Jair Bolsonaro y sus tres hijos, todos políticos, durante mensaje en redes sociales.
Juicio desafía a Trump y sella fin de golpismo militar en Brasil
Mario Osava desde Río de Janeiro
International Press Service, IPS, 2-9-2025
Correspondencia de Prensa, 4-9-2025
En el Supremo Tribunal Federal comenzó este martes 2 de septiembre la fase decisiva del juicio que somete por primera vez en Brasil a la justicia civil a cuatro militares del más alto rango, además de a un expresidente, lo que va a sellar el fin del golpismo militar y dejar como legado una ultraderecha con fuerza electoral y legislativa.
Las acciones de retaliación del presidente estadounidense, Donald Trump, y su gobierno contra Brasil, en un intento de impedir el juicio, acentuaron la repercusión internacional de la causa, iniciada antes, de sentar en el banquillo de los acusados las fuerzas que corroen la democracia en muchos países, incluso en Estados Unidos.
El expresidente Jair Bolsonaro, un antiguo militar cuya carrera se interrumpió cuando era capitán, encabeza la lista de los ocho procesados como cabecillas del intento de golpe de Estado tras la derrota en las elecciones de octubre de 2022.
Otros tres son generales de cuatro estrellas, el máximo a que puede llegar un oficial del Ejército, y uno es almirante, Almir Garnier, excomandante de la Marina hasta el final de 2022. Hay también un teniente coronel del Ejército, Mauro Cid, quien decidió colaborar con la justicia por la llamada “delación premiada”, que beneficia a quienes colaboran con la justicia.
Los dos restantes son miembros de la Policía Federal que ascendieron en la política, al asumir el Ministerio de la Justicia y la jefatura de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
El Supremo Tribunal Federal (STF) comienza este martes 2 en Brasil la fase conclusiva del juicio contra ocho de los 31 acusados de intento de golpe de Estado, culminando así el proceso judicial iniciado en marzo y que incluyó interrogatorios, testimonios, informes de la fiscalía y alegatos de los abogados defensores hasta el 13 de agosto.
Serán cinco de los 11 jueces, los componentes de la sala primera, los que dictarán sentencia, tras cinco sesiones de deliberación que serán retransmitidas en directo por televisión, que discurrirán en principio hasta el 12 de septiembre, si bien no se descartan prórrogas o incluso pedidos de vistas de uno o más jueces que suspendería el juicio por hasta 90 dias.
El hecho histórico, de juzgar por primera vez a un expresidente y militares de alto rango por un intento golpista, pone fin a una tradición nacional de impunidad de tales acciones y de tales agentes públicos armados.
“La historia de Brasil ha sido la historia de golpes, contragolpes, intervenciones militares, rupturas o intentos de ruptura de la legalidad constitucional”, destacó el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, en su discurso del 1 de agosto, al reanudar las labores judiciales tras el receso de julio.
Hizo una lista de 18 alzamientos militares y medidas de excepción desde la implantación de la República en 1889 por medio de un golpe de Estado, sin contar las veces que el STF sufrió coerciones, destituciones ilegales o incorporación de nuevos jueces para servir a intereses autoritarios.
Injerencia de Trump
La condena aparentemente inevitable de Bolsonaro y su Estado Mayor debe generar nuevas sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya impuso un súper arancel de 50 % a las importaciones desde Brasil, debido, entre otros motivos, a la “persecución política, censura y procesos judiciales” contra su aliado Bolsonaro.
Ese “arancelazo”, como se llama en Brasil, anunciado en julio, entró en vigor el 6 de agosto, pero con excepciones para 694 productos, entre ellos aviones y jugo de naranja, que atenuaron el castigo, aunque golpeó sectores importantes como los del café, carnes, calzados e industria de maquinaria y equipos.
Además, el Departamento del Tesoro estadounidense aplicó la Ley Magnitsky contra el juez Alexandre de Moraes, que conduce el proceso del golpe de Estado en el STF.
Esa ley se destina a castigar a agentes extranjeros que cometen graves violaciones de los derechos humanos y corrupción, bloqueando sus bienes y operaciones financieras en Estados Unidos y bancos que operan en el mercado estadounidense, incluso extranjeros.
No es el caso de Moraes, según el consenso entre juristas, pero al magistrado ya le fue cancelada al menos una tarjeta de crédito de un banco brasileño que también opera en Estados Unidos.
La amenaza de nuevas sanciones, en el previsible caso de condena de Bolsonaro, aumentó la tensión que envuelve el juicio, que ya provocó un despliegue de fuerzas de seguridad en Brasilia, especialmente en los alrededores del STF.
Ese castigo externo, que provocó una reacción patriótica entre los brasileños, tiene un incitador, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y diputado, que vive en Estados Unidos desde marzo. Se define como un exiliado político, con la misión exclusiva de impulsar sanciones contra Moraes y el gobierno brasileño.
Divisiones
Tildado de “traidor a la patria”, está ahora bajo investigación judicial por coacción y obstrucción de la justicia, al movilizar presiones extranjeras contra el juicio de su padre. Divide su extrema derecha al jactarse públicamente de haber contribuido a las sanciones ya impuestas a Brasil y anunciar otras en caso de condena a su padre.
Esa división tiende a ampliarse sin la componente militar que fue fundamental como fuente y ejercicio del poder para una ultraderecha que se habituó a presionar por la intervención militar cuando tenía capacidad de movilización callejera, pero no de ganar elecciones, como ocurrió en octubre de 2022.
En esa ocasión, Bolsonaro, electo presidente en 2018, no logró reelegirse. Perdió la disputa electoral para su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, que ya había gobernado de 2003 a 2010 y se consagró como líder de los pobres, al promover amplias políticas sociales.
El intento de impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2023 no resultó, pese a la movilización de miles de bolsonaristas que acamparon durante 70 días en las cercanías de más de 100 cuarteles de todo el país para pedir la intervención militar.
El domingo 8 de enero de 2023 ocurrió la rebelión, unos 5000 bolsonaristas, juntando los acampados delante del cuartel general del Ejército en Brasilia y grupos procedentes de centenares de ciudades invadieron y vandalizaron las sedes de la presidencia, del Congreso Nacional y del STF.
Fin del ciclo militar
Los militares frustraron los militantes al no atender a la convocatoria y se instaló la división. Las fuerzas armadas se juntaron a los izquierdistas como objeto de las ofensas de los ultraderechistas en las redes sociales.
El juicio del intento de golpe pone un probable fin al largo ciclo de 14 décadas de protagonismo militar en las rupturas constitucionales. La extrema derecha brasileña tendrá que insertarse en la tendencia global de disputar elecciones y, si triunfa, erosionar la democracia desde adentro.
Sin el factor de cohesión y sentido patriótico que eran los militares y con Bolsonaro en su ocaso, las divisiones parecen inevitables. Cuatro gobernadores de estados, derechistas pero dedicados a la gestión pública y menos a la prédica de “valores” del pasado, típica de Bolsonaro, postulan la presidencia del país con los votos bolsonaristas.
Tarcisio de Freitas, gobernador de São Paulo, aventaja como el preferido del empresariado y de la población para derrotar el probable intento de reelección de Lula en octubre de 2026. Prometió un indulto inmediato a Bolsonaro, en caso de triunfo y dijo no confiar en la justicia.
Pero los hijos de Bolsonaro, que incluyen a un senador, un diputado y un concejal de Río de Janeiro, rechazan los gobernadores. Son “ratones” y “oportunistas” que, según ellos, solo quieren heredar los votos de su padre, según los dos últimos.