Francisco Pandolfi
La vaca, 8-1-2025
Correspondencia de Prensa, 8-1-2025
Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden.
Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.
Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo “por la fuerza pública”. Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces) informaron que presenciarán el desalojo.
En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.
Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El contexto mapuche
Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”.
Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.
Democracia y racismo
–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?
–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.
–¿Y en ese caso?
Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.
De CFK a Milei
–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?
–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.
Desalojo anunciado
El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.
Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.
Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.
–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?
–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero.
“No nos van a poder borrar”
–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?
–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.