El ‘premier’ británico, Rishi Sunak, recibiendo en Downin Street al presidente de Ruanda, Paul Kagame.Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images
Ruanda se prepara para convertirse en una enorme cárcel para los refugiados expulsados del Reino Unido.
Londres acaba de aprobar, en la noche del lunes 22 al martes 23 de abril, una controvertida ley que le permite deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio. Kigali llevaba meses esperando esa nueva ley, basándose en su experiencia con Libia, de la que espera obtener también beneficios.
Michael Pauron y redacción de infoLibre
Traducción de Miguel López
Mediapart en español, 25-4-2024
Correspondencia de Prensa, 28-4-2024
El campamento de refugiados de Gashora, a las afueras de la pequeña ciudad del mismo nombre, se encuentra a una hora en coche al sur de Kigali, la capital ruandesa. Tras una gran verja, no hay tiendas de campaña con el tristemente famoso logotipo azul del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sino pequeños edificios azules y blancos que albergan desde 2019 a solicitantes de asilo de toda África.
Todos ellos han sido evacuados desde Libia. Este «mecanismo de tránsito de emergencia» es fruto de un acuerdo entre ACNUR, el gobierno ruandés y la Unión Africana. El programa está financiado íntegramente por la Unión Europea: de 21,8 millones de euros para el periodo 2019-2022, el presupuesto ha pasado a 25 millones de euros para el periodo 2022-2026.
El funcionamiento de este acuerdo es similar al de migración y desarrollo económico que pronto se pondrá en marcha entre Gran Bretaña y Ruanda, aunque los actores no son los mismos y algunos aspectos son ligeramente diferentes.
El texto, que fue propuesto por el ex primer ministro Boris Johnson, negociado durante dos años, rechazado por el Tribunal Supremo británico en noviembre de 2023, enmendado por el primer ministro Rishi Sunak y denunciado por la oposición y numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, prevé la deportación a Ruanda de los solicitantes de asilo llegados ilegalmente a suelo británico. Tras otro ejercicio de ping-pong entre las dos Cámaras del Parlamento, ha sido finalmente aprobado a última hora de la noche del lunes 22 de abril.
Los refugiados deportados a Ruanda serán alojados en hoteles de Kigali, donde se habían habilitado cuatro hoteles para este fin. «Para los propietarios, es una garantía de que su establecimiento tendrá una ocupación permanente», explica Alain Mukuralinda, portavoz adjunto del gobierno ruandés. Ante la marcha atrás británica, los hoteles privados ya habían vuelto a abrir sus puertas a los turistas. Otros, gestionados por el Estado, han sido renovados a la espera de sus futuros «clientes» procedentes de Londres.
En un plazo de seis meses se examinará la situación administrativa de los refugiados, que tendrán dos opciones: solicitar asilo en un tercer país (incluido Gran Bretaña) o instalarse en Ruanda mediante un programa específico de integración. Según la nueva versión del acuerdo, los refugiados no podrán ser devueltos a su país de origen. Si deciden quedarse en el país de las mil colinas, todos sus gastos (alojamiento, formación o estudios, apoyo financiero, etc.) serán sufragados por Londres hasta un total de 3.000 libras (unos 3.480 euros) al mes. Si ninguna de estas soluciones tiene éxito, el interesado será «libre de solicitar asilo en Ruanda para poder viajar legalmente y abandonar el país», explica el portavoz adjunto.
Aviones «en primavera»
Tras una reunión entre Rishi Sunak y el presidente ruandés, Paul Kagame, el 9 de abril en Londres, Downing Street declaró en un comunicado que «ambos dirigentes esperan con impaciencia los vuelos a Ruanda en primavera». Los conservadores quieren que los primeros aviones despeguen antes de las elecciones parlamentarias, previstas para el segundo semestre del año, para demostrar que cumplen sus promesas sobre el control de la inmigración ilegal, en un momento en que las travesías del Canal de la Mancha han aumentado un 40% en un año. Un naufragio causó el lunes por la noche la muerte de cinco inmigrantes, entre ellos una niña.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del que depende Gran Bretaña, podría a su vez bloquear esas deportaciones. Y los laboristas han anunciado que retirarán la ley si ganan.
Volvamos al campo de Gashora, donde esperan una solución 538 refugiados. Según Dhananjaya Bhattarai, responsable de la oficina local de ACNUR, desde 2019 «han sido reasentados legalmente en países de Europa o Norteamérica 1.569 refugiados» . Las opciones que tienen aquí los solicitantes de asilo son ligeramente diferentes a las del acuerdo con Londres: si no se encuentra destino y la persona no quiere asentarse en Ruanda –nadie ha querido hasta ahora–, puede regresar a Libia o a su país de procedencia.
Awa no regresará a Somalilandia, el país que abandonó en 2020. Esta joven de 26 años, madre de un niño nacido en julio de 2023 en el campamento de Gashora, acababa de obtener asilo en Estados Unidos cuando Mediapart habló con ella. Nos recibe en su habitación, modestamente acondicionada en un pequeño bloque de planta baja con cuatro alojamientos. Las familias tienen una casita con dos dormitorios. Las personas solas se alojan en otro bloque un poco más alejado.
Los baños están en el exterior y un comedor ofrece tres comidas al día para llevar. El campamento también cuenta con un campo de deportes y una escuela, así como talleres de idiomas, costura e informática para adultos. Una clínica con 32 camas, una sala de partos y un laboratorio proporcionan atención básica.
«Me fui sin saber lo que me esperaba», dice Awa con voz monótona, mirando fijamente a la intérprete con sus ojos grandes y claros. «Algunas personas me dijeron que podían hacerme llegar a Libia [vía Etiopía y Sudán – ndr], donde trabajaría para pagar a mis guías, antes de seguir a Europa. Pero una vez en Libia, me tomaron como rehén, me redujeron a la esclavitud, y tuve que pedir a mi familia que pagara por mi liberación», explica.
Su calvario es el de muchos otros africanos que han pasado por ese país. Se calcula que aún hay 30.000 atrapados en Libia, sumida en un conflicto desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. «Cuando me liberaron, me acerqué a ACNUR, que me ofreció la posibilidad de ir a Ruanda». Como todos los refugiados entrevistados ese día por Mediapart, ninguno sabía nada de este pequeño país del este de África sin salida al mar antes de aterrizar allí. «No tenía ningún destino en particular. Lo único que quiero es vivir en un lugar donde me sienta segura y donde pueda estudiar. Quiero ser médico».
El campamento de Gashora es un escaparate para Ruanda. A través de él, el país quiere demostrar que ofrece un remanso de paz a estos hombres y mujeres que han tenido que abandonar su país de origen en condiciones dramáticas. La historia reciente es que los ruandeses han vivido en el exilio y en campos de refugiados desde 1959, con los primeros pogromos contra los tutsis, hasta el final del genocidio contra ellos que mató a casi un millón de personas entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994.
Campamentos deteriorados
También hay referencias a la hospitalidad «tradicional» de la Ruanda precolonial, un periodo que sirvió para mitigar la etnización heredada del colonialismo y unificar el país en torno a una historia común y una identidad única. Según la Organización Internacional para las Migraciones, es uno de los países que acogen más refugiados del mundo respecto a su población: actualmente 135.000 (principalmente de la República Democrática del Congo y Burundi) para una población de unos 14 millones de habitantes. Además, la mayoría de estos campamentos están deteriorados por falta de financiación.
La narrativa ruandesa y el testimonio de los refugiados «salvados» por Ruanda no convencieron al Tribunal Supremo británico, que dictaminó en noviembre de 2023 que el texto era contrario a la legislación británica e internacional porque había razones «serias» para creer que Ruanda no podía considerarse segura para los refugiados, pues los solicitantes de asilo se arriesgaban a ser «devueltos» a su país de origen, donde podían ser objeto de violencia o malos tratos. Ese dictamen dio lugar a una nueva redacción del texto, que ahora garantiza que los solicitantes de asilo no pueden ser devueltos a su país de origen.
Una comisión parlamentaria británica consideró que el proyecto era «básicamente incompatible» con las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que «los efectos combinados de este proyecto de ley, que pretende proteger la actuación del gobierno del control legal habitual, van directamente en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos».
Aunque el tema no es tan controvertido en Ruanda como en Europa o en Naciones Unidas, que han pedido a Londres que «reconsidere su plan», no cuenta con un apoyo unánime. Frank Habineza, líder del Partido Democrático Verde de Ruanda, candidato a las elecciones presidenciales del próximo julio contra el presidente Paul Kagame, que se presenta por cuarta vez, se muestra muy crítico. Declaró a Mediapart que su partido «está a favor de la acogida de refugiados que han elegido Ruanda como primer destino», pero no a los procedentes de Londres. En su opinión, «los países ricos, incluido el Reino Unido, no deberían eludir su obligación internacional de acoger refugiados y trasladarlos a terceros países simplemente porque tienen dinero para imponer su voluntad».
Las autoridades ruandesas parecen no estar interesadas por las disputas de Londres. «La polémica es de los británicos», explicó el jefe de Estado a Jeune Afrique el 25 de marzo.« Es asunto suyo. Estamos ofreciendo nuestra ayuda, y no tenemos que llevar la carga de nadie más». Pero, ¿qué beneficios obtendrá Ruanda con este acuerdo? Según la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, la acogida de los primeros 300 solicitantes de asilo costará a Londres unos 541 millones de libras (unos 627 millones de euros), de las cuales ya se han transferido 220 millones al Fondo de Integración y Desarrollo Económico creado para supervisar esta ayuda. «No hay que avergonzarse por hablar de dinero», dice Alain Mukuralinda. «Cada gasto es transparente, cada céntimo está destinado al acuerdo, pero sí, parte de ese dinero beneficiará a la economía ruandesa».
En Gahanga, a unos treinta minutos de Kigali, en el distrito de Kicukiro, se han construido por ejemplo viviendas para acoger a los recién llegados, «lo que beneficia a las empresas locales», subraya el portavoz adjunto. Según el periódico digital Open Democracy, la construcción de esos alojamientos, cuyo primer ladrillo fue puesto en 2023 por la ex ministra de Interior Suella Braverman, ha sido suspendida por falta de liquidez. Otras viviendas visitadas por la ministra estaban destinadas, de hecho, a ser vendidas a ruandeses.
Aunque el aspecto financiero es importante, como admite el propio gobierno de Kigali, otros lo ven también como una oportunidad diplomática: con este acuerdo, Ruanda se asegura el apoyo incondicional del Reino Unido en caso de que se critique su pasado en materia de derechos humanos o, por ejemplo, su apoyo al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo, denunciado por la ONU. «Los exiliados se convierten así en moneda de cambio: se negocia a sus espaldas, violando sus derechos», advertía ya en 2022 Brigitte Espuche, coordinadora de la red Migreurop. * Artículo original en francés aquí.