Actividad de vecinos contrarios a la producción de hidrógeno verde. Foto: s/d de autor
La Diaria, 12-8-2024
Correspondencia de Prensa, 13-8-2024
Encuesta detectó que la población de Tambores quiere conocer la iniciativa, pero no ha tenido instancias de participación efectivas; más de un 80% considera de sumo interés cuánta agua va a utilizar, de dónde se va a sacar y de qué manera impactará en la disponibilidad de agua para otros usos.
Un año atrás, más de 150 personas se reunían en el club Huracán de la localidad de Tambores. Los convocó un conversatorio promovido por la academia donde se abordó el vínculo entre el agua, el hidrógeno verde y los derechos de las poblaciones que viven en los territorios.
Es que allí, en el pequeño pueblo ubicado al norte de nuestro país –donde según el censo de 2011 viven 1.561 personas–, es donde la compañía alemana Enertrag pretende instalar una planta para la producción de hidrógeno verde y metanol. El proyecto se llama Tambor. Una de sus fuentes de abastecimiento para crear el combustible, que se promete como alternativa a los combustibles fósiles, es el agua proveniente del acuífero Guaraní. Expertos en agua subterránea subrayan que el bien almacenado en este lugar debería considerarse como reserva para momentos de crisis. El producto final de la iniciativa será exportado a Europa.
Mariana Achugar, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en la presentación de los resultados de la encuesta Hidrógeno verde y proyecto Tambor, percepción e información de los habitantes de la zona de influencia que tuvo lugar la semana pasada, contó a la diaria que en el evento “compartimos información que había disponible sobre la temática y después se abrió un espacio para que las personas hicieran preguntas. Muchas de ellas estuvieron relacionadas con el agua, el acuífero, sobre cómo les iba a impactar en su producción y en la vida cotidiana”.
Las reuniones e intercambios con los vecinos y vecinas, como el conversatorio en el club Huracán, fueron el puntapié para que surgiera este último trabajo. Tiene como objetivo dar “respuesta a una demanda de la comunidad con el fin de documentar la información y oportunidades de participación que ha tenido la población” y otorgar reconocimiento a “la voz de las personas” que viven en el territorio cercano a donde pretende instalarse el megaemprendimiento. Forma parte de un proyecto de extensión universitaria en el que participaron un equipo de 18 docentes y 26 estudiantes. Fue liderado por el Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social, el Núcleo de Estudios Rurales e investigadores independientes del Centro Universitario Regional Noreste.
En la investigación, descrita en una misiva que compartieron con los medios de comunicación, se indaga sobre cómo la población accede a la información sobre el proyecto, qué sentidos le da a esta situación y qué oportunidades de participar existen en el proceso de diseño, implementación y desarrollo de la iniciativa. Por otra parte, también se preguntó sobre qué oportunidades observan que el proyecto les dará, cuál es su opinión respecto del mismo y cuál es la percepción de la población frente al bien común agua.
La muestra a cargo del Instituto de Estadística
Los investigadores e investigadoras destacan que la población a encuestar fue determinada basándose en la zona de influencia descrita en el informe que la empresa proponente del proyecto Tambor presentó ante el Ministerio de Ambiente en 2021. Cuentan que el diseño muestral fue realizado por el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República. “Se utilizaron diferentes herramientas informáticas y estrategias de muestreo en base a información disponible del Censo de Población y Viviendas del año 2011 y del Instituto Nacional de Estadística. Para las localidades que no aparecen en estas bases se utilizó información de imágenes satelitales y del parcelario rural de catastro. Las viviendas muestreadas se seleccionaron de forma aleatoria realizándose una serie de recorridos previos a la encuesta para la identificación de los hogares a relevarse por medio de la técnica brindada por el grupo de estadística”, apuntan.
El tamaño de la muestra fue de 242 hogares en las localidades de Tambores, Piedra Sola, Valle Edén, Los Rosanos, Rincón de la Aldea y zonas rurales. Asimismo, la encuesta cuenta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la FCEA y que se solicitó el consentimiento informado de la población al momento de hacer las preguntas. La estimación de los resultados tiene un 95% de intervalo de confianza.
Achugar resaltó que con anterioridad estudiantes del liceo Juan Dalto de Tambores, junto con la asistencia de docentes, realizaron un sondeo de opinión para conocer qué pensaba la población sobre los potenciales impactos o cuáles eran los intereses de la población vinculados al proyecto Tambor. Su labor funcionó como antecedente y fue un “primer intento de recabar la opinión de las personas de la localidad”. “Nuestra encuesta es un segundo intento”, reconoció la investigadora.
Para participar es necesario tener información
59,4% de la población relevada considera que tiene posibilidades para “participar en la planificación y decisiones sobre proyectos en el territorio”. Sin embargo, 77,3% “no ha participado de instancias para decidir sobre los usos del territorio”.
Carlos Machado, docente de la Tecnicatura en Desarrollo del Centro Universitario Regional Noreste en la sede de Tacuarembó, relató durante la presentación de los resultados que “el diseño e implementación de políticas públicas, así como de proyectos productivos directamente relacionados y ejecutados en el territorio, no siempre incluyen, reconocen y efectivizan algunos derechos que poseen las comunidades relativo al cuidado del ambiente, el acceso a la participación y a la información”. Por esta razón, el equipo consideró que era fundamental incluir preguntas específicas para “relevar si este derecho se estaba efectivizando y cuál era la propia percepción que tenía la comunidad sobre ellos”.
En este contexto, destacó que si bien 59,4% de la población considera que tiene posibilidades para participar en la planificación de proyectos, únicamente 22,7% alude a que efectivamente ha participado en estos espacios. De este último porcentaje, 4,6% afirma haber formado parte de espacios nacionales –por ejemplo, los convocados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la época a la sequía–; 9,3% dice haber estado presente en espacios locales vinculados a la definición de “presupuestos participativos municipales”; y 4,7% en actividades “autogestionadas”, como merenderos y reuniones vecinales.
Machado remarcó la “diferencia entre el reconocimiento del derecho a la participación y la efectivización, acceso y goce de este”. Aseguró que este fenómeno tiene un carácter “policausal y multidimensional” en el que entran en juego “muchos aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, de género y también la diferenciación de fuerzas y poderes que tienen los actores en el territorio”. Puso énfasis en que para que las personas participen es necesario que cuenten con información.
La mayoría de la población afectada no conoce al proyecto Tambor, pero sí quiere hacerlo
La mayoría de la población no conoce “nada” (45,2%) o sólo “un poco” (34,6%) sobre el proyecto Tambor. Únicamente 20,2% de la población afirma conocer sobre la iniciativa y dice haberse informado por la radio, el boca a boca, charlas o reuniones, redes sociales, televisión y centros educativos. A su vez, 33,5% mencionó que la planta de hidrógeno verde es “un proyecto que se ha discutido recientemente en la región”. Si bien 68,1% “desconoce lo que implica una planta de producción de hidrógeno verde”, existe “amplio interés en saber más sobre el proyecto (78,2%)”.
88,1% de la población aledaña al megaemprendimiento “quiere saber qué trabajo brindaría a los pobladores locales” y si servirá o no para que los jóvenes no abandonen la localidad. Por otro lado, también es de sumo interés “cuánta agua va a utilizar (80,8%), de dónde la va a sacar (80,7%) y de qué manera impactará en la disponibilidad de agua para otros usos (82%)”. Otros intereses mencionados van de la mano con “conocer los beneficios que traerá a la comunidad (81,9%)” y las “consecuencias sociales del proyecto (73,2%)” en lo relativo a “impactos en la calidad del agua”, “contaminación del ambiente”, “de dónde se abastecerán de agua los pobladores si se usa el agua del lugar” y los “posibles riesgos y accidentes”.
Sin opinión formada
La encuesta visibilizó que 43,7% de la población no tiene aún una opinión formada sobre el proyecto y, entre las razones que se mencionan, aparece la “falta de información”. Aquí parece interesante sumar la visión según el género del encuestado o encuestada: mientras que en las mujeres 54,4% no tiene una posición tomada, en los hombres la cifra es 36,2%. Al mismo tiempo, 24,5% de la población está a favor de la iniciativa Tambor, 15,2% está en contra y 15,4% prefiere no responder.
Entre los efectos que las personas encuestadas consideran que podría tener la planta se incluyen: la generación de puestos de trabajo (63,4%), la producción de energía para exportación (66,4%), la producción de combustibles menos contaminantes (52,3%) y la modificación del paisaje (49,5%). También se los consultó sobre su posición acerca de algunas afirmaciones y las que tuvieron amplio consenso son: “el agua es un bien común que se debe conservar”; “debería priorizarse el uso de agua para la producción de alimentos”; “debería utilizarse agua no apta para consumo humano para la producción de hidrógeno verde”; y “la empresa debería pagar por el agua que consuma”.
Derecho vulnerado
“Los resultados principales de esta encuesta indican que la población de la zona de influencia del proyecto no tiene información sobre sus implicaciones y no ha tenido instancias de participación ‘efectiva y real’ tal cual lo establecen las normativas nacionales e internacionales en las que se promueve la inclusión de la ciudadanía en la planificación y decisión de los usos del territorio, la protección del ambiente y la gestión del agua”, concluyen los 18 docentes y 26 estudiantes. En esta línea, un dato llamativo es que constataron que la población de la zona se identifica como indígena (20,5%) y afrodescendiente (14,5%) en “proporciones mayores que las del departamento y a nivel nacional”. Recuerdan que “estos grupos tienen protecciones especiales a nivel de derechos”.
Por otro lado, suman que “se identificaron como temáticas de interés los potenciales impactos del emprendimiento en la disponibilidad y calidad del agua en la zona”. “En particular se manifestó que el empleo era un potencial beneficio que se vincula con la implantación del proyecto en la zona. La gran mayoría de la población no tiene una postura definida sobre el tema. Estos resultados plantean una serie de cuestiones para tener en cuenta al pensar la importancia de la protección de derechos de las poblaciones en territorios cuando se cambia el uso del suelo con relación a actividades empresariales”, acotan.
El equipo finaliza afirmando que “este tipo de trabajo en colaboración con la sociedad civil permite identificar líneas de investigación que respondan a estos problemas y no sólo representen los intereses de sectores con poder”. Sin dudas es una buena noticia que la academia busque, como lo afirman en su trabajo, “estudiar problemas de interés general y contribuir a su comprensión pública defendiendo los principios de justicia, bienestar social, los derechos humanos y la forma democrática de gobierno”.