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Pese a críticas sostenidas a la LUC, el Frente Amplio incluyó pocas propuestas de cambio entre sus prioridades

Macarena Saavedra y Santiago Sánchez

Búsqueda, 3-10-2024

Correspondencia de Prensa, 5-10-2024

En las bases programáticas de la coalición de izquierda no hay referencia directa a la Ley de Urgente Consideración ¹, que ni siquiera es mencionada

La pregunta, que parecía preparada por un periodista o por un parlamentario uruguayo, descolocó al frenteamplista Yamandú Orsi. El 18 de setiembre, durante un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires, el candidato debió responder si estaba de acuerdo con la ocupación de los lugares de trabajo, algo que fue prohibido por la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020. El presidenciable se limitó a decir que el movimiento sindical no había provocado “hechos de esas características”, dado que en el país “siempre es posible una instancia más de diálogo”. Su titubeo le valió una repregunta en una conferencia posterior, ya arriba del barco que lo llevaba de nuevo a Montevideo. Entonces el candidato admitió que el tema debería ser “revisado”, aunque “no estuvo” entre las prioridades programáticas.

A tal punto el tema no es una prioridad que no se menciona en las bases programáticas del Frente Amplio (FA). No es el único punto de la LUC que no es abordado ni en el programa ni en otros documentos de la fuerza política, según un análisis de Búsqueda. De hecho, otros artículos de esta norma referidos a medidas de protesta que fueron impugnados por organizaciones sociales y por el propio Frente Amplio tampoco son mencionados en el programa de la coalición de izquierda.

Ejemplos de eso son el artículo 468, que declaró “ilegítimos” los piquetes “que impidan la libre circulación en espacios públicos o privados de uso público”, o el 469, que establece que el Ministerio del Interior tomará las “medidas pertinentes” para preservar la “libre circulación” en estos espacios cuando se pretenda obstaculizar.

La ausencia de referencias a esos artículos se da pese a que, cuando se discutieron en el Senado, el entonces legislador del MPP Charles Carrera argumentó que atentaban “contra el derecho de reunión” y el “derecho de libertad de expresión” y sostuvo que se iba por el camino de “criminalizar la protesta social”.

Tampoco las bases programáticas del Frente Amplio, el avance del plan de gobierno y otros documentos recientemente presentados, como el de la lista 95 de Convocatoria Seregnista Progresista, hacen referencia a dar marcha atrás a los artículos de la LUC que el Frente Amplio impugnó a través de un referéndum en 2022. De hecho, casi no hay referencias explícitas a la norma.

Policía, delitos y proceso penal

Así, no se propone volver atrás con la ampliación del concepto de “legítima defensa” ni con la creación de figuras delictivas como el agravio a la autoridad policial, la resistencia al arresto o la ocupación de espacios públicos, ni tampoco con la ampliación de atribuciones a la Policía, como la presunción de la legitimidad en la actuación policial o los cambios en la reglamentación del uso de la fuerza.

Un documento llamado Acá también el agua hierve a 100 grados, elaborado por algunos de los principales referentes de seguridad del Frente Amplio, sí advierte sobre el aumento de la población carcelaria en los últimos años, un efecto atribuido en parte a la LUC. “Además de aumentar las penas, redujo los beneficios de redención de pena y de libertad anticipada e impuso la preceptividad de la prisión preventiva para diversas situaciones”, sostiene el texto, y añade que la legislación produjo como consecuencia un “aumento de la población femenina privada de libertad por delitos de drogas”.

Entre los autores del documento están el exfiscal de Corte Jorge Díaz —cuyo nombre suena para liderar el futuro Ministerio de Justicia en un eventual gobierno frenteamplista—, el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera y el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, esta última considerada un proyecto exitoso en el sistema carcelario uruguayo. El texto es una referencia frecuente del jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, al momento de desarrollar algunas ideas de gobierno, aunque no se trata de un documento oficial.

Respecto a la Policía, las bases programáticas del Frente Amplio indican que se “retomarán e impulsarán la profesionalización, humanización, prácticas de formación inicial, ascenso y especialización sostenidas en bases científicas, con un perfil distanciado de las prácticas militarizadas” y “jerarquizando la incidencia de las personas con mejores calificaciones”. Además, aseguran que se priorizará en la formación policial “el enfoque basado en el respeto a los derechos humanos y las perspectivas de género e interseccionalidad”, así como contenidos relacionados con la violencia basada en género.

Otro de los cambios que el gobierno de coalición introdujo a través de la LUC fue la derogación de la suspensión condicional del proceso, que había sido incorporado en el Código del Proceso Penal y que permitía suspender un proceso contra una persona que hubiera cometido un delito leve y, eventualmente, eliminar los antecedentes, si esta no cometía nuevos delitos durante un período de tiempo. La supresión de este instituto es considerado un factor clave detrás del aumento de la población privada de libertad y diversos actores del sistema judicial han reclamado su reincorporación.

Cuando la LUC comenzó a ser tratada en el Parlamento, Díaz, todavía titular de la Fiscalía General, recomendó que no fuera derogada la suspensión condicional del proceso. Ahora, con los programas de gobierno arriba de la mesa, no se plantea explícitamente una marcha atrás en este tema, aunque sí se propone una reforma integral del Código del Proceso Penal.

Lavado de activos, vivienda y combustibles

Uno de los principales cambios a la LUC que sí está incluido en los documentos programáticos frenteamplistas es “desestimular” el uso de efectivo para combatir el lavado de activos y afectar a las organizaciones criminales. La coalición de izquierda criticó la decisión del gobierno actual que aumentó el tope de efectivo en transacciones económicas a 1millón de unidades indexadas (casi US$ 164.000 al valor actual). El FA argumenta que, aunque no se pueda comprobar un incremento del blanqueo de capitales como consecuencia, la medida crea condiciones más favorables para que se desarrolle y envía un mensaje de baja percepción del riesgo. En sus propuestas, el sector Seregnistas sugiere modificar la normativa y disminuir el tope permitido a US$ 20.000, aunque no plantea volver al máximo de US$ 5.000 que existía previo a la LUC.

Entre los artículos más discutidos de la LUC sobre vivienda estuvieron los vinculados a la creación del régimen de alquiler sin garantía, que el gobierno incluyó para dar mayores posibilidades de arrendamiento a quienes tienen dificultades para acceder a un hogar. En ese régimen se agilizaron los tiempos para los desalojos en caso de deudas de los inquilinos, lo que fue criticado desde la oposición y desde organizaciones sociales.

El senador frenteamplista Mario Bergara afirmó en 2021, cuando se debatía el referéndum sobre la LUC, que la ley incorporaba “el desalojo exprés”. “Te sacan al toque si alquilás sin garantías. Incluso si sos buen pagador. Si uno es buen pagador y viene una pandemia y tiene alguna dificultad, por la LUC en 30 días puede estar afuera de su casa”, dijo.

A pesar de las numerosas críticas que se plantearon, el Frente Amplio no menciona el tema en su programa. Tampoco hace referencia a modificar el sistema de fijación del precio de los combustibles que impulsó el gobierno, que se define a partir de un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (que se basa, por un lado, en el precio de paridad de importación, cuyo principal componente es el precio internacional del petróleo, y, por otro, en los sobrecostos de Ancap). Este nuevo sistema había sido votado en el Parlamento por la oposición cuando se trató la LUC, aunque luego la fuerza política optó por impugnarlo, en acuerdo con las organizaciones sociales.

Cogobierno en la educación y regla fiscal

A través de la LUC, la coalición de gobierno hizo modificaciones en tres temas principales de la educación, que recibieron cuestionamientos por parte de los sindicatos docentes. Se hicieron cambios en la gobernanza, se creó un nuevo mecanismo de validación de carreras de formación docente y nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes.

El artículo 148 eliminó los consejos desconcentrados de los subsistemas (Inicial y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Formación en Educación). Estos órganos colegiados antes estaban compuestos por tres miembros (dos designados por el Codicen y uno electo por los docentes) y con la LUC se convirtieron en direcciones generales unipersonales. Sobre eso, las bases programáticas del Frente Amplio son claras: se destaca la importancia de la autonomía y el cogobierno en la educación. Se propone un nuevo diseño del gobierno de la educación que se base en estos principios, involucrando a diferentes actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones.

Otra de las áreas en que la LUC introdujo cambios fue la formación docente, por medio de la generación de un nuevo mecanismo de validación de carreras para que los títulos reciban el carácter universitario. Como alternativa, el Frente Amplio propone la creación de una Universidad de la Educación, un punto que ha sido criticado de forma directa por el ministro de Educación, Pablo da Silveira.

Ninguno de los documentos programáticos del Frente Amplio plantea, en tanto, derogar la regla fiscal instaurada por el gobierno a través de la LUC. Por el contrario, las apuestas de la fuerza política son a su “fortalecimiento” y “consolidación”, según se describe en el documento Prioridades para gobernar, presentado en setiembre por el comando de Orsi. Para eso, se plantea establecer “mecanismos de exigibilidad y cláusulas de escape”, además de dar “jerarquía” e “independencia” al Consejo Fiscal y “mecanismos que permitan proteger la inversión pública y la destinada a la adaptación al cambio climático”.

La inclusión que hizo el Frente Amplio de este capítulo le valió críticas del candidato nacionalista Álvaro Delgado, que recordó en declaraciones a FM 100 de Trinidad que “la regla fiscal la criticaron y la combatieron” y luego “intentaron derogarla”, pero ahora “dicen que es un buen instrumento y hay que consolidarlo y fortalecerlo”. En mayo de 2020, durante una rueda de prensa, el entonces senador socialista Daniel Olesker había valorado la regla como “innecesaria e injustificada”, mientras que Bergara decía que lo que se votaba no era una regla fiscal, sino una “expresión de deseo de que haya una regla fiscal”.

Sin mención al régimen de adopciones

Uno de los cambios de la LUC más cuestionados por el Frente Amplio fue el régimen de adopciones. Andrea Venosa, secretaria del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) entre 2015 y 2020 y hoy directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, escribió en 2020 en una columna publicada en la diaria que los cambios significaban un “grave retroceso para los derechos humanos en el país, ya que se estaría habilitando la adopción por familias que no han sido seleccionadas ni evaluadas por el INAU”, lo que “podría volver al antiguo intercambio de niños con base en las condiciones materiales de las familias”.

En concreto, la norma habilitó excepcionalmente al juez que resuelve las adopciones a prescindir de la selección realizada por un equipo técnico del Departamento de Adopciones del INAU cuando el niño el adolescente ya se encontrara integrado plenamente a un núcleo familiar de forma lícita.

Ni las bases programáticas del Frente Amplio ni el documento Prioridades para gobernar Uruguay contienen referencias a posibles cambios al régimen de adopciones. Este último solo se refiere al tema para plantear una equiparación de las licencias por adopción con las que rigen para las familias biológicas.

En un artículo publicado el 2 de julio por la diaria, la diputada Cristina Lustemberg sostuvo que, en caso de acceder al gobierno, el Frente Amplio deberá “evaluar que el sistema esté dando las garantías necesarias para los niños”.

Nota