Manifestación en apoyo a Mahmoud Khalil ante el tribunal de Newark, 27-3-2025 en Newark, Nueva Jersey. Foto: Kena Betancur/VIEWpress/Corbis vía Getty Images
¿El país de los no libres? Los ataques a los extranjeros, el eje de la ofensiva de Trump
Alberto Toscano*
Contretemps, 23-4-2025
Traducción de Correspondencia de Prensa, 25-4-2025
Como lo demuestra el caso de Mahmoud Khalil, encarcelado en Estados Unidos por su activismo en favor de los derechos de los palestinos, la democracia en la primera potencia mundial corre el riesgo de morir en la oscuridad de los centros de detención.
El filósofo Alberto Toscano muestra que, prolongando una larga tradición de represión política y restricción de derechos, los ataques actuales contra los extranjeros constituyen el ariete de la ofensiva contra las libertades públicas emprendida por la administración Trump.
«País de los no libres» es una referencia al himno nacional de Estados Unidos, en el que se evoca «the land of the free» («la tierra de los libres»).
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«¿Quién tiene derecho a tener derechos?»
Esta es la pregunta urgente que plantea Mahmoud Khalil, el joven graduado de la Universidad de Columbia secuestrado en su casa el 8 de marzo, en la conmovedora carta abierta que dictó diez días después desde un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Luisiana. En la carta, Khalil afirma su carácter de «preso político» palestino y su solidaridad con todos aquellos que han sido arrojados en el limbo punitivo de la maquinaria de detención y deportación de la administración Trump.
Desde el comienzo de las acampadas universitarias, quedó claro que personas como Khalil -estudiantes internacionales comprometidos con el activismo universitario por Palestina- no tendrían derecho a la libertad de expresión, reunión o movimiento que el gobierno estadounidense debe respetar, y que se convertirían en blanco de una represión estatal reforzada. El programa de Trump, aprobado por el Comité Nacional Republicano el año pasado, incluía entre sus 20 puntos el siguiente: «Expulsar a los radicales pro Hamás y garantir que nuestros campus universitarios vuelvan a ser seguros y patrióticos».
El caso de Khalil – en el que su papel como negociador del movimiento de Solidaridad con Palestina de Columbia fue presentado como un peligro para la seguridad nacional, lo que justificaba la revocación de su tarjeta verde – junto a otros casos de deportación política, como los de Badar Khan Suri, Rasha Alawieh, Momodou Taal, Yunseo Chung y ahora Rumeysa Ozturk, que fue conducida por agentes enmascarados por una calle de Somerville, Massachusetts, el 26 de marzo de 2025, es chocante, pero en realidad no sorprendente. Es un claro síntoma del uso cada vez más autoritario de la legislación migratoria por parte del poder ejecutivo.
Por ejemplo, el secuestro y la deportación el mes pasado de más de 200 presuntos miembros de bandas a campos de prisioneros distópicos en El Salvador, a pesar de que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales y, en algunos casos, ya se ha comprobado que se trata de un error de identidad. Las expulsiones profundamente irregulares, en las que las personas no fueron informadas de adónde serían enviadas ni se les dio la oportunidad de presentar recursos de hábeas corpus, llevaron a la jueza Patricia Millett, del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. por el Distrito de Columbia, a observar el 24 de marzo que «los nazis eran mejor tratados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros» (Alien Enemies Act), la ley de 1798 que la administración Trump utiliza como modelo jurídico.
También podemos considerar lo que la periodista Masha Gessen denomina pertinentemente la «desnacionalización» de los ciudadanos transgénero -la negativa a otorgar pasaportes con el marcador de género «X» o a reconocer la identidad de género post-transición de los individuos, incluso si ha sido legalmente modificada- lo que significa un mensaje de que «las personas transgénero son una amenaza para la nación».
La administración Trump aprovecha las disposiciones legales que, desde hace mucho tiempo, facilitan la persecución de extranjeros, incluidos los residentes permanentes, debido a sus opiniones políticas. Pero también señala su intención de ignorar los recursos jurídicos contra esas acciones, basándose en la «doctrina de la omnipotencia ejecutiva» -la creencia controvertida pero muy extendida de que la política de inmigración del ejecutivo es prácticamente inmune al control judicial- y reivindica una supremacía sin freno.
Las dimensiones profundamente autoritarias de esta visión quedaron patentes en las declaraciones de Sebastian Gorka, director principal de la lucha contra el terrorismo de Trump, quien afirmó la semana pasada: «Solo hay una persona […] que tiene derecho a decidir quién puede estar en Estados Unidos, quiénes son los extranjeros, qué extranjeros pueden entrar en el país y a quiénes podemos impedir la entrada […] y ese hombre es Donald Trump».
La lucha contra la solidaridad con Palestina tiene una larga historia en Estados Unidos. Como detallan el Center for Constitutional Rights y Palestine Legal en un informe fundamental, el término «terrorismo» entró en la legislación federal en 1969 con el objetivo de restringir la ayuda prestada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés). La primera ley estadounidense sobre inmigración en mencionar el «terrorismo» como motivo de exclusión y expulsión también tenía como objetivo los defensores de la causa política palestina, al estipular que «un extranjero que sea funcionario, representante o portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina se considerará […] como participante en actividades terroristas».
Pero tampoco hay que subestimar el legado del macartismo y la caza de brujas anticomunista. La orden del Departamento de Seguridad Nacional en la que se exponen los motivos por los que Khalil está «sujeto a expulsión» invoca como fundamento jurídico un artículo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite al secretario de Estado expulsar a cualquier ciudadano extranjero si considera que su presencia permenente tiene «consecuencias potencialmente graves para la política exterior de los Estados Unidos».
Esta disposición tiene su origen en la Ley McCarran-Walter de 1952, que preveía la «exclusión ideológica» de los extranjeros considerados políticamente subversivos, lo que significaba principalmente los comunistas. Pero, como lo señaló recientemente el historiador Joshua Zeitz, esta ley también estaba motivada por el antisemitismo del senador demócrata por Nevada Pat McCarran (1876-1954), como lo demuestra el arraigo en esta legislación de los sistemas de cuotas preexistentes que perjudicaban a los inmigrantes judíos de Europa del Este, a menudo sospechosos de tener simpatías marxistas.
La ley McCarran-Walter también sirvió de precedente claro para el caso de Khalil: el caso de expulsión de 1987 contra los «Ocho de Los Ángeles», ocho inmigrantes (la mayoría de ellos estudiantes palestinos), entre los que se encontraban dos residentes permanentes, acusados de apoyar al Frente Popular por la Liberación de Palestina (FPLP), identificado como una organización promotora del «comunismo mundial». Los fiscales del Gobierno estadounidense finalmente abandonaron el caso en 2007.
La interrelación entre el racismo antipalestino, la islamofobia y el legado del anticomunismo es profunda. Cuando el Tribunal Supremo validó la «Muslim Ban» de Trump en 2017, sostuvo que la exclusión de ciudadanos extranjeros era un «atributo soberano fundamental ejercido por los departamentos políticos del Gobierno, en gran medida al abrigo del control judicial», citó explícitamente un precedente: la sentencia de 1972 Kleindienst v. Mandel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que confirmó la decisión de la administración Nixon de denegar la entrada en el territorio al intelectual trotskista belga Ernest Mandel.
Conviene recordar también que, aunque aún no ha promulgado ningún decreto al respecto, Donald Trump prometió durante su campaña recurrir a otra disposición de la ley de inmigración y nacionalidad para «ordenar a mi Gobierno que les prohíba la entrada a todos los comunistas y marxistas», en consonancia con su lema chovinista de que «los que vienen a aprovecharse de nuestro país deben amar nuestro país».
En su interesante libro sobre la historia de las exclusiones y expulsiones ideológicas, Threat of Dissent, la investigadora Julia Rose Kraut observa que las leyes estadounidenses sobre inmigración revelan «un miedo subyacente y perpetuo a la subversión interna y externa… así como la percepción de los extranjeros como fuente de subversión, responsables de instigar la disidencia e importar ideologías radicales». Esta política del miedo se alimenta de dos corrientes profundamente relacionadas del nativismo estadounidense: el antirradicalismo y el racismo.
Para ver cómo funciona esto hoy en día, consideren la retórica utilizada en una «hoja informativa» publicada en enero por la Casa Blanca sobre cómo pretende «combatir el antisemitismo» «cancelando los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que se han visto infestados de radicalismo como nunca antes».
Tras el secuestro administrativo y la amenaza de deportación de Khalil, el analista palestino-estadounidense Yousef Munayyer advirtió que «Palestina es como el canario en la mina de carbón» del «autoritarismo y la represión» de Estados Unidos. Y, de hecho, la cuestión palestina desempeña un papel fundamental en el proyecto de la extrema derecha de controlar la educación superior, con un éxito aterrador hasta ahora, como lo demuestra la renuncia de Columbia a la libertad académica.
Pero la animadversión contra los palestinos también es un ingrediente político importante en un régimen de expulsión en el que la calificación de «terrorismo» puede extenderse indefinidamente. Esta es la cruel lección de las deportaciones del mes pasado a El Salvador, cuando la Administración Trump metió en la misma bolsa a lasbandas venezolanas y al Gobierno de Nicolás Maduro para declarar a las primeras como entidad terrorista y, luego, utilizó el mismo calificativo para justificar su acuerdo sin precedentes con el presidente salvadoreño de extrema derecha Nayib Bukele para encarcelar a las personas deportadas por Estados Unidos en el enorme «Centro de Confinamiento del Terrorismo» (Cecot) de El Salvador, sin el debido proceso ni juicio.
Este siniestro «acuerdo» ya fue impugnado ante los tribunales, un recurso que la administración Trump habría ilegalmente ignorando y que, casi inmediatamente, fue denunciado ya que algunas personas expulsadas fueron enviadas a esos campos salvadoreños sobre la base de simples «pruebas» como tatuajes mal identificados.
Las leyes sobre inmigración y nacionalidad han sido siempre un pilar fundamental de las políticas fascistas. En 1941, el teórico jurista Ernst Fraenkel (1898-1975) identificó el fascismo alemán como generador de un «doble Estado» con dos sistemas de justicia y derechos: un «Estado normativo» para los ciudadanos «arios» y un «Estado de prerrogativas» para todos los demás, considerados inferiores o extranjeros. En 1926, el régimen de Mussolini aprobó una ley que retiraba la ciudadanía a los críticos antifascistas en el exilio, considerando que se podía privar de la nacionalidad a alguien simplemente por haber perjudicado los intereses o el prestigio de Italia, «aunque el acto en cuestión no constituyera un delito».
Encontramos un eco siniestro de esta lógica en el caso Khalil, cuya detención no está relacionada con ninguna infracción a la ley (aunque ahora se utiliza su periodo de pasantía no remunerada en la UNRWA para acusarlo de haber cometido fraude en la obtención de su tarjeta de residencia). Si el poder de prerrogativa plena de Trump se interpreta tan ampliamente como lo propone Sebastian Gorka, los derechos de los extranjeros en Estados Unidos, en particular la libertad de expresión, pasarán a ser letra muerta. Ello supondría también la anulación de facto de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la expulsión en 1945 del sindicalista australiano Harry Bridges, según la cual «la libertad de expresión y de prensa es otorgada a los extranjeros que residen en este país».
El hecho de que algunos agentes fronterizos ya interpreten la autoridad ejecutiva de Trump como absoluta y los derechos de los extranjeros como inexistentes queda claramente de manifiesto en el caso mediático del científico francés del CNRS, especialista espacial, expulsado del aeropuerto de Houston al día siguiente de la detención de Khalil, con el argumento extremadamente insustancial de que sus mensajes telefónicos privados « reflejaban odio hacia Trump y podían ser calificados de terrorismo».
La participación entusiasta de agentes estatales y particulares en la anticipación y la ejecución de la voluntad del ejecutivo siempre ha sido esencial para el éxito de las políticas autoritarias. Mientras buscamos una respuesta a la pregunta de Khalil —y luchamos contra las visiones nacionalistas, racistas y excluyentes de «quién tiene derecho a tener derechos»—, no debemos perder nunca de vista a quienes hacen posible el ejercicio liberticida del poder prerrogativo, ya sean los pequeños funcionarios que aplican los decretos autoritarios o las élites capitalistas que apoyan la represión de la oposición.
La persecución de Khalil, como explica la académica Nadia Abu El-Haj, fue posible gracias a un amplio abanico de personajes, entre los que se incluyen profesores y estudiantes de Columbia que presionaron explícitamente para que fuera expulsado, activistas y donantes sionistas que difundieron falsedades sobre el movimiento del campamento, miembros del cuerpo docente de un grupo de trabajo del campus que mezclaron antisionismo con antisemitismo; y, quizás lo más importante, los dirigentes de la universidad que ignoraron los llamados de apoyo a Khalil y que, desde entonces, han cedido rápidamente y con celo a la lista de exigencias de la administración Trump.
Sin esta complicidad generalizada en la persecución de la disidencia por parte de individuos e instituciones, la capacidad de la administración Trump para expulsar a su lista de enemigos cada vez más extensa y en un espacio donde no rige la ley, sería mucho menor.
La semana pasada, algunas organizaciones académicas tomaron en serio esta lección, ya que la Asociación de Estudios sobre Oriente Medio y la Asociación Americana de Profesores Universitarios interpusieron una demanda judicial contra la administración Trump, argumentando, según los términos de Vincent Brown, profesor de Harvard, que «el secuestro, el encarcelamiento y la deportación de estudiantes no ciudadanos por motivos ideológicos amenazan el objetivo y la función de la universidad, ya que la búsqueda del conocimiento no puede prosperar en un clima de miedo y represión».
O, como nos recuerda la carta de Khalil, «los estudiantes, los militantes y los representantes electos deben unirse para defender el derecho a manifestar por Palestina. Están en juego no sólo nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos».
*Alberto Toscano, profesor de la School of Communications de la Universidad Simon Fraser y codirige el Centre for Philosophy and Critical Theory de Goldsmiths, Universidad de Londres. Últimamente ha publicado Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis (Verso), Terms of Disorder: Keywords for an Interregnum (Seagull) y Fanaticism: On the Uses of an Idea (Verso, 2010; 2017, 2ª ed.). También tradujo las obras de Antonio Negri, Alain Badiou, Franco Fortini y Furio Jesi.
–Artículo original publicado en In These Times, 2-4-2025