Marcha Orgullo LGBTI+ desde Plaza de la Diversidad hacia la Plaza Libertad. Foto: Rodrigo Viera Amaral
La Diaria, 28-6-2024
Correspondencia de Prensa, 29-6-2024
La movilización, que recorrió la avenida 18 de Julio desde la Plaza de la Diversidad hasta la Plaza Libertad, estuvo encabezada por una pancarta con la consigna “El miedo enferma, la solidaridad protege”.
Una de las razones por las que la principal marcha en defensa de los derechos de las disidencias en Uruguay se trasladó de junio a setiembre fue climática. Es que el 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ y en el país precursor (Estados Unidos) está empezando el verano, por estas latitudes ya comenzamos a atravesar los primeros fríos invernales, enemigos de las convocatorias al aire libre. Este viernes, sin embargo, algunos colectivos decidieron desafiar las heladas y el viento en contra –en el sentido más literal posible–, y en Montevideo convocaron a salir a la calle para reivindicar y poner el orgullo en el centro de la lucha por vidas más dignas y más libres.
La invitación era a concentrarse a las 18.00 en la Plaza de la Diversidad, en Ciudad Vieja, para pintar carteles antes de empezar a marchar. “Aflojá con el odio”, “basta de matarnos”, “¿y si sos trans?”, “poder queer” y “resistir y gozar” eran algunas de las consignas que aparecían sobre los lienzos blancos, en letras negras con detallecitos rosados, verdes, amarillos y anaranjados brillantes.
Mientras tanto, en el resto de la plaza, la espera se prestaba para desplegar distintas estrategias de entrada en calor. Entre bufandas, camperas, gorros de lana y sobretodos, grupitos de personas empezaban a asomarse y encontrarse. Algunas curioseaban las leyendas de las pancartas todavía con la pintura fresca, otras compartían algo de tomar, y algunas menos bailaban al ritmo de la música electrónica que sonaba alta y potente.
Todas respondían a la convocatoria impulsada por Rareo –que agrupa a los colectivos Fiesta Rara, Tortas al Bar, Jadeo, Tigre y Fancy Latin– y que fue difundida por otras organizaciones que se sumaron esta semana, como el proyecto educativo Eskuelita Trans y la biblioteca lesbofeminista Memoria Les.
“Convocamos a manifestarnos contra las políticas represivas y todas las fuerzas del terror. Locxs, rarxs, travxs, tortxs, trolls, discxs, mostrxs, rotxs y putxs unidxs defendiendo lo conquistado y haciendo frente a un contexto lleno de violencia y odio. Nuestro orgullo reside en el cuidado de la comunidad, la construcción de memoria, la lucha por la libertad y en nuestro accionar crítico, callejero e inconforme”, decía el texto que circuló en las redes sociales.
Diego, integrante de Rareo, se alejó un poco del tumulto para explicarle a la diaria que esas “fuerzas del terror” aluden específicamente a la “ola fascista que hay en Latinoamérica” y que se ensaña particularmente con las disidencias. Mencionó la Argentina de Javier Milei y el reciente intento de golpe de Estado en Bolivia, pero dijo que “también estamos viendo un crecimiento del fascismo en Uruguay, tanto del gobierno, en cosas que están sucediendo que ya son públicas y sabidas, así como también en la gente”.
Así, recordó que sólo esta semana, en días diferentes, dos personas trans fueron agredidas verbal y físicamente en nuestro país, según denunciaron varios colectivos. “Pero también hay un montón de violencias diarias, sistemáticas y estructurales, como, por ejemplo, que nuestras amigas trans casi que no consiguen un trabajo y siempre están relegadas al trabajo sexual”, puntualizó el activista.
Si bien Rareo es un colectivo que organiza eventos socioculturales, en este escenario la idea de la marcha no era ser una “celebración”, sino un espacio de “encuentro” y “reivindicación”.
Ocho minutos después de las 19.00, un centenar de personas se agruparon detrás de una especie de mini carroza de la que colgaban banderas y tules, coronada por luces de colores, y que en la parte de atrás transportaba a la DJ que musicalizó el recorrido con mucha electrónica y mucho pop. Al frente de la marcha, una pancarta advertía: “El miedo enferma, la solidaridad protege”.
Al llegar a la Plaza Libertad, no hubo intervención artística ni lectura de proclama, como suele haber en este tipo de manifestaciones, sino que se habilitó una instancia de “micrófono abierto”. “La idea era retomar algo que se hacía en las primeras marchas [del Orgullo], para que también sea una participación popular, y que cada cual pueda ir y expresar lo que siente, cómo se siente, cuáles son sus reclamos. Demostrar su lucha a través de sus palabras”, apuntó Diego.
Antes de volver al tumulto, el integrante de Rareo dijo que el colectivo también se declara “a favor de Palestina y en contra del sionismo y del genocidio”, porque, ante todo, se posiciona “a favor de los derechos humanos”.
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Activistas reivindican las urgencias de la población LGBTI+ ante la invisibilización del tema en campaña y en la mayoría de los programas
Stephanie Demirdjian
La Diaria, 26-6-2024
A pocos días de las elecciones internas (el domingo 30 de junio) y en la semana en que se celebra el Día del Orgullo, referentes de la comunidad analizaron con la diaria cuáles son los compromisos que debería priorizar el próximo gobierno que asuma.
Esta semana se celebran dos hitos importantes: el viernes es el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ y el domingo las elecciones internas en Uruguay. El escenario invita a reflexionar sobre qué propuestas incluyen los programas de las precandidatas y los precandidatos con más intención de voto para atender las necesidades de las disidencias y proteger sus derechos.
Una lectura minuciosa revela, en primer lugar, que ninguno de los programas analizados incluye un apartado dedicado específicamente a la diversidad sexual, sino que, en los casos que plantean alguna medida en la materia, se trata de puntos abordados en los capítulos sobre temas de género.
El programa único del Frente Amplio (FA) –que alcanza a Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima– es el que lo aborda de manera más amplia. Para empezar, plantea la interseccionalidad como uno de los “conceptos estructuradores” de la propuesta programática y detalla que las políticas deben tener este enfoque para atender múltiples discriminaciones, como las de “clase, género, étnico-raciales, por discapacidades, generacionales y territoriales, entre otras”.
El documento del FA, de hecho, contempla acciones orientadas a las disidencias en distintos ejes temáticos (y no sólo en el que está enfocado en género), como formación política, autonomía económica, educación, violencia de género, salud e incluso en los capítulos sobre política exterior y defensa nacional. El que abarca más acciones para la población LGBTI+ es el eje de salud, que entre otras cosas propone promover la capacitación continua del personal en diversidad sexual y garantizar la atención integral concretamente de las personas trans “mediante el acceso a tratamientos hormonales y de reafirmación de género para quienes lo decidan”.
Por su parte, la precandidata del Partido Nacional Laura Raffo incluye en el apartado sobre políticas sociales un punto referido a “la mirada interseccional y transversal” que a su entender debe atravesar las políticas públicas porque “las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales”. Entre las medidas que plantea aparece incorporar “en todos los planes y programas” la “promoción de la no discriminación y el acceso a derechos de determinados colectivos” como el de la “diversidad sexual”, y garantizar el “efectivo cumplimiento de las acciones afirmativas dirigidas a distintas poblaciones en situaciones de vulneración de derechos”, una lista que incluye la Ley Integral para Personas Trans (2018).
En los demás programas la mención a las disidencias es muy puntual o incluso nula. En la propuesta programática del precandidato nacionalista con más chances de ganar las internas, Álvaro Delgado, no hay ni una sola referencia a la población LGBTI+. El apartado sobre género refiere exclusivamente a mujeres (cis) y, si bien la palabra “diversidad” aparece varias veces, lo hace en su acepción más amplia.
Tampoco hay referencias al tema en el programa del precandidato que lidera las encuestas en el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Este es otro caso en el que el capítulo sobre género apunta exclusivamente a medidas orientadas a las mujeres.
El plan del precandidato colorado Robert Silva también está redactado de manera bastante binaria y con un apartado de género que se enfoca sólo en las mujeres. Hay una sola mención a la población LGBTI+ dentro de las propuestas para combatir la trata de personas: allí, entre otras cosas, plantea trabajar en un “programa de casas seguras para la acogida de víctimas identificadas” y especifica que esto abarca “de manera inclusiva” a “hombres, mujeres y población LGBTI+”.
Además de que fue poco contemplado en la mayoría de los programas, el tema tampoco se coló en los discursos que se escucharon durante esta campaña electoral.
Para contrarrestar esta invisibilización, la diaria consultó a activistas LGBTI+ sobre cuáles son las urgencias que atraviesa hoy la comunidad y que el próximo gobierno debería definir como prioritarias.
Acceso a la salud
Las personas consultadas coincidieron en que una de las urgencias actuales es el cumplimiento cabal de la Ley Integral para Personas Trans. En particular, cuestionaron el incumplimiento de los artículos referidos al acceso a la salud.
Para Rodrigo Falcón, presidente del colectivo Transboys Uruguay (TBU), en esta materia hubo directamente un “retroceso”. “En 2020 vino la pandemia y fue la gran excusa para que se frenara todo lo que son las cirugías [de reafirmación de género], pero ya pasó, ya estamos a más de cuatro años de ese hecho y las cirugías aún están frenadas”, señaló en esa línea. Es el caso particular de las cirugías de adecuación genital para mujeres trans, que “están suspendidas”, puntualizó el activista, y agregó: “Conozco gente que desde el año pasado tenía todo para operarse y no la llamaron más”.
Por otro lado, cuestionó que en Uruguay no existan profesionales capacitados para hacer cirugías de adecuación genital para varones trans y que haya sólo un centro de referencia en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –el del Centro Hospitalario Pereira Rossell– que haga las cirugías de masculinización pectoral.
En cuanto a los tratamientos de hormonización, Falcón dijo que “se venía trabajando en la descentralización para que no todo el mundo tuviera que ir desde distintas partes del país” a buscar la autorización y la receta al hospital Saint Bois, pero que todavía no se concretó.
El presidente de TBU aseguró que por eso habla de “retroceso”: porque no solamente no hay interés por avanzar y, por ejemplo, hacer las cirugías de adecuación genital para varones trans, sino que “tampoco hay interés en seguir haciendo lo que ya se hacía”. Dijo que la situación incluye no sólo a los prestadores públicos sino también a los privados –a modo de ejemplo, recordó que sólo dos mutualistas realizan la cirugía de masculinización pectoral–, y que el panorama es más complicado en el interior del país.
“Una de las cosas que se nos dicen es que hay que denunciar ante el Ministerio de Salud Pública, pero cuando lo hacés, el Ministerio de Salud Pública no hace nada. Es decir, lo que hace es mandar un mail al prestador de salud diciendo ‘ustedes no están cumpliendo con la ley, tienen que hacer la cirugía’. Desde el prestador de salud responden que no la van a hacer y ahí queda, porque dentro de la ley no está prevista una sanción por no cumplir”, enfatizó Falcón.
La activista Magdalena Bessonart, integrante del colectivo Ovejas Negras, agregó que, en materia de salud, además de monitorear el efectivo cumplimiento de la ley trans hay que garantizar el de “todas las leyes que protegen” a la población LGBTI+ en esa área, como la ley de reproducción asistida o la que establece el derecho a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, y “a un trato amigable, digno y respetuoso”.
Formación del funcionariado, cupo laboral y vivienda
Bessonart aseguró que otra de las prioridades debería ser “potenciar” la “formación transversal del funcionariado en todos los entes y ministerios”, a la vez de contribuir para “hacer agentes multiplicadores a estudiantes y personal de educación media, secundaria y UTU, mediante el trabajo también con las organizaciones”.
Garantizar el acceso al trabajo también es urgente, sobre todo para las personas trans, que son el colectivo que enfrenta mayor discriminación, estigmatización y exclusión. A casi seis años de aprobada la ley, activistas vienen denunciando desde hace un tiempo que los organismos públicos aún están lejos de cumplir con la disposición que establece que el 1% de los puestos de trabajo debe ser ocupado por personas trans.
Uno de los obstáculos para acceder a ese cupo tiene que ver con algunos de los requisitos. En ese sentido, Falcón dijo que “las nuevas generaciones, los gurises que tienen un nivel de estudio, que han terminado el liceo, pueden concursar para ese 1%”, pero que el escenario es distinto para “la gente mayor que no ha culminado los estudios”. “Muchos han terminado la escuela, tienen primero o segundo año de liceo cuando mucho, y no pueden demorar años en terminar el liceo para después poder concursar”. En estos casos, afirmó que “hay que dar una respuesta laboral” y que esta tiene que ser “ahora”.
También es una deuda el acceso a la vivienda, “que también está en la ley trans, pero es un tema del que nunca se ha hablado”, cuestionó Falcón, y dijo que “nunca se hizo un llamado especial para que personas trans tengan prioridad a la hora de tener su casa”.
Erradicar la violencia y la discriminación
“La urgencia que tenemos, primero, es la lucha contra la violencia y la discriminación, una lucha que venimos dando históricamente y todavía seguimos en ese proceso, porque hay que hacer un cambio cultural”, apuntó Paula Moreno, integrante del Colectivo Diverso Las Piedras y de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad.
Para la activista, “hay que mejorar los dispositivos de lucha contra la discriminación y trabajar mucho en la implementación de las políticas públicas en materia de derechos para la población trans específicamente, que “sigue siendo vulnerada a la hora de buscar trabajo, que es discriminada en lo cotidiano” y que vive distintas formas de violencia “en todos los espacios”.
Bessonart también mencionó la necesidad de que haya “mecanismos de protección” para las personas LGBTI+ “cuando nos atacan, cuando nos violentan, cuando nos discriminan, porque los crímenes de odio y de violencia relacionados a la orientación sexual y especialmente a la identidad de género todavía siguen sucediendo y tendrían que ser una preocupación central para cualquier gobierno que defienda los derechos humanos”. Moreno dijo que “si bien hemos avanzado en materia de políticas públicas, falta un montón en la práctica”, en parte porque “todavía no hay un compromiso real institucional”, por lo que “el compromiso político tiene que estar”. Quizás uno de los primeros pasos en ese camino tenga que ver con “jerarquizar” el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, planteó Bessonart, para que “no sea solamente un espacio de catarsis o de puesta al día, sino que se le dé –y eso es una decisión política– la jerarquía que merece, en paralelo con políticas de descentralización para la promoción de derechos de la población LGBTI+ en todo el país”.