El juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, dicta una sentencia no vinculante sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este en la CIJ de La Haya el 19 de julio de 2024 (AFP)
Middle East Eye, 19-7-2024
A l’encontre, 20-7-2024
Traducción de Correspondencia de Prensa, 21-7-2024
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el viernes 19 de julio una opinión consultiva en la que concluye que la ocupación israelí de los territorios palestinos durante décadas es «ilegal» y que su «separación casi completa» de los habitantes de la Cisjordania ocupada 1 viola las leyes internacionales sobre «segregación racial» y «apartheid».
Al presentar las conclusiones del Tribunal, el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, afirmó que Israel debe reparar el daño causado a los palestinos por su ocupación y añadió que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la ocupación israelí.
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El abuso persistente por parte de Israel de su posición como potencia ocupante al anexionar e imponer un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y al privar continuamente al pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación viola los principios fundamentales del derecho internacional y convierte en ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado», declaró Nawaf Salam al leer las conclusiones del panel de 15 jueces.
Añadió que las políticas y prácticas de Israel en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este equivalían a la anexión de grandes partes de estos territorios y que el Tribunal considera que Israel discrimina sistemáticamente a los palestinos en el territorio ocupado.
Varios participantes sostuvieron que las políticas y prácticas de Israel en el Territorio palestino ocupado equivalen a segregación o apartheid, en violación del artículo 3 de la ICERD [Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial]», dijo.
«El artículo 3 de la ICERD establece: «Los Estados Partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y erradicar todas las prácticas de esta naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción.» Esta disposición se refiere a dos formas especialmente graves de discriminación racial, la segregación racial y el apartheid», subrayó. 2
«La Corte observa que las políticas y prácticas aplicadas por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este operan una separación entre la población palestina y los colonos que traslada a ese territorio».
La decisión del viernes es consecuencia de la petición realizada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la Corte se pronunciara sobre las políticas y prácticas de Israel hacia los palestinos y sobre el estatuto jurídico de su ocupación de tierras palestinas, que dura ya 57 años.
En particular, declaró que el «traslado de colonos» por parte de Israel a los territorios ocupados era contrario a la Convención de Ginebra, y añadió que: «Al privar al pueblo palestino durante décadas del disfrute de los recursos naturales en el territorio palestino ocupado, Israel ha impedido el ejercicio por parte del pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación». 3
La opinión consultiva no tiene carácter vinculante, pero posee una considerable autoridad jurídica y moral y podría aumentar la presión ejercida sobre Israel por su asalto a Gaza.
Nawaf Salam, refiriéndose a las objeciones planteadas contra la Corte, afirmó que no había «razones decisivas para que la Corte se negara a emitir la opinión solicitada por la Asamblea General». 4
Nawaf Salam añadió que Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza se consideraban una sola unidad según el derecho internacional, y rechazó los argumentos de Israel según los cuales ya no ocupaba Gaza debido a la expulsión de los colonos en 2005 [operación iniciada por Ariel Sharon para poner fin parcialmente a la ocupación militar de la franja de Gaza, ya que las «autoridades palestinas» no podían controlar las fronteras, las aguas territoriales ni el espacio aéreo].
El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, condenó la decisión del Tribunal calficándola de «falsa» y añadió que «el pueblo judío no ocupa su propio país». 5
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí [Israel Katz] rechazó el dictamen, calificándolo de «fundamentalmente erróneo» y «alejado de la realidad». 6».]
Al mismo tiempo, el ministro israelí de Seguridad Nacional (extrema derecha), Itamar Ben Gvir, denunció al Tribunal como «antisemita» [sic] y reiteró sus llamados a la anexión de Cisjordania. 7
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El portavoz del ministerio británico de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo declaró a Middle East Eye que el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy [del gobierno de Keir Starmer], que visitó recientemente Israel y los Territorios Ocupados, había dejado claro que el Reino Unido se opone firmemente a la expansión de los asentamientos ilegales y al aumento de la violencia de los colonos.
«Este gobierno está comprometido con una solución negociada de dos Estados, lo que permitiría crear un Estado de Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable y soberano», añadió el portavoz.
Ayoub Khan, diputado independiente por la circunscripción británica de Birmingham Perry Barr, declaró a MEE que el gobierno del Reino Unido debería respetar las conclusiones de la CIJ y «presionar para que se impongan sanciones si Israel no respeta el Estado de derecho internacional».
Adnan Hussain, diputado independiente por Blackburn, dijo que la opinión consultiva de la CIJ era «un momento histórico para la justicia internacional y confirma lo que los palestinos, los abogados y la comunidad de derechos humanos han estado diciendo todo el tiempo». Llamó a los gobiernos de todo el mundo, incluido el del Reino Unido, a desinvertir en el «comercio con territorios ocupados considerados ilegales por el derecho internacional».
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En febrero, la Corte escuchó los argumentos de 52 países y de tres organizaciones internacionales, o sea, más que en ningún otro caso desde la fundación de la CIJ en 1945. La gran mayoría argumentó que la ocupación era ilegal e instó al Tribunal a declararla así.
Esta evolución coincide con otro caso presentado por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer genocidio en el enclave.
En enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel que impidiera los actos de genocidio contra los palestinos en Gaza, que permitiera la entrada de ayuda humanitaria y que preservara las pruebas de las violaciones. [Los jueces de la CIJ, a petición de Pretoria, establecieron el 26 de enero que existe un riesgo plausible de que se violen los derechos de los palestinos a ser protegidos del crimen de genocidio (red Al’e] A pesar de ello, las organizaciones humanitarias criticaron en varias ocasionesre las restricciones impuestas por Israel en materia de ayuda en un momento en que la hambruna amenaza la región.
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Desde la guerra de 1967, Israel ocupa lo que el derecho internacional reconoce como tierra palestina. Jerusalén, Cisjordania y Gaza entran en esta categoría, y los sistemas jurídicos separados, la construcción de colonias y los actos de violencia perpetrados contra los residentes palestinos son factores clave que se tendrán en cuenta en las próximas audiencias.
Se trata de la segunda opinión consultiva emitida por la CIJ desde 2004, cuando emitió un dictamen histórico sobre la legalidad de la construcción por Israel de un muro en la Palestina ocupada. La Corte dictaminó que el muro, a menudo denominado «muro del apartheid» por los palestinos y los grupos de derechos humanos, era ilegal y debía ser destruido.
Notas de A l’encontre
- El texto del artículo 229 del capítulo 6 («Conclusiones relativas a las leyes y medidas discriminatorias adoptadas por Israel») de la Opinión Consultiva es el siguiente: «La Corte observa que las leyes y medidas de Israel imponen y permiten el mantenimiento en Cisjordania y Jerusalén Este de una separación casi completa entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas. Por lo tanto, considera que las leyes y medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la ICERD -Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 21 de diciembre de 1965» ↩
- En el diario belga Le Soir del 19 de julio de 2024, Pauline Hofmann cita a Johann Soufi, jurista francés especializado en derecho internacional: «Para Johann Soufi, la Corte «reconoce explícitamente que el régimen discriminatorio instaurado por Israel puede calificarse legítimamente de régimen segregacionista o de apartheid». Las organizaciones palestinas creen desde hace tiempo que existe una política de apartheid, y en los últimos años se les han unido organizaciones israelíes de derechos humanos (como B’tselem), así como importantes ONG internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Pero esta decisión «tiene ahora un significado simbólico y jurídico mucho mayor». ↩
- En el diario Le Temps del 20 de julio, Luis Lema escribía: «Ya en 2004, al examinar el “muro de separación” que divide Cisjordania e Israel, pero cuyo trazado discurre en gran parte por territorio palestino, la CIJ fue muy clara sobre la cuestión de la ocupación. A pesar de su intervención, el muro nunca fue desmantelado. Al poner de relieve, esta vez, el riesgo de una anexión progresiva «de facto» de los territorios palestinos, arroja luz sobre la «política del hecho consumado» aplicada sistemáticamente por Israel desde hace décadas, amparándose en numerosas argucias jurídicas. Ningún Estado debe reconocer estas adquisiciones ilícitas de territorio, advirtieron los jueces. Nadie debe «prestar ayuda o asistencia» a esta empresa, cuyo objetivo es borrar la existencia de Palestina». ↩
- En el citado artículo de Le Temps citado anteriormente, Luis Lema escribe: «El Estado de Israel, que se había negado a enviar a sus abogados a La Haya, se ciñó a un argumento principal en una breve nota de 4 páginas dirigida a la CIJ: este caso debe resolverse bilateralmente entre israelíes y palestinos, en el marco de un acuerdo de paz. Recurrir a la jurisdicción del Tribunal en este contexto no sólo está «injustificado», alegó Israel, sino que también es «nocivo». En las páginas 1 y 2 de la opinión consultiva de la CIJ, que puede consultarse haciendo clic en este enlace, se enumeran todas las objeciones a que la Corte se pronuncie sobre esta cuestión, planteada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022. ↩
- The Times of Israel del 20 de julio recogía la declaración de Netanyahu: «El pueblo judío no ocupa su propio país, ni nuestra capital eterna, Jerusalén, ni la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria. Ninguna decisión falsa de La Haya distorsionará esta verdad histórica, al igual que no puede cuestionarse la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria.» ↩
- Según el Jerusalem Post del 19 de julio, Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores, declaró: «El dictamen ignora el pasado: los derechos históricos del pueblo judío a la tierra de Israel. Se desentiende del presente: la realidad sobre el terreno, las amenazas a la seguridad de Israel, la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, los ataques de Hamás, Irán y otros elementos terroristas en siete frentes, y la necesidad de que Israel defienda su territorio y a sus ciudadanos. También es peligrosa para el futuro: no hay alternativa a la opinión de Israel.
Esta actitud también es peligrosa para el futuro: hace el juego a los extremistas y anima a la Autoridad Palestina a seguir por el camino de la difamación y la denigración infundadas». Y se aventuró a concluir: «El Estado de Israel se atiene al Estado de derecho y se compromete a respetar el derecho internacional. Seguirá haciendo todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos de acuerdo con el derecho internacional [sic ↩ - Según Stéphanie Maupas y Louis Imbert, en Le Monde del 20 de julio: «Junto con él (Netanyahu), casi toda la clase política se indignó por esta decisión, por considerar que debilita al Estado hebreo, en el décimo mes de la guerra de Israel en Gaza. Esta operación ha causado la muerte de casi 40.000 palestinos, ha desplazado a 2 millones y ha destruido el enclave. El jefe de la oposición, Yair Lapid, deploró una decisión «teñida de antisemitismo». El presidente del Parlamento llegó a sugerir que la Corte había sido «secuestrada por los islamistas». Estos clamores apenas consiguen ocultan la total falta de argumentos de fondo del gobierno israelí contra este dictamen, en un momento en que el primer ministro, Benyamin Netanyahu, y sus aliados ultranacionalistas siguen una política de anexión pura y simple de la Cisjordania ocupada, y ya no pretenden en modo alguno buscar una solución negociada al conflicto». ↩