Estado español – El rap encarcelado, por cantarle a la monarquía. [Danilo Albín]

Pablo Hasél.

Brecha, 19-2-2021 

Correspondencia de Prensa, 20-2-2021

Una vez les tocó a unos titiriteros. Hubo escándalo, lío, protestas. Ahora le toca a un rapero. Hay, otra vez, escándalo, lío, protestas. Hasta el vicepresidente de España, Pablo Iglesias, ha dicho que algo está fallando cuando pasan cosas como esta: Pablo Hasél, artista del mundo del rap, ha sido encarcelado porque sus tuits y sus canciones han sido consideradas ofensivas por los jueces. Judicialmente hablando, Hasél, de 32 años de edad, ha sido autor de un delito de «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales». Lo hizo escribiendo o cantando. Y ahora tendrá que escribir o cantar en la cárcel.

Ya hay un rapero preso. Otro está exiliado: es conocido por el nombre artístico de Valtonyc, es oriundo de Valencia y ahora está en Bélgica. Se tuvo que ir porque si se quedaba, acababa como Hasél: preso por cantarle a la monarquía. También le acusaron de «enaltecer al terrorismo» cuando, curiosamente, ya no había en España organización terrorista a la que enaltecer: ETA se disolvió en 2017.

Ahí viene otra paradoja digna de anotación. Desde que la organización armada vasca desapareció, se multiplicaron las actuaciones judiciales por delitos de «enaltecimiento del terrorismo», algo que ha merecido críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas sociales y ha llegado incluso al nada sospechoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta en tres ocasiones ha condenado a España por la desorbitada protección legal (aquí también lo llaman mordaza) que rodea a la Corona.

«Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos deben desaparecer del Código Penal», se vio obligado a reclamar en pleno siglo XXI Carlos Escaño, responsable de campañas en la sección española de Amnistía Internacional. En la biblioteca de esa organización tienen un informe que, con apenas leer el título, resume lo que ha ocurrido con Hasél o con Valtonyc: «Tuitea si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España».

Hay otro informe que deja a España en una posición aun peor. La ONG Freemuse reveló que España tiene el dudoso honor de ser el país con más artistas encarcelados de todo el globo terráqueo. «Actualmente, España es el país con más penas privativas de prisión del mundo. En concreto, 14 son los actualmente procesados», señalaba en noviembre pasado Alberto González Pulido, coordinador de Freemuse en España, al canal La Sexta. El país de Juan Carlos I y Felipe VI está por encima del Irán de los ayatolás, de la Turquía de Erdogan o de la Rusia de Putin.

La cifra sería en realidad más alta. Según contó hace unos días la periodista Ana María Pascual en el diario digital Público.es, desde la entrada en vigor del actual Código Penal en 1995, «cerca de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados por delitos de opinión, según datos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional».

Sabina, Serrat, Almodovar…

En ese contexto, cuando Hasél contó que le iban a meter preso, volvieron a saltar todas las alarmas. Hubo una reacción rápida, en cadena, desde diferentes sectores. Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Pedro Almodóvar sumaron su firma a un manifiesto apoyado por 200 artistas españoles en el que se denuncia que «la persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como a otros representantes de la cultura y el arte por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión, se ha convertido en una constante». Con el encarcelamiento de Hasél, apuntaban: «El Estado español se está equiparando a países como Turquía o Marruecos, que también cuentan con varios artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde el Estado».

«El encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente», añadían los artistas.

Las reacciones llegaron también desde el otro lado del Atlántico: artistas, expresidentes –entre los que se encontraban el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya–, militantes políticos y defensores de los derechos humanos, como el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaron contra el encarcelamiento del rapero español y advirtieron sobre los retrocesos en materia de libertad de expresión en el viejo reino ibérico. Hubo críticas también desde los gobiernos de Venezuela y México: los presidentes Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador se solidarizaron con el rapero y criticaron su encarcelamiento.

La ola de protestas contagió al Parlamento español. Albert Botrán, diputado catalán de la anticapitalista e independentista CUP, subió al estrado con el móvil y, ante la atenta mirada del resto de la Cámara, le dio al botón de play. Tenía puesta una canción del rapero preso. Hubo entonces un cruce de recriminaciones y aplausos, que Botrán interrumpió con una afirmación categórica: «En el Estado español entra hoy en la cárcel un cantante, como en la más triste de las dictaduras, por delitos de opinión. No se escuden detrás de los jueces: en esta Cámara hay responsabilidades de que exista todavía el delito de injurias a la Corona o el delito de enaltecimiento del terrorismo, que se han utilizado para la persecución ideológica».

También en el Congreso, el presidente de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tuvo que escuchar las recriminaciones del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. «¿El gobierno considera que existe democracia sin libertad de expresión?», preguntó el representante vasco. Le respondió la vicepresidenta, Carmen Calvo, con una frase algo confusa: «No hay ni un solo derecho en ninguna democracia del mundo que se pueda ejercer de manera absoluta en conexión con otros derechos y con el ejercicio de todos los demás que ejercen su derecho a su manera [sic]. ¿Lo hemos entendido?», preguntó Calvo.

La vicepresidenta dijo, en cualquier caso, que «este gobierno a la mayor brevedad posible hará un trabajo de modificación que nos colocará en otros espacios donde otras democracias han evolucionado. Tan sencillo y tan bueno como eso». Ese «trabajo de modificación» se lo viene pidiendo a gritos su aliado en el gobierno, la coalición de izquierda Unidas Podemos. Ese grupo político, liderado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defiende una reforma del Código Penal que borre de una vez y para siempre los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo que han llevado al rapero a la cárcel. También ha registrado una petición de indulto para Hasél.

Mientras, las calles arden. Madrid y Barcelona han sido escenario de manifestaciones a favor del artista encarcelado que han sido respondidas con fuertes cargas policiales y decenas de detenciones. En la capital catalana, una mujer perdió el ojo a causa de un proyectil de goma disparado por los Mossos d’Esquadra, el mismo cuerpo policial que se encargó de romper el muro humano que protegía a Hasél en la Universidad de Lleida. Salió esposado y miró a las cámaras. Se hizo entonces un silencio muy parecido a la vergüenza.