Foto: Mara Quintero (archivo, 2022).
El TCA escuchará el testimonio de científicos sobre el proyecto Neptuno-Arazatí pese a oposición del Ministerio de Ambiente y OSE 1
La Diaria, 29-11-2024
Correspondencia de Prensa, 30-11-2024
En febrero, el ministerio y OSE (Obras Sanitarias del Estado) esgrimieron que tres investigadores ─que han dedicado parte de sus carreras a estudiar cómo funciona el Río de la Planta─ “carecen de la condición de imparcialidad”; la situación generó rechazo en la comunidad científica, que definió ese accionar como “censura”.
En setiembre de 2023, Redes-Amigos de la Tierra 2 presentó un recurso administrativo para la revocación y anulación de la licitación del proyecto Neptuno-Arazatí 3 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En junio, la licitación había sido adjudicada por OSE al Consorcio Aguas de Montevideo, compuesto por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. En febrero de este año, el órgano encargado del control de la administración había convocado –por petición de la organización– a cuatro científicos en calidad de testigos: Luis Aubriot y Marcel Achkar, investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Universidad de la República (Udelar); Claudia Piccini, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; y Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Aguas de la Udelar y ex gerente general de OSE. La instancia de escucha fue suspendida porque el Ministerio de Ambiente (MA) y OSE se opusieron a que los científicos brindaran su testimonio sobre la iniciativa.
El MA afirmó que Aubriot y Achkar –investigadores que han dedicado parte de sus carreras a estudiar el Río de la Plata, fuente de la que pretende abastecerse el proyecto Neptuno– no pueden ser testigos porque “carecen de la condición de imparcialidad”. La declaración provocó un rotundo rechazo en la comunidad científica y se calificó el hecho de “censura”. “No se puede llamar a un médico frente a una pandemia de coronavirus y pretender que sea ‘imparcial’: va a pretender cuidar la salud de la población y tomar medidas de prevención. En nuestro caso pasa algo similar; nosotros estudiamos el sistema y tenemos un diagnóstico de lo que ocurre. Las de Arazatí son aguas peligrosas de potabilizar, con una altísima variabilidad en cuanto a la toxicidad y a las cianobacterias”, dijo Aubriot a la diaria en su momento. OSE en su documento no se quedó atrás y, además de cuestionar la “imparcialidad” de Aubriot y Achkar, sumó a Danilo Ríos.
Asimismo, tanto el MA como la empresa estatal se opusieron a las pruebas documentales que presentó Redes-Amigos de la Tierra. Entre ellas estaban el informe que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos que recomendaba “no innovar ni continuar” la licitación del proyecto, el manifiesto que construyeron 12 investigadores del IECA y el Centro Universitario Regional Este, en el que se hacen advertencias y recomendaciones en torno al abastecimiento de agua potable en el sur del país, un informe sobre salinidad en el Río de la Plata que fue solicitado por OSE a investigadores de la Facultad de Ciencias y un artículo publicado en la revista arbitrada Estuarine, Coastal and Shelf Science, en el que se describe que en la zona donde se pretende instalar la planta tuvieron lugar floraciones de cianobacterias en todos los meses de 2021.
Este viernes el TCA emitió una sentencia, a la que accedió la diaria, en la que desestima las oposiciones presentadas por la empresa estatal y el MA. “Las demandadas se opusieron a la declaración de los testigos propuestos por la actora, en el entendido de que estos carecen de imparcialidad, y/o fueron propuestos para realizar una valoración sobre los hechos. Como correctamente indica la actora al evacuar el traslado, los cuestionamientos a los testimonios refieren a cuestiones de valoración y no de admisibilidad, por lo que su valor y aporte a la causa serán objeto de consideración en la etapa correspondiente”, dice el TCA.
Asimismo, indica que “respecto al cuestionamiento de la parte demandada sobre la oportunidad de la presentación de la prueba documental por parte de la actora, el mismo es de franco rechazo”. “El interés prioritario es la recepción con amplitud de la prueba solicitada por las partes, sin menoscabo del derecho de defensa”, subraya y añade: “En nada perjudica el derecho de los codemandados y podría propiciar nuevos elementos de juicio al Tribunal para decidir la causa”.
Un paso más cerca
Redes-Amigos de la Tierra emitió un comunicado en el que celebra la sentencia del TCA. La organización resalta que “firmar el contrato con el consorcio a cargo del emprendimiento, Aguas de Montevideo, cuando existe un recurso de suspensión y nulidad del llamado a licitación que está siendo tratado, es no cuidar las arcas del Estado y exponerlo a enfrentar multas y costos millonarios”.
La organización dice que “ha quedado demostrado técnicamente que el proyecto no puede producir agua potable debido a los episodios de salinidad y cianobacterias en el Río de la Plata”. También hace hincapié en que “tendrá un costo exorbitante que deberá pagar la sociedad uruguaya”. “Desde un principio las organizaciones y movimientos sociales que defendemos el derecho humano al agua hemos dejado claro que el proyecto Neptuno-Arazatí es inconstitucional y que todo el proceso ha sido muy defectuoso, incumpliendo nuestra legislación nacional y tratados internacionales como el Convenio de Escazú”, finaliza el comunicado.
Notas de Correspondencia de Prensa
- TCA: Tribunal de lo Contencioso Administrativo ↩
- Redes Amigos de la Tierra, análisis publicado el 10-9-2024 ↩
- La coalición de derecha que gobierna aún en Uruguay, optó por aprobar el proyecto Neptuno, una iniciativa privada que prevé la construcción de una nueva planta potabilizadora en la localidad sureña de Arazatí, en el departamento de San José, que tomaría agua bruta del Río de la Plata. El costo estimado es de unos 250 millones de dólares. El agua potabilizada serviría para complementar el abastecimiento al área metropolitana de Montevideo. Eso implica la construcción de un pólder de almacenamiento. El proyecto es rechazado por los defensores del medio ambiente y también por los productores de la zona afectada. ↩