De Raíz, 17-6-2024
Correspondencia de Prensa, 22-6-2024
El gobierno de izquierda de Gustavo Petro logró la aprobación por la Cámara de Representantes (Diputados) de Colombia, sin modificaciones importantes, por 86 votos a favor y 32 en contra, de la Ley de reforma del sistema de pensiones.
Así el Estado comienza a dar respuesta a uno de los principales problemas de la sociedad colombiana: la enorme desigualdad en el trato a la tercera edad. Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el país hay casi 6 millones de adultos mayores de 60 años, pero de ellos sólo el 28%, que equivale a 1,7 millones tiene una cobertura del programa “Colombia Mayor”, que es un programa de asistencia social que busca aumentar la protección a los adultos mayores, por medio de la entrega de un subsidio económico. Además, de esos 6 millones, sólo 2 millones tienen una pensión jubilatoria para su vejez, ya sea de la estatal Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o de las 6 Administradoras de Fondos Privados de Pensiones.
Uno de los mayores fracasos en Colombia de los gobiernos neoliberales fue el ajuste al sistema de pensiones que comenzó en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, cuando se instauró un régimen de aportes que mantenía, aunque en proceso de desaparición porque se le consideraba una rémora que sólo ocasionaba gasto fiscal, el sistema público de aporte universal de aportantes (trabajadores activos) con reparto a beneficiarios (jubilados), e instauró un nuevo sistema de aporte individual administrado por entidades privadas.
Con el correr de las décadas, la capacidad de cobertura de esas Administradoras privadas, sólo alcanzaba a una cantidad pequeña de aportantes, preferentemente con ingresos salariales medios o altos. Muchos de los trabajadores de ingresos medios o bajos, optaron por afiliarse a Colpensiones. Es así que, según un reporte a diciembre de 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el sistema público tenía 19 millones de aportantes, mientras que el sistema privado sólo 6.8 millones.
Estos datos dieron fuerza a la propuesta de Gustavo Petro, que finalmente consiguió que el legislativo apruebe su reforma.
Se trata de una ley que fortalece a la estatal Colpensiones, ya que obliga a todos los ciudadanos a aportar para su pensión a ese fondo público en el caso de asalariados que tengan ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos, lo que equivale a 650 dólares mensuales.
No es una ley sólo de carácter estatista, pues responde a una lógica de tres Pilares: 1) El Pilar Solidario, 2) El Pilar semicontributivo, 3) El Pilar contributivo. En otras palabras, fija un sistema mixto público-privado en el que se busca, al menos en teoría, la complementariedad y no la competitividad entre ambos.
La reforma amplía la cobertura de jubilaciones, permitiendo la afiliación de trabajadores cuentapropistas (no propiamente asalariados) y del sector social de la economía, que pueden realizar aportes directamente, sin necesidad de que un empleador actúe como agente de retención.
Se mantiene la edad del retiro en 62 años para varones y 57 para mujeres pudiendo reducirse la edad, en el caso de las trabajadoras, por haber tenido hijos, contabilizándose para este efecto hasta tres.
La reforma recorta los subsidios estatales a las altas pensiones, que favorecían a las Administradoras privadas que de esa forma no debían incrementar las jubilaciones a partir de sus propios rendimientos del portafolio de ahorros laborales que manejan.
Y lo más importante, mediante el sistema “Pilar Solidario” aumenta la protección con una renta de 54 dólares mensuales a 2,5 millones (antes eran 1,7 millones) de adultos mayores de 65 años en situación de pobreza
Es un importante triunfo para el presidente Gustavo Petro, que no quedó ensombrecido ni siquiera con el atentado con disparos de bala contra el coche en que se transportaba el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, justo en el día del Padre.