Colombianos deportados desde Ecuador el sábado 26/08 sobre el puente internacional de Rumichaca (Colombia). Foto: Cancillería de Colombia
Gustavo Isch*
Plan V, 28-7-2025
Correspondencia de Prensa, 2-8-2025
La narrativa oficial, con el despido de 5000 funcionarios, culpabiliza al servidor público de los males del Estado, apelando a un discurso simplista, estigmatizante y polarizante. Las fusiones de ministerios consolidan el eje extractivista y las deportaciones a Colombia son un juego peligroso para la política exterior.
I. Imponer lealtad a través del miedo
La desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, realizada el 24 de julio de 2025 se produjo bajo premisas de evaluación política; al menos eso es lo que voceros oficiales subrayaron.
Los detalles de una previa evaluación técnica que sustente la decisión son transparentes no por su legalidad sino porque es casi imposible encontrarlos, dada su capacidad de disolverse en el entorno desinformativo.
Aunque el gobierno haya eludido reconocer que esta medida tenga relación con exigencias del FMI para el desembolso de nueva deuda, documentos públicos del acuerdo suscrito en 2024 confirman que Ecuador se comprometió a reducir el gasto en sueldos en al menos 0,2 % del PIB anualmente hasta 2028.
Esto implica recortes acumulativos que superarán los USD 1.250 millones en cuatro años. La estrategia de ajuste fiscal se cobija en un discurso de eficiencia y modernización. La narrativa oficial culpabiliza al servidor público de los males del Estado, apelando a un discurso simplista, estigmatizante y polarizante.
La misma fórmula, aplicada en otros momentos y contra “otros enemigos” del proyecto económico-político del régimen. Una de las falacias más posicionadas afirma que el aparato estatal está sobredimensionado. No obstante, cifras regionales la desmienten: Ecuador tiene una de las tasas más bajas de servidores públicos por habitante en América Latina, e incluso menos que países con estructuras estatales funcionales como Brasil o Uruguay.
Además, el gasto público en salarios —que representa alrededor del 34 % del presupuesto nacional— cubre sectores esenciales como salud, educación, seguridad y justicia. Calificar este gasto como “grasa burocrática” constituye una falacia ideológica típica del discurso polarizador que tanto daño le hace al país, indistintamente de su origen en las “izquierdas”, en las “derechas” o en el populismo.
Eso es lo que hay en un Ecuador amortajado por una comunicación que falsea, suprime y elude. ¿Cuál es el indicador que establece si un servidor público “no está comprometido con el país? ¿Son pocos e intrascendentes aquellos ciudadanos que opinan lo mismo de sus gobernantes? ¿Que los mandos superiores del Ejecutivo no hayan sido capaces de ejecutar el Plan Operativo Anual de sus ministerios, Secretarías o entidades clave, no es indicador de ineficiencia? ¿Y la ninguna generación de empleo “adecuado” en dos años, o la crisis de la salud pública, o haber permitido que las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi se hayan quedado sin crudo para refinar, no son signos de incompetencia o boicot contra el “Nuevo Ecuador”?
En el carácter de los despidos —repentinos, sin justificación individual ni criterios de mérito o desempeño que se hayan revelado abiertamente a la opinión pública— se planta una estrategia disciplinaria que busca instaurar miedo en la administración pública y configurar un nuevo orden de lealtades. La etiqueta de boicoteadores aplicada de manera generalizada a los despedidos no solo es injusta, sino peligrosa, ya que sustituye la racionalidad institucional por la sospecha política.
En La sociedad de la transparencia, Byung- Chul Han (2013) advierte sobre los riesgos de una cultura digital en la cual el disenso es considerado traición, y la eficiencia se mide por la obediencia.
II. El extractivismo desregulado y la captura neoliberal del Estado
El Decreto Ejecutivo N.º 60, firmado el 24 de julio de 2025 por Daniel Noboa, marca un giro hacia la recentralización del poder en Ecuador, al reducir de nueve a tres las secretarías de Estado y suprimir 5. 000 cargos públicos.
Desde una perspectiva de política comparada, esta estrategia recuerda a procesos similares aplicados por gobiernos de corte tecnocrático o autoritario en momentos de crisis, donde la eficiencia administrativa se convierte en justificativo para concentrar decisiones clave.
La reorganización no solo reconfigura el aparato estatal, sino que delimita el margen de acción de actores intermedios, debilitando los contrapesos institucionales y replicando modelos de gobernanza vertical observados en países como El Salvador, Perú o Argentina, durante reestructuraciones fiscales abruptas. La reorganización estatal dispuesta por el Decreto Ejecutivo N.º 308, además, incluyó la eliminación de ministerios clave para la garantía de derechos y el desarrollo sostenible.
El Decreto Ejecutivo redujo los ministerios de 20 a 14. Se fusionaron entidades como Educación con Deporte, y Transporte con Obras Públicas. Entre las decisiones más polémicas de la reingeniería, está el traslado de la Secretaría de la mujer al ministerio de Gobierno, y la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas; esta última es una acción que concentra la regulación y promoción de actividades extractivas en una sola entidad, lo que no solo debilita el marco institucional de protección ambiental, sino que desnaturaliza el principio de fiscalización independiente.
La reestructuración subordina el control ambiental a la lógica extractivista, en un contexto de creciente presión sobre recursos naturales estratégicos como el petróleo, los minerales, la pesca y los bosques. La concentración de poder debilita contrapesos democráticos y facilita decisiones arbitrarias con impactos irreversibles. En 2008, Ecuador incorporó en su Constitución los derechos de la naturaleza como mandato jurídico. La existencia de un Ministerio del Ambiente autónomo era una condición mínima para materializar ese principio. Al someter sus competencias al Ministerio de Energía —cuyo objetivo principal es fomentar la inversión en minería y petróleo— se instala un conflicto de interés estructural.
Quien autoriza, ejecuta y fiscaliza las actividades extractivas es ahora la misma entidad. El trasfondo económico de esta medida es evidente. La minería metálica, que hasta hace poco era marginal, hoy genera más de USD 3.000 millones anuales. La exportación de petróleo, por su parte, representa cerca del 12 % del PIB. La pesca industrial y la industria maderera también generan ingresos sustantivos, aunque muchas veces a costa de prácticas ilegales o depredadoras. En este escenario, reducir los controles ambientales es funcional a los intereses de actores corporativos que buscan agilizar permisos, flexibilizar normativas y maximizar ganancias.
Las consecuencias son múltiples. Primero, se reducen las capacidades técnicas del Estado para monitorear impactos, hacer cumplir planes de manejo ambiental y sancionar infracciones. Segundo, se debilita la participación ciudadana y la consulta previa, ya que estas dependen de instituciones con autonomía y legitimidad. Tercero, se incrementan los riesgos de corrupción, como lo evidencia el caso de los contratos con la empresa Progen para suministro eléctrico en 2024 y 2025. Adjudicados bajo la figura de emergencia, estos contratos por más de USD 140 millones fueron cuestionados por sobreprecio, incumplimientos y falta de transparencia. La Contraloría General del Estado confirmó en esta semana, indicios de responsabilidad penal en varias fases del proceso.
El colapso de contrapesos ambientales también expone a Ecuador a litigios internacionales y sanciones por incumplimientos de tratados multilaterales. Además, debilita su posición en escenarios globales de financiamiento climático y compromisos de sostenibilidad. Al mismo tiempo, se recrudece la conflictividad social en territorios indígenas y campesinos, donde se concentran los proyectos extractivos más agresivos. La criminalización de defensores ambientales, la represión de protestas y la desinformación son parte del repertorio de control social que suelen acompañar similares transformaciones de la arquitectura institucional, en países donde los ajustes neoliberales se aplican.
Desde el punto de vista político, esta reforma responde a una lógica de recentralización del poder, donde las decisiones estratégicas se concentran en el círculo presidencial. La supresión o absorción de secretarías como la de Derechos Humanos, la de Planificación o la de Mujeres invisibiliza temas estructurales en favor de una visión productivista del Estado.
La eficiencia, en este modelo, no es sinónimo de equidad ni sostenibilidad, sino de ejecución sin trabas.
III. Deportaciones: la política exterior como propaganda interna
Durante la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26 de julio de 2025, más de 800 colombianos privados de libertad fueron trasladados desde distintas cárceles en Ecuador hacia territorio colombiano, a través del puente de Rumichaca.
El Gobierno colombiano expresó su desacuerdo mediante una nota formal de protesta, alegando falta de coordinación bilateral. Las autoridades ecuatorianas sostuvieron que el procedimiento fue notificado previamente y que cada caso contó con respaldo judicial individual conforme al marco legal vigente. La tensión diplomática es una de las más serias en años recientes entre ambos países.
Si la versión de las autoridades colombianas fuera cierta, desde el punto de vista jurídico, esta medida estaría vulnerando al menos tres principios del Derecho Internacional: la prohibición de deportaciones colectivas, el derecho al debido proceso y el derecho a la integridad personal. Ninguno de estos principios puede ser suspendido ni siquiera en estados de excepción. En ese marco, la medida pondría en entredicho la adhesión de Ecuador a tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo de San Salvador.
Desde una lectura política, la deportación masiva puede entenderse como una estrategia comunicacional. En un país golpeado por el crimen organizado y la inseguridad cotidiana, se necesitan resultados visibles y de impacto. Deportar “delincuentes extranjeros” es un acto de fuerza que se traduce en titulares inmediatos.
La dimensión diplomática no puede ser subestimada. Colombia es uno de los principales socios comerciales y energéticos de Ecuador. En los últimos años, ha sido proveedor clave de energía eléctrica, especialmente durante las crisis de abastecimiento en la Sierra y Amazonía. Romper la confianza con Bogotá implica riesgos para la cooperación en seguridad, integración fronteriza y comercio. Este episodio también podría encender alertas de ciertos sectores ante una aleatoria tendencia: el uso de la política exterior como extensión del discurso interno. Bajo esa mirada, se podría cuestionar que, en lugar de construir una agenda diplomática coherente con los principios democráticos y de integración regional, estaríamos ante un gobierno que opta por gestos unilaterales que responden a necesidades propagandísticas.
IV. Ajuste fiscal, concentración de poder y manipulación del miedo
Las tres medidas analizadas configuran una secuencia coherente desde el punto de vista ideológico y estratégico. No se trata de hechos aislados ni de decisiones técnicas descontextualizadas. Estamos ante un proyecto político que conjuga ajuste fiscal, concentración de poder y manipulación del miedo como dispositivos para consolidar una gobernanza autoritaria de nuevo tipo.
El despido masivo de servidores públicos se presenta como lucha contra la ineficiencia, pero es en realidad un mecanismo de austeridad que deteriora el Estado y profundiza desigualdades. La reforma institucional se justifica como simplificación administrativa, pero en realidad entrega el control de los recursos estratégicos a intereses extractivistas y empresariales. La deportación de ciudadanos colombianos se difunde como política de seguridad, pero su mayor efecto es la propaganda.
Políticamente, la desvinculación de 5000 funcionarios públicos busca reforzar la imagen de un presidente “decidido y eficiente” frente a una ciudadanía frustrada por la ineficiencia estatal y la inseguridad. Sin embargo, en el fondo su efecto es un acto de desmantelamiento institucional que debilita el servicio público y precariza la democracia. El costo humano y operativo de estos despidos se sentirá en la calidad de los servicios estatales, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables.
Alberto Dahik, uno de los más visibles políticos que aprueban la gestión del régimen, escribió en su cuenta de X, que Ecuador necesita “menos leyes y más acciones”. Esta frase sintetiza la lógica tecnocrática y autoritaria que acompaña al recorte: la legalidad y los derechos son vistos como obstáculos para ejecutar decisiones que se autolegitiman como necesarias y urgentes.
En el mismo mensaje se lee: “Nos llenamos de esperanza: el gobierno indica que se reducirán 5000 cargos públicos innecesarios en poco tiempo. La noticia es aún mejor: se planea reducir 50.000 en los próximos años”.
En octubre de 1995, el entonces vicepresidente Alberto Dahik —alto funcionario público— fue acusado por el Congreso Nacional de malversación de fondos reservados. Tras una orden de captura emitida por la Corte Suprema el 11 de octubre, huyó del país en una avioneta de fumigación y obtuvo asilo político en Costa Rica. Permaneció en el exilio durante 16 años. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011, regresó a Ecuador tras recibir una amnistía otorgada por decreto del presidente Rafael Correa, con el respaldo de la Asamblea Nacional. En enero de 2012, fue absuelto judicialmente. La divina comedia.
*Gustavo Isch, consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.