Panamá impone silencio: denuncias de represión, tortura y censura en Bocas del Toro
Noelia Carrazana
Mink’a comunicación, 1-7-2025
Correspondencia de Prensa, 3-7-2025
La provincia panameña de Bocas del Toro se encuentra bajo estado de excepción desde el 14 de junio, tras la implementación de la Operación Omega, un despliegue policial y militar ordenado por el presidente José Raúl Mulino con el objetivo de levantar los bloqueos viales en protesta contra la controvertida Ley 462 del sistema de pensiones. La medida ha estado acompañada por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y censura informativa.
Organismos de derechos humanos y un equipo de más de 20 abogados defensores informaron sobre al menos 70 personas detenidas, muchas de las cuales fueron trasladadas sin notificación ni orden judicial a provincias alejadas, dificultando su acceso a representación legal. La abogada Lirieth Rodríguez denunció que algunos detenidos han sido golpeados, privados de alimentos y víctimas de agresiones físicas, psicológicas e incluso sexuales. En algunos casos extremos, se habría forzado a los arrestados a ingerir perdigones, según testimonios recogidos por los juristas.
El abogado José Luis Santamaría advirtió que no se conoce con precisión el paradero de varios de los detenidos, lo cual genera preocupación por posibles casos de desaparición forzada. A esto se suma el restablecimiento del Artículo 23 de la Constitución, suspendido previamente y ahora reactivado para limitar el derecho al habeas corpus, lo que ha sido cuestionado por expertos legales como una violación a tratados internacionales suscritos por Panamá.
En paralelo, el Gobierno ordenó la interrupción temporal de los servicios de internet residencial y telefonía móvil en toda la provincia, como parte de lo que calificó como un “estado de urgencia”. Esta medida ha sido denunciada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que la calificó como un ataque a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a recibir información independiente y veraz.
Las autoridades panameñas aseguran que los operativos buscan restablecer la libre circulación, afectada desde finales de abril por bloqueos encabezados por comunidades indígenas, docentes y movimientos sociales. Sin embargo, líderes del pueblo Ngäbe-Buglé y otras organizaciones acusan al Gobierno de desplegar una estrategia de represión generalizada contra el descontento social.
Elena Cruz, presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, denunció públicamente que la represión ha dejado heridos dentro de comunidades indígenas, responsabilizando directamente al presidente Mulino y a sus ministros de Seguridad y Gobierno. La lideresa exigió la derogación inmediata de la Ley 462, así como la anulación del memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos, considerado lesivo para la soberanía nacional.
Los operativos en la región incluyeron uso de gases lacrimógenos, operativos terrestres y aéreos, e incluso la activación de un puente aéreo humanitario para garantizar el ingreso de alimentos y personas a zonas aisladas por las protestas.
Pese a un acuerdo parcial con el sector bananero, los bloqueos continúan en distintos puntos de la provincia, encabezados por docentes, comunidades campesinas e indígenas que reclaman la restitución de derechos laborales, territoriales y sociales.
Organizaciones que están movilizándose a pesar de las represiones
Desde el inicio de las protestas en abril de 2025, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) ha jugado un papel crucial en la organización y coordinación de movilizaciones en diversas regiones de Panamá. Además de los reclamos contra la Ley 462 del sistema de pensiones, los manifestantes exigen la derogación del memorando de entendimiento con Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional y la oposición a proyectos de minería a cielo abierto. Las protestas han sido especialmente intensas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé, donde comunidades indígenas, docentes y trabajadores han mantenido bloqueos y manifestaciones. En respuesta, el gobierno ha implementado medidas represivas, incluyendo el estado de emergencia, la suspensión de derechos constitucionales y el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes.
En el ámbito sindical, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha sido objeto de una persecución sistemática por parte del gobierno. Tras la detención de sus dirigentes Genaro López y Jaime Caballero, el secretario general Saúl Méndez solicitó asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá, donde recibió protección temporal mientras se analizaba su solicitud. La situación ha generado preocupación a nivel internacional, con organizaciones como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) condenando la represión de los derechos sindicales en Panamá y exigiendo la liberación inmediata de los dirigentes detenidos. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos en Panamá, mientras la población mantiene su firme posición en defensa de sus derechos y demandas sociales.
Diversas organizaciones internacionales, como el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y plataformas de derechos humanos, han pedido a la comunidad internacional monitorear la situación y respaldar al pueblo panameño frente a lo que consideran una crisis multidimensional de tipo económico, social, político y judicial.