ANTEP, Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, 30-12-2024*
Correspondencia de Prensa, 6-1-2025
En el Registro Oficial del 23 de diciembre de 2024, se publicó el Acuerdo Ministerial No. 40 del Ministerio de Energía, emitido el 26 de noviembre sin anuncio público, mediante el cual ordena a Petroecuador la devolución del Campo Sacha, el más productivo del Ecuador, para su privatización.
Por años, los trabajadores nos hemos opuesto a la privatización de Sacha, ya que no existe forma en que el país salga beneficiado de tal operación. El gobierno de Daniel Noboa no es el primero en contemplar esta medida contraria a los intereses nacionales, pero sí es el que lo ha hecho con mayor descaro y persecución. Por su resistencia a esta privatización, nuestro dirigente, David Almeida, fue separado de Petroecuador tras un proceso de visto bueno plagado de irregularidades y violaciones. En este artículo, analizaremos en detalle las razones legales y económicas por las cuales las acciones del gobierno nacional resultan perjudiciales para los intereses de los ecuatorianos.
Contradicciones e ilegalidades del acuerdo ministerial No. 40:
En un proceso legítimo y legal para cambiar de operador en este campo petrolero, Petroecuador debería presentar un informe técnico que justifique su incapacidad económica o técnica para operar el Campo Sacha. Sin embargo, el acuerdo no incluye ninguna justificación de este tipo. Esto se debe, principalmente, a que es imposible respaldar la transacción con base en las cifras reales, ya que, en los últimos años, la estatal petrolera ha incrementado significativamente su producción, demostrando precisamente que cuenta con la capacidad técnica y económica para hacerlo.
En el acuerdo ministerial, se mencionan únicamente informes del propio Ministerio de Energía, lo que genera serias dudas sobre la fiabilidad de las cifras utilizadas. Esto resulta aún más cuestionable si se considera que, en 2019, la misma Cartera de Estado, mediante un oficio filtrado en redes sociales, el entonces Ministro de Energía, Carlos Pérez García, informó al Ministro de Economía, Richard Martínez, lo siguiente: «[…]Petroamazonas EP ha entregado varios modelos económicos sobre la posible monetización de los campos Sacha, Ishpingo y Coca – Payamino, los mismos que fueron presentados para su análisis. A criterio de esta Cartera, dicho modelo no conviene a los intereses del país«. Días después, Pérez renunció a su cargo en el Ministerio de Energía y se conoció que precisamente esta fue la razón para su salida. ¿Cómo es que hace cinco años el modelo de privatización no era conveniente para el país y hoy sí lo es?
Volvamos al presente. En el texto del acuerdo ministerial suscrito por Inés Manzano, consta que se recibió una sola oferta el 15 de noviembre de 2024, presentada por las compañías Petrolia Ecuador S.A. y Amodaimi Oil Company S.L. Esto confirma que no se abrió una convocatoria pública para recibir diversas ofertas, evidenciando un interés particular en beneficiar expresamente a estas compañías, inobservando principios básicos de transparencia.
En su primer artículo, el acuerdo ministerial declara la:
“excepcionalidad por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano, la delegación del BLOQUE 60 SACHA, a las empresas estatales o subsidiarias de estas, de los países que integran la comunidad internacional para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación adicional de hidrocarburos.”
Nótese que se hace referencia a empresas estatales o sus subsidiarias. El medio de comunicación Ecuavisa, en un reportaje publicado el 24 de diciembre de 2024, informó que la oferta fue presentada por un consorcio integrado por “las filiales de la china Sinopec, Amodaimi Oil y Petrolia, de la canadiense New Stratus Energy”. Sin embargo, nuestro equipo de investigación, tras realizar una consulta el 25 de diciembre de 2024 en la página de la Superintendencia de Compañías, encontró las siguientes novedades:
1. AMODAIMI-OIL COMPANY S.L. es una sucursal extranjera de nacionalidad española (no china) cuyo objeto social establece que “se limitará, en calidad de concesionaria, al cumplimiento del contrato de prestación de servicios para la explotación de hidrocarburos en el Bloque No. 16 de la región amazónica”. Esto significa que su objeto social la restringe de operar en otras áreas.
2. PETROLIA ECUADOR S.A. es una sucursal extranjera de nacionalidad española (no canadiense).
3. SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION sí es una sucursal extranjera de origen chino, pero su registro en la Superintendencia de Compañías está cancelado. En su lugar, está registrada como activa la empresa SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A., constituida como una sociedad anónima nacional, no como una sucursal de una empresa estatal china. Algunas empresas extranjeras adoptan esta figura para obtener ventajas en licitaciones, participando como empresas nacionales (asunto igualmente cuestionable). Pero por esta razón, esta compañía no puede participar como una sucursal de empresa estatal china, ya que su estatus es el de una empresa ecuatoriana.
Esto significa que, al momento de la presentación de la oferta utilizada como justificación del Acuerdo Ministerial, ninguna de las oferentes constaba en el registro de la Superintendencia de Compañías como sucursal de empresa estatal china, según los datos recabados por nuestra investigación.
Finalmente, el Acuerdo Ministerial se fundamenta en el Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos, reformado durante el gobierno de Guillermo Lasso, pero declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, lo que vuelve ilegal e inconstitucional todo el documento. Según el Art. 2 vigente de la Ley de Hidrocarburos, las concesiones privadas de campos en producción solo son permitidas para campos marginales, aquellos cuya producción sea inferior a 4.700 barriles de petróleo por día. Este no es el caso del Campo Sacha, que en 2024 mantiene una producción promedio de 77,000 barriles diarios, muy por encima del umbral permitido.
Las pérdidas económicas para el país por la concesión
El Estado ecuatoriano dejaría de recibir USD 2544 millones de renta petrolera en un período de 20 años con la operación privada y la oferta presentada, en comparación con lo que recibiría si continuara operando directamente el campo. Si tomamos en cuenta el anticipo de USD 1.500 millones, entonces la pérdida sería de USD 1044 millones.
Aunque el acuerdo ministerial no detalla la oferta presentada por el famoso consorcio, el portal Ecuavisa, con fecha 24 de diciembre, informa lo siguiente:
“El campo petrolero Sacha, el más productivo del país, será concesionado a una empresa privada durante 20 años. El Gobierno de Noboa se garantiza un pago anticipado de USD 1500 millones […] Además de los USD 1500 millones de anticipo, el consorcio ofreció inversiones por 1761 millones durante 20 años y asumir USD 160 millones, que es el costo de mantenimiento […] Con esa inversión ofrece elevar de 75 mil a 100 mil barriles diarios la producción de Sacha en los próximos 3 años y repartir los ingresos, el 80% para el Estado y el 20% para la compañía”.
Dicho así, a los oídos de cualquiera suena como una ganga. Sin embargo, es fundamental analizar los datos reales relacionados con los costos de producción. Por ejemplo, al examinar los datos de los últimos seis años (obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública a Petroecuador por nuestra organización), se puede calcular la rentabilidad real que el Estado ecuatoriano obtuvo, comparándola con lo que habría recibido aplicando la misma fórmula propuesta por el consorcio en ese período. Este análisis demuestra que las pérdidas serían significativas, reflejando que la privatización no es una opción económicamente viable ni beneficiosa para el país.
Nótese que la producción del campo viene en franco y constante incremento desde 2021, resultado directo de las inversiones realizadas por Petroecuador. Si se hubiera aplicado en ese mismo período la fórmula de reparto planteada por el consorcio, el Estado habría recibido USD 752,7 millones menos que los ingresos realmente obtenidos en los últimos seis años analizados. Considerando el monto del anticipo (proporcional para los mismos seis años), la pérdida acumulada habría sido de USD 302,6 millones. Cabe resaltar que esta simulación se basa en datos reales de variaciones del precio del crudo, inversiones y costos operativos.
Ahora bien, con base en estos mismos datos históricos, es posible proyectar un escenario para los próximos 20 años utilizando la fórmula propuesta por el consorcio. En este escenario, se asume que la producción se incrementaría a cerca de 100.000 barriles por día, con una declinación posterior mantenida en un 10% anual (en lugar del 20% que se da de manera natural), para concordar con los montos de inversión declarados en el reportaje de Ecuavisa. Es importante aclarar que esto no coincide con el número de reservas 3P disponibles, lo que vuelve cuestionable también la oferta presentada, un tema que por el momento para este estudio, dejaremos de lado.
El análisis comparativo entre la operación estatal y la oferta del consorcio para los próximos 20 años considera un precio promedio del crudo equivalente al registrado en los últimos seis años, lo que permite determinar las implicaciones económicas de ambos escenarios, como podemos observar en los siguientes cuadros:
En este escenario, el Estado ecuatoriano recibiría USD 2.544 millones menos de renta petrolera (valor presente) en un período de 20 años con la operación privada y la oferta realizada, en comparación con lo que obtendría si continuara operando directamente el campo, a través de Petroecuador. Incluso considerando el anticipo de USD 1.500 millones (que probablemente se destinará a gasto corriente y no a inversión petrolera del estado), la pérdida neta sería de USD 1.044 millones.
Si el precio del crudo aumenta, las pérdidas se agravan. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida se elevaría a USD 1,641 millones.
Esto demuestra que la entrega del Campo Sacha no solo es ilegal, sino que en cualquier escenario representa una pérdida considerable de renta para el Estado, renta que terminaría en manos de un consorcio privado que intenta presentarse como una subsidiaria estatal extranjera.
Exigimos al gobierno nacional una respuesta clara frente a estas ilegalidades y cifras. Priorizar intereses particulares por encima del interés nacional es, en términos simples, traición a la patria. Los trabajadores seguimos firmes en la defensa del patrimonio nacional, siempre con base en cifras, ciencia y técnica.
*La versión original de este artículo presenta una serie de cuadros que se pueden ver aquí.