Jacobin, 3-3-2024
Correspondencia de Prensa, 5-3-2024
En Bolivia, las circunstancias internacionales y las disputas políticas locales desgastan a paso acelerado el proceso de cambio iniciado en 2008 con la elección de Evo Morales. El panorama impone la discusión urgente de nuevas estrategias, pero la dirigencia parece estar absorbida por las rencillas internas.
La crisis política desatada en 2019 ha venido surcando conflictos de diversa índole en estos cuatro años. Desde el 2023, una de sus consecuencias principales es la división del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). El debilitamiento político de este partido está relacionado con el desgaste de su líder histórico, Evo Morales. Ambos factores están íntimamente vinculados a la capacidad de gestión del mismo Estado, como si la relación entre MAS y Estado fuera orgánica, lo que evidencia la carencia de autonomía relativa tanto del partido como del Estado, un elemento clave para la estabilidad de cualquier régimen democrático.
Los senderos de la actual conflictividad política
La conflictividad política boliviana ha transcurrido en los últimos meses por dos caminos que confluyeron rápidamente. En primer lugar, la batalla al interior del MAS por el control del «Instrumento», que opuso al bando del presidente del Estado, Luis Arce, y al del dirigente principal del MAS, Evo Morales, en la disputa por definir quién tendrá el control de la sigla del MAS-IPSP para las elecciones generales de 2025.
Cuando la fracción de Luis Arce ya no pudo disimular sus intenciones de desplazar de la jefatura a Evo, el dirigente histórico del MAS intentó tomar el sartén por el mango organizando un congreso partidario en su bastión territorial, el trópico de Cochabamba, donde se asientan los sindicatos de campesinos productores de coca. Como era previsible, el congreso, realizado en octubre de 2023, terminó ratificando el liderazgo y candidatura de Evo Morales, dejando virtualmente fuera del partido a todos los opositores internos que actualmente ocupan el poder ejecutivo. Poco tiempo después, los funcionarios de Luis Arce presionaron al Tribunal Electoral para anular el mencionado Congreso.
El segundo camino por el que discurrió la conflictividad política en Bolivia en el último tiempo es el de los avatares de la camarilla judicial. Los actos de los altos magistrados del poder judicial y del tribunal constitucional han estado cobrando fisonomía corporativa a la sombra de la crisis y división del MAS. Según la Constitución, estos cargos se renuevan cada seis años por medio de elecciones con voto universal. Durante todo el 2023, los miembros del tribunal constitucional obstaculizaron sin disimulo a la asamblea legislativa para impedir la aprobación de convocatoria a elecciones, recurriendo al chicaneo jurídico para hacer «inevitable» su interinato a partir del 1 de enero de 2024.
Así, el gobierno de Arce y la camarilla judicial intercambian favores. Los estrategas del gobierno encontraron en la ambición corporativa de la rosca judicial el atajo para alcanzar la meta de Luis Arce de presentarse como candidato del MAS en las elecciones generales de 2025. Las muestras de complicidad fueron diversas; desde un juez de garantías constitucionales «suspendiendo» la competencia de la Asamblea Legislativa (donde el oficialismo de Arce tiene minoría) para interpelar a ocho ministros del Ejecutivo, hasta una sentencia constitucional emanada el 29 de diciembre —dos días antes que fenezca la gestión legal de los magistrados— apuntando argumentos para inhabilitar como candidato presidencial a Evo Morales.
Amenazado de quedar fuera de juego, el evismo activó a mediados de enero de 2024 la movilización social, instalando decenas de puntos de bloqueo en las carreteras de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, respaldados por importantes sectores de base del campesinado. Sus peticiones fueron dos: exigir la convocatoria inmediata a elecciones judiciales y la sanción de una ley de cese de cargos a los magistrados prorrogados. Después de 16 días de bloqueo, las bases de apoyo del evismo obligaron al gobierno a recular en su intención de alargar indefinidamente el interinato judicial, aprobándose una Ley referente al primer punto. También arrancaron el compromiso de sancionar una ley de cese de funciones para la rosca judicial, aunque existen numerosas razones para pensar que finalmente el gobierno se resistirá a doblegarse en este último aspecto.
Con el caudillo debilitado, el MAS se divide
Las elecciones presidenciales de 2019 fueron las últimas en las que Evo Morales apareció como el candidato indiscutible del MAS y, si bien obtuvo su cuarta victoria consecutiva, el rendimiento de su candidatura fue el más bajo. Cabe recordar que tres años antes había perdido un referéndum para habilitarse como candidato, cuyos resultados desconoció en base maniobras jurídicas, entregando a la derecha mediática y política una máscara con la cual aparecer como «democrática». La oposición burguesa se calzó con gusto el ropaje y desató una campaña ideológica dentro de los patrones semióticos del lenguaje ultraderechista: fake news, difusión de contenidos que bestializan al enemigo, troleo sistemático, etc.
La operación dañó la fuerza simbólica de Evo Morales, consolidó a las clases medias acomodadas como núcleo reaccionario y logró expandirse hacia sectores populares, aunque, a despecho de su histrionismo y ombliguismo, no alcanzó mayoría social ni electoral. Esa fue la razón principal que explicó la derrota de la derecha en las elecciones del 2019. Solo pudo capturar el gobierno a través de un golpe de Estado, aventura que sostuvo durante un año, perdiendo otra vez la repetición electoral de 2020 que hizo presidente del Estado a Luis Arce, el candidato elegido por Evo.
Lo importante de todo esto es que el MAS salió lesionado de la ofensiva ideológica opositora que basó su discurso en la crítica de gestos antidemocráticos como la repostulación forzada. Durante las jornadas destituyentes de noviembre de 2019, forma y contenido se manifestaron claramente dentro de las fantasías reprimidas de las clases acomodadas de regresar a una «república» donde los roles sociales se reparten en proporción del esfuerzo por «desindianizarse» cultural y subjetivamente. En último término, la campaña derechista apuntó al evismo —y, con él, al mismo Estado Plurinacional— como causante del detestable afán de democratizar el ascenso social de las clases y grupos étnicos antes condenados a mantenerse en los sótanos de la pirámide.
Paralelamente, ninguna crítica por izquierda a las limitaciones y defectos del MAS ha logrado instalarse como corriente social de consideración, y no por falta de condiciones. El modelo del «proceso de cambio» —en el que la acumulación de capital sigue basada en la precariedad laboral y las reformas democráticas tienen alto contenido alegórico— presenta suficientes motivos para constituir un relato contestario. Pero ese discurso no surgirá automáticamente de las «condiciones objetivas», sino de la acción intencionada de la militancia política de izquierda. Y si esta no existe como hecho de masas (ni por dentro ni por fuera del MAS), pueden deducirse las causas principales de su ausencia.
Minada la imagen del caudillo gracias a la agitación reaccionaria, desde los despachos del gobierno de Arce emergió una asociación de intereses dispuesta a desplazar de la dirección del partido, del Estado y del «proceso de cambio» a Evo Morales.
¿Qué piedras trae la corriente «renovadora» del MAS?
Hasta ahora, la fracción gubernamental del MAS —dueña del Poder Ejecutivo pero minoritaria en la asamblea legislativa— no ha hecho conocer sus razones de fondo para deshacerse del caudillo histórico. Apelan a la «renovación», a una «dirección conjunta del MAS a través de las organizaciones populares», frases que solo denotan su deliberada vaguedad y la ausencia de una convicción política progresista.
Desde hace más o menos un año, Luis Arce y sus asesores han comenzado a eyectar repulsa creciente por el caudillismo de Evo, aunque este rechazo verbal no se sustente en acciones democráticas. No es un dato menor que no hayan organizado ni siquiera un ampliado de su fracción para demostrar que controlan algo más que un colectivo de funcionarios estatales. Y su condición de fracción constituida socialmente por la burocracia de Estado es un elemento clave para comprender su contenido político.
La expansión económica vivida en Bolivia durante una década (2008-2018), acicateada desde el núcleo estatal, explica por qué el MAS, con quince años de gobierno a cuestas, es la organización política más importante del país. Los procesos de reproducción ampliada de capital promovieron a su vez el fortalecimiento institucional del Estado. Por primera vez en la historia de Bolivia, 9 de cada 10 niños asisten a la escuela y las instituciones se han ramificado territorialmente y muestran mayor capacidad de asimilar demandas sociales. Con la instauración de un nuevo régimen político en 2009, el país ha visto incrementada su corporalidad estatal.
Ahora bien, este Estado amplificado fue precisando de una burocracia acorde. Marx definió alguna vez a la burocracia estatal como «un tejido de ilusiones prácticas». Lo «ilusorio» refiere a la creencia de la burocracia de representar, en su interés particular, al conjunto de la sociedad. Pero junto a lo ilusorio coexiste un contenido material, «práctico», porque sus fines de autorreproducirse la conducen a adquirir un saber técnico que, para los objetivos del Estado, resulta útil.
Los funcionarios del MAS en el gobierno buscan ocupar un hipotético «centro político» que los diferencie del «radicalismo» evista y también de la derecha, circunstancia que se explica por el doble impacto del fortalecimiento relativo del Estado (que demanda el saber técnico de la burocracia) y una cada vez más precaria estabilidad económica.
René Zavaleta apuntó como un rasgo de las sociedades abigarradas el no haber completado de forma total la separación entre las relaciones de explotación y las relaciones de soberanía. Y si bien, a lo largo de su historia, países como Bolivia tuvieron momentos fundacionales —como lo fue aquí la revolución de 1952, donde el pueblo en armas impulsó procesos de democratización social (nacionalización de minas, voto universal, reforma agraria, etc.)— su profundidad y extensión limitadas determinan el carácter inconcluso de la construcción del Estado boliviano moderno.
Más contemporáneamente, se puede pensar a los levantamientos populares que derribaron el régimen neoliberal, llevaron al gobierno al MAS e impulsaron el proceso constituyente que parió un nuevo régimen político en 2009 como un nuevo «momento estructural ocasional» que, a la fecha, está mostrando dificultades para establecer su propia continuidad histórica. La aprobación, hace quince años, de una nueva Constitución no ha engendrado un verdadero sistema de partidos, y ello evidencia la incapacidad de la democracia representativa boliviana. De hecho, el golpe del 2019 pareciera ser muestra de que únicamente un MAS fuerte, con victorias electorales contundentes, es la única garantía de continuidad del régimen.
En lo referente a las relaciones materiales, es muy difícil hablar de construcción hegemónica perdurable con casi el 70% de la población económicamente activa en la informalidad laboral, por mencionar un solo dato. En el plano ideológico, por otra parte, el contenido inclusivo del Estado plurinacional no ha adquirido pleno consenso social y precisa ser defendido incluso a través de barricadas por el movimiento popular. En otras palabras, en tanto la relación salarial no se ha generalizado, el prejuicio de la «igualdad» en el intercambio entre fuerza de trabajo y capital no está insertado en el tejido social, mostrándose en las relaciones sociales la vigencia del prejuicio premoderno de los privilegios de casta. Las clases dominantes con más peso económico, como la oligarquía cruceña, viven aferradas a la creencia de la «indiada nacida para servir y no para gobernar».
Lo que la política no da, las maniobras no prestan
Después de década y media, Bolivia está volviendo a ser el país del desabastecimiento, del dólar en constante ascenso y de los conflictos «por todo y nada». Sin embargo, para toda la dirigencia del MAS la cuestión esencial parece reducirse a definir qué personal ocupa los despachos gubernamentales.
Con la división del MAS, la política en su sentido amplio, en su dimensión estratégica, está dando lugar a la primacía de las maniobras para anular el contendiente. Se está instalando el tiempo de las pequeñas cosas que transcurre en un terreno donde los objetivos se han miniaturizado hasta representar el mero acto de administrar lo que existe.
El cuadro asume un cariz patético si se toman en cuenta los signos del agotamiento de las reformas realizadas desde 2009. Una economía basada fundamentalmente en redistribuir un excedente que cada vez está más disminuido no es otra cosa más que una bomba de tiempo. El momento torna urgente la discusión y el impulso de un nuevo ciclo de reformas para evitar el descalabro material del movimiento popular, pero en Bolivia el reformismo tiene las manos vacías.