Foto: Daniel Pensa. Brecha.
Entrevista con el sociólogo Daniel Pena
Rosario Touriño
Brecha, 17-7-2026
Correspondencia de Prensa, 18-7-2026
Es uno de los más incansables investigadores de la forestación en Uruguay y en 2025 completó con honores una profunda tesis de maestría. En ella asoma una realidad insoslayable: en cuatro décadas no se expandió el empleo, pero sí la concentración de tierras. Los impactos sobre los ecosistemas se consignan en variados papers y el grupo UPM (UPM-Kymmene Corporation, es una multinacional con sede en Finlandia dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera. Ubicada en zona franca, no paga impuestos en Uruguay. CdP) acumuló 59 multas en 14 años. Para Pena, no hay que plantar «ni una hectárea más» de eucaliptos, pero saluda la entrada al Parlamento de proyectos elaborados por la academia y el activismo que buscan restringir este monocultivo.
—Si tuvieras que enmarcar temporalmente el proceso del actual modelo forestal, ¿cuántos años llevamos?
—Para mí son 40 años. Si bien hubo otra legislación de los sesenta y la forestación de los médanos, que destruyó la costa, viene de los cincuenta, había otra lógica. En 1987 ocurrió la transformación fuerte, con una ley en la que se definió que el Estado devolvía la mitad de la inversión a las empresas forestales y, además, les sumaron exoneraciones de impuestos. Hasta 2005 hay una etapa muy expansiva, con mano de obra ultraprecaria, esclava prácticamente, donde funcionaba todo este relato de que generaban trabajo. Eran cuadrillas muy locales, en las que un laburante (un trabajador, CdP) compraba una camioneta y diez motosierras, y salían a cosechar. Se les descontaba la comida del sueldo a los trabajadores, porque de repente vivían 20 días dentro de una plantación, en carpas de nailon, trabajando sin seguridad ninguna. Hoy hay cosas similares, con grandes repercusiones en la salud de las trabajadoras de los viveros, solo que formalizadas. Pero la expansión plantea otros problemas, porque se van desarmando las estancias que eran la fuente de trabajo de los peones. También baja mucho la producción ovina y lanera, y la exportación se mete en el traspaso generacional de los ganaderos. Las siguientes generaciones de las grandes familias terratenientes –por ejemplo, en Paysandú, los Piñera, Beisso, Arocena– ya no viven más en los grandes cascos de estancias, sino en la ciudad, y administran la tierra como una empresa más. Lo que les interesa es la rentabilidad, porque ni siquiera conocen muy bien a sus trabajadores. Hay un cambio de la lógica en la relación con la tierra que les viene muy bien porque las multinacionales les pagan mucho más y a 20 años, por adelantado. La forestación paga entre 150 y 180 dólares la hectárea por año, y el pastoreo de ganado no paga más de 80. Y son campos muy grandes, de 2 mil hectáreas en promedio. Solo basta hacer la cuenta.
—Todo ese cambio en el uso del suelo lo narrás con sus múltiples escalas y dimensiones en tu tesis de maestría, en la que te internaste en dos pueblos totalmente transfigurados por el modelo forestal [véase recuadro al final]. Pero en una de tus últimas columnas [La Diaria, 15-VI-26] también desmenuzás los datos muy reveladores del último censo agropecuario, de 2024: la silvicultura no trajo más empleo, ni más distribución de ingreso, ni más ruralidad, ocupa 1,98 trabajadores cada 1.000 hectáreas versus 5,39 cada 1.000 en la ganadería y 19 cada 1.000 en la lechería.
—Nosotros tenemos dos grandes fuentes de datos sobre empleo en cuestiones rurales: el Censo General Agropecuario, que te da la información desde el predio, con la declaración de los dueños o administradores, y después la Encuesta Continua de Hogares [ECH] en donde declaran quienes trabajan. El modelo forestal tiene muy poca gente viviendo y trabajando en el lugar de producción; en el primer eslabón de la cadena, genera muy poco trabajo. Pero hay que tomar en cuenta que parte del trabajo de la forestación lo tenés en los viveros, con trabajadores tercerizados y superexplotados.
—Planteás también cierto estancamiento de la cifra de trabajadores, unos 23 mil, a pesar de que la superficie forestada aumentó de 165 mil hectáreas en 1987 a 1.124.000 en 2022 y que se planta a un ritmo de 20 mil hectáreas por año.
—Sí, la cadena forestal tiene tres grandes eslabones: la forestación, las industrias mecánicas, que son las del aserrío, y las industrias químicas, que son las de la celulosa. Hay un par de pequeñas industrias de papel, pero muy pequeñas, y está Softys (ex-Ipusa) –abocada básicamente a la marca Higienol–, que es chica pero está produciendo ya en el último eslabón y ahora se quiere expandir para hacer pañales. Pero pensando en los tres grandes eslabones, y sin tener en cuenta a los camioneros –porque la ECH no identifica el tipo de carga que hacen–, yo veo que desde 2006, con buenos datos que incluyen la ruralidad, la cadena se mantiene estable. A la interna de esos tres eslabones, la forestación pierde empleo: más o menos 2 mil trabajadores. Y gana la celulosa, porque hay otra planta reciente, y algo los aserraderos, porque también hay más. Entonces, se compensa la pérdida en la forestación con el eslabón industrial, pero en el mismo período se expanden en casi medio millón de hectáreas. Entonces, cuando uno piensa en espacio, en ecosistema, en cómo se distribuye la riqueza y las posibilidades de vivir dignamente, estamos teniendo una pérdida, porque las plantaciones cada vez ocupan más tierra y no generan más trabajo.
De hecho, en el primer eslabón, el que más nos preocupa, porque es en las zonas rurales donde se supone que estas empresas generan nuevas oportunidades, cada vez hay menos trabajo. Por dos razones. Una es la gran tecnificación, supermáquinas que salen carísimas, entre medio millón y 1 millón de dólares cada una: solo las pueden comprar grandes empresas, entre ellas las grandes constructoras que son también las que construyen los puertos, las vías del tren, las plantas de celulosa. Siempre son los mismos los que ganan, y eso está relegando a los pequeños cuadrilleros, que ya no pueden entrar en los márgenes de la cadena.
—Otro dato impactante es el grado de concentración: en 12 años, de censo a censo, el tamaño promedio de los predios pasó de 1.573 hectáreas a 2.895.
—Sí, eso es indiscutible. Es el rubro que tiene el promedio de extensión por predio más grande; lo sigue el arroz, con un promedio de 1.500 hectáreas. La forestación también es el rubro más extranjerizado: ya en 2011 solo el 4 por ciento de la extensión estaba en manos de uruguayos. Y, de hecho, UPM, a través de Forestal Oriental y otras, y Montes del Plata (empresa fundada entre la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, también productora de pasta de celulosa. CdP), a través de Eufores y otras, son los dos principales terratenientes del país. UPM controla 450 mil hectáreas –es muchísimo– y Montes del Plata, cerca de 300 mil. Son los principales oligarcas, como se decía en otra época. Sin embargo, como son transnacionales, dan este halo de estabilidad y modernidad. Una multinacional tiene formación, tecnología, pero no hay duda, con los datos del censo agropecuario, de que tenemos un serio problema con la vida y el trabajo en los predios. En el primer eslabón están el vivero, las cuadrillas que plantan y aplican los distintos pesticidas (como el hormiguicida fipronil, que está prohibido en Europa), actividades que llevan un año y medio de trabajo más o menos, pero después la plantación queda nueve años sin absolutamente nadie. Hay una persona cada miles de hectáreas cuidando, básicamente, que no haya incendios, pero, además, al día de hoy, eso se hace en buena parte por satélite. Ni siquiera torristas hay hoy. Luego están las cuadrillas de cosecha, altamente mecanizadas, en la forestación para celulosa, porque la forestación para aserradero no siempre es mecanizada y la de leña mucho menos –es la que tiene peores condiciones de trabajo, pero tiene más trabajadores–. Parte del número de los trabajadores del primer eslabón está inflado por la leña, con muchos trabajadores de a pie y contratados por tercerizadas, algunas formales y otras no. Pero todas trabajan para la celulosa y para los aserraderos: incluso a veces el mismo campo tiene una plantación doble. En Treinta y Tres, por ejemplo, hacen plantaciones a las que les hacen un primer raleo: la primera tanda va para celulosa y los siguientes árboles los dejan crecer por unos años más para los aserraderos. Hay combinaciones complejas, pero el 75 por ciento del volumen va para celulosa. El empleo, entonces, se concentra en grandes empresas que tienen lógicas urbanas. No solo porque no hay trabajo en la ruralidad, porque la forestación se comió gran parte del trabajo, sino porque, además, las contrataciones ocurren en las zonas urbanas. Los trabajadores migran a las zonas urbanas y forman parte de cuadrillas que rotan por todo el país. Y eso trae un montón de otros problemas sociales, como el consumo de sustancias, porque trabajan en turnos de 10 a 12 horas, incluso en la noche. Esto no tiene nada que ver con el trabajo rural que se guía por el sol, ¿no? Esto es industria; es la lógica de la industria en la zona rural, y ese es el desarrollo que llega a las localidades. Y a eso hay que sumarle que más del 90 por ciento de los trabajadores son varones, que se ausentan y sobrecargan las tareas de cuidados de las mujeres. Es una ruptura de la vida cotidiana tan profunda que es hasta difícil de poner en palabras, porque es muy parecida a la lógica de la minería. Por eso es un extractivismo tan claro. Es una industria que está comiendo tierra de otros rubros y les hace perder trabajadores (más o menos estimo en unos 4 mil o 5 mil trabajadores ganaderos menos), y mientras tanto se depredan los ecosistemas, porque la base de este sistema forestal es destruirlos.
—Son muy abundantes las citas científicas sobre impactos en los ecosistemas que recopilás en tu investigación, incluso de estudios contratados por las propias multinacionales. Para resumir: baja de los caudales de las cuencas, reducción de los campos de pastizales naturales –tan importantes para la ganadería–, pérdida de biodiversidad, acidificación y erosión de los suelos, reproducción de plagas.
—Sí, tal cual. Estas cuatro décadas nos permiten evaluar, por un lado, que la promesa de empleo no se cumple: es cada vez peor y va a ser cada vez peor, porque se tecnifica más. En cuanto a la cuestión ambiental, ellos vinieron con el escudo de que plantaban árboles, pero llegaron a plantar sobre montes nativos o sobre la pastura. La pastura era vista como una cosa atrasada de los oligarcas ganaderos, en la lógica tanto de la derecha como de la izquierda del momento. No se hablaba de los pastizales ni del bioma pampa, como ahora. Entonces, ellos llegan acá, primero, expulsados de otros lados. UPM fue expulsada de Tailandia, Indonesia –países en los que tuvieron grandes conflictos por asociarse con empresas nacionales que destruyen selvas tropicales–, India.
El problema es el aumento de la demanda de la celulosa, principalmente por el crecimiento de las clases medias chinas, que usan mucho más lo que se denomina papel tissue –papel higiénico, por ejemplo, y papel de embalaje para todas esas porquerías que compramos por Temu y demás–. Pero, además, Finlandia tiene prohibido plantar eucaliptos. O sea: lo que hacen acá está absolutamente prohibido en sus tierras. Ellos tienen mucho bosque autóctono y su ley forestal solo permite cosechar un cierto porcentaje por año y solo se puede reforestar con especies nativas. Arranquemos por ahí: ellos encontraron un límite en su propio territorio. Necesitaron ir hacia afuera y fueron a Asia, pero tuvieron problemas y giraron hacia América Latina. Y lo que hacen por acá básicamente es aprovechar normas ambientales casi inexistentes o muy flexibles: pueden usar agroquímicos que allá no, pueden volcar volúmenes de fósforo mucho más altos. Pero todo eso ya lo decía Ricardo Carrere, del Grupo Guayubirá, en los noventa: sustituir pastura natural por eucaliptos no solo afecta la cantidad de agua disponible a nivel superficial, sino la recarga de los acuíferos. Eso ya está recontra investigado, incluso por investigaciones en las que participan las propias empresas junto con la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación], que hablan de una reducción de la capacidad de las cuencas del 20 por ciento –otras dicen un 50 por ciento, porque, además, en una temporada de sequía se agrava–. Hay una degradación sobre el banco de semillas y sobre la fertilidad del suelo, que no se sabe qué va a pasar, pero el Estado no se hace cargo de la investigación. Entonces, los daños ambientales son estructurales en la forestación. El Ministerio de Ambiente no tiene sistematizadas todas las multas de las empresas, lo cual es surrealista. Para la tesis tuve que pedir expediente por expediente y el grupo UPM –que incluye Forestal Oriental– tiene, por lo menos, según lo que pude encontrar, 59 multas en 14 años, por incumplimientos que se repiten y repiten. Muchos de ellos son muy graves, con suspensión de agrónomos, incluso por omitir información importante. O sea, hay sanciones por cosas muy complejas, como cortar monte nativo, irse arriba de roquedales, incumplir las distancias de los cursos de agua para plantar, por la aplicación de sustancias, por dejar tirados los bidones de los agroquímicos en cualquier lado, y después todas las aplicadas a la industria. El caso más claro fue el de los vertidos de soda cáustica en el arroyo Sauce. Otro caso conocido fue el de vertidos de agroquímicos del vivero en el arroyo Santana.
—Los partidos políticos, salvo excepciones, y los gobiernos hacen caso omiso a todo este cúmulo de problemas muy documentados. Incluso, después de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, abrió una puertita a estudiar más límites para la forestación, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo en 2025 en un evento de la Sociedad de Productores Forestales que se podría duplicar la superficie forestada.
—Sí, la información la tienen. Hemos ido al Parlamento con varias organizaciones y leen la misma prensa que leemos todos. Lo que hay es un problema macroeconómico mucho más complejo, que ahora estamos a punto de publicarlo en un trabajo con [el economista e investigador ambiental] Martín Sanguinetti. Para mí, estamos entrampados en un círculo vicioso muy complejo de inversión extranjera directa, deuda y suba del PBI. Es cierto, cuando llega una inversión de estas, te sube el PBI. Pero ¿qué significa que te sube el PBI? Que hay más porciones de la naturaleza y de trabajo humano que pasan por el mercado. Nada más. Porque ni las condiciones de vida son mejores, ni la riqueza se distribuye, ni mejoran los ecosistemas. Es solo PBI, porque la recaudación impositiva no mejora, ya que las transnacionales están en zona franca y tienen exoneraciones. El PBI te posiciona para pedir préstamos con menos intereses y para hacer obras extractivas como el tren de UPM o el dragado de la laguna Merín (Obra que facilitará el transporte, sobre todo de cereales y también contenedores por vía fluvial entre Uruguay y Brasil. Proyecto con fondos privados apoyado en 2009 por Tabaré Vázquez y Lula. CdP). A su vez, te da gobernabilidad con el Sunca [Sindicato Único de la Construcción y Anexos] y la Untmra [Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines], y te permite hacer políticas sociales para los perdedores del modelo, para los pobres, entre ellos muchos que vienen de la ruralidad porque se quedaron sin trabajo y terminaron en los márgenes de cualquier ciudad. Pero es un problemón, porque es una mirada de muy corto plazo: cada vez tenés menos recaudación respecto del PBI, se te extranjeriza cada vez más el producto y estás dañando tu principal fuente de bienestar –ni siquiera hablemos de riqueza–, que es la fertilidad del suelo y el agua. A largo plazo tenés un problemón ecológico y, por lo tanto, económico, que ya lo estamos viviendo: nos quedamos sin agua, tenemos cianobacterias y problemas de salud por los plaguicidas. Pero, además, las empresas envían sus remesas. UPM empieza a enviar casi 300 millones de dólares por año a Finlandia. Hay una huida de capital que crea un agujero en la balanza comercial, en los dólares que salen y los que entran, que es el problema en el que estamos ahora. Tenés un Estado que no tiene con qué financiarse y un agujero que venís generando hace 40 años con este modelo. Y se quiere solucionar con una nueva inversión extranjera directa, que lo que hace es profundizar el mismo problema, pero te da gobernabilidad durante cinco años. Básicamente, es ocupar el mismo lugar de colonia, de producir materias primas más baratas y alta rentabilidad para los centros. Una lógica de la que es muy difícil salir.
—Dentro de este panorama, ¿cómo observás los proyectos para restringir la forestación en las cuencas hídricas más amenazadas y para que no se permita plantar en áreas que no son de prioridad forestal, como el que se envió al Parlamento a través de REDES-Amigos de la Tierra y de la Facultad de Ciencias? A la luz de estos resultados, parece obvio que debería existir un punto de inflexión.
—Yo tengo más esperanza, por lo que veo en los territorios. Escucho la sensibilidad de la gente sobre estos temas, porque es tal la agresión al ecosistema, a los trabajadores y a las condiciones de vida en la zona rural… Y ahora también eso impacta en las zonas urbanas, indirectamente: la gente ya no se cree la promesa ni del empleo, ni del bienestar, ni de la riqueza, ni de nada. Esa fantasía de que llega el desarrollo ya no se la creen, porque, además, ya lo han visto varias veces con las pasteras. Entonces, el discurso cambió: ahora es el de aguantar, porque no hay otra opción. Pero es un problema causado a su vez por el problema: la forestación hace que cada vez haya menos opciones, y se utiliza ese no haber opciones para que la gente no tenga otra que aguantar. Con más agroquímicos, más explotación o ya no tener más el arroyo donde se iba a bañar en verano. Entonces, la realidad está hablando por sí misma y aumenta la presión crítica de las organizaciones, de la gente en los territorios.
Yo creo que el nuevo consenso debería ser que no se plante ni una hectárea más. Ya no pueden decir que no hay datos: los datos sobran y las consecuencias en carne viva también. Hay caminos intermedios y el proyecto de REDES es muy interesante, porque pone en discusión la cuestión del agua, que es muy cercana a la gente. Conecta la ruralidad con la urbanidad y eso es muy importante para generar conciencia. Ya hay una red nacional articulada contra las forestales, y también latinoamericana, porque es un problema regional. La población se está dando cuenta de este error histórico y creo que el boom de la industria forestal defendido por la gente ya pasó. ¿Cuánto tiempo nos llevará revertirlo? No sé. Si lo pienso a escala macro, hay teóricos, como Jason Moore, que dicen que el boom de un commodity es de más o menos 70 años. Así fue con la caña de azúcar en ciertos lugares o con la remolacha de Rausa. Este podría ser un buen caso para testear la hipótesis, porque ya pasamos la mitad de esos años. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar esto hasta que se transforme? Va a depender mucho de la capacidad que tengamos de organizarnos, de presionar y de que se encuentre alguna salida.
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Lucecitas de resistencia
La tesis que convirtió a Daniel Pena en magíster en Sociología lleva el título Transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay. El trabajo de 230 páginas, defendido en agosto de 2025, contiene un imponente cuerpo de datos y gráficos que analizan el modelo forestal desde ángulos económicos, sociales, ambientales y antropológicos. Sin embargo, en sintonía con el título de la investigación, lo que atraviesa la lectura es el efecto de la actividad extractivista sobre los cuerpos y los territorios de las comunidades. En sus palabras, un «trenzado conceptual» entre la ecología política latinoamericana, la sociología de los cuerpos y las emociones, y la producción de lo común y lo comunitario, que incluye hilados ecofeministas. Un capítulo que aporta gran espesura a la investigación es el trabajo de campo en dos localidades transfiguradas por la asfixia forestal, que resultan en potentes narraciones de tramas comunitarias «fragmentarias y frágiles»: Piñera-Beisso en Paysandú y Arévalo en Cerro Largo. La primera localidad, perteneciente al municipio de Guichón, es la que abastece de trabajadores al vivero Santana de UPM, cuyos desechos con agrotóxicos fueron a parar varias veces al arroyo homónimo, tributario del área protegida Montes del Queguay. El arroyo era desde siempre la playa de encuentro y recreación en el pueblo, un lugar que supo enorgullecerse de sus esquiladores de lana, hoy migrantes en España, Chile y Estados Unidos. En Arévalo, entre otras cosas, el relato documenta el desmantelamiento de la ruralidad –y de una cooperativa forestal– tras la metamorfosis del pueblo en nodo logístico para las multinacionales.
Pero la investigación también recoge esos focos de resistencia que tensionan el modelo, construidos con la obstinación de los cuerpos: «En la tesis insisto mucho en esto de la resistencia silenciosa. Porque desde la ciudad tendemos a pensar que la resistencia o la transformación son las de grandes organizaciones y el repertorio de las demandas al Estado. Tenemos esa lógica, que incluso es de la sociología clásica. Lo que veo en los territorios es que la gente está resistiendo en el hecho de permanecer y de cuidar el arraigo. El pequeño productor y la pequeña productora están haciendo lo imposible para mantenerse produciendo en la tierra y con la tierra, viviendo ahí y cuidando el ecosistema. Y eso ya es un montón, porque están eligiendo quedarse y se están asociando con otros para quedarse y hablando con los vecinos para que no vendan la tierra a la forestal. Es una lucha muy micro y muy silenciosa, porque también levantar la voz en estos pueblos es muy peligroso».