El acuerdo limitaba la posibilidad de Paraguay de disponer de bloques de energías para comercializar con industrias o grupos empresariales y obligaba al país a pagar unos 300 millones de dólares más por año por contratar energía. Todo se hizo en secreto, con los altos funcionarios políticos del gobierno de Abdo Benítez. De las negociaciones fueron excluidos los técnicos de la ANDE, pero no los de Eletrobras de Brasil...