Farooq Sulehria, Harris Qadeer y Umair Khurshid
Traducción: Pedro Perucca
Jacobin, 2-8-2026
Correspondencia de Prensa, 4-8-2026
Se supone que las áreas de Cachemira bajo administración pakistaní gozan de autonomía política, pero eso es una farsa desde hace mucho tiempo. Las autoridades pakistaníes respondieron con una represión brutal a las protestas populares que exigen una democracia real.
El territorio de Jammu y Cachemira administrado por Pakistán (PaJK, por sus siglas en inglés) está siendo escenario de la confrontación más extensa entre las masas y el Estado pakistaní en décadas. Entre el 5 de junio y el 27 de julio, al menos cuarenta y cinco personas fueron asesinadas, mientras Islamabad buscaba aplastar el movimiento antes de que pudiera consolidarse.
El 27 de julio, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra miles de manifestantes desarmados que marchaban hacia la localidad de Rawalakot, matando a veintiuna personas. Al día siguiente, otras catorce fueron abatidas a tiros en Rawalakot, Mirpur y otras localidades, mientras que dos manifestantes más fueron asesinados el 29 de julio, con lo cual la cifra de muertos por la más reciente represión ascendió a al menos treinta y siete. Rige un apagón de internet desde el 5 de junio y las redes de telefonía celular también dejaron de funcionar. Este tipo de apagones suele acompañar a la violencia estatal.
Una autonomía de fachada
La actual confrontación comenzó el 5 de junio y representa la tercera fase importante de un levantamiento de tipo intifada que se viene desarrollando desde 2023. Los dos levantamientos anteriores obtuvieron enormes victorias contra la implementación de medidas neoliberales, logrando, por ejemplo, la restitución de subsidios mientras se recortaban facturas de servicios públicos insosteniblemente infladas.
Los recientes asesinatos no constituyen un colapso excepcional de la autoridad estatal, sino que expresan la lógica de un orden político cuya supervivencia depende de negarle a la población del PaJK cualquier control significativo sobre las condiciones de su propia existencia. El PaJK, a diferencia del Jammu y Cachemira administrado por India (IaJK), no está integrado al Estado pakistaní y goza de una autonomía formal (aunque sumamente simbólica). Su población de 4,3 millones de personas equivale aproximadamente a un tercio de la de los territorios bajo dominio indio, y abarca menos de un cuarto de la superficie de estos.
En la práctica, la disputa en curso involucra manipulación electoral, especialmente a través de las llamadas «bancas reservadas». Islamabad amaña y manipula las elecciones para instalar un gobierno títere en el PaJK.
El actual levantamiento no puede comprenderse únicamente en el lenguaje de la crisis económica. El aumento de las tarifas eléctricas, la suba de los precios de los combustibles, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida proveyeron los agravios inmediatos en torno a los cuales el movimiento se cristalizó. Pero estas condiciones fueron a su vez producto de una relación política más profunda. Reflejaron la organización del poder en el PaJK, donde la población carga con las consecuencias de decisiones económicas sobre las cuales no ejerce ningún control efectivo.
El marco constitucional del territorio ha separado desde hace tiempo la responsabilidad política del poder político. Si bien las elecciones producen gobiernos y asambleas, la autoridad decisiva sobre la política fiscal, la energía, los recursos naturales y las principales cuestiones administrativas permanece concentrada en Islamabad. Las instituciones que aparentan constituir un autogobierno cumplen, por lo tanto, una función contradictoria. Se espera que absorban la ira pública mientras carecen de la capacidad de resolver las condiciones que la generan.
El resultado es una economía política de tipo colonial en la que las formas democráticas coexisten con la negación sistemática de la soberanía popular. El Estado aparenta ser local pero gobierna a través de instituciones cuya autoridad última reside en otra parte. La explotación económica y la subordinación política, por lo tanto, se refuerzan mutuamente. La extracción de recursos, la imposición de la austeridad y el traspaso del poder de decisión a Islamabad no son procesos separados, sino distintas expresiones de una misma estructura de dominación.
Sin embargo, las dificultades económicas por sí solas no producen movilización masiva. Condiciones similares han existido en otros lugares sin generar un movimiento de magnitud comparable. La cuestión decisiva es cómo los agravios sociales adquieren organización. Ese proceso venía desarrollándose ya en años previos al actual levantamiento.
La crisis del orden político
La revocación del Artículo 370, que le otorgaba al IaJK una autonomía limitada, por parte del Estado indio en agosto de 2019, transformó el debate político en todo el dividido estado de Jammu y Cachemira. Aunque los cambios constitucionales se implementaron en el IaJK, su significado se extendió mucho más allá de la Línea de Control (la línea de facto que divide al PaJK del IaJK). Estos cambios pusieron en evidencia hasta qué punto los Estados en pugna reclamaban la autoridad para determinar el futuro de Jammu y Cachemira excluyendo a su población de ese proceso. Las cuestiones de soberanía, poder democrático y representación política adquirieron una urgencia renovada en todo el territorio.
Los acontecimientos de 2019 también pusieron de manifiesto el agotamiento de los partidos políticos dominantes en el PaJK. Durante décadas, estos habían alternado entre los roles de gobierno y oposición mientras operaban dentro de instituciones cuyo propósito no era transferirle la soberanía al pueblo, sino administrar un territorio subordinado.
La contradicción se volvió cada vez más difícil de sostener. Las organizaciones de izquierda, las corrientes nacionalistas, los movimientos estudiantiles y los activistas democráticos buscaron construir alianzas políticas más amplias capaces de desafiar el orden existente. En consecuencia, se fundó en 2019 la People’s National Alliance (PNA), que generó un entusiasmo considerable y reveló la existencia de una base social sustancial en busca de un cambio político. Sin embargo, les costó establecer raíces organizativas duraderas porque no lograron fusionar la cuestión constitucional con las preocupaciones materiales, cada vez más urgentes, de los trabajadores, los estudiantes y los pobres urbanos.
Hacia comienzos de la década de 2020, esas contradicciones habían comenzado a converger. Un descontento económico se fusionó con un reconocimiento creciente de que estas condiciones no podían separarse de la estructura política a través de la cual se gobernaba el territorio. Fue a partir de esta convergencia de agravios de clase y aspiraciones democráticas que surgió el actual movimiento.
Construyendo el movimiento
Las primeras campañas se centraron en las tarifas eléctricas, los precios del trigo y el creciente costo de vida. Manifestaciones contra la inflación, quemas simbólicas de facturas de electricidad, campañas de por el no pago, sentadas y huelgas con cierre de persianas se propagaron por pueblos y ciudades durante 2022 y 2023. Lo que en un principio parecía ser una serie de disputas locales dispersas fue revelando gradualmente una realidad política común. Sin importar la localidad, los manifestantes se enfrentaban a las mismas instituciones, a la misma indiferencia administrativa y, en última instancia, al mismo poder estatal detrás de cada decisión que moldeaba sus vidas.
Esta convergencia no fue simplemente geográfica, sino que reflejó la formación gradual de una conciencia política común entre sectores sociales que hasta entonces habían entrado en lucha a través de experiencias diferentes. Los trabajadores enfrentaban salarios en baja, había oportunidades cada vez más reducidas para los estudiantes junto con aumentos fenomenales de aranceles, y los pequeños comerciantes luchaban contra la caída del poder adquisitivo así como contra el aumento de los costos operativos. Estas experiencias no borraron las diferencias entre clases y sectores sociales, pero apuntaron cada vez más hacia una fuente de autoridad común situada más allá de las instituciones del gobierno local.
La ciudad de Rawalakot, que desde hace mucho tiempo funciona como centro de la política de izquierda radical y del activismo democrático secular, se convirtió en uno de los primeros centros de movilización sostenida. Las manifestaciones por el precio del trigo evolucionaron hacia ocupaciones prolongadas que frustraron reiteradamente los intentos de las autoridades por dispersarlas. La ciudad adquirió relevancia política porque demostró que una movilización de masas disciplinada podía resistir la represión policial rutinaria y mantener el control del espacio público durante períodos prolongados. Cada movilización exitosa alentaba iniciativas similares en otros lugares, lo que permitió que los participantes de las luchas locales se reconocieran a sí mismos como parte de un movimiento territorial más amplio, en lugar de como protagonistas de episodios aislados de protesta.
A medida que la movilización se expandía, se fue haciendo cada vez más evidente que las campañas fragmentadas no podían ejercer suficiente presión sobre un Estado capaz de contener la disidencia localizada. Los activistas, por lo tanto, buscaron una forma organizativa capaz de coordinar la acción en todo el territorio preservando al mismo tiempo la amplia coalición social que iba surgiendo a través de la lucha. Este proceso culminó con la formación del Joint Awami Action Committee (JAAC), que unificó a los comités de acción locales en un organismo coordinador de alcance territorial en septiembre de 2023.
Las mujeres en la lucha
Uno de los desarrollos más importantes dentro del levantamiento fue la escala y la visibilidad de la participación de las mujeres. El PaJK sigue estando profundamente marcado por relaciones sociales patriarcales que históricamente confinaron a las mujeres a la esfera privada mientras restringían su presencia en la vida política. El liderazgo público permaneció en gran medida como coto reservado de los hombres, y la actividad política de las mujeres fue tratada con frecuencia como secundaria respecto de luchas definidas y dirigidas a través de instituciones dominadas por varones.
El actual movimiento alteró ese orden de manera significativa. Las mujeres organizaron manifestaciones, se dirigieron a asambleas públicas, participaron en sentadas y marcharon junto a los hombres pese a la certeza de la violencia policial y la detención. No aparecieron meramente como sostenedoras de un movimiento dirigido por otros, sino como actoras políticas cuya participación alteró la composición social del movimiento y amplió sus horizontes democráticos.
Esta transformación conlleva implicancias que exceden las cuestiones de representación. La autoridad patriarcal y el dominio colonial son formas de dominación históricamente distintas, y sin embargo se refuerzan mutuamente al restringir quiénes pueden ejercer legítimamente la agencia política. Una población resulta más fácil de gobernar cuando la participación política queda confinada dentro de jerarquías establecidas, ya sea que dichas jerarquías se sostengan a través del Estado o a través de relaciones sociales conservadoras.
La emergencia de las mujeres como organizadoras, por lo tanto, desafía a ambas simultáneamente. Cada mujer que ocupa un espacio político que le era negado debilita estructuras de autoridad que dependen de la exclusión como condición para su propia reproducción.
Estos desarrollos se han dado de manera desigual. Las tendencias conservadoras dentro del movimiento han buscado en ocasiones marginar el liderazgo de las mujeres o limitar su papel en la toma de decisiones. Tales contradicciones reflejan la amplia composición social del movimiento, más que una presión externa impuesta sobre este. Sin embargo, estas tensiones no pueden ocultar la transformación en marcha.
Las mujeres se situaron en la primera línea de las manifestaciones, soportaron detenciones, enfrentaron balas de fuego real y lloraron a quienes fueron martirizados en la lucha. Su participación se convirtió en parte de la memoria política del levantamiento, y cualquiera sea el curso que finalmente tome el movimiento, esto ya transformó el paisaje social del cual habrán de surgir las luchas futuras.
Lo que está en juego políticamente
Durante décadas, el Estado pakistaní buscó legitimar su autoridad mediante arreglos constitucionales que preservan la apariencia de autogobierno mientras que el poder decisivo se concentraba en otra parte. Esta contradicción se volvió cada vez más evidente y difícil de gestionar.
A medida que las condiciones de vida se deterioraban y las instituciones democráticas demostraban una y otra vez ser incapaces de responder a las demandas populares, sectores más amplios de la sociedad comenzaron a reconocer que no podía lograrse una reforma económica significativa sin desafiar el marco político que producía esas condiciones. La lucha, por lo tanto, ya trascendió la dimensión de una disputa en torno a políticas públicas, para convertirse en una confrontación por la soberanía misma.
Esto explica la ferocidad de la respuesta estatal. La clase dominante pakistaní no está meramente defendiendo a un gobierno en particular ni protegiendo a una única institución administrativa. Está defendiendo toda una estructura de dominación cuya estabilidad depende de impedir que el pueblo de Jammu y Cachemira ejerza un control efectivo sobre su futuro político y económico.
Cada movilización exitosa amenaza con debilitar esa estructura al demostrar que la organización colectiva puede imponer límites al poder estatal. Cada concesión obtenida mediante la lucha alienta nuevas demandas, una participación más amplia y una mayor confianza entre quienes han sido excluidos durante largo tiempo de la toma de decisiones políticas.
La trascendencia del levantamiento, por lo tanto, se extiende más allá de las fronteras del PaJK. En todo el sur de Asia, el deterioro de las condiciones de vida, la profundización de la desigualdad y las formas cada vez más autoritarias de gobierno vienen generando oleadas recurrentes de resistencia popular. Los gobiernos responden con los métodos conocidos: criminalizando la disidencia, militarizando la vida civil, restringiendo las libertades democráticas y presentando la represión como una defensa del orden público. La confrontación que se desarrolla en Rawalakot pertenece a este momento histórico más amplio, en el cual las clases dominantes recurren cada vez más a la coerción para preservar arreglos políticos que gozan de una legitimidad social decreciente.
Cualquiera sea el desenlace inmediato que surja de la actual confrontación, el levantamiento transformó la relación entre el pueblo de Jammu y Cachemira y el Estado. Es poco probable que una generación que experimentó su propia fuerza colectiva regrese en silencio a la pasividad política de la cual depende el dominio de tipo colonial. La pregunta ya no es si el viejo orden entró en crisis. La pregunta es si las fuerzas que lo pusieron en crisis pueden desarrollar la organización, la claridad política y la solidaridad necesarias para llevar la lucha más allá de la resistencia, hacia una genuina soberanía popular.
-Artículo original en inglés, Jacobin, 31-7-2026