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Esta es la enésima misión de ocupación que irá a tratar de “pacificar” Haití, que desde la triunfante Revolución de 1804, ostenta una cultura muy orgullosa y celosa de su independencia y soberanía, y que se resiente, además, de un largo historial de crímenes internacionales, desde abusos sexuales y masacres hasta la difusión de una epidemia de cólera. ¿Qué podría salir mal?
Pie de Página, 16-3-2024
Lautaro Rivara / X: @LautaroRivara
Correspondencia de Prensa, 19-3-2024
Una espectacular fuga de presos volvió a colocar a Haití en los titulares de las grandes corporaciones de prensa. Se trata de la mayoría de las 3 mil 696 personas que estaban recluidas en la Penitenciaría Nacional, el centro de detención más importante del país. Tras los hechos sucedidos el día sábado, algunos ex presidiarios se entregaron a la autoridad por motu proprio, otros pocos fueron recapturados por las fuerzas de seguridad, mientras que algunos fueron directamente linchados por la población local.
Como respuesta, el día domingo el gobierno de facto de Ariel Henry decretó el estado de urgencia y el toque de queda en el Departamento Oeste del país, donde se ubica la capital Puerto Príncipe. La fuga se dio como resultado del ataque de algunas de las bandas armadas que operan en el territorio nacional, y que ostentan un control férreo de partes nada despreciables del área metropolitana, incluidas las únicas vías de acceso a la zona sur del país. Haití, ya desde antes del magnicidio de Jovenel Moïse que conmovió al mundo el 7 de julio de 2021, se encuentra atenazado entre una criminalidad descontrolada y entre las amenazas de la “comunidad internacional” de volver a imponer, a la fuerza, un control carente de toda eficacia y legitimidad.
Vacíos de poder, espacios para la criminalidad
Cabe recordar que Haití no celebra elecciones desde el año 2016, aunque los últimos comicios transparentes fueron las presidenciales de 1990 que llevaron al poder al carismático cura salesiano Jean-Bertrand Aristide, con una altísima participación cívica y una verdadera avalancha de votos.
Desde la llegada al poder del PHTK (el partido haitiano de las “cabezas rapadas”, por si su denominación oficial resultase sugerente), el país comenzó a vivir una profunda deriva autoritaria, primero bajo la presidencia del cantante de konpa Michel Martelly, y luego durante el mandato del empresario bananero Jovenel Moïse.
Poco se ha reparado en el carácter pionero del país en relación al surgimiento de las extremas derechas que hoy proliferan por toda la región. El PHTK, un partido ultraneoliberal y ultraconservador, fue conformado por elementos residuales de las fuerzas paramilitares duvalieristas (los fatídicos tonton macoutes), y recibió el patrocinio de los propios Estados Unidos, que lo auparon hasta la presidencia mediante un fraude respaldado por la OEA.
Tras la negativa de Moïse a convocar elecciones, el parlamento debió cesar sus funciones en 2020, por el vencimiento de los mandatos nunca renovados de diputados y senadores. Finalmente, la crisis se catapultó hacia adelante con el magnicidio perpetrado por un grupo de paramilitares colombianos (y lo que suele ser soslayado, también norteamericanos), hecho que aún no ha sido esclarecido ni por la justicia haitiana ni por la de los Estados Unidos.
Tras su asesinato, Ariel Henry quedó a cargo del ejecutivo, dado que había sido nombrado por el propio Moïse, casualmente, dos días antes del magnicidio. Sin embargo, su designación, no ratificada por el parlamento como lo manda la Constitución de 1987, fue la de primer ministro. Según la carta magna el país no puede ser presidido por un premier, que debe cumplir el rol de jefe de gobierno, sino que debe ser conducido por el presidente, elegido por voto popular para desempeñarse como jefe de Estado. Henry es en toda la regla un gobernante anticonstitucional, que a su ilegitimidad de origen le suma la total incapacidad para garantizar las más mínimas competencias estatales.
La apuesta por la paramilitarización
El otro hecho nodal en esta larga secuencia de acontecimientos fue la insurrección popular de julio de 2018, que llegó a movilizar entre uno y dos millones de personas contra un aumento desmedido del precio de los combustibles. Esta impopular medida, impulsada por Moïse, atendía solícita una “recomendación” del Fondo Monetario Internacional. Pronto este ciclo de protestas se encabalgó con otras reivindicaciones, en particular las exigencias de justicia por un desfalco multimillonario perpetrado por la clase política haitiana, que se apropió de fondos multimillonarios llegados al país a través de Petrocaribe, la plataforma de cooperación energética impulsada por Hugo Chávez.
El problema fue que este portentoso movimiento, de tintes cada vez más radicales, y de orientación cada vez más explícitamente antineoliberal y anti-norteamericana, encontró a las élites estupefactas, sin capacidad de reacción, sin medios a la mano para proceder a su represión. Poco podían hacer los 7 mil efectivos de una Policía Nacional desmoralizada, escasamente profesional y mal pertrechada para reprimir las multitudinarias protestas cotidianas.
Tampoco contaba la clase política con el recurso habitual a las fuerzas armadas, dado que éstas fueron licenciadas por Aristide en el año 1995. La respuesta, rápida e inclemente, fue la apuesta por un modelo de paramilitarización que ya había sido implementado durante décadas en otros países de la región, para favorecer el control de territorios y poblaciones de manera tercerizada, a partir de factores de poder no estatales: dada la imposibilidad de hacer frente a las protestas en la calle, se apostó por la ruptura del tejido comunitario que las sostenía.
Desde entonces comenzó a constatarse la infiltración permanente de paramilitares norteamericanos, muchos de los cuales fueron detenidos por accidente en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture, portando armamento de gran calibre y equipamiento militar avanzado. A partir de ese momento, los grupos criminales locales, antes localizados y dispersos, comenzaron a acaparar recursos financieros, ganaron en capacidad operativa y expandieron su control territorial, llegando incluso a constituir federaciones de pandillas. Es éste y no otro el origen de la espiral de violencia que atraviesa el país, bajo un fenómeno de criminalidad (políticamente) organizada que primero fue estimulado desde el exterior para cumplir objetivos políticos precisos, y que ahora parece haber ganado una aterradora autonomía.
El embarazoso dilema de los Estados Unidos
El descalabro público y notorio de la situación haitiana salpica desde hace varios años a la gran potencia en declive, dado que todo lo que ha sucedido en Haití en un siglo, pero en particular en las últimas tres décadas, lleva la huella indeleble del Departamento de Estado; desde el apoyo a la fuerzas que derrocaron dos veces consecutivas a Aristide (con un retorno en medio que paradójicamente fue patrocinado por Bill Clinton), hasta los 15 años de presencia ininterrumpida de las misiones de las Naciones Unidas, en particular la tristemente célebre MINUSTAH. Esto, sin incluir las formas de intervención, opacas y no declaradas, que paramilitarizaron el país.
Este descalabro se vuelve particularmente sensible en una coyuntura electoral como la norteamericana, lo que podría derivar en la fuga de votos demócratas de la diáspora haitiana y de otras comunidades migrantes caribeñas; un goteo preocupante que se suma a la defección creciente de otras minorías como las árabes y musulmanas como resultado del apoyo de la administración Biden al exterminio en Gaza. Los votos no se cuentan, sino que se pesan, en el vertiginoso raid que lleva a la Casa Blanca.
A su vez, el visible desacierto de las intervenciones norteamericanas, así como sus múltiples dificultades geopolíticas -que se multiplican desde Europa hasta el Indopacífico, desde el Caribe hasta Medio Oriente-, volverían demasiado onerosa una nueva intervención directa sobre la pequeña e indefensa nación caribeña. Por eso, ya desde los tiempos de la MINUSTAH, cuya comandancia fue ofrecida a Brasil, la estrategia ha consistido siempre en socializar los costos (económicos y políticos) de la intervención. Dado que Biden no ha encontrado quien lo secunde en su idea original de lanzar una nueva misión con tropas latinoamericanas, la nueva iniciativa, bastante avanzada, consiste en el despliegue de una fuerza policial oriunda de Kenia.
Se trata de un contingente acusado de cometer graves violaciones de derechos humanos en su propio país, sin el entrenamiento adecuado para enfrentar a pandillas fuertemente pertrechadas; un contingente que lo desconoce todo del país objetivo, y que habla inglés o suajili, idiomas muy diferentes de la lengua local. Se trata, otra vez, de varones fuertemente armados, dislocados de su cultura, que se verán inmersos en un contexto de alta vulnerabilidad social y sexual (particularmente de las mujeres e infancias).
Se trata de la enésima misión de ocupación que irá a tratar de “pacificar” la nación que, desde la triunfante Revolución de 1804, ostenta una cultura muy orgullosa y celosa de su independencia y soberanía,; y que se resiente, además, de un largo historial de crímenes internacionales, desde abusos sexuales y masacres hasta la difusión de una epidemia de cólera. Todo esto, bajo la dirección velada de una superpotencia con poderosos intereses económicos y geopolíticos en la isla y en la Cuenca del Caribe, que una vez más tercerizará de esta manera su perpetuo intervencionismo. ¿Qué podría salir mal?
–Este trabajo fue publicado inicialmente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad federal de Santa Catarina. Aquí puedes consultar la publicación original.
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Haití: continua la violencia y los saqueos
Lo que somos, 19-3-2024
Agencia Mp3
El principal puerto de la capital haitiana, Puerto Príncipe, fue saboteado nuevamente por grupos armados, que saquearon contenedores de instituciones nacionales e internacionales. El fin de semana la policía de Haití decomisó armas y desbloqueó calles en un barrio controlado por el líder insurrecto Jimmy “Barbecue” Cherizier en una operación que dejó varios muertos. El papa Francisco reconoció sentirse “aliviado” por la liberación en Haití de cinco rehenes del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón y pidió “una transición serena” que devuelva el “orden” en el país caribeño. “Asistimos a una catástrofe humanitaria”.
-Videos que circulan por las redes sociales muestran a cientos de personas saqueando decenas de contenedores, llevándose todo lo que encontraban a su paso en este puerto, situado en un barrio obrero controlado por el grupo armado de Cherizier. Entre los contenedores atacados estaba uno del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con suministros esenciales para la niñez.
Este incidente se suma a la carga de un sistema sanitario ya colapsado en Haití, de acuerdo con una nota del ente de las Naciones Unidas. El recipiente contenía artículos esenciales para la supervivencia de las madres, los recién nacidos y los niños, incluidos respiradores y equipos relacionados, así como suministros esenciales para el desarrollo y la educación de la primera infancia, equipos de agua y muchos otros, declaró el gobierno haitiano.
-Bruno Maes, representante de Unicef en Haití, dijo que “privar a los niños de suministros médicos vitales en un momento en que el sistema sanitario se está colapsando es una violación de sus derechos”. El saqueo de suministros esenciales para la supervivencia infantil “debe cesar inmediatamente y el acceso humanitario debe seguir siendo seguro”, agregó Maes, quien indicó que la situación se produce “en un momento crítico, cuando los niños más los necesitan”.
En el comunicado Maes también se refirió al cierre de centros de salud por razones de seguridad en Haití, “una situación desastrosa para los niños, porque cada centro de salud cerrado significa que hay vidas en peligro y que se niega atención médica esencial”. “Si no se pone fin a la violencia y no se reabren los canales logísticos esenciales, la crisis sanitaria empeorará mucho más. Estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria y queda poco tiempo para revertirla”, agregó el representante de Unicef.
-Hace una semana grupos armados abrieron una brecha en el principal puerto de la ciudad, cortando una de las últimas rutas de acceso de alimentos y suministros a la capital, mientras el país se acerca al colapso en medio de una crisis política, social y económica. Más de 260 contenedores pertenecientes a organizaciones humanitarias están actualmente controlados por grupos armados en el puerto, administrado por Caribbean Port Services.
-La embajada de Washington informó este domingo que Estados Unidos organizará un vuelo chárter para evacuar a sus ciudadanos de Haití. El vuelo saldrá de Cabo Haitiano, la segundo mayor ciudad de Haití, ya que el aeropuerto de Puerto Príncipe permanece cerrado. La delegación diplomática no precisó la fecha de la evacuación y no estaba claro cuántos estadounidenses podrán salir. En una alerta de seguridad publicada en su portal, la embajada advirtió que el viaje por tierra desde Puerto Príncipe a Cabo Haitiano es “peligroso” y aconsejó a sus ciudadanos que consideren el vuelo “solo si creen que pueden llegar con seguridad al aeropuerto de Cabo Haitiano”. Ambas ciudades están a 200 kilómetros.
-Por su parte la cancillería de Guatemala informó que su consulado honorario en Puerto Príncipe fue saqueado, si bien no se presentaron víctimas o pérdida de documentos. Migrantes y activistas de la frontera sur de México esperan una nueva oleada de migrantes provenientes de Haití, cuya migración irregular en territorio mexicano se multiplicó por 10 en 2023 y representó el principal país de origen de las solicitudes de asilo.
-El viernes por la noche unidades de la policía realizaron un operativo en el distrito de Bas Delmas, Puerto Principe, con el objetivo de desbloquear un eje vial. “Varios bandidos murieron en la operación”, dijo Lionel Lazarre, coordinador del Sindicato Nacional de la Policía Haitiana. En un comunicado posterior la policía precisó que los uniformados intercambiaron disparos con hombres de la pandilla de Cherizier, y que se decomisaron armas y desbloquearon las calles.
-Desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, el papa Francisco llamó a todos los actores políticos y sociales del país a “abandonar todo interés particular y a esforzarse en un espíritu solidario”. Francisco convocó a “apoyar una transición serena hacia un país que, con la ayuda de la comunidad internacional, sea dotado de instituciones sólidas capaces de devolver el orden y la tranquilidad a los ciudadanos”.
El 10 de marzo el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón anunció la liberación de cinco rehenes, entre ellos cuatro de los siete miembros de la comunidad escolar de la Escuela Juan XXIII, que permanecían secuestrados desde el 23 de febrero. Francisco celebró la noticia y pidió que sean liberados “lo antes posible los otros dos religiosos y todas las personas aún secuestradas en ese amado país afectado por tanta violencia”.
-Las pandillas controlan zonas enteras de Haití, incluido el 80 por ciento de la capital, y están acusadas de numerosos homicidios, robos, violaciones y secuestros extorsivos. Una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) con representantes de la ONU alcanzó la semana pasada en Jamaica un acuerdo que prevé la formación de un consejo presidencial transitorio como vía de escape a la crisis del país más pobre de América.
Luego de la implementación de dicho consejo, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, renunciará a su cargo. Así lo anunció en un mensaje a la nación desde Puerto Rico, donde está varado ante la escalada de la violencia en Haití y las presiones para que dimita. Este consejo de transición deberá ponerse de acuerdo sobre la designación de un nuevo primer ministro y preparar el camino para la celebración de elecciones presidenciales.