Manifestación previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Rumaníad el 8-12 en Bucarest. 5-12-2024. © Vadim Ghirda, AP
Rumania se sume en el caos político por el auge de la ultraderecha y el fantasma de Putin
Ludovic Lamant, Bucarest, Rumania
Traducción, Miguel López
Mediapart, 3-2-2025
Correspondencia de Prensa, 7-2-2025
Los interrogantes en torno a las elecciones han sumido a la sociedad civil en un estado de extrema preocupación. Se multiplican los llamamientos para que las autoridades publiquen pruebas precisas de la injerencia rusa.
Liana Ganea, directora de Active Watch, una ONG que defiende a los medios de comunicación, afirma con una sonrisa: “Si un rumano le dice que ha entendido todo lo que está pasando, esa persona está mintiendo”. El periodista de investigación Victor Ilie lo expresa de otro modo, pero comparte la misma cautela: “Los teóricos de la conspiración están haciendo su agosto en Rumanía estos días… El Estado fue tan impreciso a la hora de cancelar las elecciones que todos los escenarios siguen abiertos”.
En Rumanía, la sociedad civil parece desorientada. Por un lado, hay un alivio innegable. Muchos activistas han quedado tranquilos porque Călin Georgescu, el candidato presidencial independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania y crítico con la OTAN, no ha salido finalmente elegido. Fuera del radar durante la mayor parte de la campaña, el candidato conspiracionista, nostálgico de Ion Antonescu, el “Petain” rumano, obtuvo casi el 23% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre.
Pero a muchos tampoco les ha gustado la anulación de la segunda vuelta, decidida por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre, apenas dos días antes de las elecciones, cuando ya había comenzado la votación de la diáspora, algo inédito en un país de la Unión Europea. Los jueces se basaron en informes de los servicios secretos rumanos, desclasificados dos días antes, para concluir que no todos los candidatos a las elecciones habían tenido la misma igualdad de condiciones. El Tribunal también apuntó a la “injerencia de un Estado”, sin nombrar explícitamente a Rusia.
“Estoy realmente inquieta”, afirma Irina Zamfirescu, activista por el derecho a la vivienda y profesora universitaria. “Luché durante quince días entre las dos vueltas con la idea de que me iba a despertar con un presidente de extrema derecha. Pero la anulación de las elecciones no me ha dejado tranquila. Quizá hayan tenido razones para hacerlo, pero hasta que no expliquen exactamente por qué, esto no irá bien”. Y añade: “La Constitución establece unas condiciones precisas para la exclusión de un candidato. No podemos imaginar excepciones de última hora, sobre la marcha”.
Cristian Neagoe, ex activista de Greenpeace que ahora trabaja para una asociación que defiende un parque natural en la capital, habla de “sentimientos postraumáticos”: “Estamos intentando recuperar un poco el aliento, antes de que vuelva a empezar la tormenta”. Se refiere a las nuevas elecciones presidenciales, previstas para mayo. “Es muy fácil culpar a los rusos o a los chinos, pero también es un hecho que la sociedad rumana va muy mal estos últimos tiempos”, insiste, y añade que ha vivido estas semanas en un estado de “ansiedad extrema”.
El Tribunal Constitucional en el punto de mira
Tras el anuncio de la anulación de la segunda vuelta, en un primer momento pensó que “era una decisión muy mala para una democracia todavía muy frágil, que da la impresión de que nueve jueces togados pueden decidir en contra de lo que piensan nueve millones de electores”. Pero Cristian Neagoe ha cambiado ligeramente de opinión. Ahora cree que probablemente era la decisión “menos mala” que se podía tomar, en nombre del apoyo que considera indispensable para una Ucrania desgarrada por la guerra. Rumanía desempeña un papel clave, sobre todo en la exportación de cereales ucranianos a través de su puerto de Constanza, en el mar Negro.
En el seno de esta sociedad civil, es palpable el malestar de estos activistas cuando ven que la extrema derecha, en torno a Georgescu, pero también a George Simion, líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), se moviliza casi todas las semanas en las plazas del país para denunciar un golpe de Estado. En una peligrosa inversión, son los votantes frustrados de extrema derecha quienes esgrimen los argumentos del Estado de derecho y los valores democráticos.
Algunos políticos pro-UE siguen exigiendo responsabilidades. Es el caso de Elena Lasconi, candidata de la coalición Salvar Rumanía (USR), que quedó segunda en la primera vuelta, o del alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, un matemático que quiere presentarse como independiente a las próximas elecciones presidenciales. En declaraciones a Mediapart, el eurodiputado Nicolae Ștefănuță, antes liberal y que ahora se sienta con los ecologistas en el Parlamento Europeo, añadie: “He acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional. Pero es muy importante que se aporten pruebas. De momento, todos avanzamos en la oscuridad”.
El fantasma del control de Moscú sobre el debate político en Rumanía, miembro de la UE desde 2007, ha dejado atónita a Europa. Pero estos días se está imponiendo otra historia en Bucarest. Gira en torno al supuesto amateurismo de unas autoridades opacas, que tienen dificultades para dar cuenta de su gestión de la crisis y para explicar una decisión que no es precisamente anodina en una democracia: la suspensión de unas elecciones. Los más críticos son los dos grandes partidos postcomunistas rumanos, el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Liberal (PNL), en coalición desde hace tres años.
El contenido de los documentos desclasificados por el presidente de la República (ver último apartado) tiene mucho que ver. “Que las autoridades rumanas no ofrecieran igualdad de condiciones a todos los candidatos me parece una hipótesis totalmente posible. Pero no existen las pruebas que apoyan esta hipótesis. Ese es todo el problema”, afirma Bogdan Manolea, responsable de ApTI, una ONG que defiende los derechos digitales. “Por el momento, sólo hay alegaciones, especulaciones y probabilidades. Los documentos desclasificados no dicen lo suficiente”.
“Realmente no hay nada clasificado en lo que se ha publicado. No es en absoluto información recopilada por los servicios secretos, sino más bien una compilación, un trabajo estadístico”, añade el periodista Victor Ilie, que ha publicado varias investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial.
Y dice, molesto: “Durante años, Rumanía se ha sentido superior a la República de Moldavia. Nos habíamos convertido en miembros de la UE, mientras que ellos eran los pobres que seguían bajo el yugo de Moscú. Pero hay que leer el informe publicado por los servicios de inteligencia moldavos sobre la injerencia rusa [en diciembre -ndr] : no es literatura mezclada con estadísticas como el nuestro, es un trabajo implacable, con nombres y cifras”.
La abogada Silvia Uscov, que afirma no ser votante ni partidaria de Georgescu, considera “ilegal” la decisión del Tribunal. En primer lugar porque los mismos jueces habían validado unos días antes los resultados de la primera vuelta, descartando cualquier fraude tras las quejas de algunos candidatos. Pero “las elecciones sólo pueden anularse en base a un fraude probado, según la Constitución”, afirma.
En segundo lugar, porque en los documentos desclasificados no hay ninguna prueba de injerencia. “No puedo aceptar violaciones de los derechos fundamentales en un Estado democrático, simplemente porque no nos gusta tal o cual persona […]. Hoy es Călin Georgescu, pero mañana puede ser cualquiera”, advierte.
Manipulaciones cruzadas
La situación se ha vuelto un poco más tensa desde que el diario Snoop publicó a finales de diciembre la existencia de un vínculo entre el partido liberal en el poder y la campaña en Internet a favor de Georgescu. Según este medio, el PNL pagó, a través de la empresa de comunicación Kensington, a influencers en TikTok que utilizaron un eslogan favorable a las propuestas del candidato ultraderechista: “Equilibrio y verticalidad” (sin mencionar explícitamente a Georgescu en sus vídeos).
Esta investigación ha alimentado especulaciones más generales sobre que los dos partidos tradicionales han estado jugando con fuego con la esperanza de ganar la presidencia: el PSD, el partido del primer ministro Marcel Ciolacu, apostando por el ascenso de AUR para asegurarse un cara a cara con la extrema derecha en segunda vuelta, y el PNL, el partido del presidente Klaus Iohannis, apostando por Georgescu como respuesta.
Como señala el periodista Cristian Panzari en un análisis publicado en G4Media el 7 de enero, titulado “Una red de mentiras”, tanto un candidato de AUR como directivos del PSD han reconocido la existencia de un plan para facilitar el voto a AUR en determinados territorios, con el fin de crear un duelo entre ambos partidos en la segunda vuelta.
El PNL nunca ha desmentido esa información y dirigentes del partido como mucho han intentado defenderse ante Snoop el miércoles 22 de enero, diciendo que se les había pasado por alto esa estrategia.
Dan Tăpălagă, otro columnista muy molesto por la situación, escribe sin rodeos en un texto publicado por PressOne del que ya se ha hecho eco el Courrier des Balkans: “Lo que ha ocurrido […] está cada vez más claro. El PSD y el PNL lucharon con armas prohibidas por el puesto de Jefe del Estado, liberando los demonios del extremismo en la sociedad, que luego se han vuelto incontrolables. […] Manos invisibles de ambos partidos han intentado justificar el desastre electoral con la supuesta injerencia rusa”.
Victor Ilie está más o menos en la misma onda: “Junto con otros colegas, cada vez creo más que la decisión de desclasificar estos documentos ha sido todo un acto político, para hacer fracasar estas elecciones.”
Georgescu no era precisamente un desconocido
La acusación es grave y alimenta un sinfín de especulaciones. También se alimenta por el hecho de que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional fueron nombrados por el PSD. O por el hecho de que, contrariamente a lo queaseguraban las autoridades al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Georgescu no era, al menos para ellas, un completo desconocido.
La periodista de investigación Emilia Șercan lo documentó en un análisis en PressOne el 25 de noviembre: el candidato era bien conocido, y lo había sido desde mucho antes, al menos por el aparato estatal. Sobre todo porque había sido el hombre propuesto en su día como primer ministro por George Simion, jefe de la AUR, y había representado a Rumanía en foros internacionales. Y también porque cuenta con apoyos en los servicios secretos rumanos, que han trabajado para ayudarle a ascender.
En estos momentos, el PNL y el PSD, los dos grandes perdedores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, siguen en el poder. El primer ministro saliente, Marcel Ciolacu, que quedó tercero en la primera vuelta, ha sido reconfirmado como jefe de Gobierno tras las elecciones legislativas de diciembre.
En este juego, el hecho de que la coalición en el poder impulse la candidatura única del liberal Crin Antonescu contra la extrema derecha para las presidenciales de mayo no se ve como una señal tranquilizadora: este hombre está asociado a un episodio muy controvertido de la historia reciente, cuando intentó ignorar el resultado de un referéndum en 2012 para derrocar al entonces presidente, Traian Băsescu.
Nada de esto significa, por supuesto, que no haya habido injerencia rusa. Todas las personas con las que Mediapart habló en Bucarest consideran incluso muy plausible esa hipótesis, ya sea apoyando directamente a Georgescu o participando en general en la polarización extrema de las posiciones en el debate público.
Pero muchos lamentan la forma en que han actuado las autoridades: en lugar de impedir la candidatura de Georgescu antes de la primera vuelta, esperaron a ver el resultado –y la derrota de sus respectivos candidatos– antes de anular las elecciones enteras. Y sin aportar las pruebas precisas que permitieran poner fin a la polémica.
Liana Ganea lamenta, por ejemplo, que la autoridad responsable del buen desarrollo de las elecciones no tomara medidas cuando Georgescu se jactó, unas semanas antes de las elecciones, de estar llevando a cabo una campaña totalmente virtual, en la que decía no haber gastado ni un solo leu, la moneda rumana. “Por supuesto, eso no es posible. Y no cumple las normas de campaña, que exigen una contabilidad transparente de los gastos. Pero el problema es que los partidos tradicionales también son muy opacos en lo que se refiere a sus cuentas de campaña”, argumenta este activista.
En 2024, su ONG publicó un informe en el que documentaba las zonas grises de la financiación de la última campaña electoral europea, tanto por parte del PSD como del PNL. Evidentemente, la gestión del caso Georgescu es también un reflejo de las debilidades estructurales de la democracia rumana.
En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó la candidatura de otra figura de extrema derecha, la eurodiputada Diana Șoșoacă, presidenta de SOS Rumanía, conocida en particular por su postura antivacunas. Los jueces habían dictaminado que ciertas declaraciones, contra la OTAN o la UE, eran contrarias a la Constitución del país, un argumento que había escandalizado a muchas ONG. Curiosamente, Georgescu no fue acusado de nada en aquel momento, aunque está procesado desde 2022 por haber elogiado a Ion Antonescu, el militar que colaboró con el régimen nazi cuando mandaba en Rumanía.
En este contexto tan delicado, la sociedad civil rumana espera noticias de Bruselas. Diez días después de la anulación de las elecciones, la Comisión abrió una investigación sobre TikTok. El objetivo es averiguar por qué la plataforma ha incumplido claramente el Reglamento de Servicios Digitales (RDS), que le obliga a moderar sus contenidos. “Lo ocurrido en Rumanía demuestra que el RDS no ha funcionado. Pero el reglamento existe, y tenemos que defenderlo”, insiste Bogdan Manolea. Quiere creer que los textos europeos ya existentes constituyen un marco suficiente, si realmente se aplican, para las próximas elecciones presidenciales.
La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de mayo. Por el momento, no está claro si Călin Georgescu, que encabeza las encuestas, podrá presentarse. Una vez más, el debate podría sumir a la sociedad civil rumana en un fuerte malestar.
Qué dicen los documentos de los servicios secretos
Según estos estudios, para la campaña de Georgescu se pagó a una red de un centenar de influencers con 8 millones de suscriptores, principalmente en TikTok. Durante las dos últimas semanas de la campaña estuvieron muy activas unas 25.000 cuentas, incluidas unas 800 que habían estado durmientes desde su creación en 2016. En los documentos aparece también una empresa, FA Agency, domiciliada en Sudáfrica, que una investigación de Le Monde ha demostrado después que está vinculada a un empresario ucraniano, Dmytro Macharov, que dirige un grupo publicitario.
Los servicios secretos apuntan también al papel de un hombre de 36 años, Bogdan Peschir, conocido en TikTok con el seudónimo de BOGDR y ya bien identificado por los medios rumanos. Según la cifra facilitada por TikTok a las autoridades, éste pagó 380.000 euros a influencers para promocionar a Georgescu. El origen de la fortuna de este hombre, muy activo en el mercado de las criptomonedas, sigue sin estar claro. Georgescu, por su parte, niega cualquier vínculo con Rusia e insiste en que el único “pacto” que ha hecho es “con el pueblo rumano y con Dios”. Rumanía tiene casi 9 millones de usuarios de TikTok, es decir, alrededor del 47% de su población, la tasa más alta de la UE.
-Artículo original en francés aquí.