La pobreza infantil, los cambios demográficos y los cambios políticos
Menos, y más pobres
Tras la paliza de la pandemia, aquel momento mágico de julio de 2021 en que el Poder Ejecutivo anunció que gastaría 50 millones de dólares más en los hogares más vulnerables con niños pequeños podía funcionar como cierre perfecto del melodrama. Pero al día de hoy no funcionó: aunque los chiquitos sean unos cuantos menos, los que son pobres son –seguramente– más.
Salvador Neves
Brecha, 29-9-2023
Correspondencia de Prensa, 1-10-2023
Ayer (viernes 28 de septiembre) se publicaron las estimaciones de pobreza según ingresos para el primer semestre del año. El 10,4 por ciento de las personas vive bajo la línea de pobreza. La cifra anual del año pasado era 9,9, pero la del primer semestre era apenas más alta que la actual: 10,7. En todo caso, la variación está dentro del margen de error previsto. Durante el primer semestre de 2019 había sido menor, del 8,6 por ciento.
Curiosamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como el miércoles innovó al no dar los datos de desempleo desagregados por región, como hasta entonces había hecho (y que permitían apreciar el tamaño que el fenómeno está teniendo en el litoral), ayer omitió discriminar el guarismo por edades.
Hasta el penúltimo informe se presentaba por separado la incidencia de la pobreza en menores de 6 años, en niños de 6 a 12, en adolescentes de 13 a 17, en adultos de 18 a 64 y en personas de 65 o más. La información se completaba, además, con mapas que mostraban la distribución de la pobreza en el país y en el departamento de Montevideo, así como su distinto peso entre mujeres y entre varones.
Entonces, se podía saber –por ejemplo– que aquel 10,7 por ciento de personas pobres del primer semestre de 2022 era solo una parte de la verdad, pues mientras la pobreza alcanzaba a solo el 2 por ciento de las personas mayores de 65 años, el 22,5 por ciento de los niños menores de 6 era pobre. (1) Al momento del cierre de esta nota, el INE no ha proporcionado al semanario explicaciones convincentes de los motivos del cambio de criterio. Una hipótesis sensata es que todo sigue más o menos igual.
Y esto significa que la infantilización de la pobreza uruguaya es la más grave de la región, como se muestra en el Panorama social de América Latina y el Caribe, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En toda América Latina la pobreza afecta más a los menores de 18 años que a los adultos y a los viejos. Promedialmente, la pobreza de niños y adolescentes es un 40 por ciento mayor que la pobreza general. En Uruguay, es el doble.(2)
La gran caída
Y esto a pesar de que cada vez hay menos niños; una frase que ha sido cierta desde el comienzo del siglo XX, pero que a partir de 2016 suena con otro énfasis. Ese año «comenzó un período de reducción de la natalidad y la fecundidad de intensidad y rapidez inéditas en la historia de la población uruguaya», empieza diciendo un trabajo publicado el pasado junio, que se titula La gran caída y firman los demógrafos Wanda Cabella, Mariana Fernández Soto, Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti, del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. «En un lapso de solo siete años la tasa global de fecundidad […] se redujo de 2,0 a 1,27 hijos por mujer […] y los nacimientos descendieron aproximadamente de 47 mil a 33 mil», resumen los investigadores. «Si se considera la serie de nacimientos desde inicios del siglo XX, no hay antecedentes en el país de una caída de la fecundidad de tal magnitud (37 por ciento) concentrada en un período tan corto», valoran.
En 2005 la tasa de fecundidad había descendido por debajo del llamado umbral de reemplazo, es decir, el valor mínimo para asegurar que a largo plazo la población total mantenga sus actuales dimensiones. Sin embargo, durante la década siguiente se había mantenido relativamente estable, hasta que –en 2016– empezó la gran caída. Una caída que no es neutra en términos socioeconómicos, un proceso que debería tener consecuencias en las posibilidades que tienen las personas de evitar la pobreza.
Bueno, afinando la puntería, hay que admitir que una parte de este fenómeno sí podría ser neutro. De acuerdo con los investigadores, algo de la gran caída se explica por la profundización de la tendencia a que las mujeres adultas tengan menos hijos. Ahora, la razón fundamental de la gran caída no está en las adultas que tienen una carrera profesional que defender, que están en condiciones de decidir la medida en que repartirán sus esfuerzos entre la maternidad y la realización de sus objetivos de ocio y consumo, o que, más radicalmente, se cuestionan que ser madre sea su destino. La razón fundamental está en lo que han hecho las adolescentes. La caída de la fecundidad adolescente y temprana «explica más de la mitad del descenso de los nacimientos», se documenta en la pesquisa. Y acá sí hay hechos nuevos que fueron de la mano con el declive: una «Estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes», en torno a la cual se anudaron decisiones que fueron mucho más allá de acuñar un nombre ceremonioso.
«Para empezar», enumeran los investigadores, «a fin de 2012 se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo […], que legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En 2014 se implementó un plan piloto que agregó a la canasta de métodos anticonceptivos que ofrece el Ministerio de Salud Pública […] el implante subdérmico y, en el año 2019, se generalizó a los servicios públicos sin costo para las usuarias. Finalmente, la política de ampliación de métodos también incluyó la colocación gratuita del DIU [dispositivo intrauterino]».
Hasta la gran caída, los demógrafos hablaban de que en nuestro país la transición a la maternidad se daba según una «curva bimodal». Hasta hace pocos años, «en Uruguay existía un patrón típicamente latinoamericano: una fecundidad total baja y decreciente, junto con una fecundidad adolescente establemente alta, concentrada en los estratos más pobres», explicó Pardo al semanario.
Dos hipótesis intentaban explicar la divergencia. «Una», recordó el investigador, «que señalaba la voluntad de las adolescentes de encontrar una suerte de “lugar en el mundo” en la maternidad, a falta de otros logros en esa etapa del curso de vida, por lo que, salvo que se mejorara la situación de pobreza, ese piso de alta fecundidad adolescente no descendería. Y otra, que sostenía que esos nacimientos provenían de nacimientos no intencionales, por falta de acceso o uso imperfecto de anticoncepción, o por presión de los varones (a menudo jóvenes de mayor edad), por lo que había en las adolescentes una voluntad de evitarlos o postergarlos, que no encontraba la forma de llevarse a cabo».
Lo que pasó de 2016 a 2022 parece saldar la discusión: «Apenas apareció una forma eficaz de evitar esos nacimientos, las adolescentes redujeron su fecundidad considerablemente, aun cuando la pobreza no se modificó fuertemente», reflexionó.
El gran bluf
Con los nuevos números de pobreza a la vista, queda claro que al Programa 404 Atención Integral a la Primera Infancia no le está yendo tan bien como a la estrategia que les dio medios a las chiquilinas para decidir sobre su descendencia. «Programa 404», etcétera, fue el nombre que la rendición de cuentas de 2021 dio a los 50 millones de dólares anuales que, según anunciaron con bombos y platillos los ministros de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social el 9 de julio de ese año, pasarían a invertirse en hogares con niños menores de 3 años. Nadie discutió la focalización: la pobreza en menores de 3 años, tras 15 años de descensos, iba en aumento. En 2019 castigaba al 17,4 por ciento de los chiquitos. En 2022, al 20,3 por ciento.
El 16 de setiembre, la economista Ida Oreggioni reconstruyó en La Diaria la «triste historia» de ese programa. Para 2022, su primer año de vida, de los 2.117 millones de pesos asignados, la rendición de cuentas dejó 890 sin adjudicar. El Ministerio de Desarrollo Social firmó en abril de ese año el convenio que le permitió acceder a los fondos, pero el resto de los organismos afectados –el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas– recién lo hicieron en diciembre. En la última rendición, Oreggioni no encontró rastros de que la ANEP hubiera recibido un peso; ASSE lleva ejecutada la séptima parte de la partida asignada para el año pasado. El Bono Crianza, en tanto, que de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Desarrollo Social iba a ser de 2.500 pesos y alcanzaría a 65 mil hogares vulnerables en los que viven niños de 0 a 3 años, a fines de 2022, era de 2.200 pesos y solo llegaba a 25 mil hogares. Por lo que pudo indagar Brecha, en el INAU las cosas no van mejor. Hace 17 meses el Directorio del instituto resolvió hacer lo necesario para asegurar que el plan CAIF lograra alcanzar a los 17 mil niños del quintil más pobre que aún carecían de esa atención.
El 28 de diciembre pasado, en ocasión del 35.o aniversario de ese plan, la cosa parecía andar bien. El presidente del organismo aseguraba que se habían creado 3.490 nuevos cupos, 233 más que los planificados. Pero por algunas razones, entre las que se contaba que había espacios aún sin construir, la cantidad de niños reales que se habían sumado al plan eran 1.548. Sin bajar los brazos, para este año, el instituto se propuso incorporar 8.190 cupos. Haciendo la cuenta en niños reales, en junio, apenas se atendían 274 gurises más. Alcanzar la meta supondría contar con 1.892 millones de refuerzo presupuestal que la ministra de Economía no ha autorizado. Se trata, entre otras cosas, de construir 52 centros, 49 nuevos, y 3 más para relocalizar otros ya existentes. De esas obras, solo 20 están iniciadas. La primera apertura del año ocurriría hoy.
Pero –gracias al INE– quienes peroren en la instancia no sentirán el peso de hacerlo horas después de la divulgación de números oficiales sobre la pobreza infantil. Si hubiese podido constatarse, en los números divulgados ayer por el INE, que la estructura de edades de la pobreza continúa tan incambiada como el porcentaje de la pobreza en general, algún malvado podría sacar la cuenta de que este primer semestre de 2023, aunque había 14 mil niños menos menores de 3 años que en 2019, la cantidad absoluta de chiquitos pobres es mayor: 21.259 este semestre, contra aquellos 20.999 de la primera mitad del 19 (que ya eran demasiados).
Notas
1. Ese informe, con la desagregación referida, estaba disponible al cierre de esta nota en la web del INE.
2. CEPAL, Panorama social de América Latina y el Caribe 2022, Santiago de Chile, 2022, págs. 64-65.
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Con la economista Verónica Amarante
«Sin la Tarjeta Uruguay Social ni asignaciones, la pobreza infantil estaría arriba del 20 por ciento»
A más de una década de su implementación, investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Economía estudiaron la evolución y el impacto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Brecha dialogó con la investigadora Verónica Amarante sobre los resultados obtenidos, las políticas sociales aplicadas en los distintos períodos de gobierno y la permanencia de significativos niveles de desigualdad y pobreza en el país.
Luciano Costabel
Brecha, 29-9-2023
—¿Por qué decidieron estudiar la evolución de la Tarjeta Uruguay Social [TUS] en concreto? (1)
Era un interés que tenía la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que estaba estudiando los programas de alimentación y transferencias con objetivos de alimentación en distintos países. Acá pareció una buena oportunidad para mirar la TUS, que estaba en funcionamiento hacía más de una década. La contraparte fue el MIDES [Ministerio de Desarrollo Social], que también estaba interesado en hacer una revisión al respecto.
—¿Cuáles son las principales conclusiones?
El programa originalmente tenía como objetivo realizar una transferencia monetaria para adquirir alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y había una capacidad administrativa para controlar que los fondos se utilizaran para esos fines. Pero en un momento eso deja de suceder; se expande la red de locales donde se puede utilizar la tarjeta y se pierde la trazabilidad. La definición del programa no se modifica pero, por la vía de los hechos, hay un cambio importante en las capacidades de monitoreo del objetivo propuesto y de su uso.
—¿Qué cambios hubo con respecto al uso?
Los objetivos nutricionales fueron perdiendo fuerza. Quienes están administrando el programa deberían revisar cómo se llegó a esa transformación, pero lo cierto es que ahora la TUS más bien opera como una transferencia monetaria. Esto debería llevar a una discusión acerca de si tiene sentido mantener como objetivo el tema de la alimentación, cuando la prestación se transformó en una transferencia como las asignaciones familiares [AFAM]. De alguna manera, al desdibujarse esos objetivos, surge la pregunta sobre su pertinencia tal cual está ahora. Lo que pasa es que muchas veces se instala una política o un programa, empieza a funcionar y esa revisión más periódica de los objetivos no se hace tan seguido como debería hacerse.
—¿Hubo alguna modificación de los criterios para acceder a la prestación?
Hay un umbral de ingresos establecido para acceder y hay otra población vulnerable que entra de manera directa. La focalización es en hogares de muy bajos ingresos. Hay dos modalidades: la TUS y la TUS doble; se duplica la prestación para los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Es una prestación que va a la parte más baja de la distribución.
—¿De qué manera ha variado el acceso a la prestación?
La expansión de los hogares que cobran la TUS no necesariamente ha estado vinculada a los indicadores de pobreza. Durante las administraciones anteriores tuvimos un período de caída importante de la pobreza, pero también de expansión de la prestación. Y también fue cada vez más importante la proporción que cobra la TUS doble. Durante la pandemia, en cambio, no hubo ampliación de la cobertura ni cambios en los criterios para el ingreso. Se optó por cambiar los montos, pero no la población objetivo. Lo que se hizo fue aumentar los montos de los hogares que ya la cobraban. Uruguay optó por ese camino y por la creación de la canasta de emergencia. En otros países hubo otras opciones de apertura de los programas. El último dato, correspondiente a 2020, muestra que casi 90 mil hogares fueron beneficiarios de la prestación.
—¿Qué impactos ha tenido la prestación en esa población?
Siempre que se habla de impactos hay que ver cuál era el objetivo. Las evaluaciones que existen evidencian que no hubo una mejora en la calidad de la alimentación. Capaz que para eso debería haber otras intervenciones que apunten más hacia los temas nutricionales y de educación de los hábitos de consumo saludables. Es decir, es razonable que no haya tenido impacto; esa es una dimensión de por sí muy difícil de afectar, y mucho más si es solo una transferencia. En cambio, sí tuvo un efecto importante para los hogares en términos de ingresos, de probabilidades de caer en una situación de pobreza. Las transferencias como la TUS afectan medio punto la cifra de pobreza y las AFAM, un punto.
—¿Cuál es la relación de la TUS con el mercado de trabajo?
En términos generales, lo importante es que no se registran desincentivos al mercado de trabajo; la prestación no provoca que las personas dejen de trabajar. Sí hay indicios, en cambio, de que puede estar incentivando la informalidad. Es algo que ya se había detectado en otras prestaciones, como en las AFAM y el Plan de Emergencia. Cuando se diseñan políticas que controlan de forma continua el ingreso formal para mantener la prestación, se genera un efecto no deseado: un incentivo a la informalidad y un desincentivo al trabajo formal.
—¿El diseño de la TUS debería contemplar ese tipo de cambios?
Después de una década de implementación de la TUS, el estudio buscaba mirar lo que ha pasado para rediscutir, en general, esos aspectos: los objetivos que tiene el programa y qué es exactamente lo que se quiere lograr. Si son objetivos nutricionales o si es un alivio a la pobreza. Entonces, si es solo la transferencia, ¿por qué no unirlo a los otros programas que ya existen? Podría ser un buen momento para revisar más periódicamente las políticas que hay. Quizás hay que repensar la TUS como una transferencia de ingresos a los hogares más vulnerables, unida a las otras. No diría que está sobrando, más bien que separada del resto no tiene sentido y que hay que integrarla y pensar cuáles son las intervenciones más apropiadas para lograr objetivos de otro tipo, como los alimentarios. Actualmente los hogares que cobran la TUS, en general, también cobran las AFAM, salvo los que no tienen niños a cargo. La discusión que se viene es por qué existen esas dos prestaciones por separado. Es un problema de diseño institucional. Uruguay tiene muchos años de implementación de estas políticas; podría revisar un poco los objetivos de cada una y su superposición.
—Si la TUS no cumple con los objetivos nutricionales, ¿las respuestas que se dan en ese terreno son suficientes?
El Estado tiene otras políticas volcadas a ese campo. El programa de alimentación escolar, por ejemplo, es una política superfuerte. Después hay prestaciones como los comedores… En general, los países tienen cada vez más este tipo de respuestas. Las viejas canastas ya no funcionan, por una cantidad de problemas administrativos, de ineficiencia y clientelismo. Se apunta a programas de transferencias con algún componente educativo y de monitoreo. Ahí hay toda una discusión, porque es superpunitivo. El Estado controla en qué se usa la transferencia que brinda. Respecto de los comercios, al principio no eran muchos, pero estaba la posibilidad de controlar para qué se estaba utilizando la transferencia; cuando se amplió para que fuera más fácil su uso, se perdió esa trazabilidad. Luego de eso se constató que existe un sobreprecio para los hogares que pagan con la TUS. (2) También hay otra investigación reciente que encuentra indicios de que hay estigma y vergüenza asociados al uso de la tarjeta. (3)
—¿Las políticas sociales llevadas adelante por las distintas administraciones han impactado de forma eficiente?
Se distingue un cambio en la matriz de protección social de Uruguay a partir de 2006. Eso está bien claro. Empezó con el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, que era un programa temporal, pero después siguió con el Plan de Equidad, las AFAM y la TUS, que se transformaron en políticas permanentes. Es cierto que las AFAM tienen una larga data en Uruguay, pero la prestación empieza a ser más importante, por los recursos que involucra, a partir de ese momento. Lo que hace Uruguay no es ninguna innovación con respecto a lo que hacen los demás países de la región. Lo que tiene de bueno es que las asignaciones de acá están definidas por ley y abarcan a una proporción muy importante de la población: la mitad o más de los niños de Uruguay viven en un hogar que cobra AFAM. Lo que se logró desarrollar hasta 2020 era muy importante y creo que es importante que se mantenga. Ahora tenemos otras políticas, que son nuevas y que habrá que evaluar, como el Bono Crianza [que busca mejorar el acceso a un consumo básico de hogares vulnerables en los que residan mujeres embarazadas o niños de 0 a 3 años].
—¿Qué discusiones hay en la academia respecto de otros instrumentos que podrían incorporarse a esta matriz?
Lo que más se ha discutido es el diseño de las prestaciones existentes: el sentido de controlar contra el ingreso laboral formal y las condicionantes para el acceso y el mantenimiento de la prestación. En un país que tiene muchos problemas de cobertura en educación secundaria, desde la academia se ha insistido en pensar si el control estricto de la condicionalidad del cursado es el mecanismo adecuado o si hay que complementar esto con becas u otros incentivos, para tratar de evitar el abandono de la educación media. También lo que está sobre la mesa es en qué medida, con una transferencia, lográs solucionar un problema que no solo involucra las condiciones materiales de los adolescentes para ir al centro educativo. Lo otro que se ha visto es que los hogares que caen de las AFAM [por no cumplir con las condiciones para obtenerlas] son los más vulnerables; capaz que para esos hogares se debería pensar en generar otro mecanismo.
—Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística [INE] muestran un incremento de la pobreza durante 2020, que cede en 2021 y 2022, pero persiste en valores más elevados que en 2019. ¿Qué hay detrás de estas cifras?
Los hogares dependen de los ingresos que obtienen del mercado laboral. Si uno mira lo que pasó en 2021 y 2022, las tasas de empleo están mejor que en 2019, pero esa mejora no fue acompañada de una recuperación de los ingresos reales. Y moverse de un lado al otro en la línea de pobreza depende bastante de eso. Si bien no hubo una variación gigante, hay un incremento que se mantuvo en los últimos dos años. Con una mirada de largo plazo son niveles aceptables, porque no son los de otros períodos. Deberíamos tener una nueva medición en la que se recalcule el umbral de pobreza. Ahora estamos midiendo con una canasta de bienes que es de 2005-2006; cuando el INE dé a conocer la nueva línea de pobreza, va a ser interesante para evaluar bien en qué situación está Uruguay.
—La desigualdad, por su parte, no cedió en 2021 ni en 2022. ¿Cuál es su lectura de este fenómeno en Uruguay?
En el contexto de la región, Uruguay tiene una desigualdad baja. Aun así, creo que podría aspirar a menores niveles. Si el país quiere dar ese salto, debería implementar diversas políticas que afecten la distribución de recursos. Cuando se logró bajar la desigualdad en períodos anteriores, hubo una batería importante de medidas que, junto con el crecimiento del mercado laboral y el aumento de los salarios mínimos, permitieron un movimiento significativo. Eso paró en algún momento. Hay otra serie de políticas que se discuten menos, que son los impuestos a los más altos ingresos, a la riqueza, al patrimonio y a las herencias; hay otra cantidad de herramientas tributarias que también podrían entrar en ese combo de redistribución.
—¿Hubo diferencias sustanciales en las políticas públicas de los distintos períodos de gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad?
En el primer gobierno de izquierda hubo cambios importantes. Había una agenda muy preparada, que fue un combo de políticas que permitió bajar la desigualdad y la pobreza. Se hizo la reforma tributaria, la reforma en la salud, el Plan de Equidad, aumentaron los salarios mínimos y se reinstaló la negociación colectiva. Todo eso permitió un cambio muy grande en ese momento. Pero en los períodos siguientes, y en el actual, no se avanzó mucho más. Y la agenda de políticas sociales se terminó agotando.
—En líneas generales, ¿cómo evalúa la política social del gobierno durante este período?
Mi evaluación es que no hubo cambios refundacionales con respecto a lo que se venía haciendo. Las modificaciones que hay son respecto de las formas en las que se gestionan las políticas y en los mecanismos de implementación. Se implementó el Bono Crianza, que se puede identificar como algo nuevo, pero diría que no fue disruptivo. Se puede decir que en la pandemia el gobierno destinó muchos recursos a un programa que entra dentro de la batería de la protección social, que es el seguro de desempleo. Ahí fue una prioridad importante. En el resto ha sido gestionar lo que ya existía, sin cambios sustantivos. También quienes trabajan en el territorio mencionan que hay modificaciones en la manera de gestionar los programas. Desde la academia nos estamos haciendo un mapeo de esos cambios, pero ahora nos es mucho más difícil acceder a la información en relación a los distintos programas. Mi impresión es que hay menos información disponible. No solo para la universidad, sino para la población en general.
—¿Cómo debería encarar el país estos temas a futuro?
En el corto plazo, el correcto funcionamiento del mercado de trabajo y la mejora en los ingresos laborales son fundamentales, pero a mediano plazo Uruguay tiene que pensar que para lograr cambios relevantes debe aumentar su productividad y los niveles educativos de manera importante, y no vamos por un camino en el que se visualice que eso vaya a suceder.
—La pobreza infantil es un problema particular de Uruguay. Entre los menores de 6 años, el porcentaje subió de 18,6 en 2021 a 19,7 en 2022. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Lo que sucede es que buena parte de los niños que están naciendo lo hace en hogares muy vulnerables. Se dice que también hay un efecto mecánico de la metodología de medición: como se considera la cantidad de integrantes en el hogar sobre los ingresos, cuando nace un niño, un hogar que tenía cuatro personas pasa a tener cinco, con lo que, si mantiene los mismos ingresos, queda por debajo de la línea de pobreza. Igual, cuando se ajusta por escala de equivalencia, el perfil sigue siendo el mismo y la pobreza infantil no cede. Estos niños pertenecen a hogares en los que los adultos están teniendo problemas muy importantes en su inserción en el mercado de trabajo. Son hogares con adultos que, en general, tienen un nivel educativo relativamente bajo y, por lo tanto, inserciones laborales precarias e inestables. En un mercado de trabajo que sigue teniendo problemas de ingresos, estas poblaciones son las más afectadas. En ese grupo, las políticas de transferencias importan mucho. Si no hubiera ni TUS ni AFAM, la cifra de la pobreza infantil estaría arriba del 20 por ciento seguro.
—En la rendición de cuentas de 2021 se incluyó una partida de 50 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Primera Infancia. ¿Cuál es su evaluación al respecto?
No tengo elementos para opinar sobre el programa en concreto. Lo que sí puedo decir es que hay muchas intervenciones que no necesariamente afectan la pobreza monetaria de los hogares donde viven esos niños, pero sí pueden mejorar las condiciones de bienestar o las capacidades de generar esas condiciones más adelante. Los servicios de cuidados o de preescolar son políticas que deberían ser prioritarias, por los efectos que producen en el mediano plazo. Las políticas de transferencias van directo a los ingresos, pero hay otras que son más caras e influyen en las posibilidades de desarrollo. En ese aspecto el país tiene un camino por recorrer.
—¿Hay margen para un desembolso mayor en este tipo de programas?
En términos del PBI, lo que se destina a transferencias no es un monto grande, nunca supera el punto porcentual. Entiendo que cuando se pone de un lado se saca del otro, pero seguramente hay espacio para una mayor redistribución.
Notas
1. Amarante, V., Lavalleja, M. y Méndez, L. (2023). «Tarjeta Uruguay Social». Serie Documentos de Trabajo, 11/23. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.
2. Aguirre, E., Blanchard, P., Borraz, F. y Saldain, J. (2016). «Precios y competencia: evidencia de un programa social».
3. Nicolau Blanchet, R. (2023). «Welfare stigma after take-up: Evidence from public cash transfers in Uruguay». Serie Documentos de Trabajo, 14/2023. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.