Brasil / Historia / Cine – Aún estamos aquí también. ¿Por qué los empresarios golpistas nunca perdonaron a Rubens Paiva? [Elaine Bortone y Rejane Hoeveler]

Elaine Bortone y Rejane Hoeveler

Esquerda online, 1-2-2025

Traducción de Correspondencia de Prensa, 8-2-2025

La película «Ainda estou aqui» (Todavía estoy aquí), dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres y Selton Melo en el papel de Rubens Paiva, retrata la historia autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva, centrándose en la vida de su madre, Eunice Facciolla Paiva, una abogada que acabó convirtiéndose en activista política tras la desaparición de su marido, detenido por un agente del Estado brasileño en enero de 1971 en la ciudad de Río de Janeiro, en plena dictadura empresarial-militar que comenzó en 1964. Según la película, fue detenido básicamente por prestar diversos tipos de apoyo a los exiliados políticos brasileños en el extranjero, participando en una de las muchas redes de resistencia que aportaban solidaridad a las familias de los desaparecidos, entre otras acciones evidentemente clandestinas. Eunice y su hija, Eliana Paiva, fueron detenidas (secuestradas) y torturadas de una forma muy acorde con lo que cuentan los relatos autobiográficos de presos políticos de la época. Según Marcelo, fueron torturadas junto con Rubens. Estuvieron encarceladas 12 días y el cuerpo de Rubens Paiva nunca fue encontrado.

La repercusión mundial de la película brasileña, con su premio Globo de Oro y sus tres nominaciones a los Oscar, ha desencadenado una serie de acciones por parte del Estado brasileño, como la emisión de certificados de defunción corregidos (ahora con la responsabilidad de los agentes estatales), y un debate en la sociedad civil, especialmente en escuelas y universidades, sobre lo que fue la dictadura empresarial-militar. Sin embargo, hay un aspecto que no aparece en la película y que es crucial para comprender el significado histórico de la dictadura, y es justamente su carácter empresarial-militar.

De hecho, la colaboración del ex diputado laborista por Guanabara con esta red de resistencia puede haber sido el factor más decisivo en la decisión de capturarlo y asesinarlo. Sin embargo, no es menos relevante la participación de Rubens Paiva en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigó la corrupción de los empresarios multinacionales y asociados en las elecciones de 1962.

La CPI fue creada en abril de 1963 para «investigar el origen del patrimonio y las actividades políticas de las instituciones conocidas por las siglas IBAD e IPES». ¹ El objetivo era investigar la corrupción promovida por el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD) y el Instituto de Investigación y Estudios Sociales (IPES) para averiguar quién financiaba la corrupción en las elecciones de 1962.

En dichas elecciones, según Dreifuss, la élite orgánica transnacional (especialmente ejecutivos de empresas multinacionales en Brasil junto con empresarios brasileños) lanzó toda su fuerza económica para garantizar la elección de un bloque de políticos conservadores. Se esperaba que este bloque funcionara como columna vertebral política para futuras acciones de la Acción Democrática Parlamentaria (ADP) en lo que quedaba de gobierno de João Goulart (DREIFUSS, 2006, p. 323), ² y no se descartaban acciones golpistas. De hecho, las elecciones de 1962, cuyos resultados fueron distorsionados por esta acción, que violaba la Constitución de la época (las potencias extranjeras tenían prohibido interferir en las elecciones democráticas nacionales), favorecieron a la Cámara, perfectamente obediente, que selló el golpe, dando a Ranieri Mazzilli la presidencia de la República por un brevísimo período.

El IBAD, Instituto Brasileño de Acción Democrática (en la práctica, antidemocrática) fue fundado en 1959 por el empresario Ivan Hasslocher y financiado por diversas empresas con el pretexto de «defender la democracia», con el objetivo de combatir posibles «vestigios de comunismo» en Brasil, y para ello «desplegó la bandera del anticomunismo» al servicio de intereses externos e internos. ³ El IPES, con su nombre de fachada inocente, era en realidad una organización de los representantes más militantes de los intereses políticos y económico-empresariales del capital multinacional-asociado, como ha demostrado René Dreifuss, y que pretendía transformar el aparato estatal en función de las necesidades del capital con un cambio de régimen político, calificándolo de «populista».

El instituto contaba con la participación de varios militares de la Escola Superior de Guerra – ESG (por eso Dreifuss habla del Complejo IPES-IBAD-ESG) y fue uno de los principales centros de conspiración que trabajaron para el derrocamiento de Goulart en 1964. Consolidado el golpe, sus miembros, socios y asociados, los IPESianos, «conquistaron» el Estado ocupando puestos de mando estratégicos, como en las empresas estatales, y exaltaron los grandes intereses capitalistas en la llamada «Revolución» de 1964.

La CPI escuchó cientos de testimonios y analizó miles de documentos, incluidos estados de cuentas de bancos extranjeros en Brasil y en el extranjero, que probaron que se llevó a cabo una amplia campaña ideológica, en la que se movilizaron enormes recursos financieros y tecnológicos para difundir la idea de una inminente «amenaza comunista». Según los documentos de la CPI, José Domingos França, tesorero de Ação Democrática Popular (ADEP), ⁴ explicó que entre mayo y agosto de 1962, el IBAD envió a los estados un total de 318.070.037,30 Cr$ (cruceiros), una suma considerable para la época.

Miguel Arraes, ex gobernador de Pernambuco, entregó a la CPI cerca de 500 documentos justificativos en los que, según dijo, «se puede comprobar la interferencia directa, efectiva, incontestable del poder del dinero y del IBAD» en las elecciones políticas de 1962, cuando fue elegido para el gobierno de Pernambuco. ⁵ En la CPI, enumeró las empresas contribuyentes basándose en una amplia documentación: Texaco, Pfizer, Ciba, Gross, Schering, Bayer, General Electric, IBM, Coca-Cola, Standard Brands, Remington, Belgo-Mineira, AEG, Herm Stoltz, Coty, entre otras. ⁶ El estado de Pernambuco recibió una suma mayor que los demás estados, ya que su objetivo era precisamente derrotar a Miguel Arraes y elegir a João Cleofas. El ex diputado Castilho Cabral (PTN-SP) denunció que había sido contactado por Ivan Hasslocher, del IBAD, que le había ofrecido 1.000 millones de cruzeiros para ayudar a los candidatos en las elecciones. ⁷

El IBAD fue prohibido a causa de las acciones de la CPI. El 31 de agosto de 1963 se promulgó el decreto 52.425, por el que se suspendían las actividades del IBAD y de la ADEP por comportamiento inconstitucional. ⁸ El IPES consiguió salir indemne y adoptó una postura más frontal ante la convocatoria empresarial, que antes había ejercido el IBAD. En la CPI, los miembros del IPES negaron cualquier vínculo entre el IBAD y el IPES y la participación de empresas extranjeras en el IPES. ⁹ Desaparecieron cuidadosamente todos los documentos que podían probar tal vínculo. En el fondo del IPES, en los Archivos Nacionales, por ejemplo, no hay recibos de cotizaciones ni otros documentos contables del periodo de la CPI.

La CPI no pudo terminar sus investigaciones, atropellada por el golpe de Estado de 1964. Si hubiera tenido tiempo para una investigación en profundidad, la CPI habría encontrado elementos materiales de la relación entre los dos institutos. Los políticos implicados, acusados de corrupción, no fueron sancionados. El 30 de noviembre de 1969, la Cámara de Diputados archivó la propuesta, impidiendo el acceso a los documentos.  ¹⁰

Mientras que la trágica muerte de Rubens Paiva ha sido, afortunadamente, comentada en Brasil y en el mundo en las últimas semanas, hay otra muerte, ésta ocurrida recientemente, el 4 de agosto de 2024, de la que se ha hablado menos. Hablamos de la reciente muerte de Gilbert Huber, que fuera propietario de Listas Telefônicas Brasileiras S/A y uno de los principales fundadores del IPES, que, según el excelente reportaje de Sergio Barbo en Intercept, pasó 20 años escondiéndose de la justicia, es decir, vivió bien y murió impune, a los 98 años. No sin dejar millonarias deudas laborales, incluso con el Gobierno Federal. Sin olvidar el pequeño hecho de que los datos que dejó constituyeron una base importante para el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI).

Los intereses que hay detrás de la muerte de Rubens Paiva y de tantos otros siguen intactos y los responsables de estos secuestros, asesinatos y desapariciones permanecen impunes.

Notas