema está en el ojo de la tormenta, una investigación de Flacso Uruguay revela obstáculos en la detección, atención y reparación a las víctimas, que en definitiva terminan impactando en su protección.
La Operación Océano en 2019, el caso Penadés en 2023 y en estos días la situación de una adolescente de 16 años que estaba bajo supervisión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quedó embarazada y falleció después en una cesárea de emergencia. Tres casos que involucran a actores distintos, en contextos disímiles y con repercusiones diferentes, pero atravesados por un mismo hilo conductor: la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes, una problemática que en Uruguay está tan extendida como naturalizada.
El caso más reciente, en particular, prendió las alarmas porque destapó otras situaciones de vulneración de derechos que se repiten sistemáticamente en dispositivos gestionados por el Estado y dejó expuestas las fisuras de un sistema que claramente está fallando a la hora de proteger a las niñas, niños y adolescentes.
Una investigación que hizo Flacso Uruguay para Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que todavía no tuvo su presentación pública, pretende poner luz sobre esas fallas y, así, ayuda también a darles un marco contextual a estos casos con nombre y apellido, que no son aislados.
El estudio, titulado Explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Un diagnóstico de los abordajes en Uruguay, al que accedió la diaria, fue realizado entre octubre de 2021 y mayo de 2022 por las investigadoras Magdalena Caccia Lijtenstein, Carolina Camilo Zabala, Elizabeth Oria Giordan e Isabel Pérez de Sierra, con la coordinación de Ana Gabriela Fernández Saavedra y Lena Fontela Kopl. Se centró en las acciones llevadas adelante por el Estado entre 2016 y 2021, sobre la base de una revisión documental, el análisis de los (escasos) datos que hay al respecto y 54 entrevistas con actores nacionales y departamentales que trabajan en el tema.
Los hallazgos permiten reconocer que hubo avances en términos de normativa y de diseño de políticas públicas, pero también que “este reconocimiento no implica no observar obstáculos importantes que no permiten que la protección sea efectiva y que facilitan la exposición de niños, niñas y adolescentes a fenómenos que les exceden, que les implican y que ponen en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física”, sintetizaron las integrantes del equipo de investigación en diálogo con la diaria.
El informe revela una trama institucional con “fuertes debilidades, solapamientos o desarticulaciones que no permiten un abordaje integral” de la problemática, y la existencia de concepciones “disímiles” sobre el fenómeno, tanto entre quienes desarrollan la política como en el personal técnico. “Es una dificultad que aparece en la propia génesis de la política, en la construcción del problema social que pretende abordar, en su escasez o nula evaluación y monitoreo, en su escasa problematización durante su implementación y adecuación a situaciones versátiles y desafiantes que la institucionalidad poco expedita no ha podido pensar y abordar las situaciones de explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes de forma eficaz”, puntualizaron las académicas. “En términos generales”, agregaron, “podemos ver que el problema se desarrolla de forma más ágil que la política de abordaje y protección”.
Las barreras en la detección y atención
Si bien la investigación asegura que las herramientas de detección “vienen siendo trabajadas de manera sistemática”, por lo que “se ha logrado identificar un mayor número de situaciones que antes se pasaban por alto”, persisten algunos desafíos. Uno es que la mayoría de las situaciones detectadas tiene que ver con niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados. Como contrapartida, las situaciones de explotación que no tienen ningún tipo de vínculo con el INAU “no llegan a los equipos”, destacaron los actores locales entrevistados.
Para las investigadoras, otro de los problemas se sitúa “en la primera línea de detección” –la educación, la salud, los centros juveniles, entre otros–, donde es necesario “superar la naturalización, la interpretación de consentimiento en los vínculos, sesgos de género y la no identificación de niños, niñas y adolescentes como víctimas”, algo que sólo puede lograrse con más instancias de formación.
En cuanto a la atención, la principal barrera que señala el informe es la dificultad del diagnóstico por la escasez de dispositivos de atención directa en el territorio nacional y los pocos cupos que limitan nuevos ingresos.
De hecho, hoy en día, el Proyecto Travesía es el único servicio del Estado que atiende específicamente situaciones de explotación sexual hacia infancias y adolescencias, y su alcance es limitado, ya que funciona sólo en Montevideo. Las autoridades del INAU anunciaron el año pasado la creación de un centro de 24 horas especializado en explotación sexual, pero todavía no se concretó.
De todas formas, aunque la internación en hogares de 24 horas suele presentarse como parte de la estrategia de abordaje, muchas de las personas consultadas opinaron que sería “contraproducente” o “peligroso” –como, de hecho, quedó en evidencia en algunos de los casos de trascendencia pública–. “En las entrevistas se relatan diferentes casos de adolescentes que manifestaron explícitamente no querer permanecer allí, llegando, incluso, a escapar poniendo en riesgo sus vidas. Si bien está en discusión la existencia de centros exclusivos para abordar estas situaciones (bajo el riesgo de la guetización y de lo fácilmente identificables que serían), hay acuerdo en que actualmente los hogares no están preparados para atender las situaciones de explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes”, resume el estudio.
También hubo consenso en la dificultad que implica la ausencia de un “único criterio” respecto de las derivaciones, ya que algunos casos se derivan a los equipos itinerantes (gestionados por las organizaciones El Paso y Gurises Unidos, a través de convenios firmados con el INAU), otros directamente al INAU y otros al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
Otro aspecto a revisar es la falta de diálogo entre los dispositivos orientados a la atención de mujeres adultas en situación de violencia, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y los programas destinados a la atención de infancias y adolescencias, bajo la rectoría del INAU.
Por otra parte, la investigación apunta que “uno de los principales desafíos vinculados a la atención” radica en que muchas de las adolescentes que atraviesan estas situaciones “no se identifican como víctimas” e incluso “hay cierta romantización” al respecto, “ante lo cual las estrategias de abordaje deben adaptarse”.
Articulación interinstitucional, registro y presupuesto
Una de las críticas principales que se le hace a la institucionalidad es que, en algunos casos, existe una “superposición de ámbitos cuando las competencias y temáticas se solapan”. Esto ocurre, por ejemplo, entre el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, o el mismo Sipiav. En otros casos, queda en evidencia la necesidad de coordinar con el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia en el ámbito nacional o en las representaciones departamentales.
A la vez, en las entrevistas se señala que hay múltiples capacitaciones, mapas de ruta y protocolos para actuar frente a las situaciones de abuso sexual, mientras que en lo que respecta a la explotación sexual de infancias y adolescencias “todo es más artesanal”.
Una medida que sí impactó de forma “favorable” en la coordinación interinstitucional, específicamente con la Fiscalía, fue la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos, que en el informe califican como un “hito” que “tiene repercusiones en el acceso de las víctimas a la Justicia”.
Por otro lado, hay consenso en que “no existen criterios únicos para el registro” de los datos sobre el fenómeno, “ni acuerdos macro con relación a dónde llevarlo a cabo”. Las investigadoras detallan en el documento que “varias instituciones registran los casos de forma paralela, sumado a que las formas utilizadas que no están estandarizadas impiden contar con información sobre el caso abordado desde distintas instituciones, los procesos de atención, seguimiento y las trayectorias de vida de las víctimas”.
A modo de ilustración: en 2023, el Conapees registró 346 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, mientras que el Sipiav detectó 163 situaciones, según cifras que actualizó este mes el semanario Brecha tras un pedido de acceso a la información pública. Por el momento, ninguno de los dos organismos –que, por cierto, funcionan en la órbita del INAU– pudo explicar bien cuál es la diferencia entre un registro y el otro.
Esta ausencia de criterios comunes para el registro “hace que la información con la que se cuenta sobre la dimensión actual del fenómeno no sea fiable y se encuentre fragmentada en distintos registros a los que tienen acceso específico distintos actores institucionales”, afirma la investigación.
Para enfrentar este problema, las responsables del estudio sugieren el diseño de un sistema “en el que se integren los registros existentes con un patrón común y con atributos que sean relevantes no sólo para la fase de tratamiento de las situaciones, sino para la construcción de indicadores que puedan medir su evolución en el tiempo”.
En cuanto a la coordinación interinstitucional, proponen la elaboración de protocolos unificados para las instituciones intervinientes en todas las etapas de abordaje y el diseño de mecanismos de articulación entre las distintas “institucionalidades nucleadas en torno a los temas de trata, de violencia basada en género y generaciones y de explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes”. Una recomendación en este sentido es que Inmujeres se integre al Conapees, por ejemplo.
Las investigadoras dijeron a la diaria que otro aspecto que atraviesa prácticamente todos los ámbitos y que forma parte de las debilidades institucionales es el presupuestal. “Esto se refleja en la escasez de recursos humanos capacitados, la falta de formación en distintas áreas para todo el país, la necesidad de mejora de la recolección de información estadística o la discusión teórica conceptual entre las diversas instituciones”, puntualizaron, y aseguraron que también es un problema que el Conapees “no cuente con presupuesto propio y dependa de la asignación presupuestal de cada una de las instituciones, que no siempre se vuelca al desarrollo de las acciones incluidas en los planes”.
Acceso a la Justicia y reparación
Prácticas como la “revictimización”, “convocar a la misma hora a la víctima y al explotador” o “cerrar el caso después de una retractación” siguen siendo “moneda corriente en algunas localidades del interior del país”, asegura el informe tras afirmar que la falta de capacitación y sensibilización por parte de operadores jurídicos es un “gran problema” en el acceso a la Justicia de las víctimas de explotación sexual.
Además, profesionales de diversos ámbitos relatan situaciones concretas que “fueron llevadas a la Justicia, pero no hubo una penalización del delito, a pesar de que existían pruebas contundentes”, y aseguran que hay una “naturalización” de la explotación sexual infantil y adolescente por parte de algunos jueces.
Otro escollo grande es que hoy en día la práctica judicial implica que ante un caso de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes “necesariamente se deba dar trámite a dos procesos en paralelo”, uno en un juzgado de Familia y otro en Penal, lo que puede llevar a que se adopten “medidas que se superponen o pueden contradecirse, con distintos plazos, pruebas, jueces”, señala el estudio. Este problema es atribuido directamente a que, “por falta de presupuesto”, todavía no se crearon los juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual que prevé la Ley 19.580, que tienen el objetivo de “concentrar y evitar el gran obstáculo que presentan las víctimas ante las distintas sedes judiciales”.
Se suma además que las víctimas menores de 18 años no cuentan con patrocinio legal directo, sino a través de su representante legal. “Esto, en algunos casos, opera como barrera o intermediación en el acceso a la Justicia y en el proceso de reparación a través de la sentencia del perpetrador, puesto que es recurrente que tenga vínculos comunitarios y/o directos con la familia de la víctima”, dice la investigación.
Por otra parte, el seguimiento y la reparación integral de las víctimas de explotación sexual figuran como “dimensiones que aún se encuentran en un estadio inicial”, ya que “la política no ha diseñado dispositivos o mecanismos de seguimiento y acompañamiento de los procesos, lo que genera situaciones de desprotección y la posibilidad de recurrencia del fenómeno”.
La investigación vincula la dificultad para sostener los procesos a “los propios modos de atención (cupos, plazos para la atención, modalidades), pero también a las características de las adolescentes que atraviesan estas situaciones y su propio reconocimiento como víctimas”.
Respecto de la reparación, recuerda que el resarcimiento económico no se encuentra incorporado en la legislación nacional –a diferencia de otras leyes orientadas a víctimas de violencia, como la 19.580–, mientras que la reparación integral del daño a nivel psicosocial es algo que “está lejos de ser una realidad”.
*Stephanie Demirdjian, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Periodista. Editora de Feminismos en la diaria.