Marcelo Aguilar desde San Pablo
Brecha, 20-6-2025
Correspondencia de Prensa, 21-6-2025
El Ejecutivo brasileño vive horas clave en materia ambiental a pocos meses de que el país reciba la COP30 en el corazón de la Amazonia.
Emprender o no la explotación de una nueva frontera petrolera en la zona geológica denominada Foz do Amazonas, un área de alta sensibilidad ambiental, es un debate que hace tiempo enfrenta a buena parte del oficialismo con movimientos sociales. Y en las últimas semanas se sumó otro: la aprobación por el Senado de un proyecto de ley respaldado por figuras del gobierno y de su base aliada. En ambos casos, la postura del Poder Ejecutivo dista bastante de sus promesas de campaña, cuando frente al descalabro ambiental provocado por Jair Bolsonaro prometió hacer frente a la emergencia climática. En aquel entonces, en 2022, la alianza anunciada con la actual ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, colocó el tema ambiental en el centro de la campaña. Recientemente, la ministra fue acorralada y agredida por senadores oficialistas en una audiencia, mientras el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) dio luz verde para la exploración petrolera y se encamina la aprobación de un proyecto de ley que puede tener efectos devastadores.
La nueva frontera
Hasta la aprobación por parte del Senado Federal del proyecto de ley 2159/2021, apodado «PL de la devastación», el principal dilema ambiental enfrentado por el gobierno era la apertura o no de pozos para explorar petróleo en el bloque 59, en el estado de Amapá. Esa formación se encuentra en el Margen Ecuatorial, un área considerada como una prioridad por el gobierno para la expansión de la frontera petrolera y que cuenta con otras cinco regiones geológicas. El martes 17 hubo una nueva ronda de concesiones, la quinta, que involucró a 47 nuevos bloques. En la región de Foz do Amazonas, Petrobras adquirió –en consorcio con Exxon– diez bloques, que representan el 46,9 por ciento del total de áreas rematadas. Y como operadora adquirió cinco, el 23,5 por ciento.
«El bloque 59 fue elegido por el gobierno como símbolo de su intención de expandir esta actividad», dijo a Brecha Suely Araújo, directora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima. En esa misma cuenca hay otros nueve bloques que ya fueron concedidos, pero ninguno está en el nivel del 59. A pesar del parecer contrario del equipo técnico del IBAMA, el 19 de mayo el presidente del instituto, Rodrigo Agostinho, dio luz verde a la apertura del pozo. En mayo de 2023, el propio instituto y el propio Agostinho se habían opuesto. La presión para aprobar la licencia solicitada por Petrobras fue luego enorme. «No estamos discutiendo la cuestión estratégica de si queremos o no explotar petróleo ahí. Estamos discutiendo específicamente si ese proyecto, tal como fue presentado, está de acuerdo con las normas técnicas y el mejor conocimiento científico para poder ser autorizado o no», afirmó Leandro Valentim, funcionario del IBAMA que participó de los estudios de evaluación ambiental. «En primer lugar estamos hablando de un área de enorme sensibilidad ambiental, sobre la cual tenemos poco conocimiento científico y donde recientemente se descubrieron nuevos corales de profundidad. Entendemos que el plan que fue presentado no atiende los requisitos técnicos y las prácticas existentes en Brasil» para asegurar, por ejemplo, la protección de la fauna, dijo. El equipo técnico detectó, a su vez, posibles impactos sobre las comunidades indígenas, que fueron descartados por el gobierno. Todo esto, dijo Valentim a Brecha, «se da en un contexto que amplifica mucho los riesgos, ya que en la zona hay condiciones mucho más rigurosas que las de las regiones en que estamos acostumbrados a tener emprendimientos petroleros en Brasil. Las corrientes marítimas en la desembocadura del Amazonas son cerca de tres veces más fuertes que en la bahía de Santos, por ejemplo, y hay una incidencia de tempestades y cambios de clima. Debemos tomar precauciones mucho mayores». Suely Araújo, que presidió el IBAMA entre 2016 y 2018, ya había negado cinco bloques al lado del 59, por motivos similares. Lo más preocupante en este caso, dijo, es que la aprobación de esta licencia pueda «abrir la portera».
La topadora
Hay mensajes claros en ese sentido. Por un lado, la oferta de bloques. Para Mahatma Ramos, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (INEEP), ligado a la Federación Única de Trabajadores Petroleros, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) está poniendo la carreta delante de los bueyes con el propósito de marcar la cancha, al afirmar que «la Margen Ecuatorial se va a explotar sí o sí y se va a explotar bajo el régimen de concesión». La ANP deja así de lado el llamado régimen de partilha,creado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2010 para la explotación del petróleo bajo la capa de presal y que se basa en el reparto del excedente del producto: la empresa contratante explota y extrae el petróleo, y carga con los costos, mientras que el Estado se queda con una parte del excedente, según un porcentaje establecido previamente en un contrato. «La ANP está vendiendo ahora en régimen de concesión los derechos de explotación de un área cuyo potencial se desconoce, claramente con objetivos de corto plazo, una medida que favorece a las grandes multinacionales del sector», afirma Ramos. La crítica debe ser dirigida también al gobierno federal, que «en búsqueda de más recursos para alcanzar las metas fiscales de 2025 está vendiendo la soberanía energética nacional», agrega.
En la misma línea, la Comisión de Infraestructura del Senado aprobó un proyecto de ley que pone fin a la preferencia de Petrobras en las licitaciones para la explotación petrolera en la capa de presal. La idea había sido adelantada por el exsenador José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña), que había prometido a las petroleras internacionales que la partilha iba a desaparecer.
Catastrófico
En una luego famosa reunión de gabinete durante el gobierno de Bolsonaro, el 22 de abril de 2020, el entonces ministro de Ambiente, el ultraderechista Ricardo Salles, dijo una frase que quedó para la historia: «Hay que aprovechar la pandemia para pasar la boiada». Con esta expresión bien brasileña, que significa hacer una serie de cambios a lo bruto, Salles se pronunciaba a favor de «hacer pasar todas las reformas de desreglamentación y simplificación» de los permisos ambientales. Cinco años después, la ley que el Senado acaba de aprobar se ganó el mote de «madre de todas las boiadas». «Es el peor retroceso en nuestra legislación ambiental desde la Ley de Política Nacional de Medio Ambiente de 1981», comentó Suely Araújo. El nuevo texto flexibiliza la normativa, generalizando el uso de las llamadas licencias por adhesión y compromiso, que permiten que emprendimientos de hasta mediano riesgo ambiental sean autorizados automáticamente con una declaración del propio emprendedor. Una enmienda escrita por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre –del partido Unión Brasil, de la base aliada de Lula–, crea por otra parte una licencia ambiental especial que permite al gobierno federal calificar algunos proyectos como «estratégicos» y con ello acelerar su autorización, aunque tengan un potencial de alto impacto, como la explotación petrolera en Foz del Amazonas. Además, la norma le quita al IBAMA la decisión final sobre los grandes emprendimientos «estratégicos», que pasa a un consejo político. «La gobernanza ambiental en Brasil ya es un tema difícil, un punto sensible», señala Valentim. «Generalmente la regla es que se propongan proyectos sin ningún tipo de planificación ambiental, mal hechos. Al eliminarse nuestra función, se van a aprobar de la forma en la que fueron concebidos, sin considerar sus impactos, lo que sería catastrófico.»
El dilema
Todo esto ocurre a pocos meses de que Brasil reciba, en noviembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, en Belém do Pará, corazón de la Amazonia. «No se puede querer ser el cuarto productor de petróleo del mundo y al mismo tiempo presentarse como un líder climático. Hay que elegir de qué lado se está», afirma Suely Araújo. «Apostar al petróleo es tener los ojos en el pasado», dice. Para Mahatma Ramos, en cambio, «no es contradictoria la explotación petrolera con los objetivos nacionalmente determinados de alcanzar la emisión cero en 2050. Podemos avanzar en la exploración de nuevas fronteras y al mismo tiempo seguir avanzando en la descarbonización de nuestra matriz energética, pero es imprescindible que el Estado tenga un papel decisivo en la coordinación económica, comercial y regulatoria del sector energético, y que esa coordinación esté alineada con una planificación de largo plazo que apunte al desarrollo soberano». Ramos considera que «es efectivamente estratégico para Brasil saber si hay o no reservas de petróleo y cuál es el potencial de estas en la Margen Ecuatorial y después, dependiendo de los resultados, que se construya un marco regulatorio que garantice que esa actividad sea monopolio de la empresa estatal y se haga de la forma más segura posible». Especialistas consultados por Brecha coinciden en que el gobierno, bajo la conducción de Marina Silva, está consiguiendo buenos resultados en el control de la deforestación, foco de las luces internacionales, y en el fortalecimiento de los órganos de fiscalización ambiental, pero la contradicción es flagrante cuando de otros asuntos se trata. Un reportaje publicado por el periodista Rafael Moro Martins en Sumaúma muestra cómo el gobierno colaboró por acción y/u omisión en la aprobación del «PL de la devastación». «Me recuerda mucho a los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores [PT], que hacia afuera tenían un discurso de “Brasil, líder ambientalista” e internamente promovían proyectos que eran aprobados desconociendo pronunciamientos técnicos contrarios», afirma Valentim. Y agrega: «La evaluación que hago es que el gobierno es consciente de que el medioambiente es importante internacionalmente y dice: “Vamos a ceder solamente en aquello que es importante para que Brasil se coloque como líder global y en el resto seguimos con la línea del desarrollo a cualquier costo”, que es lo que el PT siempre hizo». Lula ya afirmó en diversas ocasiones que quiere que el petróleo sea explotado y que esa explotación va a financiar la «tan soñada transición energética». Para muchos especialistas, como Araújo, esto equivale a «aumentar el problema para financiar el remedio». Para otros, como Ramos, se trata de una opción adecuada para garantizar la seguridad energética del país. ¿Es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo? Parece difícil.