Campaña contra la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones», «No a la iniciativa del caos». «Sin ella (una inmigrante), el café cierra».
Charles-André Udry, 12-5-2026
A l’encontre, 13-5-2026
Traducción de Correspondencia de Prensa, 18-5-2026
Con motivo de la campaña contra la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones» de la Unión Democrática del Centro (UDC) —además de las contribuciones publicadas en este sitio web (A l’encontre) que rebaten los argumentos de la UDC, así como la orientación del movimiento sindical y de la izquierda gubernamental, marcada por una «unidad nacional» afirmada con las organizaciones patronales—, ha habido intercambios sobre los conceptos (es decir, una concepción de la realidad) de racismo de Estado, Estado racista y xenofobia institucional. Aunque de forma resumida, puede ser útil precisar el contenido de estos tres conceptos y, sobre todo, las raíces históricas de la xenofobia institucional helvética.
1. El racismo de Estado es un concepto que viene, en gran parte, de Michel Foucault en su curso sobre la «biopolítica» (véase Il faut défendre la société, 1976).
El racismo de Estado remite a una situación en la que el Estado, en nombre de «la defensa de la sociedad» y de la población «origen» de dicha sociedad, termina asumiendo el control o interviniendo en un número cada vez mayor de aspectos de la vida: la salud pública, los matrimonios interraciales (o denominados como tales), la sexualidad, etc. Todo ello con el objetivo de «preservar» a la población de una «corrupción racial» que puede estar representada bien por razas extranjeras (negros, árabes, indios en Estados Unidos, y posteriormente los antiguos esclavos negros…), o bien por poblaciones blancas, o consideradas como tales: los judíos. Esto incluía, entre otros países en Suiza, también a los romaníes, los gitanos y los yeniches no «blanqueados». Estas «figuras» evolucionan según la coyuntura histórica dentro de una cierta clasificación propia del racismo de Estado.
Entonces, una de las cuestiones clave del racismo de Estado es la mixofobia, es decir, el mestizaje, considerado en gran medida como una posible corrupción de las razas «superiores». De ahí los mecanismos de separación establecidos, las discriminaciones hacia lo que se considera «razas inferiores»: en el plano jurídico, simbólico y espacial (guetos, barrios reservados, lugares reservados a los denominados nómadas). Una prolongación de esta «mixofobia» puede encontrarse en las condiciones socio administrativas del derecho a la residencia permanente, en la negación del «derecho de suelo» en favor del «derecho de sangre» en lo que respecta a las dificultades para obtener la nacionalidad (o la doble nacionalidad).
En lo que respecta al racismo de Estado (en Suiza) hacia los judíos, los gitanos/rom/yenich antes y durante la Segunda Guerra Mundial, puede consultarse la obra de Daniel Bourgeois, La Suisse et le Troisième Reich. Círculos empresariales, política exterior, antisemitismo, Ed. Page 2, 1998, en particular la cuarta parte, «Política de asilo y antisemitismo», así como a la obra de Thomas Huonker y Regula Ludi, Romaníes, sintis y yeniches. La «política gitana» suiza en la época del nacionalsocialismo, Ed. Page 2, 2009. La historia de este periodo, entre otros desde los años treinta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, sigue estando en gran medida silenciada —tras una breve actualización en la segunda mitad de los años noventa—. Sin embargo, la realidad de la continuidad entre los años treinta y el período de la posguerra ha quedado aún más oculta, en lo que respecta a las corrientes de extrema derecha y a sus portavoces, que en ocasiones estaban muy cerca de la derecha gubernamental. En la mayoría de los casos, por ejemplo, se «olvida» que el James Schwarzenbach de la década de 1960 había participado activamente en el Frente Nacional de los años 1930.
Entre 1945 y principios de la década de 1950, las manifestaciones de un racismo de Estado —más allá de sus matices— se reflejaban, por ejemplo, en los controles sanitarios, en particular en sus modalidades, en las fronteras. Controles justificados oficialmente por el temor declarado a las epidemias propias de los desplazamientos forzados de millones de personas —entre otras, las que salían de los diversos campos que habían sido invisibilizados por las instituciones gubernamentales, a pesar de que éstas estaban plenamente al corriente de ello al menos desde 1942. La manifestación de la mixofobia —en cuanto a elementos foráneos que no pueden ser «asimilados» a la «suizidad» —va desde la caricatura del «italiano del sur que no se ducha antes de acostarse», que seguirá siendo trabajador temporero al no tener acceso a la reagrupación familiar, hasta la imagen de la «hidra tamil» supuestamente dedicada al mercado de la droga.
Este racismo de Estado se ve alimentado por diversas iniciativas de la UDC —el mayor partido de Suiza y partido del Gobierno, miembro del «colegio federal»— sobre los minaretes, el burka, los «extranjeros delincuentes» … con sus representaciones gráficas, cuyo estilo es idéntico al de la extrema derecha de los años treinta. En este caso, el racismo de Estado oscila entre la dimensión «sociocultural» y las insinuaciones que se sitúan en el límite del «racismo biológico». El cartel electoral de la UDC-SVP en Glaris en 2009 —«Maria statt Scharia!», «María en lugar de la sharia» —muestra el rostro de una mujer rubia de piel blanca sonriendo junto a una mujer de tez oscura que lleva un burka con una rejilla: para ilustrar el contraste absoluto entre la ciudadana suiza y una mujer perteneciente a una etnia no europea de religión musulmana. Las campañas contra los solicitantes de asilo que amenazan la identidad suiza (un potencial «gran reemplazo») se estructuran según la misma matriz. El clima político creado por estas campañas electorales y referendarias respalda prácticas como el control policial por perfil racial —ilustrado, por ejemplo, por las imágenes de los intercambios de WhatsApp de decenas de policías del cantón de Vaud—, lo que constituye asimismo otra faceta del racismo de Estado.
Impulsado por la UDC y sus redes mediáticas, este conjunto refuerza la deriva puntual de la xenofobia institucional dominante con sus decisiones (véase más abajo), dando lugar a un discurso que, en ocasiones, se mezcla con los leitmotivs del racismo de Estado. A largo plazo, se observa una integración de elementos constitutivos del discurso de extrema derecha en el discurso oficial, es decir, el de un conglomerado que abarca desde la UDC hasta el PRD-PLR y el PDC-Le Centre, que cuenta con la difusión en los medios de comunicación.
2. Estado racista: Se trata aquí de un Estado como el Estado nazi, que incorpora en sus teorías el conjunto de concepciones supuestamente científicas sobre el racismo biológico: desde Arthur de Gobineau —Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, de 1853-55— hasta obras como las de Hans F. K. Günther, quien, en 1922, elaboró una raciología del pueblo alemán en Rassenkunde des deutschen Volkes, obra en la que se desarrollan las supuestas «cualidades espirituales de la raza aria o nórdica». Lo que desembocará, en el plano jurídico, en las tres Leyes de Nuremberg de 1935: la Reichsflaggengesetz (ley sobre la bandera del Reich); la Reichsbürgergesetz (ley sobre la ciudadanía del Reich); la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (ley sobre la protección de la sangre alemana y del honor alemán). La «comunidad» se basa en la raza, el «individuo» ya no existe (con sus derechos), la «comunidad racial» predomina y debe «ser protegida». Lo cual constituye uno de los elementos que sustenta la puesta en práctica del genocidio de los judíos (Shoah) y de los gitanos. Lo cual justifica asimismo la eliminación de los «discapacitados» para «cuidar» el «cuerpo sano de la comunidad» (Aktion T4).
[Véase, sobre este periodo, el excelente Abécédaire de Johann Chapoutot, disponibles en el canal de YouTube de Blast.]
Una parte de las elaboraciones nazis en este aspecto retoman temas propios del colonialismo del siglo XIX (y anteriores), que había multiplicado las «elaboraciones» religiosas, históricas, jurídicas e incluso médicas, con el fin de convertir la raza en el fundamento del derecho, de la «ley de la sangre» como una ley de la naturaleza que justificaba las guerras, las deportaciones, la esclavitud, los trabajos forzados y las prácticas genocidas. Con demasiada frecuencia se omite la mención del genocidio, entre 1904 y 1911, de los hereros (Angola, Botsuana y Namibia, ndt) y los namas (Botsuana, Namibia y Sudáfrica, ndt) a manos del colonialismo alemán en la Deutsch-Südwestafrika, bajo la dirección del general Lothar von Trotha, quien «llevó a buen término» la represión iniciada inicialmente por los colonos ante la resistencia de la población «autóctona».
En Sudáfrica y Namibia encontramos un Estado racista, que se institucionalizó con la instauración del apartheid (separación, marginación) a partir de 1948, y que tuvo su prolongación en Rodesia. Esta formalización en Sudáfrica se basaba en toda una política anterior de segregación racial que se remontaba al siglo XVII: la fundación de la colonia del Cabo por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Esta formalización «jurídica» (que no debe subestimarse en el proceso de dominación y opresión) endurecía en todos los planos (político, económico, social, cultural y de vivienda) los privilegios de la población blanca frente a los denominados grupos de color: negros, indios y mestizos.
Existen zonas geográficas controladas por un Estado en las que impera una dimensión de Estado racista, asumida de facto: los uigures en la región autónoma de Xinjiang, en China; o los rohingya en el norte del estado de Arakan, al oeste de Birmania.
3. La xenofobia institucional y su evolución. Para comprender, aunque sea de forma resumida, la xenofobia y su institucionalización en Suiza, es necesario tener en cuenta tres elementos:
1°. Las relaciones entre el capitalismo suizo y el Estado helvético frente a su vecindad cercana, imperialista, en el siglo XIX y, a partir de ahí, la elaboración del discurso desarrollado por la burguesía en torno a la «excepcionalidad histórico-helvética».
2° Los acontecimientos históricos que abarcan desde la Primera Guerra Mundial hasta la huelga general de 1918 provocaron un gran temor en la clase dominante. Un temor expresado en términos que apuntaban al origen del «caos», alimentado por «elementos subversivos externos» (la Revolución Rusa, seguida de la Revolución Alemana, con su repercusión en una radicalización momentánea de una fracción de la izquierda del PSS). Este temor, exagerado, desemboca en reorganizaciones y realineamientos de las fuerzas políticas e institucionales, con un esfuerzo dirigido hacia las «élites» (organizaciones estudiantiles nacionalistas que forjan cuadros políticos al mismo tiempo que se alinean en la jerarquía de los oficiales del ejército). En la tradición jurídica dominante relativa a la organización del Estado burgués, la Ley federal sobre el estatuto de los funcionarios, de 30 de junio de 1927, precisa en su artículo 22: «El funcionario está obligado a cumplir fiel y concienzudamente con sus obligaciones de servicio, a hacer todo lo que sea conforme a los intereses de la Confederación y a abstenerse de todo lo que les perjudique». El artículo 23 establece: «Se prohíbe a los funcionarios declararse en huelga e incitar a otros funcionarios a hacerlo».
3° La gestión del ejército de reserva industrial a escala nacional y en lo que respecta a los criterios de selección y los regímenes establecidos para los sectores de la mano de obra captados en los países vecinos. La evolución de la coyuntura económica que marca las modalidades de gestión de este «ejército de reserva industrial» externo: la inmigración laboral. Actualmente se debate en relación con los «acuerdos de libre circulación» con la Unión Europea (UE) y las «cláusulas de reserva», que se hacen eco de la iniciativa de la UDC «¡No a una Suiza de 10 millones!». Retomemos el análisis de estos tres «pilares».
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1°- Tras la unificación alemana, que tuvo lugar tras la guerra de 1870 y consolidó su poder, la clase dominante suiza, con sus diversas componentes —incluidos los cantonales y no solo los sectoriales—, se vio impulsada —en cierto modo obligada— a establecer un discurso nacionalista constitutivo, cuya metáfora más extendida es la de la fiesta nacional del 1 de agosto, creada en 1891. Esta fiesta nacional pretende celebrar la fundación de Helvecia remitiéndose a los pactos federales de 1291. Anteriormente se habían invocado otras fechas, lo que revela a su manera el carácter arbitrario de la datación de este simbolismo. La fiesta del 1 de agosto se instauró a partir de 1899 mediante un acto del poder central dirigido a los cantones. La particularidad de esta fiesta nacional es que los suizos asalariados y demás trabajadores trabajaban ese día, una forma de afirmar una unidad nacional que excluye cualquier antagonismo de intereses entre clases y establece la convención del «suizo trabajador». Así fue hasta 1993. Desde entonces, es un día feriado.
El tema de Guillermo Tell como encarnación del ciudadano combatiente se concreta también entre 1891 y 1899, con la puesta en valor de los mitos fundacionales y el esfuerzo de las clases dominantes y sus instituciones por arraigarlos entre los ciudadanos mediante un conjunto de instrumentos y actos. Entre estos mitos, «el espíritu del Grütli» se consolida como un «lugar de memoria histórica», reafirmado de nuevo por el «informe del Grütli» del general Guisan de julio de 1940. (El Grütli es el lugar donde los primeros confederados se habrían reunido durante su conspiración para prestar allí el Juramento del Grütli, mito que aparece por primera vez hacia 1470, ndt) Los cuestionamientos —durante la década de 1970— de aspectos de esta mitificación y mistificación históricas no han relegado al olvido el «relato patriótico» revalorizado por la UDC… y sus actuales alabardas, que deben proteger una suizidad que exige una defensa permanente frente a los múltiples «peligros externos».
Esta dimensión de unidad nacional afirmada frente a factores exógenos —el poderío de Alemania, entre otros, el auge de los nacionalismos en Europa y los conflictos interimperialistas— remite también a un factor endógeno: el auge del movimiento obrero sindical y político, marcado por la creación del Partido Socialista Suizo en 1888 y de la Unión Sindical Suiza en 1880. Por lo tanto, hay que entender el relato nacional como una dimensión de la política y la ideología de la clase dominante (en sus diversas facciones) que construye la representación de Suiza y la figura del «suizo», y que resulta funcional en relación con las diversas facetas de una xenofobia construida.
Se deja igualmente de lado el complejo proceso de constitución, a largo plazo, de una fusión confederativa (y posteriormente federativa) de intereses establecidos entre las clases dirigentes de los Estados cantonales, con unas relaciones de fuerza que marcan esta dinámica a largo plazo, al tiempo que se mantiene un principio de subsidiariedad (cantonal, municipal, intercantonal) funcional a los núcleos dirigentes dominantes.
2°- La neutralidad durante la Primera Guerra Mundial (confirmada durante la Segunda) reforzó tanto el carácter excepcional de Suiza como la política de defensa nacional, con todo lo que ello implicaba en términos de movilización de la población: servicio militar de milicia, cursos de entrenamiento, defensa civil, etc. En 1935, el PS se adhirió a la política de defensa nacional. Esto coincidió con la firma de la Paz Laboral en julio de 1937 entre los sindicatos y la patronal de la industria metalúrgica y de la maquinaria. Esta última temía y percibía la competencia de la industria de la Alemania nazificada, que había diezmado y «neutralizado» al movimiento obrero. Esta Paz Laboral, que validaba la «unidad de intereses entre clases» —bajo el lema de la «colaboración social», una forma específica de «neutralización»—, se presentó en la propaganda difundida por la clase dirigente como un acto que consolidaba la unidad nacional. De hecho, fue presentada por las instituciones dominantes mediante una metáfora histórica: el Pacto o Convenio de Stans de 1481. En otras palabras, un acuerdo negociado entre cantones urbanos y rurales para reafirmar la «cohesión de la Confederación» (¡bajo los auspicios de ‘San’ Nicolás de Flue!).
Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, la huelga general de 1918 impulsó en los círculos burgueses y patronales una triple iniciativa: el juicio del comité de Olten en 1919 contra los considerados líderes de la huelga general; un juicio ante la justicia militar, ya que ninguno de los actos cometidos por los acusados entraba en el ámbito del derecho civil, lo que ilustra la determinación de la burguesía frente a la clase trabajadora y sus organizaciones; la creación de una policía política contra las fuerzas militantes de izquierda, ya fueran ciudadanos y ciudadanas suizos o inmigrantes; la ley federal de 1931 sobre la permanencia y establecimiento de extranjeros, vinculada a las exigencias de las necesidades de la economía.
Esta dimensión antisindical y antisocialista, etc., es un aspecto de la xenofobia institucional, destinada a controlar los factores internos y externos que pudieran obstaculizar un funcionamiento sin derechos (en particular en los lugares de trabajo) de los miembros del ejército de reserva industrial (vinculado a la superpoblación relativa propia del desarrollo capitalista) que, sin embargo, formaban parte del proletariado residente en Suiza o que emigraba a Suiza procedente inicialmente de países europeos.
El tema de la «sobrepoblación extranjera» (Überfremdung) se consolidó en 1939 y figuró en las tablas estadísticas de la Exposición Nacional de ese año. Ya se había esbozado en el artículo 16 de la Ley federal sobre la permanencia y establecimiento de extranjeros, del 26 de marzo de 1931, que precisaba: «Para la concesión de autorizaciones, las autoridades deberán tener en cuenta los intereses morales y económicos del país, así como el grado de sobrepoblación extranjera». Desde principios de la década de 1960 resurgió con fuerza el tema de la Überfremdung, y afirmará su permanencia más allá de los contextos políticos inmediatos. En 1961, los Demócratas suizos, bajo la dirección del zuriqués Fritz Meier, lanzaron la temática de la Nationale Aktion gegen Überfremdung von Volk und Heimat (Acción nacional contra la sobrepoblación extranjera). En 1964, el Consejo Federal encargó a una comisión de expertos un estudio sobre el «peligro de la sobrepoblación extranjera»: así pues, se le dio un sello oficial. Ya entre 1965 y 1967, diversas pruebas prepararon el terreno para el lanzamiento de la iniciativa Schwarzenbach («contra la influencia extranjera»), que se presentó en mayo de 1969 y fue rechazada por un 54 % en junio de 1970. Si bien la segunda iniciativa de 1974 («Por la protección de Suiza») fue rechazada en 1977 por un 70,5 %, la iniciativa «Solidaridad a favor de una nueva política hacia los extranjeros», presentada en 1977, fue rechazada por el 83,8 % de los votos. Sin embargo, las Colonias Libres Italianas (CLI) se habían comprometido con esta iniciativa. Sus vínculos con el Partido Comunista Italiano les habían valido, además, anteriormente, miles de expulsiones de Suiza de sus miembros: una de las dimensiones de la actividad coordinada de la policía política y la policía de extranjería.
Una simple enumeración de todas las iniciativas y referéndums desde la década de 1970 bastaría por sí sola para ilustrar la permanencia política de este instrumento en manos de una parte de las fuerzas políticas de derecha que, como ya se ha dicho, imponen sus temas y sus decisiones legales y administrativas. La iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!» no es casual. Esto debería haber llevado a la izquierda a reflexionar para adoptar un enfoque de campaña basado en los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, y no en sus pasaportes. En otras palabras, en la defensa de sus derechos colectivos y comunes en el ámbito laboral y de las actividades sindicales. Lo cual implicaría desprenderse, tanto en la retórica como en el enfoque social y político de la lucha por los derechos, de la temática de los «extranjeros».
3°- En el contexto particular del capitalismo suizo de la posguerra, se consolidaron ciertas facetas de la xenofobia institucional. El aparato productivo suizo funcionó a pleno rendimiento durante la Segunda Guerra Mundial y estaba preparado para contribuir a la «reconstrucción de Europa», así como para reactivar las inversiones en determinados países del llamado Tercer Mundo, ya fuera, por ejemplo, Argentina, Chile o Brasil… donde, por otra parte, existía una diáspora suiza que se remontaba al siglo XIX y al periodo de entreguerras y que serviría de puente.
El capitalismo suizo pudo entonces —tras haber neutralizado la situación social y política interna (se mantuvo la paz laboral y el PS entró en el Consejo Federal a finales de 1943)— recurrir a la «mano de obra extranjera» en gran cantidad. U a mano de obra que era muy abundante, dado el desastroso estado de las estructuras productivas en Italia, Alemania, Francia, España, etc. Era necesario dirigirla por sectores (prioritariamente infraestructuras: carreteras, presas, viviendas e industria) y organizar su regulación de acuerdo con las exigencias de la coyuntura económica. Esto implicaba, e implica, una estrecha relación entre el tipo de permiso de residencia y el tipo de empleo. No nos es posible aquí hacer un repaso histórico de estas evoluciones.
La situación se complicará aún más tras la primera recesión de los países capitalistas europeos de 1973-74 (despido masivo de trabajadores italianos, españoles y portugueses que fueron repatriados a «sus» países en 1974-75), la reactivación económica que siguió, y posteriormente la crisis de las economías del llamado Tercer Mundo (crisis de la deuda) en 1981-82, que desembocará en «arduas» negociaciones (rechazo de la adhesión al EEE en 1992) a favor de acuerdos de libre circulación de mano de obra a escala europea que finalmente se concretarán en el año 2000. La agudización de las crisis de los países del Sur, las guerras imperialistas, la crisis climática, etc., ampliará el círculo de los migrantes extraeuropeos, migración que se suma a la de los solicitantes de asilo. Esto confiere nuevos rasgos a la xenofobia institucional consolidada con el capítulo del derecho de asilo, o más exactamente de la inexistencia del derecho de asilo.
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En conclusión, el mecanismo discriminatorio sobre los que se desarrolla un mecanismo discriminatorio que pretende facilitar el control y la regulación de la reserva de mano de obra industrial, que se materializa en forma de flujos migratorios cada vez más intensos, se desarrolla a partir de estos tres pilares.
Los controles y las condiciones que pesan sobre los migrantes, con el consiguiente debilitamiento de su condición de asalariados, repercuten no solo en los desempleados no migrantes (con pasaporte suizo o residentes), sino también en el conjunto de los asalariados, aunque evidentemente en distintos grados. De hecho, es necesario vincular esta maquinaria de xenofobia institucional con la gran debilidad de los derechos sindicales y el vacío legal de la ley laboral, que conducen a un deterioro de las relaciones de fuerza entre la patronal y los trabajadores, a favor de la primera.
De forma sintética, se podría resumir todo esto así: la xenofobia institucional, con sus deslices racistas (véanse las orientaciones de la UDC, partido de gobierno que da un matiz de racismo de Estado), infunde factores institucionales que acentúan la división entre los trabajadores. Se articula con la política de «paz laboral», «especificidad helvética», que tiene un matiz nacionalista al presentarse como origen de la «prosperidad económica», lo que borra en el terreno político e ideológico las relaciones sociales de explotación propias del sistema capitalista e imperialista. Estos dos elementos encuentran su prolongación en la construcción, constantemente revalorizada, del «consenso político» y de la «colegialidad gubernamental». Lo cual implica, a diferencia de los «otros países competidores», que existe una estabilidad presentada casi como parte del ADN suizo, origen también de la prosperidad. Por otra parte, uno de los elementos de las «condiciones marco» que facilitan una mayor previsibilidad para las inversiones (productivas y financieras) y su rentabilidad, en un contexto internacional mucho menos previsible.
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Hay que tener en cuenta el aspecto performativo de la política de «paz laboral». Más concretamente, la mayoría de los migrantes —e incluso de los trabajadores suizos— creen (o se les hace creer, desde el contrato de trabajo individual en el sector privado, con sus secretos más o menos explícitos sobre su salario) que la huelga está prohibida o se encuentra al límite de la legalidad. Esta dimensión performativa también opera en un juego dialéctico: los elementos dominantes de las fuerzas sindicales y de la izquierda gubernamental invocan «las relaciones de fuerza» —de las que consideran no formar parte históricamente debido a su orientación y su inacción— para justificar su fatalismo o, por el contrario, su iniciativa, a semejanza de aquella que dio lugar, en la actualidad, a una unidad entre asalariados y patronal -bajo sus emblemas organizativos, desde la USAM (Unión Suiza de Artes y Oficios, por sus siglas en francés) hasta la USS (Unión Sindical Suiza), desde el PLR (Partido Liberal Radical) hasta el PSS (Partido Socialista Suizo)- contra la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones».
Todo este conjunto borra cualquier referencia concreta a las relaciones capitalistas de explotación y dominación. Y esto, paradójicamente, en un momento en que la propaganda oficial repite: «sin ellos, sin ellas, ¿quién construiría las casas, las carreteras, ¿quién trabajaría en los hospitales, ¿quién garantizaría el funcionamiento de numerosas empresas, etc.?» En otras palabras, quién produce efectivamente la «prosperidad» o en qué medida la totalidad de la fuerza de trabajo vendida y explotada es la fuente de la producción de esa riqueza… ¡acaparada por las fuerzas que integran la USAM y Economiesuisse (organizació, patron, ndt)!
De ahí la importancia de que una izquierda política y sindical eficaz elabore y lleve a cabo luchas en torno a cuestiones concretas —con la mayor unidad de acción posible en torno a ellas—, por ejemplo, sobre los derechos sindicales en los Acuerdos Bilaterales III, con una propaganda explicativa adecuada. Todo ello enmarcado en una labor de explicación política e histórica, es decir, de reapropiación de su propia historia por parte del mayor número posible de asalariados.
Si no fuera así —y tal es el caso— un enfoque de la solidaridad basado en los intereses que comparten los trabajadores y que los enfrentan a los propietarios del capital (y a las instituciones que los representan), se crea entonces un espacio para la oposición entre «los que realmente trabajan» y «los que se aprovechan» (los «asistidos», los desempleados, los «inmigrantes aprovechadores»). A partir de ahí, la derecha y la UDC crean un imaginario en el que el «progreso social» se reduce a una purga del «excedente»: los inmigrantes o los diversos beneficiarios de ayudas. Esto permite que incluso los asalariados lleguen a condenar tanto a los migrantes, a los beneficiarios de ayudas y a los superricos, como a la burocracia de Bruselas, que se suma a la burocracia de la Confederación.