En realidad, afirmar que Haití es un «Estado fallido» e ingobernable constituye una excusa adecuada para que Estados Unidos intervenga regularmente. Al igual que los colonizadores europeos afirmaron que estaban en una «misión civilizadora» cuando invadieron, ocuparon y saquearon naciones negras y mestizas durante siglos.
Un hecho nodal en esta larga secuencia de acontecimientos fue la insurrección popular de julio de 2018, que llegó a movilizar entre uno y dos millones de personas contra un aumento desmedido del precio de los combustibles. Esta impopular medida, impulsada por Moïse, atendía solícita una “recomendación” del Fondo Monetario Internacional.
Todo estaría listo para el próximo envío hacia Haití de otra fuerza de intervención, esta vez con el objetivo de «combatir a las pandillas» que controlan buena parte del territorio. Para hacerla más tragable, sería comandada por los «hermanos africanos» de Kenia. Pero quienes la controlarían serían los mismos de siempre.
Aunque fue la primera colonia de Latinoamérica y el Caribe en independizarse, Haití sufrió desde su nacimiento el acoso de potencias como Francia o Estados Unidos. Frente a la incertidumbre volvió a agitarse el fantasma de la injerencia.
El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.
Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.