Colombia – Condena a la masacre policial en Bogotá. De cómo la gente perdió el miedo. [Movimiento Ecosocialista – Víctor de Currea-Lugo]

Movimiento Ecosocialista de Colombia

Comunicado, Bogotá, 10-9-2020

A la escalada de masacres que en tan solo dos meses llegan a 47 casos en diversas regiones del país debe sumarse la ocurrida la noche del 9 de Septiembre, cuando ocho jóvenes, incluyendo un menor de edad, fueron asesinados por la policía cuando dispararon a quema ropa sobre  centenares de manifestantes que protestaban frente a las unidades policiales barriales denominadas Comandos de Acción Inmediata -CAI- por el asesinato del abogado Javier Ordoñez, quien indefenso  fue detenido y asesinado, a golpes y con choques eléctricos, por  una patrulla de la policía en las inmediaciones del CAI de Villaluz horas antes de que se iniciaran las protestas. Los heridos ya alcanzan la suma de doscientos. Las protestas fueron convocadas por las redes virtuales una vez se conocieron las grabaciones en las que pudo observarse la crueldad con la que fue ultimado Javier Ordoñez.

Esta masacre forma parte de una cadena de  asesinatos, agresiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del cuerpo policial en todo el país. La represión a las movilizaciones populares contabiliza muchos muertos en los distintos puntos de la geografía nacional. Las denuncias ciudadanas a golpizas y violaciones a mujeres en los mismos CAI ocurren diariamente. El cuerpo de policía y su comportamiento represivo hace parte de una institucionalidad vertebrada en torno al terrorismo de Estado, oficializada en la doctrina del “enemigo interno” que trae como consecuencia la criminalización de la protesta social y de la propia movilización cotidiana de los ciudadanos.

El Movimiento Ecosocialista considera que la justificación mediática  diseñada por las elites según la cual la responsabilidad de los hechos ocurridos en la capital del país  debe atribuirse a “vándalos” condenables judicialmente es una falacia que intenta escondes la responsabilidad de la violencia oficial. Nos sumamos a las voces que desde las organizaciones populares y de derechos humanos proponen la Reforma de la Policía  para convertirla en una entidad de carácter civil agregando  que una reforma de esas características debe ser tan sólo un componente de una modificación integral que apunte a desmontar el terror de Estado y la impunidad judicial que lo acompaña. Compartimos la propuesta de la renuncia inmediata del Ministro de Defensa y del Comandante en ejercicio de la Policía de Bogotá.

Las movilizaciones del 9 de Septiembre  fueron mayoritariamente juveniles. Grafican no tan solo la rabia en contra la represión policial, sino, igualmente, el repudio a la marginalidad social a la que han sido sometidos  millones de jóvenes que carecen de estudio y trabajo. La forma en la que el gobierno de Duque ha gestionado la pandemia producida por el Covid 19 aumenta ese rechazo juvenil. La entrega de grandes cantidades de dinero del presupuesto público a los banqueros y a los grandes empresarios mientras niega recursos a los hospitales, a los centros de salud y a una población cada vez más empobrecida por la parálisis económica sintetiza el accionar. El caso de AVIANCA es emblemático. El gobierno nacional acaba de autorizar la entrega de US$370 millones a esa empresa de aviación quebrada, con personería jurídica obtenida en Panamá para evadir impuestos y administrada por bancos norteamericanos, sacando los recursos del Fondo presupuestal destinado a mitigar los efectos sociales del Covid 19 mientras la población experimenta grandes dificultades para conseguir la subsistencia.

El movimiento Ecosocialista comparte la indignación y reconoce la legitimidad social de las protestas que se presentaron este 9 de Septiembre en Bogotá y de las que se vienen desarrollando durante las últimas semanas en todo el país para enfrentar tanta injusticia y barbarie. Consideramos que es urgente coordinar esfuerzos entre todos los que estamos interesados en cambiar el actual estado de cosas  para unificar reivindicaciones de carácter urgente, tales como la renta básica universal, el aumento del gasto público en salud, impuestos a las grandes fortunas, planes de empleo y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, el desmonte de  la represión, entre otros.

El movimiento Ecosocialista hace un llamado a la solidaridad internacional. Consideramos urgente declarar a Colombia en emergencia humanitaria, dada la escalada de masacres que viene presentándose en el país en la absoluta impunidad, y la  represión indiscriminada que practica la Fuerza Pública como parte del terror de Estado. Las declaraciones de funcionarios de Naciones Unidas o de las Instituciones internacionales responsables del seguimiento de violaciones a los derechos humanos, condenando  estos hechos, no son suficientes. Requerimos medidas urgentes. Llamamos a las organizaciones sociales,  democráticas y a los ciudadanos, que en cualquier parte del mundo entiendan la gravedad de la tragedia humanitaria que padece la población colombiana, a manifestar su solidaridad y a exigir a la llamada “comunidad internacional” que  tome las medidas que la gravedad de los hechos que vienen ocurriendo en el país requiere.

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De cómo la gente le perdió el miedo al abuso policial

Blog de Víctor de Currea-Lugo, 10-9-2020

Blog, 10-9-2020

Bogotá ardió, bueno, no la ciudad pero sí decenas de puestos de policía llamados CAI. La sociedad está “mamada” de la policía, así de simple. A comienzos de los años noventa, la Personería de Bogotá sugirió que una medida para disminuir la delincuencia en la ciudad sería dejar a la policía en sus cuarteles, que no saliera a la calle. En parte por esas cosas decidieron modernizarla. Y cambiaron los grados, crearon siglas y nuevas estrategias de comunicación, pero no se tocó su esencia, esa de ser parte del Ministerio de Defensa, y de ser formados en la lógica de la Guerra Fría, del enemigo interno y de la seguridad nacional.

Esos cambios cosméticos no solucionaron nada. A la lista de viejas quejas, se suma una rabia creciente por la arrogancia policial cuando los graban en un procedimiento, por su persecución contra el porte de la dosis personal como si acaso estuvieran desarmando un cartel de drogas, o cómo se “enamoran” de los que tienen tatuajes, de los de pelo largo o de las de faldas cortas. Es decir, además de los grandes crímenes, es constante su ejercicio del micro-poder, su agresión contra poblaciones específicas, su racismo y clasismo.

A las lógicas doctrinales de la Guerra Fría ya citadas, se suma la lógica neoliberal de evaluar el trabajo por resultados, por indicadores: número de detenidos y otras torpezas similares (Véase: De policías e indicadores), en la misma lógica que alimentó los llamados falsos positivos.

Ya teníamos una larga lista de casos dolorosos. Por ejemplo el de Nicolás Neira, de 15 años, asesinado por el Esmad el 1 de Mayo de 2005; el caso sigue abierto. En septiembre de 2018, Julián Hernando Balcero, murió precisamente dentro de un CAI, el del barrio 20 de julio. La policía dijo que se suicidó, pero su mamá sostuvo que “Si él estaba esposado y en un cuarto que es bien pequeño ¿cómo se iba a ahorcar? Además él no tenía motivos, ni instintos suicidas, a él lo mataron en el CAI”. En noviembre de 2019, Dilan Cruz fue asesinado por la policía, con armas no permitidas, en las marchas contra las políticas del gobierno. Pero estos son solo tres casos de los muchos que la sociedad conoce.

Luego vino la cuarentena por la pandemia. Y las autoridades confundieron medidas de control de salud pública con medidas policivas de abuso. Vimos los comparendos porque al policía no le valió la carta de trabajo que le mostró un empleado de una droguería para transitar, porque le pareció que esa no era hora de hacer mercado, porque una señora llevaba de la mano a su niña de 9 años, y una larga lista de hechos por demás estúpidos. A esto hay que sumar, los violentos desalojos en plena cuarentena, con destrucción de sus casas, a personas en zonas muy pobres de las afueras de Bogotá, con acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía.

Esta violencia policial directa es sistemática y conocida por la sociedad. Está el caso de Néstor Novoa, un vendedor ambulante de 70 años, reducido por la policía como si se tratara de un peligroso delincuente en mayo pasado. Y ese mismo mes, Anderson Arboleda fue asesinado a golpes por la policía, supuestamente por violar la cuarentena. Pero fue el asesinado de Javier Ordoñez, documentado hasta el cansancio, el que despertó a una sociedad por demás cansada de un gobierno inepto.

La gente se dio cita frente a los CAI con un claro sentir social: ¡No más! De manera espontánea, hubo cacerolazos y protestas frente a prácticamente todos los CAI de Bogotá. Y en muchos de esos CAI ha habido casos de violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, torturas. Un muchacho increpó con mucha rabia, genuina, a los policías del CAI donde estaban vinculados los policías responsables por la muerte de Javier. Él encarnaba una rabia común y un sentimiento colectivo. Duque, el presidente, se dedicó a felicitar “la gallardía policial” o algo así.

La gente está cobrando en las calles desde el miedo que nos quisieron meter en las venas en noviembre pasado hasta cada abuso policial que conoce la sociedad por décadas; el rechazo a todos esos abusos nacidos del micro-poder le pasaron factura la noche del 9 de septiembre a la Policía. Algunos recordaron cómo un presunto ladrón, esposado y reducido, era quemado por la policía en julio pasado, como lo mostró un video en las redes sociales.

Los casos de periodistas golpeados por la policía, vendedores ambulantes a quienes les robaron sus pocos bienes, habitantes de la calle humillados, mujeres abusadas en carros de la Policía, transexuales víctimas de violencia, muchachos golpeados, son casos explican el miedo creciente de la sociedad hacia la policía. Según el informe «Bolillo, Dios y Patria» de la ONG Temblores, en el período 2017-2019, hubo 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 de violencia sexual, en los que, basados en informes de Medicina Legal, hay un presunto miembro de la fuerza pública involucrado. Solo en el primer trimestre de este año se abrieron este año por abuso policial, ocho procesos al día. En el primer semestre la policía abrió 3.674 casos, 1.474 por presunto abuso de autoridad. ¿Y los no denunciados? De este número de casos, solo 10 policías han sido destituidos.

En estos momentos de crisis, uno no puede irse a ver ballenas. O estamos con los manifestantes o estamos con la policía. Es así de simple. El acumulado de violencia policial y militar es tan grande, la impunidad tan obvia y la complacencia de las instituciones tan vergonzosa, que jugar al neutral es por lo menos timorato. Varios tuiteros decían “que arda todo”. No, no es un acto de vandalismo donde unos pocos se enfrentan, sin causa ni motivo, a las fuerzas policiales. El lenguaje políticamente correcto es un desfase. Grafitis versus cadáveres, no es un análisis muy “académico” para insinuar que toda violencia es igual. Las paredes se pintan, los muertos no resucitan.

No sé qué dirían a las familias de Dilan, Néstor y Julián; ¿les proponemos un “abrazatón”? Los abrazos y las flores a la policía tuvieron un momento, pero ya lo único viable es su reforma estructural. Esto implicaría tocar la estructura de un sistema que no ve la protesta como un derecho, pero sí a los civiles como enemigos. Por eso, no se trata de que ahora cambien el color de  los uniformes del Esmad, pongan otra sigla o juzguen a unos pocos. Hay que entender que, en el fondo, la Policía sirve para cuidar bancos y poderosos. En suma, la pregunta por la democratización de la Policía está en saber si están dispuestos a “cuidar la polis” o solo a un puñado de privilegiados.

La conducta de la Policía el 9 de septiembre, día de los derechos humanos, dejó claro que su comportamiento es colectivo, su mandato de violencia es institucional, su lenguaje anti-ciudadano es una constante. No son manzanas podridas, es el árbol. Vimos policías poniéndose la chaqueta al revés para evitar la identificación, dando armas a personas de civiles para que dispararan contra manifestantes, rupturas de botellas en la cara de las personas, golpes con palos a los ciudadanos que grababan sus procedimientos, detenciones arbitrarias y más personas asesinadas. ¿Necesitamos más ejemplos? Un informe preliminar habla de 24 heridos, 19 de ellos con arma de fuego, y 5 posibles casos de homicidio por parte de la policía. En uno de los casos, la Policía no permitió el ingreso de una ambulancia.

No me sumo a los que dicen a los manifestantes: “bruscos no”. Hoy no. Como dijo Ricardo Quevedo en Twitter: “La impotencia y la falta de soluciones reales generan ganas de quemarlo todo. Hay gente que siente que cambia el mundo a punta de cacerolazo, pero pues en la calle las cosas funcionan distinto”. No caigamos en el juego tramposo de sugerir que la no condena de las protestas es complicidad. Complicidad es quedarnos callados cuando el Estado policial manda en las calles y agrede cotidiana y sistemáticamente a las personas. Fin del comunicado.

PD: Sin entender nada de lo sucedido, el Ministerio de Defensa hace el siguiente anuncio: «Desde este momento se reforzará dispositivo de Policía Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. Asimismo, 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de seguridad en la capital del país». La ciudad amanece militarizada. Eso se llama: echarle leña al fuego.

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