Foto de Amnistía Internacional.
La solidaridad con Palestina se ha convertido en un delito: expresarla hablando, escribiendo o manifestándose se castiga con citación policial, condena penal o prohibición previa. Esto debería preocupar a todos los demócratas si realmente se sienten parte de una democracia viva y pluralista.
Mediapart / infoLibre, 23-4-2024
Traducción de Miguel López
Correspondencia de Prensa, 23-4-2024
El gobierno francés ha dado instrucciones, desde los prefectos hasta la fiscalía, pasando por la policía: mostrar solidaridad con Palestina es un delito potencial.
Mientras quedan impunes los excesos de los partidarios a ultranza de la causa israelí, expresados en voz alta por el diputado de Meyer Habib (LR), el menor atisbo de ambigüedad sobre las acciones de Hamás o la legitimidad de Israel se utiliza como pretexto para silenciar, intimidar o estigmatizar las voces en favor de Palestina, que son acusadas rápidamente de terrorismo o antisemitismo.
Juzguemos nosotros mismos. Un sindicalista de la CGT ha sido condenado a un año de prisión condicional por un simple folleto distribuido tras las matanzas del 7 de octubre de 2023. En una formulación inapropiada, que admitió sin reparos ante el tribunal, pretendía denunciar la espiral fatal en la que la violencia colonial desemboca en violencia terrorista.
Antes del juicio, muchos destacados sindicalistas y activistas asociativos expresaron su preocupación por esta voluntad de «equiparar toda protesta política o social con el terrorismo», mientras que la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, nos alertaba de un «contexto de represión […] sin precedentes desde la posguerra». Prueba de ello es que el tribunal de Lille siguió al pie de la letra las instrucciones de la fiscal de la República.
Varias personas, entre ellas la activista antirracista Sihame Assbague, fueron citadas por la policía a declarar por «apología del terrorismo», por haber situado en las redes sociales el atentado terrorista de Hamás en el contexto del largo conflicto israelo-palestino. Entre ellos se encuentra la abogada franco-palestina Rima Hassan, que hace campaña en las elecciones europeas, en el séptimo puesto de la lista de La France Insoumise.
Rima Hassan fue citada al día siguiente de que su mitin en apoyo de Palestina, que debía celebrar en Lille con Jean-Luc Mélenchon, fuera prohibido dos veces, primero por el rector de la universidad y luego por el prefecto de la región. Su abogado, Vincent Brengarth, denunció «un clima general tendente a acallar las voces que reclaman la protección de los derechos de los palestinos y condenan las atrocidades cometidas por Israel en la Franja de Gaza», y advirtió que se estaba tergiversando el delito de apología del terrorismo «en favor de una evidente criminalización del pensamiento».
Sospecha general e impunidad audiovisual
Ese mismo día, el Tribunal Administrativo, en procedimiento sumario, se opuso a la «violación grave y manifiestamente ilegal de la libertad de manifestación» anulando la decisión del Prefecto de Policía de París de prohibir la marcha del 21 de abril «contra el racismo, la islamofobia y por la protección de todos los niños», con el pretexto de que «podría contener consignas antisemitas». En su sentencia, el tribunal subraya, por el contrario, que los organizadores habían previsto «controlar el uso de los micrófonos para evitar cualquier discurso antisemita».
Estas son sólo las manifestaciones más visibles de una sospecha general amplificada por los medios de comunicación de masas, radio y televisión, que están en manos de propagandistas de extrema derecha gracias a la impunidad audiovisual de que goza el grupo Bolloré en el ámbito presidencial. Pero va mucho más allá e incluye a personalidades políticas que dicen formar parte de la oposición socialista de izquierdas, algunas de las cuales no dudan en transmitir en esos mismos canales ese odio hacia los musulmanes, los árabes y los inmigrantes.
Palestina sirve aquí de enésimo pretexto para banalizar estos temas discriminatorios que suponen la importación a Francia de un conflicto de civilización, donde Israel sería un bastión occidental frente al peligro islamista. Lejos del ruido mediático, hay que imaginar las consecuencias silenciosas para las personas afectadas, que no son necesariamente activistas, ni mucho menos radicales, pero que están profundamente heridas por todas esas palabras y actos.
Hasta tal punto que ahora se sienten excluidos de su propio país y se sienten en soledad ante la ausencia de indignación masiva y de solidaridad estatal frente a la estigmatización que experimentan. Pronto llegará a las librerías La France, tu l’aimes mais tu la quittes (Francia, la quieres pero te vas, edit. Seuil), un vasto estudio sociológico sobre la diáspora musulmana francesa que muestra cómo miles de franceses y francesas ya han abandonado su país desde el terrible año de los atentados de 2015 (véase este reciente estudio de Le Monde).
Si nos fijamos solo en los últimos meses, sería quedarse corto decir que la persecución se ha convertido en algo habitual, aceptado por la mayoría de las corrientes políticas: polémicas recurrentes sobre la vestimenta de las estudiantes musulmanas, sanciones administrativas contra los institutos privados musulmanes, intolerancia del ayuno del Ramadán en el fútbol… Hay que añadir a la mezcla la demonización del compromiso con la causa palestina, como medio polémico para, si hiciera falta, echar más leña al fuego. Un fuego que se extiende desde hace ya tanto tiempo, con sombría indiferencia.
Las prohibiciones que ahora impiden expresar la solidaridad con Palestina son una continuación de la década pasada. Ya en el verano de 2014, el gobierno socialista de François Hollande y Manuel Valls había aprovechado la anterior guerra de Israel contra Gaza para socavar las libertades fundamentales con prohibiciones previas de manifestaciones. Pero también sirven para equiparar cualquier crítica al sionismo como movimiento nacional judío que había negado sus derechos al movimiento nacional palestino con un renacimiento del antisemitismo (leer mi análisis de entonces).
Desde entonces, hemos escuchado las mismas cantinelas sobre el islamo-izquierdismo, la caza del wokismo académico y la teorización de un «ambiente yihadista». En 2020, la disolución del Colectivo contra la islamofobia en Francia marcó un salto adelante en la represión de la auto-organización de las poblaciones objeto de estas campañas. En 2021, se dio un paso más con la aprobación de la ley contra el separatismo, de la que rápidamente nos dimos cuenta, con la invención del «ecoterrorismo» contra los activistas ecologistas, que apuntaba a toda disidencia.
Ningún desacuerdo político sobre el conflicto israelo-palestino puede dar cabida a esta deriva, que en última instancia no sólo arruina la democracia al violar sus libertades fundamentales, sino que sobre todo perjudica a Francia al humillar la diversidad de su pueblo. La referencia histórica apropiada es el macartismo estadounidense de principios de los años 50, que también era homófobo y antisemita. Instauró una ignominiosa «caza de brujas» contra todo lo sospechoso de comprometerse con el comunismo. Sí, todo: ideas, compromisos, creaciones, obras, escritos, biografías, profesiones, relaciones, amistades, compañía, etcétera.
En Francia, pero también en Alemania, como atestigua la escandalosa censura de Yánis Varoufákis en Berlín (véase el artículo publicado en este sitio), se está imponiendo un nuevo macartismo que aprovecha la tragedia vivida por palestinos e israelíes para acallar cualquier cuestionamiento molesto sobre el peligroso rumbo del mundo, sobre el respeto universal de la igualdad de derechos, sobre la violencia de toda colonización, sobre las exigencias del derecho internacional, sobre la emergencia de la barbarie en el corazón de las civilizaciones, sobre la indiferencia y la ceguera que conducen a las catástrofes, etc.
La política del miedo
El macartismo recibió el sobrenombre de «miedo rojo» (Red Scare), y efectivamente era miedo. La expresión «política del miedo» se acuñó en el debate americano para describir la reacción de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y resume una reacción política impulsada por el pánico existencial que, lejos de poner fin a la amenaza y al peligro que pretendía frenar, sólo sirvió para aumentar el desorden que lo alimentaba. Dos décadas después, se ha multiplicado el terrorismo islamista, se ha fortalecido el poder iraní y ha arraigado el resentimiento antioccidental.
Entretanto, ¡de cuántos principios se ha renegado y cuánta humanidad destrozada! Desde la Patriot Act, ley de excepción, hasta Guantánamo, presidio ilegal, pasando por la autorización de la tortura en los interrogatorios y, sobre todo, por la invasión bélica de Irak basada en una mentira mediática, esta ceguera norteamericana ha violado todos los valores democráticos en nombre de los cuales se dio esa respuesta. El mundo entero está pagando ahora el precio, con un embrutecimiento desenfrenado tanto en las relaciones internacionales como en las políticas internas, con Vladimir Putin y Donald Trump como ejemplos.
Las voces minoritarias, incluida la notable excepción francesa encabezada por Dominique de Villepin, que advirtieron de esta carrera hacia el desastre, reclamando el derecho internacional y defendiendo la Carta de las Naciones Unidas, tenían razón, aunque fueran impotentes para detenerla. Del mismo modo que hoy tienen razón las voces, entre las que destaca la del Secretario General de la ONU, que condenan la precipitada carrera bélica de Israel, y potencialmente genocida según la Corte Internacional de Justicia, en su respuesta a la masacre terroristas del 7 de octubre de 2023.
Considerando el atentado de Hamás, al igual que el 11-S, como una amenaza existencial, el aparato político-militar israelí repite esta «política del miedo» infligiendo al pueblo palestino un terrible castigo colectivo que, lejos de garantizar la seguridad futura del Estado de Israel, aumenta su fragilidad geopolítica y su descrédito diplomático. El hecho de que esta semana sólo un solitario veto de Estados Unidos haya impedido el reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas resume esta espiral fatal en la que la fuerza ciega aparece como una confesión de debilidad.
Es evidente que el fracaso en la resolución de la cuestión palestina está en el origen de esta situación eminentemente peligrosa donde está en juego la paz mundial. Mientras no se ponga fin a la injusticia cometida contra el pueblo palestino desde hace tanto tiempo, repetida y reiterada, mientras los dirigentes israelíes no reconozcan su derecho a vivir en un Estado soberano después de haber sido en parte expulsados en 1948 y luego colonizados desde 1967, ninguno de los dos pueblos podrá vivir en seguridad interior, y mucho menos en paz con el otro.
La Historia no se detuvo el 7 de octubre de 2023, como tampoco se detuvo el 11 de septiembre de 2001. La «política del miedo» quiere encerrarnos en un presente eterno, congelado en la fecha de una masacre que no tendría causa, ni historia, ni contexto. Prohibir la explicación, la complejidad y la sensibilidad, es un llamamiento a dejar de pensar diferente y libremente, como resume la exigencia de incondicionalidad que significa renunciar a toda crítica.
Por consiguiente, en toda su diversidad, la solidaridad con Palestina, que en sí misma no puede ser incondicional, es legítima, aunque sólo sea para salvar el principio democrático de la libertad de pensamiento y el derecho a la crítica. No se trata sólo de una cuestión de humanidad, frente al martirio inconmensurable de Gaza, sino también de una cuestión política, frente a la amenaza autoritaria en Francia. Más allá de sus diferencias y divergencias, todas las fuerzas que dicen ser parte de una democracia viva y pluralista deberían, pues, con una sola voz, unida y firme, exigir que esta solidaridad pueda ser expresada libremente.
-Artículo original en francés aquí.