El Salvador ya no será el ‘Estado Bitcoin’, Bukele lo quiere transformar ahora en la megaprisión de EEUU
Romaric Godin y redacción de Infolibre
Traducción, Miguel López
Mediapart, 28-2-2025
Correspondencia de Prensa, 2-3-2025
El presidente salvadoreño ha propuesto a Donald Trump acoger en sus mediáticas cárceles a delincuentes estadounidenses. Tras tener que renunciar a sus sueños de tokenizar el país, el ‘dictador más cool de la historia’ busca un nuevo modelo económico para El Salvador.
Nayib Bukele está decidido a sacar provecho de la era Trump. El presidente de El Salvador, un pequeño país de América Central con 6,3 millones de habitantes, se ha hecho mundialmente conocido por destruir violentamente el control de las bandas y por hacer de su país el primero en adoptar el bitcoin como moneda legal. Reelegido triunfalmente hace un año con el 84,7 % de los votos, ahora busca reactivar una economía debilitada ganándose el favor del nuevo presidente de Estados Unidos.
A principios de febrero, Nayib Bukele, a quien le gusta presentarse a sí mismo como “el dictador más cool de la historia”, hizo una oferta sorprendente al secretario de Estado americano, Marco Rubio, que estaba de paso por San Salvador, la capital del país. El presidente salvadoreño propuso recibir en su territorio y en sus prisiones a criminales condenados en Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Marco Rubio elogió el “ofrecimiento muy generoso” y prometió estudiarlo.
Aunque parece que hoy en día estas deportaciones no son legalmente posibles, hay que tomarse en serio la propuesta de Bukele. En primer lugar, porque ahora sabemos que la administración Trump podría modificar las normas para hacer posibles esos traslados. En segundo lugar, porque esta propuesta corresponde a un intento del presidente salvadoreño de redefinir el modelo económico de su país.
Una estrella de la extrema derecha
El Salvador depende en gran medida de las remesas de dinero de los emigrantes que, en muchos casos, viven en Estados Unidos. Según estimaciones del FMI, en el gran vecino del norte residen 1,4 millones de salvadoreños, lo que equivale al 22 % de la población del país. En 2021, sus remesas representaron alrededor del 26 % del PIB salvadoreño.
Sin ellos, el país no podría mantener el dólar estadounidense como única moneda de curso legal y, a decir verdad, estaría en bancarrota total. Pero la lógica de este modelo económico es particular: la mayor parte de su crecimiento y su salud financiera se basa en la exportación de población a los Estados Unidos.
Con una lógica así, las relaciones con Trump prometían ser delicadas. Es cierto que Bukele, al hacer que El Salvador pasara de ser el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo al país con la mayor tasa de encarcelamiento (casi el 1,7 % de la población del país está en prisión), se ha convertido en una estrella de la extrema derecha mundial. También tiene fuertes relaciones con los círculos favorables a las criptomonedas, especialmente en Florida, cercanos a la nueva administración.
Pero la política migratoria de Trump amenaza a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y, por ende, a la economía salvadoreña. Durante su campaña, en julio de 2024, el nuevo presidente incluso atacó frontalmente a Bukele acusándolo de enviar a “sus delincuentes” a Estados Unidos. “Intenta convencer a todo el mundo de que está haciendo un trabajo formidable al dirigir su país. Pues no está haciendo un trabajo formidable”, había dicho Trump.
La llegada del multimillonario a la Casa Blanca se anunciaba pues peligrosa para Bukele, quien, al mismo tiempo, atraviesa un período económico delicado. El país ha pagado caro el antojo de su presidente por las criptomonedas. En 2021 anunció con gran pompa que el bitcoin se convertía en la moneda legal del país junto con el dólar. Sus planes eran ambiciosos: convertir a El Salvador en un centro de desarrollo de criptomonedas con la creación de una “Ciudad Bitcoin” alimentada con energía volcánica. Bukele soñaba entonces con ser el “nuevo Alejandro Magno” creando ciudades para difundir la cultura cripto.
Pero esas divagaciones tuvieron consecuencias. A pesar de la creación de una “cartera cripto” bonificada con 30 dólares, el uso de bitcoin entre la población siguió siendo marginal y los inversores internacionales rechazaban abiertamente esa política susceptible de debilitar las finanzas públicas y el sector bancario del país. El Salvador perdió entonces el acceso a los mercados financieros y tuvo que recurrir al FMI, que lógicamente les exigió el abandono de la política de criptomonedas.
Mientras el milagro de las inversiones relacionadas con las criptomonedas no se hacía realidad y Bitcoin City seguía en el tintero, Bukele se encontraba en una situación delicada. Al no tener acceso al mercado, tuvo que echar mano de sus reservas de divisas para pagar las deudas en dólares que llegaban a vencimiento. El problema era que cuanto más se reducían las reservas, más perdía El Salvador su capacidad para pagar los siguientes vencimientos. Según el FMI, el país gasta alrededor de 2.000 millones de dólares en deuda cada año. Pero a principios de 2024, las reservas habían caído a 2.500 millones de dólares. El país se enfrentaba a la quiebra.
Sumisión al FMI
En abril de 2024, el presidente Bukele decide entonces “hacer una jugada”, como de costumbre, construyendo el relato de un regreso al mercado financiero del país. Pero la obligación de 1.000 millones de dólares emitida entonces a seis años tiene un coste gigantesco. Su tipo de interés es del 12 %, y la amortización debe realizarse parcialmente a partir de 2028. Para atraer a los inversores, El Salvador también promete pagar un recargo de intereses del 4 % si su valor no es mejorado por las agencias de calificación o si no llega a un acuerdo con el FMI. Según Financial Times, el coste de este préstamo entre 2028 y 2030 es de 333,3 millones de dólares al año, un tercio más que los fondos recaudados en tres años.
Esta deuda “absurda”, por usar el término del periódico, anunciaba sin duda una capitulación ante el FMI: El Salvador reforzaba sus reservas a corto plazo, pero no podía hacer frente a tales vencimientos a largo plazo. A principios de octubre, el país evitó por poco el impago gracias a un “intercambio de deuda contra natura”, un mecanismo financiero que permite obtener una devolución de la deuda pública a un precio reducido a cambio del compromiso de llevar a cabo una política de protección del medio ambiente.
En el caso de El Salvador, el banco americano JPMorgan Chase concedió al país 1.350 millones de dólares para que reembolsara 1.000 millones de dólares de deuda y dedicara 350 millones de dólares a la restauración de un río vital para el acceso al agua de su población. Ese acuerdo fue apoyado y financiado por el gobierno de Washington. Pero, aun así, su conclusión parecía anunciar la necesidad de un acuerdo con el FMI.
Sostenido a duras penas por soluciones de último recurso, Bukele finalmente tuvo que ceder. El 18 de diciembre de 2024, el FMI anunció que se había llegado a un acuerdo con el gobierno salvadoreño. Un acuerdo drástico. El Salvador debe comprometerse con una política de austeridad severa para reducir su déficit primario en 3,5 puntos del PIB en tres años.
El programa incluye la reducción de la masa salarial de los funcionarios, las compras públicas y las transferencias a los municipios, así como la reforma de las pensiones. En septiembre de ese mismo año, Bukele ya había marcado la pauta al anunciar un presupuesto global equilibrado para 2025.
Pero sobre todo, el presidente tuvo que renunciar a sus proyectos de bitcoin. El FMI logró que se modificara la ley de 2021 para que la aceptación de la criptomoneda fuera voluntaria por parte del sector privado, se pusiera fin a las carteras subvencionadas, se redujeran las compras de bitcoins por parte del gobierno y se pagaran los impuestos exclusivamente en dólares. En otras palabras: el bitcoin ya no es, de hecho, una moneda de curso legal en El Salvador. La ley fue aprobada por el Parlamento en enero.
A cambio de estas concesiones, el FMI concede al país un préstamo de 1.400 millones de dólares que lo protege, provisionalmente, de la bancarrota. Bukele espera que este acuerdo devuelva al país un acceso normal a los mercados. La prima de riesgo se ha reducido, pero sin duda la plena reintegración del país en el circuito financiero internacional llevará algún tiempo.
Vuelta al extractivismo
El acuerdo con el FMI sin duda salva a Bukele, pero a costa de una doble derrota: económica e ideológica. Su sueño de convertirse en el hub de criptoactivos de la hemisferio occidental acaba de estrellarse justo cuando Trump amenaza con debilitar los ingresos procedentes de sus emigrantes.
Para el gobierno salvadoreño, era urgente salvaguardar la relación con Washington, al tiempo que construía un nuevo modelo económico. Para ello, Bukele, que en octubre se jactaba de haber llevado a cabo, con el préstamo concedido por JPMorgan Chase, “la acción medioambiental más ambiciosa e impactante de la historia” del país, busca ahora reactivar la actividad extractiva, especialmente la de oro, en el país.
A finales de diciembre, el Parlamento, en el que Bukele cuenta con amplia mayoría, puso fin a la prohibición de toda extracción minera decidida en 2017, antes de la llegada al poder del actual presidente. Esta prohibición se refería en particular a la explotación de las minas de oro del norte del país que habían contaminado con cianuro el río Lempa, el mismo que debe ser renaturalizado con el apoyo de JPMorgan Chase.
A pesar de la oposición de gran parte de la población y de la Iglesia católica, Bukele decidió reanudar la extracción con, como de costumbre, promesas grandiosas: habría 3 billones de dólares en oro en el subsuelo salvadoreño, a pesar de que la mina principal tenía, en 2017, reservas estimadas en 3.600 millones de oro al precio actual. “El oro transformará El Salvador”, prometió el presidente, quien asegura que las minas serán, esta vez, “modernas y sostenibles”.
Puede que Bukele quiera creer que ha encontrado la solución a todos sus problemas, pero mientras tendrá que encontrar la manera de acelerar un crecimiento económico que aún es insuficiente para hacer frente de forma sostenible a sus compromisos financieros, justo cuando la austeridad va a golpear al país.
La represión policial como base del poder
Aquí es donde el ofrecimiento hecho a Trump cobra todo su sentido. Bukele se ha hecho un nombre en la represión de las maras por la fuerza. Desde 2021, el país está en un régimen de excepción continua que se ha renovado ya treinta y cuatro veces. Han sido detenidas y siguen detenidas más de 100.000 personas, a menudo sin juicio. Solo 8.000 de ellos han sido liberadas, y la prensa internacional está llena de testimonios de familias que no tienen noticias de sus seres queridos desaparecidos tras una detención.
Anteriormente, las maras salvadoreñas utilizaban las cárceles como bases de operaciones para sus actividades. Para poner fin a estas prácticas, Bukele ha optado por la militarización de las cárceles y el aislamiento de los presos. El escaparate de esta política es la prisión de máxima seguridad de Tecoluca. Este “centro de confinamiento para terroristas” (Cecot) puede albergar a 40.000 personas y actualmente hay unas 18.000.
Detrás de sus altos muros, la prisión gigante es un infierno para sus reclusos, sometidos a la violencia cotidiana de los guardias. “Todavía tengo pesadillas de mi visita al Cecot”, afirma un funcionario extranjero citado porFinancial Times. El país está lleno de prisiones menos impresionantes, pero construidas según el mismo modelo.
Para Bukele, esta política de represión ha dado un dividendo político evidente. En su país es el jefe de Estado más popular del mundo. Los salvadoreños, que vivían con el miedo constante a la violencia de las bandas, han recuperado la calma en las calles y están agradecidos a su presidente.
Pero esta situación no durará siempre. La política ultrarrepresiva tiene algunas desventajas. Detener bajo condiciones severas al 1,7 % de la población es costoso en infraestructura y personal. En un momento en que hay que apretarse el cinturón, el gobierno tendrá que tomar decisiones.
Además, a medida que la población se acostumbre a la vuelta a la calma, exigirá más, especialmente avances económicos, pero también el derecho a poder impugnar ciertas decisiones. Bukele se encuentra, por tanto, en una cuerda floja permanente, y esa es la razón por la que compensa su incapacidad para proporcionar un futuro económico con sueños absurdos, de bitcoins antes, de oro ahora.
Especialización económica en detención de delincuentes
Para conseguir dinero, el presidente salvadoreño ha decidido convertir su política ultrarrepresiva en una actividad económica en sí misma, un negocio. Propone subcontratar con los Estados Unidos de Trump parte de su política de seguridad, a cambio de una tasa. Bukele lo ha dejado claro: “No será gran cosa para Estados Unidos, pero será muy importante para El Salvador”. Cada millardo de dólares es vital para el país.
Lo que propone el presidente salvadoreño es pues que su país se especialice en la exportación de servicios de detención para delincuentes peligrosos. La política de represión se convertiría así en un lugar en el reparto internacional del trabajo. Esto le permitiría a Bukele perpetuar su política de seguridad para asegurar su poder en el país. Al mismo tiempo, recuperaría fondos para financiar la política clientelar que ha puesto en marcha: en enero pagó las facturas de agua y electricidad de las familias salvadoreñas para suavizar los anuncios de los próximos recortes presupuestarios.
El presidente puede incluso esperar que, si la experiencia es concluyente, otros países cercanos a la extrema derecha internacional recurran a sus servicios. Pensamos en el argentino Javier Milei o en el ecuatoriano Daniel Noboa, gran admirador de Bukele, y también víctima de la violencia de las bandas mafiosas. Lo que el salvadoreño busca aquí es un lugar en la nueva organización reaccionaria libertaria que se está formando desde Washington.
La propuesta también es una forma de llamar la atención de Trump con una ambición inmediata: que los salvadoreños de Estados Unidos se salven, en un primer momento, de las expulsiones. Por ahora, funciona. A pesar de la vuelta a la calma en el país, los conciudadanos de Bukele han visto cómo su “estatus de protección temporal” se mantiene hasta septiembre de 2026. Se trata de un régimen que impide las expulsiones debido a la situación interna de los países de origen que Trump amenaza con suprimir, por ejemplo, para los venezolanos.
En resumen, Bukele intenta presentarse como un perfecto vasallo de Washington. Pretende beneficiarse de una total sumisión a los Estados Unidos y de un apoyo activo a sus políticas. Para él, es la única manera de mantener un régimen que puede hundirse por sus errores económicos. Pero corre el riesgo de convertir este país en un destino para fanáticos de las criptomonedas, en lugar de en una prisión gigante.
-Artículo original en francés publicado en Mediapart, 26-2-2025