Un grupo de jóvenes iraníes, bajo un retrato del ex comandante de la fuerza Al Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en Teherán.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)
El País, 2-2-2025
Correspondencia de Prensa, 2-2-2025
Un informe de la ONG Iran Human Rights relaciona ese “hito funesto” con las protestas contra el régimen de 2022 y la “desigualdad de género sistémica”
El País, 2-2-2025
Correspondencia de Prensa, 2-2-2025
Se sabe poco de Leila Ghaemi. Solo que tenía una hija y que un día, al volver a casa, encontró a su marido violando a la niña. La mujer se abalanzó sobre su cónyuge y lo estranguló. Ghaemi fue condenada a morir en la horca por asesinato. Hace ocho años, esta iraní fue recluida en el corredor de la muerte de la cárcel de Qarchak, en la región de Teherán, un lugar concebido como criadero de pollos, sin agua potable y donde rampan las cucarachas y las tarántulas, según diversas ONG. Laila Ghaemi murió ahorcada el pasado 2 de octubre; fue una de las al menos 31 mujeres ejecutadas en Irán en 2024, según un informe de la organización iraní asentada en Noruega Iran Human Rights (IHR). Esa cifra, la más alta desde que la ONG tiene registros —los últimos 17 años—, representa un nuevo paso en la tendencia al alza del uso de la pena capital contra mujeres de los últimos años y supera con creces la cifra de 22 iraníes ejecutadas en 2023. Ese número representó también un incremento respecto a las 16 del año anterior.
El documento titulado Mujeres y pena de muerte en Irán, una perspectiva de género define esa cifra de 31 mujeres ejecutadas el año pasado como “un hito funesto (…) dos años después del comienzo del movimiento ‘Mujer, vida y libertad”: las manifestaciones por la muerte bajo custodia policial de Yina Mahsa Amini, de 22 años, en las que al menos 551 personas murieron a manos de fuerzas de seguridad, según la ONU. Amini había sido detenida el 13 de septiembre de 2022 por llevar el velo obligatorio de forma “inapropiada”.
“Desde 1979, la República Islámica ha usado las ejecuciones como una herramienta para producir miedo y retener el poder”, asegura el informe de IRH. Su director, Mahmood Amiry-Moghadam, describe por teléfono desde Oslo como “trágico” el aumento de las ejecuciones en Irán desde esas manifestaciones lideradas por mujeres y relaciona ese incremento con el propósito de “disuadir a la población de emprender nuevas protestas”. Especialmente a las iraníes. El activista destaca un hecho inédito desde 2011: las condenas a muerte a tres mujeres por cargos relativos a la seguridad nacional. Son la sindicalista Sharifeh Mohammadi, la activista Verisheh Moradi y la trabajadora social Pakhshan Azizi.
Las tres son defensoras de los derechos de las mujeres. Todas han denunciado torturas en la cárcel, fueron acusadas de “rebelión armada contra el Estado” y han terminado condenadas a muerte en juicios “farsa”, según Amnistía Internacional. Dos de ellas —Moradi y Azizi— son kurdas, destaca el director de IRH. Como Yina Mahsa Amini.
Irán es el segundo país del mundo que más personas ejecuta, por detrás de China, y el primero en relación con su población. En 2024, al menos 901 reclusos fueron ahorcados, según Naciones Unidas. La mayoría eran hombres. La República Islámica es también la que más mujeres ajusticia —16 de las 24 ejecutadas en todo el mundo en 2022—. Son muchas menos que los hombres, pero sufren una violencia aún mayor en razón de su género, destaca el informe de la ONG, que recuerda que, en los años ochenta, muchas condenadas a muerte eran violadas antes de la ejecución. Esos abusos permanecen a menudo “ocultos”. Muchas condenadas son pobres y a menudo son abandonadas por sus familias; carecen de voz.
El documento de IRH no incluye datos sobre “el gran número de presas políticas ejecutadas en los años ochenta ni las mujeres sometidas a ahorcamiento o lapidación por adulterio durante los primeros 30 años de la República Islámica [1979-2009]”. Sí recoge que Irán ejecutó al menos a 241 mujeres entre 2010 y 2024. De 121 ni siquiera se sabe su nombre completo.
Este diario contactó hace días con la Embajada de Irán en España para recabar la versión oficial sobre estos datos. La legación diplomática aún no ha respondido.
“Desesperación”
De entre los delitos que en Irán pueden castigarse con la pena capital —entre ellos, el sexo fuera del matrimonio, entre homosexuales o el adulterio—, sobresalen dos: el asesinato y el narcotráfico. El 47% de las iraníes ejecutadas desde 2010 fueron condenadas por ese primer delito y, de ellas, el 69% por haber matado a su pareja. Sus historias, deplora Amiry-Moghadam, son descriptivas de un “apartheid de género”.
Muchas “mataron por desesperación”, destaca el informe, frente a un maltrato de años del que no podían escapar. Las iraníes solo pueden pedir el divorcio en poquísimos casos y si lo logran pierden la custodia de sus hijos cuando estos cumplen siete años. “Atrapadas en matrimonios abusivos (…) a menudo actuaron en legítima defensa”, prosigue el documento. Irán no reconoce la violencia machista ni la violación dentro del matrimonio. Las mujeres no pueden ser juezas y su testimonio vale la mitad que el de un hombre. La edad de responsabilidad penal también difiere según el sexo. Para las niñas, 9 años; para los hombres, 15.
Zahra Esmaili era una de esas iraníes atrapadas. Fue obligada a casarse con su violador, que la había dejado embarazada, recoge el informe de IRH. El hombre la maltrataba, amenazaba con matarla e intentó violar a la hija de ambos varias veces. La mujer se lo impidió. Esmaili había pedido el divorcio repetidamente, pero ni siquiera le contestaron. Después de que su cónyuge le comunicara la fecha en la que pensaba asesinarla, ella y su hija lo mataron en 2017. El día que iba a ser ejecutada, el 19 de febrero de 2021, Esmaili murió de un ataque al corazón al presenciar cómo ahorcaban a otros condenados. Los verdugos colgaron luego su cadáver de la soga y su suegra activó el mecanismo del patíbulo. Una norma iraní permite a los familiares de las víctimas de asesinato ahorcar con sus propias manos a los condenados. A dos iraníes condenadas por matar a sus maridos maltratadores, las ejecutaron ese mismo año sus propios hijos.
Otro 44% de esas 241 ajusticiadas desde 2010 acabaron en el patíbulo por tráfico de drogas. Su perfil habitual era el de una mujer pobre, con poca o nula educación; a menudo madres solas con proles numerosas de regiones desfavorecidas habitadas por minorías como la oriental Sistán y Baluchistán. La tríada perfecta de la discriminación en Irán tiene tres vértices: ser mujer, pobre y pertenecer a una minoría étnica, cultural o religiosa.
Desde finales de los años 2000, en Irán solo se emplea el ahorcamiento como método de ejecución, pero la crucifixión y la lapidación son aún legales. Esta última, rememora Amiry-Moghadam, se aplicaba mucho más a mujeres que a hombres, sobre todo por adulterio. Los condenados eran enterrados en un agujero cavado en el suelo dentro de la prisión. Si el preso lograba zafarse y salir del hoyo, se le conmutaba la pena. A los hombres, se les sepultaba hasta la cintura. A las mujeres, hasta el pecho, por lo que “era mucho más difícil” que sobrevivieran.
Pena “encubierta”
Otra mujer podría morir muy pronto en la cárcel de Evin, en Teherán. No está condenada a muerte, pero su estado de salud es tan precario que su hija, Negar Sabet, teme que su regreso a prisión, tras una breve excarcelación por motivos médicos, sea una pena capital “encubierta”, explica desde Australia. Es la poeta y profesora de la minoría religiosa bahai Mahvash Sabet, de 72 años. Sabet ha sido operada “a corazón abierto y tiene un tumor en el pulmón”, entre otros graves problemas de salud, explica su hija.
Esta poeta ha pasado ya 13 años en la cárcel, tres de ellos en aislamiento, relata Negar. Sus médicos han dicho que probablemente morirá si es encarcelada de nuevo para cumplir los 10 años que restan de su pena por “propaganda contra el sistema”, entre otros cargos. Este domingo termina el plazo para que ingrese de nuevo en la cárcel de Evin, en Teherán.
“Su único crimen es ser bahai”, dice su hija. También el haber educado a los jóvenes de esta minoría de 300.000 miembros, que tienen vetada la universidad porque el régimen los considera herejes. Su familia y esta perseguida comunidad han iniciado una campaña de firmas para pedir que no ingrese en la cárcel. En uno de sus textos, Mahvash Sabet recuerda cómo una de sus compañeras de celda en Evin, la trabajadora social Pakhsan Azizi, espera a ser conducida a la horca. Solo las autoridades iraníes saben cuántas mujeres están en el corredor de la muerte en Irán. A IRH le consta que al menos otras 47 están acusadas de cargos que pueden llevar al patíbulo.