Arrestos durante la protesta de docentes del 13-5-2025. Richard Bonilla
Carta internacional acusa a Mulino de conducir a Panamá por una ‘deriva autoritaria’
Newsinamerica, 6-7-2025
Correspondencia de Prensa, 8-7-2025
Firmantes de 17 países advierten que la represión a las protestas sociales y la criminalización de la disidencia en Panamá evocan los peores episodios de su historia. La carta compara el momento actual con los gobiernos militares y exige observación internacional ante posibles violaciones de derechos humanos.
Más de 800 personas de diversos sectores sociales —académicos, activistas, artistas, trabajadores, sindicalistas y ciudadanos comunes— han suscrito una Carta Abierta dirigida al presidente José Raúl Mulino, exigiendo que detenga lo que califican como una “deriva autoritaria” del gobierno panameño frente a la ola de protestas que ha sacudido al país en los últimos meses.
Entre los firmantes figuran reconocidos nombres como la cantante Yomira John, el músico Rómulo Castro, la ambientalista Raisa Banfield, y el exministro ecuatoriano y referente ecologista Alberto Acosta. A ellos se suman madres de familia, estudiantes, docentes, chefs, operarios, abogados y trabajadores de más de 17 países, incluyendo Panamá, China, España, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia y otros.
“El presidente Mulino lidera un gobierno legítimo desde el punto de vista legal, pero con un apoyo mínimo”, indica el documento. “Y ha respondido a una ola de protestas legítimas y democráticas de la forma más violenta y sistemática jamás registrada en la historia del país desde 1903”.
El pronunciamiento internacional condena con firmeza la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro —impuesta por el Ejecutivo en el marco de las recientes manifestaciones— así como la represión, militarización, judicialización de dirigentes sociales y la criminalización de la protesta ciudadana.
“El paso que ha dado el Ejecutivo al suspender las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro lo convierte, de facto, en un gobierno autoritario dispuesto a suspender la Constitución cuando es incapaz de negociar, dialogar o escuchar a su pueblo”, afirma la carta.
En su análisis, los firmantes advierten sobre el uso del aparato estatal y de los estamentos de seguridad para reprimir, en lugar de abrir vías democráticas de solución. Además, aseguran que los discursos oficiales han estado cargados de odio, racismo y estigmatización, especialmente hacia provincias históricamente marginadas como Bocas del Toro y Darién.
Los firmantes sostienen que los mensajes del gobierno y su negativa a escuchar reclamos legítimos alimentan la brecha de desigualdad y discriminación hacia comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
“Los discursos incendiarios, de odio y racistas que se están promoviendo alimentan la brecha de desigualdad de provincias como Bocas del Toro o Darién”, señala el documento.
Este tipo de posicionamientos, consideran, constituye un retroceso en términos de derechos humanos, participación ciudadana y Estado de Derecho, elementos fundamentales de cualquier democracia.
Frente a este escenario, la carta solicita la intervención de agencias internacionales de derechos humanos, para dar seguimiento a la situación que vive Panamá y garantizar la protección de las libertades fundamentales.
“El abuso de poder del Estado a través de los estamentos de seguridad y los argumentos utilizados para justificar la violación de derechos humanos, la represión y la judicialización de dirigentes no son aceptables de ninguna manera”, advierten.
También lanzan una advertencia directa al mandatario panameño: si no rectifica su postura, corre el riesgo de unirse al grupo de líderes mundiales que, habiendo llegado al poder por vías democráticas, derivaron en gobiernos autoritarios.
“No creemos que usted quiera ser recordado así en un país que ha luchado por su democracia y por la no injerencia externa”, finaliza la carta.
Desde finales de mayo y durante junio, Panamá ha sido escenario de intensas protestas sociales, particularmente en Bocas del Toro, una provincia golpeada por el desempleo, el abandono estatal y la reducción de actividades como la producción bananera. Las manifestaciones surgieron inicialmente en rechazo al modelo económico, el alto costo de vida y la falta de respuesta ante demandas locales.
La reacción del Gobierno incluyó la declaración del estado de emergencia en Bocas del Toro, así como detenciones, allanamientos masivos y procesos judiciales contra más de 200 personas, incluyendo dirigentes comunitarios.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las condiciones de las detenciones y la falta de información transparente por parte de las autoridades.
El gobierno, por su parte, ha justificado sus acciones alegando la necesidad de restaurar el orden y frenar actos de vandalismo. Sin embargo, los cuestionamientos persisten y se intensifican.
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Un año de autoritarismo y resistencia: la mirada de la clase trabajadora
Nelva Reyes Barahona*
La Estrella de Panamá, 2-7-2025
Para la clase trabajadora panameña, el primer año de gobierno del señor José Raúl Mulino ha sido una sucesión de retrocesos: represión, inseguridad, desempleo, hambre, despidos y una creciente incertidumbre que erosiona el tejido social tanto en la ciudad como en el campo. Desde la óptica sindical, este gobierno ha demostrado una alarmante vocación autoritaria, desconociendo derechos fundamentales, las conquistas sociales y profundizando las desigualdades que históricamente nos han marginado.
Diversos sectores sociales han alzado la voz frente al desmantelamiento de las garantías democráticas. Las decisiones impuestas por el Ejecutivo no solo han ignorado los consensos logrados en las llamadas “mesas de diálogo”, sino que han pisoteado la voluntad de la mayoría ciudadana. La imposición de la Ley 462 de 2025 —que liquida el sistema solidario de pensiones para dar paso a cuentas individuales y abre la puerta a la privatización del Seguro Social— constituye una burla flagrante al acuerdo derivado de las mesas y al clamor social.
A pesar de que 9 de las 11 organizaciones participantes en la mesa convocada por el presidente se pronunciaron a favor de mantener el modelo solidario, y de que más del 85 % de las intervenciones ante la Asamblea Nacional respaldaban esa postura, el oficialismo y la Asamblea Nacional prefirió alinearse con los intereses del capital financiero y aprobar esta ley con 48 votos que no representan la voluntad popular. No es casual que, con esta normativa, se habilite a la banca privada a manejar el 10 % de los fondos del Seguro Social. Es una confiscación encubierta del ahorro colectivo de las aseguradas y asegurados.
Pero el ataque a los derechos del pueblo no se detiene ahí. A espaldas del país, se firmó un memorándum de entendimiento que allana el camino para la instalación de bases militares extranjeras, profanando la memoria de generaciones que lucharon por la soberanía nacional. Mientras tanto, el intento de reabrir la mina de cobre —ahora bajo un modelo mixto entre el Estado y First Quantum— ignora descaradamente los impactos ambientales sobre la provincia de Coclé y otras regiones del Istmo, así como el sentir del pueblo panameño. Se gobierna para la empresa privada, no para el pueblo.
En julio de 2024, la Corte Suprema anuló la Ley 20 de 2006 y reactivó la Ley 44 de 1999, reincorporando a Río Indio a la cuenca del Canal. En su momento, esta ley fue fuertemente cuestionada por comunidades campesinas e indígenas, quienes denunciaron que no fueron consultadas y quienes temen desalojos y afectaciones socioambientales. Entre las zonas propensas a estos riesgos con el restablecimiento de esta ley, están Río Indio, Coclé del Norte, Toabré, Caño Sucio, entre otras. Estas comunidades ya habían luchado anteriormente por la derogación de dicha ley, lográndolo.
Los atropellos son múltiples: la retención arbitraria de las cuentas sindicales de Suntracs, la negativa del Ministerio de Trabajo a entregar los fondos legales del seguro educativo para capacitación a los sindicatos, el establecimiento de obstáculos para la legalización de sindicatos y la criminalización en el ejercicio del derecho a la protesta. El desprecio por la libertad sindical viola flagrantemente los convenios 87 y 98 de la OIT, de los cuales Panamá es signatario.
Pero si algo evidencia la degradación de este gobierno es el trato humillante y racista infligido a la cacica Emberá Wounaan, Lucrecia Caisamo, detenida con grilletes como si defender la dignidad de su pueblo fuera un crimen. Nunca antes, en la historia reciente del Istmo, habíamos visto semejante atropello estatal contra una mujer indígena. Siendo esta la representación más atroz de un racismo sistemático del Estado, contra la población indígena y campesina.
Los datos son irrefutables: según el INEC, el desempleo ha escalado del 7,4 % al 9,5 % entre agosto de 2023 y 2025, y la informalidad alcanza ya el 49,3 %. El país sobrevive como puede, bajo una carestía insostenible, mientras el gobierno responde con gases, balas de goma y brutalidad policial —en especial contra mujeres trabajadoras, maestras, estudiantes e indígenas— como si exigir justicia social fuera motivo de castigo.
La criminalización de la protesta y el intento sistemático de silenciar a las organizaciones sindicales revelan el verdadero plan del oficialismo: gobernar sin oposición, sin contrapesos, sin ética y para la empresa privada, los cuatro largos años que le quedan. Pero que no se equivoquen: el pueblo organizado no será silenciado. Desde cada calle, cada sindicato y cada comunidad, seguiremos defendiendo con dignidad lo que por derecho nos pertenece.
*Nelva Reyes Barahona, educadora, secretaria general de la CGTP.