El acuerdo con el FMI terminó de hacer saltar la interna del oficialismo argentino, mientras la inflación creciente puede beneficiar a un macrismo que se entusiasma con volver.
Fabián Kovacic, desde Buenos Aires
Brecha, 24-3-2022
Correspondencia de Prensa, 24-3-2022
La tarde del jueves 17 de marzo el presidente Alberto Fernández imaginó que al fin empezaba su gobierno. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya era ley con los votos del Senado. Frente a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que muestran un aumento de casi 9 puntos en la inflación en lo que va del año, anunció «la guerra contra la inflación». El acuerdo con el FMI era imprescindible para lanzarse al combate contra el aumento de precios, según dijo en un discurso grabado, de apenas 17 minutos, en el que avisó que los detalles de esa guerra correrían por cuenta de sus ministros en los días subsiguientes. Cerró así una semana muy esperada por él y su entorno, pero abrió una gran herida en el interior del Frente de Todos (FT).
En la vereda de enfrente
Cincuenta y seis senadores habían votado el 17 de marzo a favor del acuerdo con el FMI, 13 en contra –todos peronistas ligados a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien, a la sazón, se ausentó del debate en el Senado– y hubo tres abstenciones. Una semana antes, en Diputados, 202 habían votado a favor del acuerdo, 37 en contra –todos ligados a la vicepresidenta– y hubo 13 abstenciones. Las diferencias entre el presidente y su vice, expuestas tras la derrota en las elecciones primarias de octubre (véase «Bajo su atenta mirada», Brecha, 23-IX-21), escalaron hasta partir el gobierno en dos, pese a los esfuerzos de algunos albertistas, como el canciller Santiago Cafiero, que buscan tender puentes entre ambos cuando quedan 18 meses para las presidenciales.
Para los sectores cercanos a la vicepresidenta, el ajuste es inevitable, dadas las metas de reducción del déficit fiscal planteadas en el acuerdo con el FMI: llevarlo a 2,5 por ciento del PBI en 2022, a 1,9 por ciento en 2023 y a 0,9 por ciento en 2024. La revisión trimestral de las metas durante 30 meses, a hacerse con la presencia de misiones técnicas del FMI en Buenos Aires, tampoco cae bien en el cristinismo, que la considera una pérdida de soberanía. Se entiende: fue Néstor Kirchner quien batalló en 2004 por no pagar al FMI sobre el hambre de los argentinos. Esa épica está en el ADN del kirchnerismo.
El presidente Fernández y su ministro de Economía insisten en la ausencia de ajuste, porque se trata, dicen, de un acuerdo de facilidades extendidas que permite reutilizar dinero ya prestado, con el fin de insuflar oxígeno al aparato productivo sin ahorcarlo. En la vereda opuesta, la vicepresidenta invitó al economista belga Éric Toussaint, creador y presidente del Comité Internacional para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, a dialogar con los senadores del oficialismo y doblar la apuesta. «El default es una oportunidad y no trae caos al país», «el acuerdo es un error desde el punto de vista del interés nacional», «lo único que hace es encubrir una deuda odiosa que ha sido tomada por el gobierno de Macri» fueron algunas de las declaraciones de Toussaint a la radio AM 750, que lo entrevistó el día de la votación en el Senado.
Con los votos de afuera
En noviembre, tras los magros resultados obtenidos por el oficialismo en las parlamentarias, que le hicieron perder la mayoría propia en el Senado, Alberto Fernández anunció la necesidad de institucionalizar el FT a imagen y semejanza del Frente Amplio uruguayo. Conformar una coalición política con elecciones internas y autoridades orgánicas. Nada de eso ocurrió aún: Brecha se comunicó con seis referentes de distintas fuerzas del FT y nadie pudo responder en qué situación está ese proyecto poselectoral. Mientras, la sombra del macrismo crece de cara a las presidenciales de 2023.
El acuerdo firmado en el Parlamento con el FMI contó con los votos favorables de una parte de la oposición macrista: la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió. El principal referente de la UCR, Gerardo Morales, bendijo el acuerdo personalmente. Su cercanía con el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Massa, ya encendió las alarmas entre macristas y cristinistas, quienes ven una posible alianza entre ambos para las presidenciales. Como votos propios, el oficialismo contó en el Parlamento con los de los legisladores del Partido Justicialista y del Frente Renovador, de Massa. Además del cristinismo, dieron la espalda los diputados sindicales de la Central de Trabajadores de la Argentina. Las diferencias entre presidente y vice parecen insalvables.
Guerra a la inflación
El presidente enarbola como sus principales logros el acuerdo con los acreedores privados logrado en 2021, el flamante acuerdo con el FMI y la salida de la pandemia con una vacunación de casi el 80 por ciento de la población. Ahora, sostiene, llegó el momento de luchar contra el flagelo de la inflación. Para eso anunció, el viernes 18, una guerra contra ella, una frase poco feliz si se tiene en cuenta el contexto internacional. No es la primera cruzada contra un mal que aqueja a la economía del país, por lo menos desde 1945, según lo marca el economista Guillermo Vitelli en su libro Cuarenta años de inflación en la Argentina 1945-1985 (Editorial Legasa, Buenos Aires, 1988). El gobierno de Raúl Alfonsín dejó el poder en 1989, antes del plazo constitucional, aquejado por una hiperinflación. Bajo la promesa de combatirla, Carlos Menem impuso sus reformas neoliberales y pudo disfrazarla con el Plan de Convertibilidad y la paridad con el dólar. Fernando de la Rúa atajó la presión inflacionaria a fuerza de una brutal política de ajuste y se fue dejando un país endeudado y en llamas. Durante 12 años, el kirchnerismo intentó domarla con mesas de diálogo y controles de precios. Mauricio Macri lanzó una bravuconada: «Vamos a bajar la inflación a un dígito», dijo en plena campaña de 2015. Los precios de los alimentos, sin embargo, treparon hasta dejar una inflación del 53,8 por ciento a fines de 2019.
Con Alberto Fernández, bajó al 36 por ciento, pero, tras la pandemia, los dos primeros meses de 2022 llevan acumulados un 8,8 por ciento, y la guerra entre dos grandes productores de trigo como Rusia y Ucrania hace temblar los precios de los alimentos en el mundo. Para mitigar esta situación, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció la creación de un fondo de reserva para subsidiar a los productores locales y evitar que se disparen los precios del trigo y la harina, pero, al mismo tiempo, advirtió sobre la aplicación de la ley de abastecimiento contra las empresas o los distribuidores que aumenten precios.
A la mesa de diálogo convocada por el gobierno acudieron todos los actores del complejo agroindustrial. Los sindicatos reunidos en la Confederación General del Trabajo advirtieron que no dudarán en salir a la calle si se afectan los precios de los alimentos o si el acuerdo con el FMI toca la legislación laboral.