Planta de UPM 2, en Pueblo Centenario, Durazno. FOCOUY, MAURICIO ZINA
Derrames y parámetros incumplidos en el primer año de UPM 2
Río revuelto
Brecha, 16-8-2024
Correspondencia de Prensa, 17-8-2024
En 14 meses de funcionamiento, UPM 2 (multinacional de origen finlandés que produce principalmente pasta de celulosa) acumula tres derrames de productos químicos. El más grave concluyó con soda cáustica en un afluente del río Negro. Además, se constataron reiterados incumplimientos en las cantidades de amonio, nitrógeno, nitrato, nitrito y clorato que se vierten al agua, y niveles de dióxido de nitrógeno y de compuestos de azufre por encima de los permitidos en el aire. Ambientalistas y académicos ven con inquietud la situación, mientras que las autoridades ministeriales consideran esperables las «dificultades» del comienzo de las operaciones.
Retratar ante los ojos de un extraño lo que significa contar con la planta de producción de celulosa más grande del mundo no es tarea sencilla. Para ello habría que decir que duplica en tamaño a su par en Fray Bentos y que tiene capacidad para generar 2,1 millones de toneladas de pulpa de celulosa por año. Se debería agregar, además, que podrá consumir hasta 8 millones de metros cúbicos (m3) de madera y 48 millones de m3 de agua. También, que para su construcción se invirtieron miles de millones de dólares y que hasta se construyó un tren para el traslado de su producción. Se podría complementar todo con una última cifra: 162.814 camiones transportaron celulosa, madera y químicos en el primer año de funcionamiento de la nueva planta más grande del mundo.
Lo que quizás no se ubique en un primer plano de ese repaso es que está localizada a orillas de uno de los ríos más importantes del país, en un curso que tenía ya afectada su calidad antes de la instalación de la planta. Y que en lo que lleva de funcionamiento ya acumula tres derrames de productos químicos, además de varias superaciones de los topes permitidos para sus vertidos industriales.
CRONOLOGÍA DEL DESASTRE
El primer derrame en la nueva planta de UPM 2 ocurrió el 16 de agosto de 2023, menos de tres meses después de su inauguración. Se trató de una filtración de soda cáustica proveniente de una pileta localizada en el área de almacenamiento. El sensor que debía controlar el correcto funcionamiento de la estructura se encontraba fuera de operación y su ubicación era inadecuada. La cantidad de soda vertida al arroyo Sauce, lindero a la planta, fue de 1 millón de litros (véase «Un costo asumible», Brecha, 13-X-23). El químico afectó la fauna acuática y la vegetación superficial y subacuática de la zona. Los valores del indicador de pH superaron los 11 puntos (esto es un alto parámetro de alcalinidad, cuando los valores normales en agua dulce deberían estar entre 6 y 9). La afectación se extendió al arroyo y a una laguna contigua, en la desembocadura en el río Negro, donde se encontraron cientos de peces muertos. Por este incidente el Ministerio de Ambiente (MA) le aplicó a UPM una multa de 4.500 unidades reajustables (UR), unos 7,7 millones de pesos actualmente.
Tres meses después, el 11 de noviembre, se dio un segundo episodio. En esa oportunidad, correspondió a una descarga de pulpa de celulosa a raíz de una tubería rota en la línea de producción de fibra de celulosa. El derrame fue interno y ocurrió en el área destinada al blanqueamiento de la producción. El relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del MA concluyó que «la mayoría de los vertidos habían quedado contenidos dentro del área de proceso» y que el incidente «no había generado efectos ambientales significativos en el entorno». No obstante, se le solicitó a la empresa una serie de acciones complementarias para mejorar la gestión de la pulpa colectada, ya que había sido almacenada al aire libre. Por este incidente no se aplicaron sanciones.
El último derrame en las inmediaciones de la nueva planta ocurrió el 18 de junio de este año, pero no fue hasta ocho días después que las autoridades del ministerio tomaron conocimiento del hecho. Nuevamente el vertido fue a parar al arroyo Sauce, aunque en este caso se trató de lixiviado, un líquido que tiene potencial contaminante dado su elevado contenido de «DQO, fenoles, cloruros y sulfatos». Según los informes elaborados por el MA –publicados por La Diaria y a los que accedió Brecha–, la filtración tuvo lugar en la «celda de disposición final de residuos sólidos industriales» y se debió a «fisuras en la unión de los anillos de hormigón de alguna de las cámaras de inspección anteriores al pozo de bombeo» y a la sobrecarga de sustancia allí acumulada.
Como consecuencia de este incidente, los niveles de pH en el arroyo excedieron los estándares de calidad de agua que establece la normativa vigente (llegaron hasta un máximo de 9,3), «configurando así la ocurrencia de impacto ambiental», señaló el informe del MA. Asimismo, agregó que los niveles de conductividad también mostraron «la existencia de una nueva afectación de la calidad de agua de dicho arroyo». Respecto a su impacto, determinó que se extendió «aguas abajo del sitio donde se produjo el derrame» y el efecto sobre la conductividad «fue incluso detectable en la laguna en la que desemboca el arroyo previo al río Negro».
Los altos niveles de pH y conductividad habrían retornado a sus valores habituales días después de ocurrido el evento. Sin embargo, la evaluación que pudo hacer la Dinacea fue limitada, aclara el documento. Esto se debe a que la dirección no alcanzó a hacer un relevamiento propio cuando se detectó el vertido, porque «no fue notificada de la contingencia ambiental en forma inmediata como correspondía». A esto se suma que, en el informe preliminar presentado por la empresa, varios días después de constatado el hecho, se encontraron «indefiniciones y faltantes de información de particular relevancia», necesaria para una evaluación precisa de las causas de la contingencia, de las áreas y las instalaciones afectadas, de la pertinencia de las acciones que la empresa adoptó y, fundamentalmente, de las que corresponde ejecutar a futuro.
Por no haber comunicado el derrame en el momento que ocurrió y por la reiteración de incumplimientos a la pauta de operación prevista, la División de Emprendimientos de Alta Complejidad recomendó al MA aplicar dos multas a UPM 2 por un total de 4.500 UR (otros 7,7 millones de pesos). A su vez, en la cartera también se encuentra en análisis un nuevo derrame de soda cáustica ocurrido el 7 de agosto en el puerto de Montevideo. Hasta la publicación de esta nota, esas sanciones aún no han sido efectivizadas.
LA DESCARGA
Los derrames ocurridos son el reflejo más palpable de los riesgos ambientales asociados a la operativa diaria de la nueva planta. Aun así, no son los únicos. Por las características del proyecto que desarrolla, en el Plan de Gestión Ambiental de Operación se definió que UPM 2 debe cumplir en todo momento con una serie de condiciones y parámetros ambientales, a los efectos de garantizar el mantenimiento de la calidad del agua y el aire en su zona de incidencia. En un informe publicado el 28 de junio, la cartera de ambiente evaluó el desempeño de la planta durante su primer año de funcionamiento en esos aspectos. Si bien, en términos generales, sostuvo que la operativa fue «mayormente acorde a lo previsto», también indicó que se habían «constatado ciertos incumplimientos» en los límites de determinados indicadores.
En lo que refiere a la calidad del agua, por ejemplo, el informe estableció que, a lo largo del primer año de operación, la planta «excedió repetidamente el límite establecido» en los volúmenes de los efluentes que podía verter al río. El caudal de descarga máximo era de 106.500 m3 diarios, pero la planta llegó a desechar hasta un máximo de 131.746 m3 en un día (25 millones de litros por encima de lo permitido). Por la sucesión de incumplimientos en este aspecto, el 9 de febrero el MA le aplicó a la multinacional una multa de 300 UR, equivalente a unos 493 mil pesos. Sin embargo, dos meses después, a solicitud de la propia empresa, la cartera autorizó un nuevo caudal máximo de descarga: 125.280 m3 por día.
Debido al cambio en los volúmenes de las descargas de efluentes pasibles de ser enviados al río, UPM 2 se encuentra ahora, mayormente, por debajo de los máximos establecidos. Aun así, la medida no abarca los topes fijados para las sustancias químicas que son utilizadas en el proceso de producción de la celulosa y que acompañan los vertidos desechados. Los parámetros evaluados, en estos casos, corresponden a los niveles de amonio, nitrógeno, nitrito, nitrato y cloruros, entre otros. Según los datos relevados por la cartera, a través de un «monitoreo discreto del efluente final» y de la información aportada por la empresa, allí también se superaron los topes fijados en el transcurso del primer año de funcionamiento de la planta.
La más significativa fue la concentración de amonio, una sustancia que en grandes cantidades puede ser dañina para la salud. De los 348 días monitoreados, en 30 se superaron los máximos de concentración permitidos. Mayo, junio, setiembre y noviembre de 2023 fueron los meses en los que ocurrieron los principales aumentos. En ellos, los niveles de amonio oscilaron entre 2,8 y 13,1 miligramos por litro de agua. El límite para esta sustancia se encuentra fijado en 1,2 miligramos por litro.
Aunque en menor grado, lo mismo sucedió con los otros compuestos analizados. Por ejemplo, en 13 oportunidades los niveles de nitrógeno total superaron los límites de concentración. En cuatro ocasiones se excedieron los máximos de nitrato y nitrito, y en nueve los de clorato. En este último compuesto, el límite está fijado en 1 miligramo por litro de agua, pero aun así, el 6 de junio del año pasado los monitoreos arrojaron una concentración de 64 miligramos de clorato por litro de agua. En los meses siguientes los valores se equilibraron, pero nuevamente el 6 de febrero último se registró una concentración diez veces mayor que la permitida.
Por todos los incrementos detectados, el 28 de setiembre de 2023 el MA le aplicó a la empresa una multa de 100 UR (162 mil pesos) y otra el 25 de abril de este año por 400 UR (688 mil pesos). A su vez, también instó a que UPM 2 «implemente las medidas y acciones necesarias en el sistema de tratamiento de efluentes para dar cumplimiento al estándar establecido». Esto se debe a que también se registraron superaciones del límite de concentración de coliformes fecales permitidos. El tope en ese aspecto son 5 mil unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua (UFC/100 ml), pero en algunas fechas, como el 4 de julio de 2023, se llegaron a detectar hasta 61 mil UFC/100 ml.
PARAR LAS ROTATIVAS
Los sucesivos derrames ocurridos en el poco tiempo que lleva operativa la nueva planta de UPM y las superaciones de los niveles establecidos para sus vertidos diarios han puesto en alerta a ambientalistas y académicos. Para Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), la sucesión de «accidentes» refleja una situación muy complicada y se debe a que los parámetros de seguridad industrial y ambiental no son los adecuados para el tamaño de la empresa: «Es una planta nueva que se supone va a operar durante 50 años, pero en el primer año ya generó tres derrames». Desde el MOVUS se sostiene que corresponde la clausura del establecimiento hasta que no se garantice su correcto funcionamiento: «Ese tipo de medidas están disponibles para el Estado, lo que me parece que no está disponible es la voluntad de aplicarlas», resumió Viñas.
«Hay un problema con el diseño, que no fue valorado en profundidad con el estudio de impacto ambiental, y hoy está explotando por todos lados», sostuvo, por su parte, Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar). Según el científico, queda descartado que sea un problema de manejo de la planta, dado que «en la de Fray Bentos no ocurrieron estos episodios». Aun así, a diferencia de Viñas, Achkar considera que se debería convocar a un grupo académico independiente para que lleve adelante una evaluación a fondo, antes de detener la operativa de la planta. Esa evaluación, a su vez, debería contemplar dos aspectos: el funcionamiento estructural de la planta y la capacidad del río Negro para soportar la presión de los vertidos que está recibiendo.
En tanto, la modificación de la cantidad máxima de vertidos habilitado por el MA fue el principal cuestionamiento realizado por Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias, Udelar), al ser consultado por Brecha. Según sus cálculos, si se toma como ejemplo el amonio, se pasó de permitir el vertido de 128 quilos de esa sustancia por día a 150 quilos. Es decir, «autorizaron 23 quilos más de amonio diarios». «Hay que ver si estos efluentes aumentan significativamente los nitrogenados aguas abajo de la descarga o si el río los diluye, pero sin dudas hay un cambio encubierto de la cantidad de contaminantes permitidos por el MA a UPM 2», aseguró el limnólogo.
En línea con Aubriot, Achkar advirtió que actualmente se hace una «suposición sobre la afectación potencial de las descargas que llegan al río y su capacidad para diluirlas», porque no existen series de datos lo suficientemente largas como para conocer en profundidad el río Negro. Para el investigador, la conclusión final es clara: «Si no se toman medidas en profundidad, van a seguir apareciendo problemas».
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Con Gerardo Amarilla, viceministro de Ambiente
«La multa es la herramienta más importante»
—¿La sucesión de derrames de UPM 2 causa preocupación en el MA?
—Esperemos que sean cuestiones puntuales y sean corregidas por la empresa. Con un proyecto tan importante en dimensiones y complejidad, es de esperar que puedan tener dificultades en el inicio y algunos incidentes. Esta situación toma una amplificación más importante porque es una empresa que está en la opinión pública, pero lo que muestra es que el ministerio controla, actúa y sanciona. Tenemos entre 2 mil y 4 mil multas por año.
—¿El ministerio cuenta con las herramientas necesarias para controlar y desincentivar este tipo de episodios?
—La multa es la herramienta más importante del ministerio. Se establecen independientemente de la facturación de la empresa o del patrimonio de sus accionistas. En el caso de esta empresa, más grave que la multa es la afectación a su imagen. ¿Faltan otras herramientas? Capaz que sí. Estamos trabajando en que se apruebe un decreto que nos permitirá multar con mayores montos. Además, está pendiente en el Parlamento la aprobación de los delitos ambientales.
—Algunas organizaciones plantean que se debería detener la planta hasta que se garantice su correcto funcionamiento. ¿Qué opina?
—Ni la detención ni el cierre garantizan evitar los problemas ambientales. Por el contrario, podrían generar otros problemas que también hay que mirar: en lo económico, lo laboral y la logística.
—Se plantea que se podría conformar un grupo técnico independiente que evalúe la operativa sin necesidad de detener la planta. ¿Lo ve viable?
—Podría ser una opción.
—Según el informe de la Dinacea, la empresa se comprometió a culminar en agosto una adecuación en su infraestructura para estar preparada ante un «escenario de contingencia catastrófica» en su área de proceso, ¿en qué estado se encuentran esas obras?
—No tengo los informes finales de si se ha cumplido o no con esas construcciones.
—¿Cuál es la situación actual del río Negro?
—Por momentos tiene dificultades. Sobre todo cuando hay falta de precipitaciones o cuando hay aportes de nutrientes desde Brasil. Además, tenemos algunos aportes importantes en la zona del río Yi. Ahí se acumulan vertidos de actividad agrícola, urbana e industrial.
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Lo que el viento no llevó
En su informe del 28 de junio, el MA también presentó los resultados de su evaluación respecto a la calidad del aire en la zona de influencia de UPM 2 durante su primer año de funcionamiento. Para ese seguimiento se contó con un monitoreo continuo en tres estaciones ubicadas en Centenario, Paso de los Toros y en el medio rural cercano a la planta. Si bien se sostiene que, en términos generales, se cumplieron los niveles de calidad de aire aplicables al proyecto, existieron «situaciones puntuales» en las que se superaron los parámetros establecidos para el dióxido de nitrógeno (NO2) y los compuestos reducidos de azufre (TRS, por su sigla en inglés).
En lo que refiere al NO2, uno de los principales contaminantes entre los óxidos de nitrógeno, existieron 41 eventos en los que se constató una concentración superior al valor objetivo (200 microgramos por metro cúbico [µg/m3]). Según lo establecido en la autorización ambiental previa, se contempla que ese valor se puede superar en 18 oportunidades al año, pudiendo, en esos casos, alcanzar niveles de hasta 260 µg/m3 como tolerancia máxima. Sin embargo, el informe señaló que la cantidad de eventos que superaron el valor objetivo fue mayor que la establecida. Además, hubo 32 casos en los que también se excedió la tolerancia máxima admitida. La concentración más alta de NO2 registrada durante el primer año de la planta fue de 583,8 µg/m3.
El monitoreo de TRS es de especial sensibilidad por ser un contaminante cuya presencia suele derivar en la percepción de olores molestos, incluso a bajas concentraciones. Sus emisiones pueden estar asociadas a procesos inherentes al funcionamiento industrial, aunque es esperable que ocurran mayormente durante contingencias operativas. Según el informe del MA, en Centenario se registraron 19 eventos que excedieron el valor objetivo de este compuesto (3 µg/m3). Por su parte, en Paso de los Toros se contabilizaron 26.