Decio Machado desde Quito
Brecha, 14-3-2025
Correspondencia de Prensa, 16-3-2025
Ecuador volverá a las urnas el 13 de abril para elegir a su próximo mandatario. Tras una primera vuelta en la que la diferencia entre las dos principales candidaturas en disputa fue menor a 20 mil votos, el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, mantienen un pulso muy igualado en esta segunda vuelta.
Durante las próximas cuatro semanas Daniel Noboa, joven millonario perteneciente a las élites tradicionales del país y que busca la reelección tras poco más de 14 meses al frente del gobierno nacional, y Luisa González, candidata progresista representante del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, se disputarán voto a voto la presidencia de Ecuador en el balotaje. Todo ello en un país flagelado por una espiral de violencia que registra 1.300 asesinatos en los primeros 50 días del año (un crimen por hora), donde tan solo un 33 por ciento de sus ciudadanos en edad de trabajar tiene empleo formal, el 28 por ciento de la población es pobre y más del 12 por ciento está en situación de pobreza extrema.
Desde el año 2020, punto de arranque de la grave crisis multifacética que atraviesa al país, la sociedad ecuatoriana ha asistido a seis procesos electorales, entre elecciones municipales y provinciales, consultas populares y comicios presidenciales. En paralelo, el pesimismo como estado de ánimo predominante y la desafección política de los ecuatorianos han ido creciendo paulatinamente.
En este contexto de desencanto generalizado, estos comicios ponen fin a una diversidad política ficcional derivada de la amplia cartografía de actores existente en el sistema de partidos ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral contabiliza 78 organizaciones políticas registradas en este último proceso electoral; 17 de ellas son de carácter nacional y 61, de ámbito provincial. Lo anterior implicó la existencia de 16 candidaturas en la papeleta de votación presidencial en primera vuelta, de las cuales 12 obtuvieron un resultado electoral inferior al 1 por ciento de la votación. A la par, el 88 por ciento de los votos se concentró en las dos candidaturas que se disputarán la segunda vuelta –la de Noboa y la de González–. El voto nulo se estableció como la tercera opción preferencial del electorado ecuatoriano.
Así las cosas y más allá de los inciertos resultados que deriven del balotaje, el inmediato escenario político ecuatoriano parecería apuntar a una lógica bipartidista en la Asamblea Nacional que pondría fin a un período marcado por la protesta social, la debilidad gubernamental y el protagonismo de actores políticos externos al ecosistema institucional existente. De hecho y pese a que Ecuador sea un país históricamente caracterizado por sus periódicos desbordes y estallidos que derivan de la lucha social, las últimas movilizaciones masivas capaces de rebasar los marcos impuestos por la institucionalidad dominante tuvieron lugar en octubre de 2019 (última antes de la pandemia) y junio de 2022 (la única posterior a la pandemia). Esa identidad política de perfil rebelde e insumiso que anteriormente protagonizaba la esfera pública, y que confrontaba en las calles a los distintos gobiernos nacionales y a las élites tradicionales del país, parece haber optado en la actualidad por expresarse electoralmente. Aunque muy lejos de los porcentajes de quienes disputarán el balotaje, ese 5,29 por ciento de votos alcanzado por el dirigente indígena Leonidas Iza en este proceso electoral convierte al movimiento Pachakutik en la tercera fuerza política del país.
Militarización y control social
Los ecuatorianos irán a las urnas en estado de «conflicto armado interno», fruto de la declaratoria decretada 14 meses atrás por el presidente Noboa en respuesta a los altos niveles de inseguridad y violencia que vive Ecuador. Legitimada en las urnas la política gubernamental de mano dura en materia de seguridad, el proceso de militarización que la compaña se profundiza en el país.
Pese a que la información empírica demuestra el fracaso rotundo de la estrategia de militarización aplicada por el gobierno de Noboa, la normalización de la guerra y de todas sus consecuencias (asesinatos sicariales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojos violentos, extorsión, secuestros, vulneración de la legalidad por parte del aparato represivo) permitió ir instalando socialmente la tesis sobre la necesidad de un mayor cierre democrático con el fin de garantizar mayor seguridad, reducida la comprensión de esta seguridad a la regulación y el control del orden público. De igual manera, todo lo que concierne al nuevo orden de violencia se va gradualmente desplegando a través de múltiples modalidades y es justificado con el mismo propósito.
Así las cosas, mientras el actual discurso mainstream insiste en afirmar que el incremento de la delincuencia es producto de una Constitución que considera «blanda, garantista y protectora de los delincuentes», reforma legislativa tras reforma legislativa se van eliminando garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que antes constituían interesantes avances en la progresión de los derechos.
Resultado de lo anterior, la aún vigente Constitución de Montecristi –otrora referente del neoconstitucionalismo social posneoliberal– se va convirtiendo con el paso del tiempo en un Frankenstein cada vez más desarticulado respecto a su marco teórico fundacional.
En setiembre de 2024, una investigación publicada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas reveló información hasta entonces reservada según la cual, entre enero y julio de 2024, la Fiscalía General del Estado había abierto 145 causas a miembros de las Fuerzas Armadas por extralimitación en el ejercicio de actos de servicios y, también en ese mismo período, el Ministerio Público había habilitado 12 investigaciones previas por ejecuciones extrajudiciales.
La sociedad ecuatoriana comenzó a tener conocimiento de esta realidad oculta a finales del año pasado por la cobertura mediática dada al caso Las Malvinas, un siniestro episodio que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición forzada y el posterior asesinato de cuatro niños afroecuatorianos, con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, hijos de familias pobres.
A los datos anteriores, habría que sumar también otras seis denuncias por desapariciones forzadas en la provincia de Los Ríos y más de 200 denuncias de presos que habrían recibido torturas y malos tratos en las cárceles ecuatorianas, que desde enero de 2024 están bajo control militar, a raíz de la declaratoria de «conflicto armado interno». Todos estos expedientes están bajo seguimiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos, las cuales han puesto en marcha sus propios sistemas de monitoreo frente a la opacidad de la información de parte de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones del Ejecutivo ecuatoriano.
Cierre democrático
Más allá del perfil despótico del presidente, quien violentando el marco normativo vigente combina de forma indebida el ejercicio de su cargo presidencial con su rol como candidato a la reelección y hace uso del patrimonio público para fines políticos personales, el proceso de militarización que vive el país ha provocado que las cúpulas de las fuerzas militares y policiales –el aparato represivo del Estado– se ubiquen hoy en una posición distinta a la que la democracia liberal tradicionalmente les había asignado. La política de mano dura y militarización aplicada por Noboa en un país inmerso desde hace años en una crisis de debilitamiento institucional se evidencia como una herramienta de destrucción de los fundamentos de la democracia, que desvirtúa la competencia política, atenta contra el principio de separación de poderes y erosiona aún más la escasa confianza en las instituciones. De prolongarse esta situación en el tiempo –lo que ahondaría todavía más el quiebre que ya existe en el deficiente sistema democrático ecuatoriano–, se abriría el camino hacia un estado de indefensión cuya afectación sobre los sectores populares consolidaría el actual proceso de desmovilización social que vive el país y permitiría a su vez el avance de acciones gubernamentales perfectamente compatibles con la categoría de la necropolítica.
Es esto último lo que le da relevancia al actual proceso electoral. Más allá de la disputa por el poder entre un progresismo cada vez menos progresista y la fracción de las élites que captura el Estado, los movimientos sociales y las organizaciones populares del país deben entender que Ecuador vive un momento de encrucijada.