Movilización en defensa del agua. Foto: Ernesto Ryan
Organizaciones sociales se concentraron en la plaza Libertad en el Día Internacional del Agua; denuncian problemáticas que afectan el territorio y realizan pedidos a las autoridades, como que la cuenca del río Santa Lucía se declare “libre de agrotóxicos y forestación industrial”.
La Diaria, 22-3-2024
Correspondencia de Prensa, 23-3-2024
Veinte años atrás, Uruguay protagonizó una conquista popular. En aquel momento, a partir de una iniciativa de movimientos sociales –que luego se transformó en un plebiscito votado por el 64,7% de la población–, nos convertimos en el primer país del mundo en sumar a su Constitución el derecho humano al acceso a agua potable y saneamiento. Establecimos que el bien común debe ser gestionado en forma participativa, que su suministro debe estar a cargo de personas jurídicas estatales y que su prestación “deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. En la tardecita de este viernes, en el marco del Día Internacional del Agua, una centena de personas se concentraron en la plaza Libertad denunciando que los principios rectores de la reforma han sido “violados sistemáticamente”. El lema nacional elegido fue: “No es sequía, no son inundaciones, es saqueo”.
La concentración fue convocada por la Coordinación por el Agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE, Redes-Amigos de la Tierra y la Coordinación por Palestina. Una veintena de organizaciones sociales más adhirieron, y también se desplegaron actividades, tanto virtuales como presenciales, en otros departamentos. En forma colaborativa, elaboraron una proclama en la que describen las principales problemáticas que se viven en los territorios. Una constante, que estuvo presente tanto en el escrito como en las calles, es la exigencia de respuestas al sistema político. “La gravedad de la crisis [del agua disponible y su mala distribución] no está siendo comprendida por el actual gobierno, en algunos casos la está profundizando, y los actores político partidarios en general no asumen los liderazgos necesarios para encaminar soluciones”, dice el texto.
“Justicia climática es justicia ambiental”, expresa un cartel colocado en uno de los extremos de la plaza Libertad. A pocos metros, un grupo de niños y niñas corren con dibujos de ríos y gotas en sus rostros. Ellos y ellas escuchan durante la lectura de la proclama que “las principales cuencas del país están comprometidas por el extractivismo y la contaminación como resultado de la producción agroindustrial y la falta de control de los vertidos urbanos”. Resalta que, por ejemplo, investigaciones científicas en la cuenca de la Laguna Merín han encontrado más de 92 variantes de agroquímicos. La Constitución establece que la gestión de los recursos hídricos debe hacerse de una forma “solidaria con las generaciones futuras”.
Los activistas no dejan de mencionar la cuenca del río Santa Lucía, que abastece de agua potable a más de la mitad del país. Expresan que la situación allí es “particularmente alarmante” y que “las medidas para detener ese deterioro y encaminar una restauración ambiental han sido, no sólo insuficientes, sino inadecuadas”. Tala de monte nativo en las orillas de los cursos de agua, desecación de humedales, quema de esteros, son algunas de las problemáticas descritas. Exigen que se declare a la cuenca “libre de agrotóxicos y forestación industrial”, además de que se implemente “un plan de restauración real” de esta. Asimismo, recuerdan que desde el fin de la crisis de abastecimiento, “no se conoce que OSE ni el Ministerio de Ambiente hayan elaborado un plan para enfrentar otra emergencia en el agua potable” y “tampoco se informa sobre un plan para resolver la vergonzosa situación de pérdida de aproximadamente el 50% del agua elevada” a la red.
María Selva Ortiz, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, expresó en una conferencia de prensa que durante la última crisis de abastecimiento “se violó el derecho al acceso a agua potable de la población”, y agregó que el proyecto Neptuno-Arazatí es una “falsa solución” a la problemática. Por otra parte, recordó que la movilización del viernes tuvo lugar días después de que el Ministerio de Ambiente y OSE se opusieran a que varios científicos brinden su testimonio sobre la iniciativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este hecho fue catalogado como “censura” a la ciencia. En la proclama, las organizaciones declaran que “el gobierno insiste en aprobar un emprendimiento que obligará a OSE, y por lo tanto al pueblo uruguayo, a pagar más de 800 millones de dólares a un consorcio de empresas privadas”. A su vez, mencionan los riesgos sanitarios de tener como fuente de abastecimiento al Río de la Plata, una zona que es considerada un sumidero de cianobacterias y salinidad.
Señalan que “no se atiende adecuadamente la protección de los bienes comunes hídricos, evitándose su contaminación”, y que además “el gobierno también insiste en distintos proyectos” que implican “una apropiación masiva del agua”. Ejemplifican con el hidrógeno verde y las consecuencias proyectadas para la hidrovía en la laguna Merín, donde se pretende profundizar un modelo que genera “graves problemas de salud en la población y deteriora el agua y la biodiversidad”. También hacen mención al trazado previsto para la autopista en Canelones, que pondría en riesgo a la Laguna del Cisne, la principal fuente de abastecimiento de la Costa de Oro. Finalmente, hacen hincapié en el derrame que protagonizó UPM, que acabó con la vida del arroyo Sauce e incluso llegó al río Negro. “¿Cuánto vale la vida para estas empresas y para las instituciones que deben protegerlas?”, inquieren las organizaciones.
En la proclama denunciaron que los mecanismos de participación ciudadana, como las comisiones de cuenca, “no están operando adecuadamente y no garantizan que las opiniones ciudadanas sean tomadas en cuenta”. “Sólo las citan por cumplimiento legal para escuchar y siguen con sus planteos”, expresan. Asimismo, solicitan que se asigne un “presupuesto suficiente para el Plan Nacional de Agroecología”, se priorice “el uso del agua para los pequeños productores” y se generen “condiciones suficientes para el acceso a la tierra y el repoblamiento de la ruralidad, donde el Instituto Nacional de Colonización es un actor clave”. Por otra parte, afirman que son necesarias medidas de adaptación al cambio climático, que agrava algunas de las problemáticas nombradas anteriormente.
Mientras cae la noche en una plaza Libertad que no está tan colmada de gente como debería, una chiquilina se cuelga una bandera que versa la clásica frase: “El agua no se regala ni se vende, se defiende”.