La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel en el centro.
Luciana Bertoia
Página/12, 28-8-2024
Corresponencia de Prensa, 28-8-2024
«Es una glorificación del terrorismo de Estado», denuncian los organismos
Para defender a los genocidas, Villarruel dice que quiere juzgar a los militantes de los ’70
La vice nada dice de la visita de los diputados a los genocidas ni repudia los crímenes que cometieron. Sin embargo, quiere maniobrar en los tribunales para cumplir un viejo anhelo de los perpetradores.
Hacía días que desde el entorno de Javier Milei la responsabilizaban por el escándalo que se desató con la visita de seis diputados a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Le atribuían que la libertad de los criminales de la última dictadura era “su agenda”. Victoria Villarruel no se amilanó ante las críticas de su propio espacio y demostró que su plafón pro-impunidad es más ambicioso aún. En un acto en el Senado, la vicepresidenta anunció que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los años ‘70 –léase aquellas y aquellos pocos que sobrevivieron a los campos de concentración o los vuelos de la muerte que ejecutaban los represores a quienes visitaba en prisión. Desde el movimiento de derechos humanos denunciaron que, una vez más, Villarruel hizo una reivindicación del terrorismo de Estado.
Villarruel organizó un acto en la Cámara alta por el Día del Terrorismo. Se guardó para el final su intervención en la que dijo que desde los 28 años se había dedicado a la “memoria completa”. La fecha coincide con la llegada al poder de Néstor Kirchner, cuando se impulsó la anulación de las leyes que impedían el juzgamiento a los perpetradores de la dictadura. Por aquellas épocas, Villarruel deambulaba con Cecilia Pando e iban juntas a increpar al Presidente.
En su discurso, la vice no se ahorró expresiones de la derecha más rancia: habló del “trapo rojo” y dijo que los militantes montoneros eran protegidos del kirchnerismo. Se refirió al país como un “nido de impunidad” y, desde un estrado, anunció: “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
Para sepultar los sueños de quienes se entusiasmaron con acercarla al peronismo, Villarruel dijo con voz chillona: “Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”.
Todo el acto de la vice fue un mensaje al Poder Judicial. El evento fue inaugurado por Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado en 1973. Villarruel justificó sus críticas al juez Ariel Lijo –candidato del gobierno para la Corte– en el hecho de que el magistrado sostiene que no se trata de un caso de lesa humanidad, pese a que le atribuyó responsabilidad en el hecho a Montoneros.
También habló Gloria Paulik, hija de un policía muerto en la bomba de Coordinación Federal, el lugar que era sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionaba como centro clandestino. Hay un intento por reabrir esa causa que está a estudio de la Cámara Federal porteña. En el tribunal, dijeron a este diario, no se unificaron posturas y no está previsto que haya un pronunciamiento inmediato. Entre quienes impulsan su reapertura está el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua.
En la sala estaba también Arturo Larrabure, actual funcionario del Ministerio de Defensa, que impulsa la reapertura de la causa por la muerte de su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure. Ese caso es emblemático: fue allí que el procurador general dio su instrucción sobre qué podía considerarse crímenes de lesa humanidad. La justicia en todas las instancias –incluida la Cámara Federal de Casación Penal– rechazó que fuera un delito contra la humanidad y, por ende, imprescriptible. El tema espera desde hace seis años resolución de la Corte Suprema.
¿Villarruel o La Libertad Avanza?
Página/12 consultó sin éxito con voceros del Ministerio de Justicia si la iniciativa de Villarruel iba a ser impulsada desde esa cartera y si respondía a una propuesta del Poder Ejecutivo. Según trascendió, el impulso sería motorizado desde la ONG que preside Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). De ser ese el caso, no sería una política estatal.
La idea de abrirles causas a los sobrevivientes de los años ‘70 no es novedosa: se gestó a principios de este siglo como respuesta a la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo que buscaban era un “empate” y, de esa forma, forzar una amnistía general. No tuvieron eco. Los tribunales condenaron a 1187 personas por crímenes contra la humanidad. Villarruel continuó en su intento: lo que no pudo explicar cuando declaró en un juicio en Tucumán fue por qué se acordaron de desempolvar esos expedientes una vez que volvieron a moverse las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores”, marcaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”, añadieron.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que Villarruel hace una “glorificación del terrorismo de Estado” y que no se puede negar lo que los tribunales juzgaron y condenaron: los crímenes de lesa humanidad.
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Una diputada argentina divulgó varios proyectos para excarcelar a represores presos
La Diaria, 26-8-2024
La visita de legisladores a condenados por crímenes de la dictadura generó una crisis interna en La Libertad Avanza.
Lourdes Arrieta fue parte de un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, Javier Milei, que el 11 de julio visitaron el penal de Ezeiza y se reunieron allí con represores presos.
Desde que se hizo público ese encuentro, que provocó el repudio de distintos actores políticos, Arrieta afirmó que había asistido engañada y sin saber que iba a reunirse con personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
La legisladora acusó al presidente de la Cámara de Diputados, el también libertario Martín Menem, de haber organizado la visita sin informarle cuál era su objetivo y le reprochó que después no la defendió. “Nadie me dijo que íbamos a visitar a [el represor Alfredo] Astiz, me hablaban de presos políticos”, dijo la diputada este lunes a Radio con Vos.
“Siento que me usaron. Estas conspiraciones son de cobardes. Hay dirigentes que demostraron eso, que son cobardes”, afirmó la legisladora mendocina que, según informó ElDiarioAr, está por ser expulsada de la bancada partidaria.
En medio de este conflicto en el oficialismo, Arrieta dio a conocer chats de un grupo de Whatsapp en el que participaban varios legisladores y el sacerdote católico Javier Olivera Ravasi, hijo de uno de los militares presos en Ezeiza.
También divulgó en su cuenta de X proyectos de legislar para lograr la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad y manifestó que esa “no es la agenda del presidente”.
“Ahora pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de Whatsapp para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, afirmó.
Uno de los proyectos que divulgó la diputada, denominado “Plazo razonable”, tiene como objetivo pedir la liberación de esos condenados bajo el argumento de una supuesta demora en el proceso judicial desde que se conoció la existencia del crimen, informó Página 12, que ya había dado a conocer algunas de estas iniciativas. El proyecto fija en 25 años “el plazo máximo de duración de un proceso penal” y aclara que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.
Según informó el diario argentino, este proyecto es impulsado por legisladores, abogados, exjueces y el cura Olivera Ravasi, entre otros.
Además, Arrieta publicó un borrador de decreto, impulsado por el mismo grupo, que también apunta a que los represores no permanezcan presos más de 25 años, después de los cuales “operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.
Argumentan que ante “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad [que] mantiene[n] colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”, resulta “indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.
De acuerdo con Infobae, los impulsores de estas iniciativas aumentaron sus esfuerzos para legislar en este sentido a partir de que un tribunal de casación anuló la libertad condicional para dos represores y también la excarcelación de otro.
Entre los diálogos de Whatsapp, se plantea la posibilidad de comunicarle a Milei las inquietudes del grupo, lo que apoyaría la versión de Arrieta de que el presidente no estaba al tanto de la visita a Ezeiza.
La diputada dijo que entró al grupo de Whatsapp porque ya se habían sumado muchos de sus “colegas que hoy fingen demencia”. Entre ellos nombró a Lilia Lemoine, una figura cercana al presidente, y a Nicolás Mayoraz, a quien decidió denunciar por violencia de género después de que los dos mantuvieran una fuerte discusión en el Congreso la semana pasada. La legisladora acusa a su colega de maltrato verbal y de crear un ambiente hostil e intimidatorio durante la reunión de legisladores de la bancada.
Durante la entrevista con Radio con Vos, Arrieta se refirió a las críticas que recibió en su momento por decir que no conocía a los represores porque nació en 1993 y que tuvo “que googlear” a Astiz. “La historia la conozco, pero no conozco las caras después de tanto tiempo”, dijo.
También ratificó su intención de seguir ocupando su banca y cuestionó a otros legisladores, como la diputada María Emilia Orozco: “Fue a esa reunión y después salió a hablar en contra mío, diciendo que estuvo mal lo que hice al visitar el penal de Ezeiza, que no represento a La Libertad Avanza”, planteó. En su opinión, Milei debería hacer “un replanteo de quiénes deberían quedar” en el partido.
Arrieta, que también denunció ante la Justicia la visita a Ezeiza por sospechas de delitos como coacción agravada, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, dijo que le manifestó al juez Ernesto Kreplak que tiene miedo por su vida y que el magistrado estuvo dispuesto a brindarle custodia.